42 resultados para territorios vitivinícolas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Debido al reciente reconocimiento en la Constitución ecuatoriana de 2008 de los afroecuatorianos como un grupo con derechos colectivos a sus territorios ancestrales, el Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice ha dirigido un estudio legal sobre la política relacionada con los derechos territoriales de las comunidades rurales afroecuatorianas. El estudio incluye el trabajo de una delegación de investigadores que visitaron Quito, Esmeraldas y el Valle del Chota en la primavera de 2009. Este reporte está basado en información colectada en reuniones llevadas a cabo en Ecuador, entre delegados del Centro Rapoport y los miembros de la comunidad afroecuatoriana, activistas, académicos y oficiales del Estado. El reporte examina la situación que enfrentan comunidades afroecuatorianas rurales y su lucha por los derechos territoriales.

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Esta investigación expone un marco interpretativo para estudiar los territorios imaginados del Caribe Colombiano, reconstruidos en un proceso geohistórico a través de los textos escolares en ciencias sociales y el aprendizaje de los estudiantes en Bogotá, partiendo desde la última constitución colombiana en 1991 hasta el 2005. En el primer capitulo, “la configuración de la nación: Una lectura de las representaciones territoriales en torno a la herencia de un modelo hispánico centralista”, se considera un proceso de re-construcción de territorios imaginados en el contexto de la nación como categoría de análisis. En el segundo, “la articulación de la memoria y la representación textual” se indaga desde la identidad regional para cuestionar lo que se podría entender como el costeño y la relación existente desde un marco cognitivo de los estudiantes: la memoria, examinando las diversas formas de estereotipización por medio de los textos escolares en ciencias sociales y la relación con su aprendizaje. Para el tercero, “la construcción del otro marginal en relación al otro hegemónico” se contextualiza los planteamientos de la educación en Colombia, apoyada en gran parte en los textos escolares y su empleo, cuestionando la existencia de un visión analítica de la diversidad cultural en el centro del país, haciendo referencia a la identificación de los habitantes del Caribe. Finalmente, se concluye que los territorios del Caribe son estereotipizados desde los imaginarios céntricos, por medio de representaciones textuales y el proceso derivado de su aprendizaje, evidenciándose una la lucha por el significado, desatándose un primer paso a el cuestionamiento de su reconocimiento, en contra de su inmersión en la lógica de la colonialidad del poder.

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Este ejercicio investigativo responde a la pregunta por el rock en Cartagena de Indias, una música que a lo largo de más de dos décadas ha ganado algún espacio en el inventario de músicas del Caribe colombiano. Es un ejercicio que se adentra en las cotidianidades de diversos actores sociales que han constituido sus identidades desde el rock para narrar, andar, cantar, significar y habitar la ciudad. Muestra cómo la construcción de identidades desde el rock se produce por la negociación con los discursos interpeladores procedentes del mercado. Se expone entonces que el consumo y la resignificación son dos elementos importantes para entender el rock y los procesos identitarios en el contexto cartagenero.

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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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Una de las consecuencias de la urbanización de las principales urbes latinoamericanas ha sido la formación de zonas catalogados como periféricas y marginales, lo cual ha terminado produciendo imaginarios sociales, donde una de sus principales características ha sido la representación de estos sectores como espacios del peligro, del espectáculo folclórico, la desorganización social y otra serie de imágenes construidas sobre ellos hasta el punto de haberse constituido en territorios estigmatizados. En esa medida, pensar las zonas periféricas en el contexto de la urbanización, conlleva necesariamente a considerar los modos como son imaginadas de acuerdo a las experiencias vividas en ellas y por variables sociodemográficas, raciales, de clase, de género y culturales que indican que la ciudad es un conglomerado social dividido geográfica y simbólicamente, en razón de estas adscripciones. Una de las poblaciones que se ha visto mayormente involucrada en dinámicas de concentración de zonas periféricas son los migrantes negro(as), tanto en Colombia1 como en el Ecuador, lo cual ha demarcado al interior de las ciudades procesos de racialización del espacio, debido a los vaivenes generados por la apropiación de la vivienda urbana, que ha determinado la formación de estas zonas con una alta concentración de población migrante. Precisamente, estos territorios urbanos -los barrios- de concentración de población negra, han cargado con el peso simbólico del estigma por parte de grupos sociales, instituciones y medios de comunicación, a través de representaciones estereotipadas que reproducen imágenes históricamente asociadas a los grupos y a los espacios de gente negra, tal como han sido las imágenes del crimen y visiones folclorizadas que enfatizan en una supuesta “naturalidad ontológica” sobre los modos de ser negro(a) y vivir las experiencias de negritud en los contextos donde se asientan estas poblaciones. De ahí, que al relacionar raza, migrantes y territorio he analizado las representaciones que sobre estos barrios periféricos se construyen interna y externamente, es decir, cómo son percibidos desde afuera, concretamente por los medios de comunicación (prensa) y cómo son representados por los propios migrantes negro(as) que habitan en ellos. Esta doble representación sobre los barrios de migrantes negro(as) constituye el “objeto” de estudio del presente trabajo. No se trata de comprender la ciudad como una totalidad, sino por el contrario, entender situaciones que pasan en ella, tal como son las dinámicas socioculturales de los barrios de concentración negra, a partir del ámbito de las prácticas representacionales. Así mismo, cabe anotar que he colocado énfasis en las representaciones “homogéneas”, más que en las diferentes representaciones que los mismos pobladores negro(as) elaboran sobre sus territorios, pues se intentó analizar como desde el interior de estos espacios se contrastan las representaciones externas.

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Como es bien sabido el desarrollo se plantea como un derecho humano después de la segunda guerra mundial, aunque hay divergencia de criterios acerca del carácter vinculante de la normativa que lo proclama, se plantea como un derecho humano asociado a la libre determinación de los pueblos que “incluye el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”]. De acuerdo al carácter estatocéntrico del sistema internacional, esto ha sido interpretado por los Estados como uno de los elementos de su plena soberanía y así se recoge en las Constituciones. Por su parte los pueblos indígenas mantienen su reclamo a la libre determinación como naciones y pueblos previos a la colonización de sus territorios y afirman su derecho ancestral irrenunciable de defender sus territorios, tierras y recursos estratégicos, que consideran base fundamental de su libre determinación. El problema radica en la ausencia de definición del termino “pueblo” y en el declarado rechazo gubernamental a la libre determinación ya que “los gobiernos por lo general desechan que los indígenas sean considerados como pueblos y también niegan que los indígenas sean poseedores de ese derecho. Aquí interviene el temor de muchos gobiernos de que el ejercicio de la libre determinación puede conducir a la secesión política y a la fragmentación de los estados existentes” y, podría añadirse, la negativa a una soberanía restringida o compartida en el manejo de los recursos para propiciar el desarrollo y los derechos de estos pueblos.

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La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integración regional sudamericana a través de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecológicos del continente. Tanto el ambiente como las personas están en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificación, que abarcan represas hidroeléctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovías, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que más ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indígenas, ya que buscaría convertir al río Napo en una hidrovía para el transporte de mercaderías en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biológica del planeta por su especial ubicación, así como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los años. Dada la particular relación con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de “desarrollo” o “integración regional” en sus territorios ancestrales. Los objetivos específicos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estándares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurídico, tomando como eje su adecuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurídicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen instrumentos jurídicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantías ya no sólo jurisdiccionales, sino también políticas y normativas en la nueva Constitución, son avances que debemos aprender a utilizar para la protección de los derechos y el ambiente. En esta investigación, en primer lugar se hace una aproximación descriptiva a IIRSA, a continuación se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amazónico, pasando directamente al análisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta sección se tratan los estándares internacionales en materia de participación social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, acceso a la información pública, beneficios compartidos y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, así como del derecho al desarrollo como un derecho síntesis, que pretende un reforzamiento y profundización de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.

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La violencia contra las mujeres en Colombia se presenta como un contínuum en sus vidas y no como hechos aislados que tienen por escenario los denominados espacios públicos y los espacios privados, la cual se exacerba en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, la cual ha tenido como escenario sus cuerpos-territorios. Ciertamente los cuerpos de las mujeres en Colombia han sido leídos como premios para los guerreros de los distintos bandos, y se han utilizado como arma de guerra para agredir, debilitar al enemigo, y provocar terror dentro de las comunidades de tal manera que se generen desplazamientos masivos y así lograr el control de los distintos territorios. Si bien las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que durante los años 2007 y 2008 se realizaron 41.475 informes periciales sexológicos, en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, aún resulta imposible cuantificar el número de mujeres que han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi sesenta años de conflicto armado, en especial por el altísimo subregistro que se presenta ante el miedo a las represalias, estigmatización y revictimización que deben enfrentar las mujeres al denunciar.

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El «poder republicano» en el Ecuador, durante los siglos XIX y XX ha representado de opuestas maneras el espacio de frontera con Colombia («el hermano del Norte») y con Perú («el enemigo», «Caín de América»), representaciones que han generado discursos de soberanía, cuya función es buscar la construcción de un orden social, la implantación de «leyes» (de la Iglesia, el Estado). Por otro lado, las fronteras, sobre todo surorientales, eran representadas como espacios indeterminados («zonas baldías», ignotas, peligrosas, con una débil o nula presencia estatal), y sus habitantes, como «salvajes». Todo ello generó otro tipo de discursos: los civilizatorios, que buscaban misionar, colonizar y concesionar (esto es, ceder el control de territorios baldíos a compañías e inversionistas extranjeros, para que se hicieran cargo de la explotación de recursos naturales y la administración de los mismos). Si bien las diferencias entre los discursos se difuminan, los imaginarios de los que se parte (en relación con los territorios baldíos y zonas de frontera) se mantienen y reconstituyen durante el siglo XX. Ambos son retóricas que contribuyen al desconocimiento y negación de la realidad de estas zonas.

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Durante los años del colapso de la monarquía española, el Virreinato del Perú estuvo gobernado por Fernando de Abascal, quien, en alianza con la élíte de Lima, aplicó una política de represión en términos ideológicos y militares ante cualquier intento separatista o revolucionario, tanto dentro de su jurisdicción virreinal como fuera de ella, entre cuyos territorios vecinos estaban Quito, Chile y Charcas. Asimismo, mediante esta estrategia, el Virreinato de Lima intentó recuperar parte de la influencia perdida en América del Sur como consecuencia de la aplicación de las reformas borbónicas, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII. El presente artículo pone atención a la respuesta de Lima contra al movimiento insurgente desatado en Quito a partir de 1809.

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La conflictividad debido a la expansión petrolera se está ampliando a otras zonas del país; todas las provincias costeras tienen concesiones petroleras sobre sus territorios y están en la mira de los planes de exploración sísmica. La expansión de la frontera petrolera sigue en el país, con las consiguientes consecuencias sociales, ambientales y culturales, en un clima de impunidad persistente. Algunas empresas se han marchado del país durante el año 2010, después de generar daños sin reparación. Las que quedan se teme que igualmente dejarán muerte y destrucción.

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El texto parte de la relación del Estado con territorios de colonización como el departamento del Putumayo, cuya formación ha estado ligada a la exportación de materias primas para el mercado mundial; como proceso desencadenante de la actual coyuntura discursiva terrorismo y drogas -que hacen parte del mercado-, se prioriza a esta región en la ejecución de la política de Defensa y Seguridad Democrática 2002 – 2006. Desde esta perspectiva se presenta una reflexión sobre el empleo de prácticas espaciales de control geo-cultural y se hace referencia, de manera específica, a las acciones encaminadas a proveer seguridad a través de la estrategia de control territorial en los municipios del Bajo y Medio Putumayo.