30 resultados para Partidos políticos – China – 1989 -2007

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La presente investigación sobre “Los partidos políticos como instituciones de democracia en el Estado de Derecho ecuatoriano” tiene como objetivo principal analizar los derechos y atribuciones concedidos dentro de los parámetros legales para con los partidos políticos que simbolizan el Estado de la modernidad, señalando de esta manera que el derecho opera en los más diversos aspectos de la vida social al igual que la intervención política llega hasta la especificidad de lo jurídico y que cada cual actúa “conforme a derecho”. En el primer capítulo del trabajo se analiza el desarrollo del Estado de Derecho, su definición, su origen y su evolución, los elementos constitutivos del Estado, los principios que definen y caracterizan al Estado de Derecho, así mismo se analiza como segunda parte el tema de la democracia, su concepto, origen y evolución, los principios básicos de la democracia constitucional, las formas de democracia, la democracia y el constitucionalismo, posteriormente y dentro de este mismo capitulo el análisis de los partidos políticos, su concepto, y las diferencias con los movimientos sociales, y sus funciones. El segundo capítulo comprende los partidos políticos legalmente reconocidos en el Ecuador a partir de 1980, la clasificación y juicio crítico de los mismos, clasificación de los partidos políticos ecuatorianos, en base a sus principios en partidos de izquierda y derecha.

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El ejercicio de gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante su primer período presidencial legó importantes cambios al sistema político colombiano. El activo uso que el Presidente dio a los recursos que tiene a su alcance, ha llevado consecuentemente a la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esta tesis busca, en primer término, describir el contexto político colombiano que permitió el surgimiento de un personaje con las características de Álvaro Uribe. Segundo, exponer las formas que el Presidente ha usado en su gobierno para relacionarse con diferentes instancias de la sociedad y, finalmente, analizar el ejercicio de gobierno de Álvaro Uribe como una forma de innovación política en Colombia.

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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.

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Los fenómenos migratorios siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, sin embargo con los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, la figura del inmigrante adquiere un carácter más amenazante, que atenta inclusive con la sobrevivencia de la Nación, al establecer un vínculo directo entre la inmigración y el terrorismo. De esta forma es necesario examinar cómo la inmigración se ha convertido en una amenaza para el sistema de bienestar social, el orden público e inclusive la identidad de la Nación, a través del estudio de la ‘securitización’ de la misma; es decir, a través del análisis de la figura del inmigrante como una construcción sostenida por las autoridades gubernamentales y de seguridad, los partidos políticos y la sociedad en general. La presente investigación toma el caso más sobresaliente del mundo occidental, el de los Estados Unidos de América, para el estudio de la securitización de la inmigración desde una perspectiva constructivista, haciendo un análisis de los discursos emitidos por parte de las autoridades gubernamentales y de seguridad, la legislación vigente al respecto y las acciones ejecutadas por las agencias de seguridad.

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El artículo analiza, a la luz de la evidencia empírica, la hipótesis acerca de que la coyuntura política actual es, en efecto crítica, pero que no marca un giro hacia la izquierda, sino la culminación de un largo período de ajuste político en los Andes. Tomando como punto de partida la coyuntura electoral andina del 2006, el autor clasifica a los países de la región en dos grupos: aquellos en los que el proceso de ajuste ha culminado, produciendo nuevas configuraciones de actores político-electorales (partidos y/o movimientos), este conjunto incluye a Venezuela y Colombia. Y un segundo grupo de países en los que el ajuste estaría todavía en proceso: Ecuador, Perú y Bolivia.

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El estudio que aquí se pone a consideración del lector pretende de una manera crítica y objetiva dar cuenta, en primer término, de las estructuras institucionales que operan, a nivel del estado (ejecutivo, ministerios, etc.) y los otros actores políticos (Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional, partidos políticos), para procesar lo concerniente a la integración política regional, y en segundo término, de las orientaciones que tienen los actores políticos más relevantes de Ecuador: ejecutivo, constituyentes, partidos políticos, formadores de opinión ciudadana, respecto de las estructuras, mecanismos y procesos de la integración política en la región sudamericana y en la Comunidad Andina. Todo ello ilustrado con datos de la práctica reciente del estado en materia de relaciones internacionales de integración.

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El mundo está atravesando una transición de una sociedad industrial, que giraba en torno del trabajo como fuerza y valor, hacia una sociedad del conocimiento, cuyo núcleo es la información y la capacidad para manejarla y producirla. Esta transformación, que tiende a darse a escala global, ha sido impulsada fundamentalmente por los cambios producidos en el plano de la tecno-economía, cuyos actores primordiales son las transnacionales y los científicos y profesionales de la información. En el plano de la política, que no alcanza a dar respuesta a estos cambios, han cumplido un rol importante los nuevos movimientos sociales, que desplazaron la centralidad de los partidos políticos y de los movimientos sociales clásicos, como los sindicatos.

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Como en otros países de América Latina en el Perú el sistema de justicia padece diversos y complejos problemas estructurales que impiden el cumplimiento del rol central que la sociedad le da en el marco de un estado democrático. Algunos de estos problemas son: el sometimiento político a gobiernos y partidos políticos con el fin de mantener debilitado al sistema de justicia y poder controlar a jueces y fiscales; la anacrónica formación jurídica universitaria, apegada al estudio de códigos donde prima “la letra” de la ley en detrimento del “espíritu” de la misma. A esto hay que agregar un sistema diseñado sin tomar en cuenta el carácter multicultural de nuestro país, lo que lleva a que grandes sectores sociales, históricamente excluidos, sean discriminados por la justicia en razón de su idioma, raza, cultura; pero pocas veces se ha dicho que el sistema de justicia excluye también, en razón del sexo y el género, a las mujeres.

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La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben “interpretar” la voluntad del pueblo que los ha elegido. Esto es, lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es también la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon, el inmenso poder que este sistema les confería y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos. Esos fueron los presupuestos teóricos de los Constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano. El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades “históricas” liberales y conservadoras. Era desde luego fundamental superar desde luego la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.

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Después de muchos años de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad económica y política con períodos de graves crisis, Bolivia aún sufre los efectos negativos referidos a la economía, a la profundización de la diferenciación y exclusión social y a la vulneración de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lógico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa únicamente un gran cambio en términos económicos, sociales e ideológicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en términos de equidad y participación política de los indígenas, la mayoría poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de género forma parte de las redefiniciones que vive el país, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transición en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno está conformado por actores que se desplazaron desde partidos políticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indígena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogéneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente políticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

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El propósito de la presente tesis de Maestría consiste en dar a conocer las reformas judiciales que fueron impulsadas por el Banco Mundial en Bolivia en 1994, en lo que se refiere a la introducción de dos nuevas instituciones como son el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. El estudio principal de la investigación, se basa en un rastreo de la evolución de esas dos instituciones para sacar a la luz los logros que se obtuvieron con la creación de las mismas, así como también las falencias que aún persisten y que afectan al Estado de Derecho en Bolivia. Posteriormente se analizan las propuestas que diferentes partidos políticos y el gobierno han hecho para la realización de la próxima Asamblea Constituyente, en cuanto se refiere a las modificaciones que se quieren implementar en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura. Es así que estos tres aspectos se ven desarrollados en los tres capítulos que contiene esta investigación. El primero de los cuales permite conocer las actividades y los estudios que efectúa el Banco Mundial en cuanto a la ayuda que presta para la realización de reformas judiciales. El segundo, establece el concepto de Estado de Derecho y los problemas que aún persisten y que impiden su vigencia y consolidación; para los cuales también se presentan algunas soluciones. Los contenidos de estos dos capítulos interactúan y se desarrollan a lo largo del último capítulo, dando a conocer el proceso de reformas desde 1994 hasta el presente (2006).

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El tema de la comunicación política y sus efectos en la sociedad, ha sido motivo de numerosos análisis en la actualidad, por haberse producido un descentramiento de la política como mediadora entre los ciudadanos y el gobierno, estableciendo los medios de comunicación la agenda política y generando una opinión pública vacía de contenidos. El discurso político obedece más que a una ideología seguida por partidos políticos a las estrategias publicitarias del marketing político y la video-política, empleando técnicas de mercadeo que convierten al líder político en un ‘producto’ y al ciudadano en un ‘consumidor’. De ahí que nos interesara examinar en la política sus procesos, y formas expresivas: en el teatro, la pervivencia de la ritualidad, y en el marketing y la video-política, las técnicas y procesos empleados en la construcción del personaje político. Los cambios que se han dado en la política responden sobre todo a la economización de los medios, al surgimiento de los canales privados de televisión, que actualmente representan a los intereses de consorcios globalizados. Analizamos este proceso en la realidad colombiana y aplicamos las nociones de teatralidad y videopolítica al surgimiento de un liderazgo como el de Antanas Mockus. De ello concluimos que la evolución de los procesos políticos, el cambio de valores y la inmediata emergencia de símbolos que los legitiman, son teatrales y que el ‘Estado seductor’ deberá comprender y servirse de las técnicas y recursos del teatro y la videopolítica, campos donde el orden simbólico se expresa con claridad y contundencia, para recobrar el sentido de la política, que la academia tiene mucho que aportar en este sentido, que de ello depende la independencia ideológica de América Latina y la posibilidad de dar respuestas acertadas a las demandas sociales.

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Los derrocamientos de Abdalá Bucaram (febrero 1997) y Jamil Mahuad (enero 2000) son los primeros acontecimientos políticos en Ecuador que trascienden como sucesos mediáticos. Sin embargo, los tiempos, productos y funciones desarrollados por los mass-media revelan diferencias en esos dos acontecimientos políticos. ¿A qué obedece la distinta manera en que los mass-media socializaron ambos acontecimientos? ¿Por qué una movilización popular fue aclamada en 1997 y otra semejante es estigmatizada en 2000? ¿Por qué los media reaccionaron con formas opuestas a los mandatos de Mahuad y Bucaram? En búsqueda de respuestas, esta investigación se centra en cuatro tipos de retóricas periodísticas. La agenda mediática, analizada en el primer capítulo desde el discurso informativo, da cuenta de la (de )construcción de las imágenes presidenciales. La dramatización de la noticia, estudiada en el segundo capítulo a partir del discurso simbólico, abre camino para observar los factores que generaron climas de opinión favorables a las movilizaciones que auspiciaron ambos derrocamientos, al tiempo que propendieron a limitar la presencia del pueblo y sus demandas. Desde la retórica política-policial, el tercer capítulo ubica los efectos del ritmo informativo sustentado en la transmisión en vivo y en directo, que redujo movilizaciones y golpes de Estado a espectáculos mediáticos. En el cuarto capítulo, los reportajes y recopilaciones realizados en los días posteriores a cada golpe, permiten describir los efectos del discurso académico y precisar cómo se entretejieron los recuerdos y amnesias requeridos por la dominación. La investigación arriba a la conclusión de que los mass-media cumplen funciones que rebasan el campo de la información, incursionando en espacios que se suponían privativos del sistema de partidos políticos.