18 resultados para Concentración de tierras y acaparamiento de agua

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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En el Ecuador existe un proceso histórico de concentración y acaparamiento del agua. La política de ajuste estructural llevó a que empresas de servicios de agua potable sean privatizadas. La constitución del 2008 modificó el marco normativo para el agua en el país, se reconoce el derecho humano al agua, los derechos de la naturaleza, el manejo exclusivo público y comunitario y su no privatización. El proceso de reorganización institucional y de construcción de la nueva propuesta de ley de aguas impulsada en el año 2009, se realizó sin la participación real de organizaciones del agua y los usuarios. La movilización social definirá como el alcance de las normas pueden generar cambios reales para la vida de los pueblos.

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La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que se debió hacerlo en octubre de 2009, es un tema pendiente aún en 2010. Esta ley deberá dar mayores atribuciones a la autoridad única del agua para que se consolide como entidad rectora; la misma que, según las propuestas de organizaciones sociales, deberá estar compuesta por un consejo plurinacional e intercultural que tenga poder de decisión sobre las políticas nacionales. De esta manera, la participación efectiva de personas, comunidades, nacionalidades y pueblos estaría garantizada, y con ello se aseguraría el derecho al agua, a la limentación y el ejercicio del derecho a la salud.

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En este texto reviso algunos de los antecedentes históricos que llevaron a las reformas constitucionales de Colombia en 1991 y de Ecuador en 1998 y 2008, reconociendo el carácter multisocietal de ambos estados. Dado que uno de los ejes de las resistencias y reivindicaciones de los pueblos indígenas ha sido en el régimen de propiedad, en este trabajo identifico la noción de inalienabilidad como una de las zonas de contacto para el trabajo de traducción propuesto por Santos (2009), de modo a construir una integibilidad entre los conocimientos contenidos en los sistemas tradicionales de tenencia de tierras y el régimen liberal de la propiedad privada. Pese a que las asambleas constituyentes de los años noventas hayan sido el lugar más adecuado para empezar los diálogos interculturales en el campo de los conocimientos de lo que se dice “jurídico”, es necesario un tercero marco, un marco inter-universal encarnado que surja del diálogo y de la traducción entre culturas, y que permita imaginar un nuevo pacto social y en cuyo ámbito el derecho sea visto como un sistema amplio de comunicaciones, superando la idea de un pacto civil original, y desviando el enfoque único respecto a la noción de soberanía hacia las distintas demandas de libre determinación.

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Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.

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Como es bien sabido el desarrollo se plantea como un derecho humano después de la segunda guerra mundial, aunque hay divergencia de criterios acerca del carácter vinculante de la normativa que lo proclama, se plantea como un derecho humano asociado a la libre determinación de los pueblos que “incluye el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”]. De acuerdo al carácter estatocéntrico del sistema internacional, esto ha sido interpretado por los Estados como uno de los elementos de su plena soberanía y así se recoge en las Constituciones. Por su parte los pueblos indígenas mantienen su reclamo a la libre determinación como naciones y pueblos previos a la colonización de sus territorios y afirman su derecho ancestral irrenunciable de defender sus territorios, tierras y recursos estratégicos, que consideran base fundamental de su libre determinación. El problema radica en la ausencia de definición del termino “pueblo” y en el declarado rechazo gubernamental a la libre determinación ya que “los gobiernos por lo general desechan que los indígenas sean considerados como pueblos y también niegan que los indígenas sean poseedores de ese derecho. Aquí interviene el temor de muchos gobiernos de que el ejercicio de la libre determinación puede conducir a la secesión política y a la fragmentación de los estados existentes” y, podría añadirse, la negativa a una soberanía restringida o compartida en el manejo de los recursos para propiciar el desarrollo y los derechos de estos pueblos.

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En la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, al expedirse la Constitución Política, en el Art. 194 se adoptó el sistema oral sobre la base de los principios procesales de presentación y contradicción de la prueba, dispositivo, concentración e inmediación y otros que de manera expresa constan en la Carta Fundamental, como el principio del sistema - medio constante en el Art. 192. Del modo como la doctrina conceptualiza al principio dispositivo por su naturaleza, limita al juez y tribunales el que éstos puedan disponer de oficio la práctica de pruebas, sin embargo de lo cual, en el Código del Trabajo se ha prescrito que el juez y los tribunales de última instancia puedan disponer ese tipo de pruebas, lo cual ha generado dudas y debates sobre aquello. A efecto de generar mayores niveles de seguridad jurídica y teniendo en cuenta el principio protector que tutela el derecho del trabajo, sería trascendente que al mismo nivel constitucional se contemple la facultad a jueces y tribunales de última instancia para que dispongan la práctica de pruebas de oficio cuando lo creyeren necesario, a fin de que la legislación ordinaria lo desarrolle con claridad y con ello se ponga fin a las dudas existentes y a un debate que está hasta hoy latente.

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El objetivo del presente trabajo es rescatar la importancia de la educación infantil en cuanto a los temas relativos al Agua, ya que cada esfuerzo realizado de manera simultánea a nivel local, con miras a lograr ciudades sostenibles, puede tener importantes repercusiones a nivel global. Con la finalidad de comprender la importancia del Agua para las Relaciones Internacionales, desde la perspectiva de los esfuerzos realizados para establecer un marco internacional, el presente trabajo realiza un recorrido a través de aquellas posturas promovidas desde hace varios años por instancias nacionales e internacionales, así como por la historia de los más grandes esfuerzos desarrollados para promover el diálogo, la participación y el establecimiento de políticas tendientes a lograr una mejor comprensión y uso del Agua, para luego centrarse en aquellos que han incorporado a la niñez. En los siguientes capítulos se realiza un análisis acerca de las percepciones y usos del Agua por parte de un grupo de niños de seis a nueve años, habitantes de Quito, así como la perspectiva de expertos nacionales e internacionales que han trabajado directamente en temas educativos sobre el Agua, con el objeto de identificar enfoques y propuestas orientadas a conseguir ciudades sostenibles. Sobre la base de este sustento el presente trabajo, continúa con una reflexión acerca del metabolismo urbano, la situación del Agua en medio de una acelerada y demandante vida en las ciudades, así como la forma en la que los hábitos urbanos influyen en la manera en la que los niños se identifican con el Agua que consumen, para finalmente llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones acerca de la importancia de promover en la infancia actitudes responsables, propositivas, solidarias y asertivas desde sus primeros años, con la consciencia de que cada acción en su entorno, puede tener repercusiones con alcances mucho más amplios de lo que alcanzan a imaginar.

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Dado que el problema central de los recursos hídricos en el Ecuador y en el mundo es un problema relacionado fundamentalmente con la gestión del agua, en esta tesis se reflexiona sobre dos enfoques de gestión, desde lo público - estatal y desde lo comunitario, y se analiza cómo estos enfoques se concretan en la Constitución y en la Ley de Aguas del Ecuador. En el Ecuador, durante la época de aplicación de las políticas de ajuste estructural (década de los 80) se desarrollaron políticas de ajuste hídrico orientadas a establecer un modelo de gestión del agua basado en el mercado, que no resolvieron el problema de la gestión de los recursos hídricos y por el contrario profundizaron las condiciones de inequidad en el acceso y distribución del agua. Posteriormente, en los últimos años se ha impuesto un modelo de gobernabilidad donde lo que impera es el fortalecimiento del poder estatal para gestionar los recursos hídricos. Desde las organizaciones sociales vinculadas a la gestión del agua se fueron gestando procesos de movilización social y surgieron propuestas para recuperar el sentido del agua como un bien común, que no puede ser considerado como una mercancía sujeta a las reglas del mercado y que debe ser gestionado colectivamente. En la formulación de la nueva Constitución y de la Ley de Recursos Hídricos se evidencia una permanente tensión entre una visión de gobernabilidad que implica imponer el rol del Estado en la gestión del agua, frente a una visión de gobernanza que supone una cooperación con la sociedad civil. El presente trabajo está basado en el análisis e interpretación de las disposiciones jurídicas de la Constitución del 2008 y de la Ley de Recursos Hídricos aprobada en el 2014. Sin embargo, no es un análisis puramente jurídico - legal, de eso ya se han encargado otros estudios, sino más bien en este caso se trata de una reflexión desde una perspectiva sociológica y política a partir fundamentalmente del análisis de fuentes secundarias. En el desarrollo de la tesis y en las conclusiones se plantea la posibilidad y las ventajas de llevar a la práctica un modelo de cogestión de los recursos hídricos, que combine roles y responsabilidades tanto públicas como comunitarias.

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Tiene por objetivo analizar la relación existente entre lo político y lo estético en el teatro quiteño. Dicha relación la quiero analizar a partir de constatar los cambios producidos en el teatro quiteño luego de la década de los noventa, cambios cuyo eje básico, a mi modo de ver, se expresa en el paso del fevor de lo político-militante hacía temas más teatrales. Para el momento actual, es posible ver ya qué forma fueron tomando y por dónde se fueron resolviendo las inquietudes que llevan a los teatreros a plantearse ese cambio de perspectiva. Para enfrentar la pregunta citada voy a hacer un análisis de los montajes de los espectáculos desarrollados en el año 2007 de los siguientes grupos teatrales quiteños: Zero no Zero, Cronopio, Elenco del Patio de Comedias, Malayerba, Contraelviento, Callejón del Agua y Espada de Madera. Dicho análisis lo hago a partir de revisar el contexto en el que se desarrollan y apoyándome del cuestionario desarrollado por Patrice Pavis en su libro El análisis de los espectáculos. Para analizar la relación entre lo político y lo estético en el teatro en Quito que se evidencia en los montajes actuales, voy a desarrollar las categorías teóricas que Javier Sanjinés elabora, a partir de las reflexiones de Walter Benjamin, para indagar lo nacional en Bolivia en las artes visuales. Cruzo dichas categorías con las reflexiones de Augusto Boal en el libro El Teatro del Oprimido para así completar un cuerpo teórico que me permita encontrar la relación entre lo político y lo estético en el teatro.

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Esta tesis tiene como marco temporal el cambio del siglo XIX al siglo XX. Busca comprender cómo en el Quito urbano de esa época, la ciudad asume dos proyectos concretos que, relacionados, reflejan nuevas tendencias en los servicios urbanos y en las necesidades higiénicas del espacio y del individuo. El primero, la implementación de un sistema de abastecimiento de agua tratada (potable). El segundo, el discurso higienista en su esfera de salud y aseo, implementado en proyectos urbanos y de divulgación ciudadana. Así, los diferentes capítulos de esta investigación estudian a Quito como espacio urbano, los problemas del manejo del agua y los discursos que moldean los proyectos de la ciudad. Parte de un planteamiento desde la historia del medioambiente y se interroga sobre los discursos que construyen las prácticas en el manejo de la ciudad, dentro de un afán interdisciplinario entre la historia y los estudios de la cultura. Toma las nociones de progreso y modernización como nociones-fuerza que se configuran en un momento transitorio de una ciudad en expansión poblacional y espacial. Entiende la higiene como las prácticas y discursos sobre la salud y aseo de la ciudad y de sus habitantes.

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La escasez de agua, la reducción de la superficie irrigada y sembrada, los límites de la tecnología basada en la “revolución verdey los efectos del cambio climático generan serias amenazas a la provisión futura de alimentos en las próximas décadas. Es imperativo un cambio rápido y profundo hacia tecnologías agropecuarias menos intensivas en el empleo de energía, más eficientes en el uso de recursos escasos como el agua y la tierra, y más amigables con el medio ambiente y más vinculados a las economías locales. La agroecología, los cultivos orgánicos, la mayor integración de la producción en su territorio cercano y otras tendencias recientes aparecen como alternativas de importancia estratégica en el futuro.

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El Distrito barrial de Agua Blanca de la ciudad de Santiago de Cali se constituye en el espacio social donde se vivencia y se localiza una diferencia socio racial, producida y reproducida por el Estado, así como por los hechos históricos de explotación y marginalización. Es en medio de los flujos migratorios de población desplazada por la violencia social y económica y los planes de desarrollo urbanísticos de la ciudad como se ha erigido el Distrito barrial de Agua Blanca, escenario de tensiones y de luchas sociales dispuestas entre la legalidad y la ilegalidad; entre barrios urbanizados y barrios de urbanización. Este distrito barrial es el epicentro donde se producen y espacializan en el tiempo subjetividades hegemónicas, al igual que otras de mediación y articulación intersubjetiva, dispuestas para dar cuenta de los sentidos de urbanidad o territorialidad del escenario urbano en el que se producen.

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La evolución de los mercados financieros en la última década ha acrecentado la complejidad del riesgo de liquidez y de su gestión, por lo que el Comité de Basilea ha actualizado las directrices que se deben tomar en cuenta para la administración de la liquidez; entre los criterios que se deberían tomar en cuenta es el cálculo de indicadores que faciliten el monitoreo y mitigación del riesgo, así como también el establecimiento del nivel mínimo de liquidez que la institución requiere para cubrir sus obligaciones, y finalmente en función de acontecimientos históricos y posibles escenarios que pueden afectar a la liquidez se deberá elaborar un plan de financiación contingente (CFP) que permita a la institución operar sin pérdidas, o evitar a la más mínima, en casos extremos. El siguiente trabajo se enfoca en la determinación de metodologías que permitan determinar si la institución financiera presenta problemas de concentración y un método que permita determinar la liquidez requerida en el tiempo dada una probabilidad.

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Partiendo de una mirada retrospectiva del período colonial, el artículo ofrece una visión general sobre el sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de Quito, a fines del siglo XIX e inicios del XX. Con este propósito, se estudian las políticas municipales de higienización y salud pública y cómo incidieron en los hábitos domésticos de los habitantes. Además, se aborda el crecimiento urbano en relación a la provisión de agua potable y al crecimiento poblacional.

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El trabajo “Restitución ¿realidad o ficción?, balance de los derechos de las víctimas del despojo y del abandono forzado de tierras en Colombia”, analiza el comportamiento del campo jurídico en donde tuvo lugar la aprobación de la ley 1448 de 2011, concentrándose en el componente de restitución de tierras de quienes han sido despojados y desplazados forzadamente, adicionalmente analiza el nivel de adecuación de las normas al contenido material de la constitución, y el peso específico de los distintos agentes en su aprobación, haciendo especial énfasis en el desempeño de las organizaciones de víctimas. Para el cumplimiento de este propósito en el primer capítulo se hace una descripción del campo jurídico de los derechos de las víctimas y en especial de restitución de tierras, antecedente necesario para comprender la configuración del campo durante la discusión y aprobación de la ley 1448 de 2011, evidenciando el capital jurídico existente con anterioridad a la discusión de la ley, así como las relaciones de fuerza y de poder presentes en el campo a través del análisis del capital, la illusio y en ocasiones el habitus de sus principales agentes. En el segundo capítulo se presentan los elementos estructurales de los discursos de los distintos agentes que actuaron en el campo jurídico durante la discusión de la ley 1448 de 2011, identificando sus enfoques, propuestas, así como las principales tensiones que se presentaron en el campo durante su discusión. Por último, se presenta una síntesis de los principales aspectos que fueron aprobados en la ley 1448 de 2011 en materia de restitución, analizando cuál fue el discurso que se impuso en el campo jurídico, quien acumuló capital jurídico, y la adecuación de las normas aprobadas a los estándares constitucionales en materia de reparación.