40 resultados para Política de seguridad


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Este artículo convoca a adoptar una posición equilibrada en el análisis de las dimensiones e implicaciones que las crisis individuales de los países andinos tienen para la seguridad subregional. El autor parte de la premisa de que EE.UU. carece de una política clara frente a los problemas de la subregión y sostiene que en este país existe una sensación de pérdida de control, que hace que el tema del narcotráfico se convierta en el único con resonancia política. El autor plantea la necesidad de desarrollar un enfoque multilateral que garantice la seguridad subregional, y coloca a la crisis colombiana como la más grave y preocupante.

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Debido al reciente reconocimiento en la Constitución ecuatoriana de 2008 de los afroecuatorianos como un grupo con derechos colectivos a sus territorios ancestrales, el Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice ha dirigido un estudio legal sobre la política relacionada con los derechos territoriales de las comunidades rurales afroecuatorianas. El estudio incluye el trabajo de una delegación de investigadores que visitaron Quito, Esmeraldas y el Valle del Chota en la primavera de 2009. Este reporte está basado en información colectada en reuniones llevadas a cabo en Ecuador, entre delegados del Centro Rapoport y los miembros de la comunidad afroecuatoriana, activistas, académicos y oficiales del Estado. El reporte examina la situación que enfrentan comunidades afroecuatorianas rurales y su lucha por los derechos territoriales.

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El Estado busca la forma de extraer recursos de la sociedades y, a su vez, encontrar la manera de financia los bienes públicos necesarios para las personas que habitan dentro del territorio nacional, como es el caso de los servicios de salud, seguridad, infraestructura, entre otros. Para el cumplimiento de estas obligaciones, en ocasiones puede financiarse con deuda, la misma que puede ser nacional o internacional. De esta manera, los Estados crean diversos instrumentos y medidas con el fin de extraer los ingresos necesarios para poder cumplir con las funciones a éste asignadas. Por este motivo, los objetivos que persigue la política fiscal, se pueden clasificar de la siguiente manera: • Redistribuir la renta y los recursos. • Contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones. • Aumentar el nivel de la renta real y la demanda. Estas medidas pueden estar determinadas por la volatilidad del ambiente económico subyacente, es decir, auge o cris. Con este entorno cambiante, es importante conocer las diversas respuestas que ofrece la política fiscal de cada uno de los países. Estas respuestas pueden estar dadas por políticas fiscales que pueden ser expansivas o restrictivas y, que a su vez, pueden responder a favor de los ciclos económicos o en contra de ellos. Las medidas que se tomen, deberán generar crecimiento dentro de sus economías y, a su vez, permitir enfrentar cualquier etapa del ciclo económico que se pueda presentar. De esta manera, el presente estudio analiza y compara cuales son las principales políticas fiscales, la relación ingreso, gasto y su estructura, las políticas tributarias utilizadas, el efecto de la carga fiscal, la composición del gasto público, así como las medidas que permitan enfrentar eficientemente una crisis, en base a las que adoptaron Ecuador y Perú a partir del año 2000, enfocado especialmente en la crisis económica mundial del 2008.

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Esta tesis pretende determinar si los atentados del 11 de septiembre de 2001 generaron un cambio en el enfoque de la política de asistencia de Estados Unidos hacia Colombia. Con este fin, se presenta la posición del Congreso norteamericano frente a la ayuda destinada hacia Colombia antes de los atentados y luego de estos, permitiendo realizar una comparación entre los dos momentos. Mediante la revisión del discurso de los congresistas norteamericanos previo a la aprobación del Plan Colombia en el 2000 y de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Emergencia para el 2002, - en la cual se pone especial énfasis - se muestran los principales elementos manejados por los legisladores para argumentar su posición a favor o en contra de la destinación de recursos hacia Colombia. La identificación de estos elementos es la herramienta principal que permiten determinar el grado de incidencia del 11 de septiembre sobre el enfoque de política hacia Colombia, en un momento en donde la seguridad nacional pasa a ocupar las prioridades de la agenda internacional de Estados Unidos.

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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.

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El presente trabajo de investigación esta referido al estudio y análisis del Consejo de la Judicatura en la Constitución Política del Estado Boliviano, ya que la creación de esta importante institución, como órgano rector administrativo y disciplinario del Poder Judicial, se incorpora a las reformas constitucionales y llega a formar parte del proceso de modernización del sistema judicial en Bolivia. La importancia de esta investigación radica, que con la creación de nuevos organismos dentro del Poder Judicial, como el Consejo de la Judicatura, se busca enfrentar los problemas de desconfianza e inseguridad jurídica, solucionándolos y devolviendo al ciudadano la fe y confianza en la administración de justicia y en sus instituciones democráticas. El contenido del Primer Capítulo, esta referido a los antecedentes y análisis de las reformas constitucionales que se van desarrollando en los países de América Latina, donde se puede advertir procesos destinados a la reforma y modernización del Estado, siendo uno de los elementos más importantes las reformas judiciales para lograr el desarrollo de una justicia legítima y creíble, asimismo se realiza una síntesis de las reformas constitucionales que se dieron en Bolivia, desde la primera Constitución de 1826 hasta llegar a la última reforma de 1994, dando lugar a la creación del Consejo de la Judicatura, y de esta manera se examina la crisis del Poder Judicial boliviano. En el Segundo Capítulo, se realiza un estudio sobre la reforma constitucional de 1994 y, la creación e implementación del Consejo de la Judicatura en Bolivia, como institución clave del control de la administración de justicia, teniendo importancia histórica en el país, porque por primera vez se cuenta con un órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial; de igual manera se hace un examen global de la Ley del Consejo de la Judicatura. En el Capítulo Tercero, denominado el Consejo de la judicatura, se estudia en forma exhaustiva su estructura orgánica desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado y de su propia Ley. De igual manera se hace un análisis de la organización administrativa del Consejo, de los recursos humanos en la Ley del Consejo de la Judicatura y del régimen económico y financiero del Poder Judicial. El estudio del Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, se encuentra en el Cuarto Capítulo, donde damos a conocer sus funciones y atribuciones; además se hace un análisis del régimen disciplinario del Poder Judicial, señalando la procedencia de los procesos disciplinarios y cuales los alcances y efectos de las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura. En el Capítulo Quinto, se analiza al Instituto de la Judicatura de Bolivia, como una unidad desconcentrada de capacitación y formación profesional a los servidores judiciales, dependiente del Consejo de la Judicatura; su naturaleza, funciones y estructura orgánica del mismo, para concluir con una evaluación de su funcionamiento hasta nuestros días. El Capítulo Sexto esta referido a la responsabilidad del Estado por error en la administración de justicia, donde se hace un estudio sobre la responsabilidad que tiene el Estado por el daño producido como consecuencia del mal funcionamiento de la administración de justicia; analizando de igual manera el caso boliviano. Finalmente, en las conclusiones damos a conocer la importancia y crítica de la creación y funcionamiento del Consejo de la Judicatura en Bolivia. Por todo lo anteriormente señalado, el objeto de la presente tesis, no solo es proporcionar una exposición básica y sistemática del contenido que comprende, sino resaltar la importancia de la creación del Consejo de la Judicatura. Este trabajo está destinado a juristas, abogados, estudiosos en derecho, estudiantes y a todo individuo que se considere miembro de un Estado y pueda tener la seguridad del respeto a sus garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, a través de una eficiente administración de justicia.

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El presente trabajo analiza los sistemas de seguridad social predominantes en el mundo centrando su estudio en América Latina, analizamos las transformaciones que se vienen experimentando a raíz del modelo neoliberal que impuso reformas tendientes a la privatización de los sistemas de seguridad social, el caso especifico de análisis es el boliviano tomando en cuenta el viraje socio-político que fortalece la tendencia anti – privatizadora. Es en este sentido que se intentará dilucidar las razones de esta resistencia en el desarrollo de la Asamblea Constituyente y la comparación con otros casos similares que han tenido lugar en la región. En este contexto, el objetivo fundamental es identificar los desafíos de la seguridad social en Bolivia, particularmente, del seguro de pensiones, a partir de analizar el desarrollo del sistema pensional boliviano, los aciertos y desaciertos de la aplicación del modelo neoliberal, los problemas y planteamientos vigentes, así como los retos más importantes frente a una nueva visión de Estado y un nuevo orden internacional. El documento está estructurado por una parte introductoria en la que se desarrollan las características fundamentales de los sistemas de pensiones en diferentes escenarios a nivel mundial enfocándonos en los principales desafíos que enfrentan los esquemas previsionales individuales de contribución definida y gestión privada en debate con los sistemas tradicionales públicos, para este efecto se procede al análisis de un caso de estudio específico por lo cual desarrollamos en los capítulos siguientes el proceso que se sucedió en Bolivia. El capítulo 1 analiza el funcionamiento del sistema pensional boliviano, en el marco del contexto socioeconómico del país, examinando el periodo anterior a la reforma de 1997, donde se aplica el Código de Seguridad Social que pone en vigencia el Sistema de Reparto y el periodo de la reforma de pensiones, caracterizado por una transformación drástica a un sistema de capitalización individual de administración privada. El capítulo II esboza la nueva visión del Estado boliviano, que a través de un debatido y polémico proceso constituyente define el nuevo marco constitucional; se describen las principales propuestas que se debatieron desde la visión del oficialismo y la oposición, así como las modificaciones que se dieron a lo largo del proceso. De la misma forma, se presenta un análisis del proyecto de Ley de Pensiones presentado por el Gobierno al Congreso Nacional, el cual instrumentaliza los objetivos que se persiguen para modificar la actual estructura del sistema de seguridad social (caracterizado por ser privado y de capitalización individual). En la parte final, se sintetizan las principales conclusiones y se esbozan en líneas generales, un conjunto de recomendaciones dirigidas al fortalecimiento en la investigación de la seguridad social en Bolivia.

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Estados Unidos es sin duda uno de los actores más importantes en el actual contexto internacional, ya que no solo cuenta con la fuerza militar más poderosa y tecnificada del mundo, sino que además tiene una influencia política determinante; tanto que no se po dría hablar del actual sistema internacional sin nom brarlo reiteradamente. Uno de los puntos más polémicos de la política exterior estadounidense es la Estrategia de Seguridad Nacional –promulgada por George W. Bush un año después de los ataques del 11 de septiembre de 2001–, que transforma el panorama de las relaciones internacionales, al iniciar una nueva era bélica en la que la fuerza militar se impone a la razón. El concepto de «guerra anticipada» (preempt war, en inglés), que se aplica como eje articulador de esta nueva era, tiene como primeras evidencias del cambio de postura de Estados Unidos en su política exterior, a las guerras de Afganistán e Iraq, pues, como el autor lo demuestra –para responder la pregunta central de su investigación: ¿en qué consiste la gue rra anticipada y cómo este concepto se convirtió en eje central de la política de defensa estadou nidense en la era de Bush?–, en estas se em plea la anticipación como fórmula para la se guridad, convir tiendo a la guerra en el me jor mecanismo de defensa. En este libro también se explica la verdadera significación entre acciones preventivas y acciones anticipadas, y las connotaciones par ticulares que estas tienen en su aplicación. Temas con trascendentales implicaciones globales y regionales, y que no han sido suficiente mente analizados desde la óptica de América Latina.

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En medio de un contexto marcado por la globalización, la población que migra experimenta múltiples formas de negación y exclusión. En muchos países es mirada como extraña, intrusa, como ese nuevo «chivo expiatorio», como «lo malo» e incluso «lo no deseado». En Ecuador concepciones como estas han sido fortalecidas, por un lado, por el discurso oficial que tiende a mirar el libre ingreso de la población colombiana como una causal de la inseguridad ciudadana y, por otro, por las políticas de inmigración que se han implementado en nuestro país a partir de 2004. La presente investigación analiza la posición del gobierno del presidente Rafael Correa respecto a los inmigrantes y, fundamentalmente, frente a los inmigrantes colombianos, durante el período 2007-2009. Intenta responder a preguntas como: ¿Cuál es el peso que otorga el gobierno de Correa a la emigración, inmigración y refugio? ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la implementación de políticas de inmigración? ¿Si las políticas de inmigración afirman o expresan la concepción de la inmigración como un problema de seguridad, como una amenaza y qué implicaciones trae ello para los derechos humanos de la población colombiana?

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Este trabajo tiene como objetivo principal el comprender y describir la racionalidad que sustenta, a inicios del siglo XXI, la definición de los objetivos y la estrategia de Política exterior china, aterrizando, al interior de la región de América Latina y el Caribe, en los casos de Ecuador y Perú. Con ese fin, se ha explorado, desde el marco teórico del realismo, la necesidad de maximización de seguridad de la República Popular China, inmersa, al igual que todos los demás Estados, en un Sistema Internacional anárquico. Su necesidad de cooperación responde al interés por preservar un entorno internacional pacífico favorable a la expansión de una red de negocio y comercio que influye a todos los Estados, sea como mercados de los bienes chinos, o como fuentes de materia prima. En ese contexto, la expansión del poder blando chino ha logrado alinear a diferentes Estados de la región y hoy trabajan en función de la maximización de seguridad china.