32 resultados para SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES


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El texto parte de la relación del Estado con territorios de colonización como el departamento del Putumayo, cuya formación ha estado ligada a la exportación de materias primas para el mercado mundial; como proceso desencadenante de la actual coyuntura discursiva terrorismo y drogas -que hacen parte del mercado-, se prioriza a esta región en la ejecución de la política de Defensa y Seguridad Democrática 2002 – 2006. Desde esta perspectiva se presenta una reflexión sobre el empleo de prácticas espaciales de control geo-cultural y se hace referencia, de manera específica, a las acciones encaminadas a proveer seguridad a través de la estrategia de control territorial en los municipios del Bajo y Medio Putumayo.

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Este trabajo tiene en su mira la quema de “Ñucanchic Huasi”, «nuestra casa» -sede del movimiento indígena del Cañar- sucedida el 19 de junio de 1994, como acontecimiento discursivo. Busca focalizar los distintos puntos de vista producidos en la escena textual de los documentos escritos producidos en el mismo momento e inmediatamente después de la Quema. El trabajo tiene un carácter descriptivo más que interpretativo y analítico. Se plantea como objetivo presentar de una manera ordenada, relacionando y contrastando, los distintos modos como fueron relatados los acontecimientos de la Quema, las distintas versiones que hicieron noticia en la escena pública y los posicionamientos intra y extra-locales, que se produjeron. Las textualidades relativas a la Quema son enmarcadas e inscritas, coyunturalmente, dentro de la Movilización por la vida, con una dimensión nacional, e históricamente, en una panorámica mirada al proceso cultural de los últimos años, centrada, sobre todo, en el ámbito regional.

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El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.

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Presenta la tasa de homicidios en América Latina discutiendo la incidencia de los principales factores de riesgo identificados por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Presenta los niveles de victimización por hogares en América Latina, la percepción de inseguridad, la confianza en la policía y en la justicia y las cifras de la población penitenciaria. Plantea la adopción de medidas para revertir los indicadores negativos contrarrestando el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en la región.

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El presente artículo no pretende aportar respuestas definitivas a las preguntas formuladas, menos alimentar pronósticos. Busca, de manera crítica, fomentar el planteamiento de nuevas interrogaciones que contribuyan a un acercamiento científico, es decir anti-mediático, respecto de fenómenos presentes en la actualidad del Medio Oriente. ¿La fuerza espontánea de la movilización social logrará superar la inercia de las dinámicas imperiales que ritmaron la historia política del Medio Oriente? ¿Podrá romper las cadenas del círculo vicioso de la maldición de la abundancia? Estas preguntas quedan enteras. Sin embargo, una posible respuesta no se verá en la mal llamada “primavera árabe” un fin en sí, sino el comienzo de un despertar colectivo. El fortalecimiento de las capacidades organizativas y movilizadoras de las masas populares del Medio Oriente constituye, sin duda, un primer paso fundamental para el arranque de un proceso histórico nuevo, dominado por los afanes de emancipación.

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Desarrolla las evidencias del distanciamiento del mandato constitucional relativo al derecho a la seguridad integral como la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la constitución de cuatro zonas de seguridad en torno a proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y en la zona de construcción de la refinería del Pacífico, la afectación a la seguridad laboral con la adopción del reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reforma, el incremento de delitos, accidentes de tránsito y suicidios. Concluye que la concepción y práctica de seguridad no supera la visión centrada en la seguridad del Estado y no de las personas.

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Analiza la garantía extrainstitucional de participación de las personas y grupos sociales en el procedimiento legislativo para exigir, mediante la deliberación, la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución y a los estándares del corpus iuris de derechos humanos. Presenta el tratamiento adoptado por la Asamblea Nacional a las observaciones sociales a proyectos de ley, concluyendo que no se han generado espacios verdaderamente democráticos y que el procedimiento no está reglado integralmente por lo que no se garantiza, en la práctica, que la decisión de incorporar o no las observaciones sociales sea debidamente motivada por parte del legislador.

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El propósito de esta investigación es determinar en qué medida, mediante la propuesta de un modelo de gestión, la responsabilidad social debe ser parte del plan estratégico de las empresas, el estudio de caso se realiza en Camari una empresa creada por el Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP), Camari es una empresa social establecida en 1981, con 32 años en el mercado, desarrolla prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por lo que es necesario determinar si esta gestión está definida y alineada con la estrategia empresarial. Para lo cual se ha preparado los siguientes capítulos: en el capítulo I se realiza una revisión teórica de las principales teorías de responsabilidad social, resultados de una investigación realizada sobre el tema en Ecuador y algunos modelos de RSE que se conoce; en el capítulo II se describe a Camari sus antecedentes y actividades, así como las prácticas de responsabilidad social desarrolladas actualmente por esta empresa; en el capítulo III se realiza una descripción y análisis de la planificación estratégica de Camari, a través del análisis de las herramientas de gestión como: Cadena de Valor y Diamante de Porter; en el capítulo IV se propone el modelo de gestión de RSE para Camari basado en la metodología de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral; finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación. El plan de tesis aprobado no establece un diseño específico de estrategia de RSE, no obstante evalúa la introducción de los principios de RSE en la estrategia general de la empresa. El Cuadro de Mando Integral contiene los elementos de control y cumplimiento de la inserción estratégica de la RSE en el caso de Camari.

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Esta investigación constituye un acercamiento a los estudios de la ciudad desde el control de los individuos. A propósito del proceso de modernización agenciado en Cartagena entre 1903 y 1927, se realiza una aproximación a las formas con las que se definió, ubicó y trató de disciplinar a los sujetos vagos. De allí que se preste mayor atención a las dinámicas de la modernización de la ciudad en cuanto a los aspectos que implicaron el gobierno de la población. En el primer capítulo, distanciándonos de la visión de la historiografía inicial que, sobre los hechos modernizantes se produjeron en torno a los resultados de las acciones del ex - presidente Rafael Nuñez, fundamentalmente se da cuenta de la conformación del régimen de vigilancia que se inauguró para garantizar la sanidad del puerto. En este apartado centramos la atención -más allá de las modificaciones espaciales experimentadas en la ciudad-, en la creación del cuerpo de policía sanitaria, marítima y terrestre: el cuerpo de vigilancia y control encargado de suprimir el desorden de esta urbe para desde ahí, situarnos, en un primer momento, en el control del alcoholismo y la prostitución. El segundo capítulo hace especial énfasis en una variable que se desplegó en los intentos de modernización de la ciudad: se trata de un tipo de higienismo práctico que denominamos higienismo social. Aquí se centra la atención en la definición, ubicación y aproximación numérica sobre los sujetos vagos. Finalmente, en el tercer capítulo, se presentan las acciones disciplinantes que implicó el proyecto de ciudad moderna. En esta parte, se presta especial importancia, tanto a los dispositivos de policía como a las medidas nacionales de confinamiento a las colonias penales y agrícolas que se implementaron para hacer de los sujetos vagos seres productivos y funcionales al orden moderno pretendido. Se concluye con los problemas que se presentaron para concretar este proyecto.

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En esta investigación realizo un análisis respecto del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, derecho que está contemplado en la Constitución, a fin de determinar su nivel de ejercicio por parte de la sociedad civil y su respeto, garantía y cumplimiento por parte del Estado. Se considera al derecho a la participación social en el procedimiento legislativo como una de las expresiones de la vigencia de una democracia participativa y deliberativa, garante de la adecuación material de la legislación a la Constitución. Luego de la presentación de los marcos doctrinario, constitucional, legal y reglamentario, analizo el procedimiento legislativo adoptado en la tramitación de una muestra de proyectos de ley en materia de derechos humanos, tramitados por la Asamblea Nacional, AN, en el período comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Del análisis, evidencio las limitaciones del procedimiento adoptado en la mayoría de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la AN y planteo alternativas para lograr la vigencia del derecho a la participación social en la creación legislativa del derecho.

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Insistir en la idea de la centralidad de los seres humanos y de la naturaleza en la definición de las políticas públicas como un logro conseguido por la Constitución de 2008, supone el reto de monitorear las acciones u omisiones del Estado para determinar si han cumplido con el mandato normativo que está próximo a cumplir cinco años de vigencia. Ya en 2009, se explicitó el contenido constitucional del derecho a la seguridad integral expresado en la Constitución, y desde entonces se ha monitoreado el avance de las acciones que el Estado implementa; sin embargo hasta la actualidad se observa un predominio de la seguridad entendida desde la lógica del Estado, sin que se evidencie un verdadero enfoque de derechos humanos que sea transversal en su diseño, ejecución y evaluación. A continuación se registran los cambios que en 2012, se dieron en relación al desarrollo de políticas sectoriales, producción normativa y acciones específicas que tienen relación directa con la seguridad.

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El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el nuevo Código del Trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la Asamblea Nacional.

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La ciudad de Quito, y en particular su Centro Histórico, atraviesan un nuevo ciclo de transformaciones. Esta investigación interroga por los impactos de las políticas de patrimonio y modernización en la vida social de la zona de la Av. 24 de Mayo (ubicada en el denominado casco antiguo de la capital ecuatoriana), y por el destino, en este contexto, de las dinámicas culturales y económicas de sectores populares como los que se asientan y transitan en esta franja de la urbe y en los barrios que le rodean. De manera específica, este trabajo académico realiza un estudio de la “recuperación” del bulevar de la Av. 24 de Mayo ejecutada en 2011, y de sus implicaciones en términos sociales, a través de un análisis histórico, político y cultural. Si bien examinamos a las políticas de regeneración urbana en zonas patrimonializadas como la de la Av. 24 de Mayo, y a su articulación tanto a un enfoque monumentalista, turístico o comercial del patrimonio como a procesos de segregación social y simbólica, indagamos al mismo tiempo por los usos tácticos que las culturas populares urbanas hacen de este sector de la ciudad, y por las prácticas, discursos y resignificaciones que a la vez que desafían a paradigmas patrimoniales y urbanísticos que actúan como mecanismos de coerción social, esbozan comprensiones y representaciones otras de la ciudad, el patrimonio, la centralidad histórica y el espacio público.

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El presente trabajo de investigación se circunscribe a analizar la seguridad jurídica en materia de inversiones a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria Ecuatoriana y sus reformas, en lo referente al Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto sobre los Activos en el Exterior. En consecuencia, y como resultado de la investigación efectuada lo que se ha pretendido es demostrar si los impuestos antes mencionados han afectado la seguridad jurídica en el ámbito tributario, y en materia de inversiones, de manera específica referente a la inversión extranjera directa, por lo que como corolario hemos determinado que la Ley aludida, a través de sus impuestos reguladores, concretamente el Impuesto a la Salida de Divisas; creado para mitigar la salida de capitales del país, y el Impuesto a los Activo en el Exterior; cuyo objetivo fue el retornar los fondos disponibles que mantienen en el exterior aquellos sujetos pasivos que se encuentran regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros; vulneran la seguridad jurídica, ya que en primer lugar; no ha cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados, sino por el contrario han frenado la captación de la inversión en el país, pues los antes indicados han sido sufrido reformas por distintos instrumentos legales y en un periodo de tiempo corto, instaurando en los inversionistas, actuales como en los potenciales un ambiente de inseguridad e inestabilidad normativa para la colocación de sus capitales en el país.