42 resultados para Indígenas de Colombia -- Situación legal


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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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En 1991, cerca de 200 indígenas Wounáan de la comunidad de Curiche en la Costa Pacífica norte se desplazan hacia Juradó, presos del terror por las agresiones propinadas y las amenazas de los narcotraficantes. Estas mismas comunidades en diciembre de 2000 (frente a un ataque de las FARC a Juradó), salen hacia Panamá; cuatro meses más tarde retornan a Colombia. Sin embargo los Embera de Aguas Calientes y Guayabal (comunidades cercanas), víctimas del terror producido por una masacre paramilitar, se desplazan a Juradó y allí, a pesar de la muerte de su principal dirigente Armando Áchito por parte de las FARC, asumen el retorno, reconfigurando un nuevo poblamiento y una nueva estrategia de resistencia desde lo organizativo. Esta es solo una muestra de lo que ha significado el itinerario de una desconocida y dolorosa tragedia de los pueblos indígenas colombianos.

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El desplazamiento de la población colombiana hacia otros lugares al interior de su país o la búsqueda de refugio en otros Estados, ya no es un fenómeno colateral del conflicto que vive Colombia, sino una estrategia del mismo, según lo afirma un estudio realizado por CODHES en el cual se anota que el mayor éxodo hacia fuera del país se registra hacia el Ecuador.

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Sistemas de discriminación laboral plenamente establecidos y sin ayuda legal, son habituales en Lima, Quito, Bogotá o en cualquier otra ciudad andina, en la que las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas sufren una triple exclusión y discriminación por su condición étnica, de género y socioeconómica.

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

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El presente artículo tiene como finalidad analizar si realmente los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua se han beneficiado del estatus de autonomía en cuanto a lograr un mayor respeto de sus derechos como indígenas. En algunos países en vías de desarrollo se ha tomado en consideración la posibilidad de lograr el desarrollo, crecimiento económico y eliminación de desigualdades a través de procesos de descentralización. En el caso de Nicaragua, este proceso se llevó a cabo para dar respuesta a las necesidades de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Después de muchos años de lucha, los pueblos indígenas de la Costa Caribe o Costa Atlántica lograron su autonomía del gobierno central del país en 1987. El proceso en sí tomó 3 años para dar fruto al Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley de Autonomía). Como pueblos con identidades propias, la autonomía fue la forma en que estos pueblos hicieran respetar sus diferencias como poblaciones indígenas. Hasta los años ochenta, ninguna de las Constituciones Políticas del Estado hacía referencia a las poblaciones indígenas del país, ésta población quedaba totalmente excluida. Con la Ley de Autonomía se reconocen las diferencias de los pueblos indígenas de las Costa Caribe y se les da el espacio para que éstos, partiendo de sus necesidades, distintas a las del resto del país, puedan tomar decisiones para satisfacer las necesidades específicas de sus culturas. Para poder analizar esta situación, primero, se desarrollará la historia de la población de la Costa Caribe, explicando la situación de los pueblos indígenas de esta región y su relación o falta de relación con el resto del país. Igualmente, se haré un breve resumen de la historia y la estructura de la autonomía regional, en el cual se indicará las diferentes etapas que se llevaron a cabo durante el proceso de autonomía. Por último, se exponen los desafíos actuales del pueblo indígena en cuanto a su autonomía y la situación de sus derechos después de haber logrado este estatus.

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En el marco de nuestra misión institucional, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ha venido denunciando la vulneración de los derechos humanos al interior de las cárceles colombianas, que especialmente vienen sufriendo las personas detenidas por motivos políticos. El seguimiento de la situación carcelaria del país que ha realizado nuestra Fundación, ha venido arrojando una serie de conclusiones preocupantes, que pone en evidencia una contrariedad entre las normas de rango nacional, internacional y recomendaciones de organismos supranacionales, para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, y la práctica de las autoridades colombianas. El continuo incumplimiento de las normas que imponen a los establecimientos carcelarios el deber de concretar los derechos de los internos y brindarles bienestar dentro del marco de la dignidad humana, en cuanto establecen la carga de velar por su salud, proteger sus vidas, y el mandato legal de mantener la separación de los reclusos en consideración a su situación jurídica (sindicados- condenados), y el delito cometido, se han convertido en la normalidad al interior de las diferentes cárceles y penitenciarias del país.

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La violencia contra las mujeres en Colombia se presenta como un contínuum en sus vidas y no como hechos aislados que tienen por escenario los denominados espacios públicos y los espacios privados, la cual se exacerba en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, la cual ha tenido como escenario sus cuerpos-territorios. Ciertamente los cuerpos de las mujeres en Colombia han sido leídos como premios para los guerreros de los distintos bandos, y se han utilizado como arma de guerra para agredir, debilitar al enemigo, y provocar terror dentro de las comunidades de tal manera que se generen desplazamientos masivos y así lograr el control de los distintos territorios. Si bien las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que durante los años 2007 y 2008 se realizaron 41.475 informes periciales sexológicos, en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, aún resulta imposible cuantificar el número de mujeres que han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi sesenta años de conflicto armado, en especial por el altísimo subregistro que se presenta ante el miedo a las represalias, estigmatización y revictimización que deben enfrentar las mujeres al denunciar.

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En el artículo se presentan y analizan algunos de los principales elementos que han hecho parte del imaginario sobre la frontera. Dentro de este imaginario, señala el autor, se inscriben por lo menos tres tópicos que circulan y se resignifican: se trata de zonas en las que impera el desorden y cuyo referente es jurídico, son regiones en donde la democracia está poco consolidada y su referente es político, y son án1bitos en donde es posible que reditúe la guerra y el referente es militar. Estos tópicos fueron la base a partir de la cual se entendió y describió la zona de frontera por parte de algunos intelectuales a finales de los años 80, llegando a convertir de esta forma, a la frontera, en depositaria de inseguridad. De acuerdo con el autor, el manejo de este tipo de discurso no ha permitido realizar un análisis real de la situación de las sociedades de frontera y se tiende a caer en lugares comunes propios de este discurso.

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Este documento describe la situación actual imperante en la frontera, en el lado ecuatoriano, concretamente en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, tomando en cuenta cuatro áreas temáticas: presencia institucional del Estado ecuatoriano, seguridad, comercio binacional Ecuador-Colombia y tejido sociocultural, con indicadores específicos para cada una de ellas. Este diagnóstico describe cómo el conflicto colombiano y la política de seguridad del Estado ecuatoriano están afectando a la institucionalidad política, la economía y la sociedad de la frontera Ecuador-Colombia.

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Teniendo en cuenta las diferencias entre los sectores agropecuarios de Estados Unidos y Colombia, el presente trabajo se plantea la cuestión acerca de los beneficios o perjuicios que el sector agrario colombiano tendría de una eventual desprotección arancelaria y la apertura de su mercado y el norteamericano, planteados bajo la puesta en marcha de un TLC. Pasando revista en torno a las características que destacan los segmentos agropecuarios de dichas economías, el trabajo además incluye un esfuerzo por recoger lo más relevante del proceso de negociación del Acuerdo Comercial destacando su aparte agro. En tal sentido, la investigación centra su análisis en la correlación de ventajas y amenazas para Colombia: sus respectivos beneficiarios y sacrificados. Igualmente se enfocará en acentuar las políticas que el Gobierno Nacional colombiano profirió, tanto para promocionar el Acuerdo, como para incentivar cambios en la estructura económica y productiva del subsector, objeto de la investigación. El estudio de la política agraria del Régimen Uribe Vélez, se apuntala a partir de lo que este considera como los puntos fuertes en cuanto a las ventajas comparativas que tiene el país, en una eventual puesta en marcha de un TLC con los Estados Unidos. En la segunda parte del trabajo se encontrará un esbozo acerca de las recientes transformaciones del campo colombiano y los factores sociales, económicos y políticos que dan origen a su actual estructura. Destacan el narcotráfico y la apertura económica de 1990, como dos de los factores esenciales que hacen posible la realidad rural actual en el país. Todo el trabajo está permeado por la situación conflictiva que el país padece desde hace más de medio siglo. Finalmente, se apuntará en los agrocombustibles, como una oportunidad que el gobierno central ha puesto como una de las principales “apuestas” para el futuro del campo colombiano. En ese sentido, se analizan las políticas al respecto, sus implicaciones y los factores socioeconómicos que hicieron posible dicha elección.

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La presente tesis tiene por propósito principal, presentar una alternativa que permita a los pueblos indígenas enfrentar los impactos y; prevenir y garantizar el resarcimiento de los daños que pudieran sufrir frente a la irrupción de las empresas petroleras transnacionales en sus territorios, la misma que se sustenta en el ordenamiento legal nacional e internacional y la crítica social contemporánea. Asimismo, se pretende contextualizar las posturas que adquieren los pueblos indígenas, las empresas y el Estado, actores principales de una relación conflictiva, enfocándola desde la cuestión de poder y cultura, la misma que entabla diálogo constante con el Derecho. Para tales propósitos, se ha procedido a elaborar un primer capítulo que recoge los fundamentos, desarrollo y alcances del enfoque mencionado integrándolo a la problemática actual, en un esquema globalizado que nos introduce y acompaña durante el análisis legal, que es parte del segundo capítulo y que sustenta la incorporación de las cláusulas de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

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En la historia del Ecuador contemporáneo, desde 1990 en que se lleva a efecto el primer levantamiento indígena nacional aparece el movimiento indígena como un nuevo actor social que trastorna su condición social, el rol que tradicionalmente le había sido asignado por la sociedad y el Estado ecuatoriano y trata de conquistar un espacio público que le había sido negado por muchos siglos debido a la situación indígena de exclusión y marginación social. A partir de 1990 y los sucesivos años, década que se caracteriza en el Ecuador como un acumulado de nuevas movilizaciones y levantamientos indígenas de sentido nacional, el movimiento indígena se transforma en un nuevo actor social necesario en la sociedad debido a que asume una funcionalidad política que va más allá de su base organizacional y a través de una nueva discursividad y praxis política busca expresar un sentimiento social que ya no encaja en el discurso ni la práctica política decadentes del sindicalismo ni de los partidos políticos tradicionales. Desde el ámbito estrictamente del Estado, éste tampoco vino representando los intereses de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a pesar de que algunos gobiernos crearon ciertas oficinas de atención a los sectores indígenas en el Ministerio de Bienestar Social. El Estado en sí mismo no había trastocado desde su formación original su fundamental principio uninacional concebido desde la ideología del mestizaje racial. Ante los hechos de exclusión de larga data de los Pueblos Indígenas promovidos por el Estado ecuatoriano y ante hechos más inmediatos tales como los ajustes estructurales, la modernización del Estado de tendencia privatizadora, la intervención de políticas internacionales, etc., el movimiento indígena asume en la década del noventa su rol protagónico, mediante propuestas substancialmente indígenas que buscan el reconocimiento del Ecuador como un país pluricultural, multiétnico y plurinacional, en el sentido de democratizar la sociedad y el Estado ecuatoriano. En este plano la participación indígena y negra se tornaría necesaria como búsqueda de aquello de Nunca más un Ecuador sin nosotros. La investigación que plantéo se inscribe en este contexto. Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, mediados por el movimiento indígena, por un lado, durante la década del noventa intentaron ir configurando un mayor acercamiento con el Estado a través del diálogo y la negociación política, y por otro lado, la estructuración de nuevas relaciones entre los indígenas y el Estado por medio de la creación de instituciones, tales como la Comisión Coordinadora de Asuntos Indígenas, la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Etnicas, SENAIME, el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, CONPLADEIN y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE. El objetivo de la investigación consiste en analizar para que sirvió cada movilización indígena ante el Estado ecuatoriano durante los acontecimientos indígenas de 1990, 1992, 1994 y 1997 y la emergencia de una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado ecuatoriano desde 1990 hasta 1998. En dicho marco de estudio lo que me interesa averiguar es ¿para qué sirvió cada movilización ante el Estado ecuatoriano durante los sucesos indígenas de 1990, 1992, 1994 y 1997? y ¿cómo después de cada movilización indígena surgió una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado?