22 resultados para Subsidio (Impuesto)-València (Archidiócesis)-S.XVIII
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
Este libro ofrece un estudio profundo de la teoría del gravamen, de los conflictos que genera su estructura actual y ofrece una solución integral para los conflictos existentes y para fortalecer los fiscos territoriales. Es un tratado fruto de la investigación de más de treinta años del autor y del ejercicio de la consultoría y el litigio durante el mismo período, y desde luego del estudio del derecho comparado sobre los tributos similares en Alemania, España y Estados Unidos.
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El artículo analiza la relación que ha existido en Colombia a partir de la década de los años 90 s- entre el impuesto de renta y la generación de empleo. En el estudio se identificaron los principales obstáculos que enfrenta la política tributaria colombiana; entre ellos los altos costos laborales salariales y no salariales (impuestos a la nómina), la acción de los grupos de presión, el desempleo, excesos en la formulación de exenciones y descuentos tributarios injustificados al igual que la necesidad de formular políticas tributarias y laborales viables a mediano y largo plazo. Como puede verse a lo largo de la investigación, estos elementos han impedido la consecución de una política tributaria óptima que contemple los principios de equidad, progresividad, eficiencia y flexibilidad.
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Con esta monografía se busca describir y analizar la incidencia que tienen las exenciones tributarias, aplicadas al impuesto a la renta, específicamente en los años 2008 y 2009 en Colombia. Es un análisis transversal del proceso e impacto que tiene la inclusión de las exenciones en Colombia, partiendo no sólo del hecho de que estas representan un costo fiscal para la nación, sino también de que constituyen un proceso típico de toma de decisiones políticas, cuya incidencia va más allá de querer intervenir en la economía, formular la política fiscal o aumentar la inversión en determinado sector productivo. Por lo que se llegó a concluir que las exenciones tributarias, aplicadas al impuesto a la renta en Colombia, además de disminuir los ingresos de la nación, infringen principios tributarios como la equidad, la eficiencia y la neutralidad y se encuentran incentivando a las personas de mayores ingresos en el país.
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Con esta monografía se busca describir y analizar la incidencia que tienen las exenciones tributarias, aplicadas al impuesto a la renta, específicamente en los años 2008 y 2009 en Colombia. Es un análisis transversal del proceso e impacto que tiene la inclusión de las exenciones en Colombia, partiendo no sólo del hecho de que estas representan un costo fiscal para la nación, sino también de que constituyen un proceso típico de toma de decisiones políticas, cuya incidencia va más allá de querer intervenir en la economía, formular la política fiscal o aumentar la inversión en determinado sector productivo. Por lo que se llegó a concluir que las exenciones tributarias, aplicadas al impuesto a la renta en Colombia, además de disminuir los ingresos de la nación, infringen principios tributarios como la equidad, la eficiencia y la neutralidad y se encuentran incentivando a las personas de mayores ingresos en el país.
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La política fiscal es un mecanismo con importantes implicaciones en el bienestar de la población. En particular, el impuesto de renta genera incentivos sobre la oferta laboral de los contribuyentes y esto tiene repercusiones sobre su consumo, ingreso y bienestar. En Colombia, el impuesto de renta a personas naturales tiene poca relevancia al interior de la estructura tributaria; sin embargo, es un impuesto que puede ser reformado para obtener mayor recaudo y progresividad de la política fiscal. Este artículo analiza, desde la perspectiva de la tributación óptima, cuál debe ser la estructura óptima del impuesto a la renta a personas naturales en Colombia. Utilizando simulaciones con datos trasversales de la Encuesta de Calidad de Vida se encuentra que el régimen óptimo de tributación de renta a personas naturales para este ejemplo metodológico está compuesto por tasas marginales decrecientes a lo largo de la distribución del ingreso laboral y que este es altamente sensible ante variaciones en la distribución de habilidades.
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La finalidad fundamental de este artículo es discutir dos rasgos esenciales del sector agrícola: primero, los problemas económico-productivos estructurales que le son propios, segundo, abordar el rasgo de subsidio macroeconómico que este sector ha realizado recurrentemente, a otros sectores económicos y sociales en América Latina. Se incluye en el último rasgo, repercusiones de este subsidio en las características de vida de la región, en especial la pobreza y la carencia de efectiva inclusión social. Una de las principales conclusiones es que, mientras este esquema se mantenga, la región continuará relegando este sector económico y aumentarán los rasgos de vulnerabilidad económica en los países.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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Esta monografía buscó describir y caracterizar la participación de los representantes de los Estados de las Américas en el proceso de securitización que dio origen al régimen contra las drogas en la región entre los años 1986 y 1996. Así mismo, buscó analizar la forma en que se articuló la participación de dichos actores, con las características de los Estados a los que representaron, y a su vez con las dinámicas de seguridad y relaciones de poder en el hemisferio.
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En el año 2010 el gobierno húngaro implementó el Impuesto Excepcional de Crisis, que grava a las empresas del sector de telecomunicaciones, energía y agroalimentario con el fin de hacer frente a los graves problemas fiscales que aquejaban a Hungría. Dicho impuesto se enmarca dentro de la política de autonomía fiscal de los Estados miembros de la UE, ya que cada gobierno tiene potestad para determinar la cuantía de los impuestos sobre las empresas con el fin de que se puedan cumplir los intereses económicos nacionales; aun así, dicha autonomía se basa en el respeto al tratado de Maastricht y al pacto de estabilidad y crecimiento, que establecen que las políticas fiscales de los Estados miembros deben estar en armonía con la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, así como un trato equitativo a todas las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Este gravamen recae principalmente en empresas ligadas al sector de las exportaciones en Hungría, con nacionalidad de Austria y Alemania, los principales socios comerciales de Hungría, afectando de esta forma las relaciones comerciales de los actores en mención. Así, el trabajo analiza las implicaciones que tiene dicho impuesto para la consecución del interés económico de Hungría, a partir de su incidencia en las metas fiscales y el comercio que este Estado tiene con Austria y Alemania.
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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el Tribunal de Justicia Criminal del Nuevo Reino de Granada, en las que se denunciaba que había personas que ejercían los oficios médicos sin tener títulos que los acreditaran como facultativos en las artes curativas. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, debían ser juzgadas como yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien consumiera sus preparados. El texto establece que los procesos criminales por envenenamiento constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas del periodo colonial neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas, entre otras. De esta manera, se estudió cómo fue la relación entre los aspectos jurídicos, las leyes criminales (dictadas por la Corona) y las conductas “desviadas” (relacionadas con el crimen por envenenamiento) de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVII y XVIII. Para ello se revistaron desde diferentes perspectivas, varios temas del mundo colonial neogranadino, relacionados con los rumores, la comidilla, los chismes y la importancia de la comunicación hablada en el virreinato; el problema de la honra, como una de las virtudes más sobresalientes de la época y las creencias de la cultura popular con relación al envenenamiento y los diferentes métodos curativos.
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Esta investigación se pregunta sobre las diferentes narrativas históricas que se han construido sobre la figura de los soldados rasos de la guerra de Corea, y por cómo ellos han generado estrategias en su relato que se ajustan a unos procesos históricos determinados.
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Es necesario agregar que la finalidad de este proyecto de tesis es la de pretender que la administración del impuesto tenga un manejo sencillo tanto para los fiscos locales como para los contribuyentes del tributo, con el fin de respetar así los principios constitucionales de legalidad, equidad, eficiencia, progresividad y seguridad jurídica de los que tanto habla la doctrina colombiana pero que en situaciones como la presente no son respetados en su totalidad.
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La historia de la tributación en Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un sistema tributario ineficiente y poco equitativo. La reforma tributaria del año 2006, continua con la misma tendencia tributaria de años anteriores y además, crea una serie de beneficios y exenciones tributarias que están en contra de los principios constitucionales de Equidad, Progresividad y Eficiencia. Respecto al impuesto de renta, crea nuevas tarifas, descuentos y beneficios tributarios que generan un impuesto ineficiente en términos de control y de recaudo. Por otro lado, los beneficios dirigidos a sectores económicos en específico y a los contribuyentes más ricos del país, están en contra de un sistema tributario equitativo y progresivo. Finalmente, la extensión del impuesto al patrimonio, se considera como un impuesto ineficiente ya que es un impuesto transitorio que se ha vuelto permanente y costoso para el país. Se observa entonces, un carácter inequitativo, regresivo e ineficiente de la ley 1111 de 2006, soportado en la evidencia de los beneficios y descuentos tributarios otorgados a grandes capitales y la extensión del Impuesto al Patrimonio.
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La vivienda es un bien social importante para el progreso del país porque influye en el desarrollo social y económico de su población. Si cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, tales como infraestructura de calidad, servicios públicos