7 resultados para Poverty, immigration

em Universidad del Rosario, Colombia


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En Colombia, la pobreza y el conflicto están estrechamente relacionados. Este estudio usa medidas de disuasión del gobierno como instrumentos de varias variables específicas de conflicto para estimar el impacto del conflicto sobre la pobreza en Colombia. Usando datos del censo a nivel municipal para el año 2005, evalúo el efecto sobre la incidencia urbana y rural del recientemente-desarrollado Índice de Pobreza Multidimensional. Los resultados sugieren que el conflicto aumenta significativamente la pobreza rural. Esto es consistente con el hecho que la mayor parte del conflicto en Colombia ocurre en las áreas rurales. También evalúo el efecto rezagado del conflicto en la pobreza para concluir que éste dura por al menos tres años pero que decae en el tiempo. Finalmente, pruebo que mis resultados son robustos a una batería de especificaciones adicionales, incluyendo una versión modificada de mi variable dependiente y el uso de una base alternativa de conflicto.

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Este trabajo examina si existe evidencia de que el incremento de la oferta laboral femenina, durante las últimas tres décadas, afecta las condiciones laborales de los hombres en términos de empleo e ingresos en un país en desarrollo como Colombia.

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El fin de la Guerra Fría supuso no sólo el triunfo del capitalismo y de la democracia liberal, sino un cambio significativo en el Sistema Internacional; siendo menos centralizado y más regionalizado, como consecuencia de la proximidad y relaciones de interdependencia entre sus actores (no sólo Estados) y permitiendo la formación de Complejos Regionales de Seguridad (CRS). Los CRS son una forma efectiva de relacionarse y aproximarse a la arena internacional pues a través de sus procesos de securitización y desecuritización consiguen lograr objetivos específicos. Partiendo de ello, tanto la Unión Europea (UE) como la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) iniciaron varios procesos de securitización relacionados con la integración regional; siendo un ejemplo de ello la eliminación de los controles en sus fronteras interiores o libre circulación de personas; pues consideraron que de no hacerse realidad, ello generaría amenazas políticas (su influencia y capacidad de actuación estaban amenazadas), económicas (en cuanto a su competitividad y niveles básicos de bienestar) y societales (en cuanto a la identidad de la comunidad como indispensable para la integración) que pondrían en riesgo la existencia misma de sus CRS. En esta medida, la UE creó el Espacio Schengen, que fue producto de un proceso de securitización desde inicios de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 90; y la SADC se encuentra inmersa en tal proceso de securitización desde 1992 hasta la actualidad y espera la ratificación del Protocolo para la Facilitación del Movimiento de personas como primer paso para lograr la eliminación de controles en sus fronteras interiores. Si bien tanto la UE como la SADC consideraron que de no permitir la libre circulación de personas, su integración y por lo tanto, sus CRS estaban en riesgo; la SADC no lo ha logrado. Ello hace indispensable hacer un análisis más profundo de sus procesos de securitización para así encontrar sus falencias con respecto al éxito de la UE. El análisis está basado en la Teoría de los Complejos de Seguridad de Barry Buzan, plasmada en la obra Security a New Framework for Analysis (1998) de Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde y será dividido en cada una de las etapas del proceso de securitización: la identificación de una amenaza existencial a un objeto referente a través de un acto discursivo, la aceptación de una amenaza por parte de una audiencia relevante y las acciones de emergencia para hacer frente a las amenazas existenciales; reconociendo las diferencias y similitudes de un proceso de securitización exitoso frente a otro que aún no lo ha sido.

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We aim to contribute to the assessment of poverty impacts on the rural sector arising from agricultural policy adjustments in Colombia. For this we use an agriculture specialized static CGE model, jointly (sequentially) with a microsimulation model that allows for effective job relocation. Results indicate that the sectoral impact of the program implemented tends to be small and has considerable variability across crops. They also show that the highest impacts come from the irrigation and land improvements component of the program. Lastly, although it reduces poverty, poverty impacts are small and tend to concentrate in rural households toward the middle of the income distribution ladder.

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We quantify the effects on poverty and income distribution in Ecuador of bilateral trade liberalization with the US and a budget-neutral value added tax increase which seeks to compensate tariff revenue losses. We stress the study of fiscal policies that the government could tap in order to compensate for tariff revenue loss. This is a very important issue for Ecuador because this country adopted the US dollar as its currency in 2000, forgiving the use of important policy instruments. To study these issues we combine a reduced-form micro household income and occupational choice model (using 2005/6 data from the Ecuadorian LSMS) with a standard single-country computable general equilibrium model (employing a 2004 SAM). We follow a sequential approach that simulates the full distributional impact of trade and tax policies. We find that the impact of these policy changes on extreme poverty and income distribution is small but positive.

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This paper examines the impact on old age poverty and the fiscal cost of universal minimum oldage pensions in Latin America using recent household survey data for 18 countries. Alleviatingold age poverty requires different approach from other age groups and a minimum pension islikely to be the only alternative available. First we measure old age poverty rates for all countries.Second we discuss the design of minimum pensions schemes, means-tested or not, as wellas the disincentive effects that they are expected to have on the economic and social behavior ofhouseholds including labor supply, saving and family solidarity. Third we use the household surveysto simulate the fiscal cost and the impact on poverty rates of alternative minimum pensionschemes in the 18 countries. We show that a universal minimum pension would substantiallyreduce poverty among the elderly except in Argentina, Brazil, Chile and Uruguay where minimumpension systems already exist and poverty rates are low. Such schemes have much tobe commended in terms of incentives, spillover effects and administrative simplicity but have ahigh fiscal cost. The latter is a function of the age at which benefits are awarded, the prevailinglongevity, the generosity of benefits, the efficacy of means testing, and naturally the fiscal capacityof the country.