85 resultados para Políticas públicas y salud

em Universidad del Rosario, Colombia


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El presente artículo pone en discusión las posibilidades de articulación de las políticas públicas de salud con el concepto de literatura menor. El ejercicio de reflexión propone la migración del campo de comprensión de las políticas públicas como formas de gobernabilidad hacia las insistencias en aminorar, producidas como líneas de fuga. Lo anterior significa considerar las políticas como máquinas que producen estratificaciones y que, a la vez, son el palco de experiencias de desterritorialización. Esa discusión se considera un dispositivo importante tanto en las prácticas de salud como en la psicología, en lo que respecta a la necesidad de reinvención de dichas prácticas, deshaciendo los estratos y rehaciéndose, no como materia y forma, sino como velocidad y afectos. Para ello, se circunscribe el campo conceptual, y las políticas públicas se entienden como estrategia de gobernabilidad y como algo que varía sus formas y abre una aminoración. A partir de esto, se toman en consideración algunas cartografías de las políticas públicas y las causas de la aminoración, posibilitando encaminar esta forma de pensar en el propio campo psicológico.

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La implementación de la estrategia de Municipios Saludables, o Entornos Saludables, requiere de la correcta interrelación del contexto político, económico, cultural, ambiental y social. Es decir, de visión multifactorial, intersectorial y transdisciplinar en pro de garantizar empleo, educación, recreación y acceso a los servicios de salud, entre otros, que finalmente propiciarán ambientes saludables reflejados en desarrollo y bienestar colectivo. El presente documento pretende estructurar el conocimiento de la política pública saludable bajo la mirada, el significado y la comprensión del concepto de salud desde la propuesta estratégica de los Entornos Saludables; retoma los postulados acerca de los determinantes de la salud para llegar al abordaje conceptual de las políticas públicas desde un enfoque multisectorial e interdisciplinar, que finalmente se logran comprender y articular a través del estudio de los referentes políticos y normativos de las políticas publicas y los entornos saludables.

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Objetivo: Evaluar la percepción que tienen los trabajadores acerca del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la población asistencial y administrativa en un Hospital de III nivel de atención., Bogotá-Colombia. Materiales y métodos: Estudio de corte transversal en población de trabajadores asistenciales y administrativos. Se aplicó el “Cuestionario Nórdico Sobre Seguridad en el Trabajo NOSACQ 50 Spanish” validado. La muestra fue probabilística estratificada aleatoria, en 308 trabajadores (230 asistenciales y 78 administrativos). Resultados: El promedio de edad fue 39.5± 12 años, con mayor frecuencia de género femenino (74.68%), estado civil soltero (38.96%) y nivel educativo técnico (34.40%). La percepción que tienen los trabajadores acerca del sistema de seguridad y salud en el trabajo fue independiente de su tipo de actividad laboral administrativa y asistencial (p>0.05), la mayor percepción en ambos grupos fue la confianza de los trabajadores en la eficacia del sistema de seguridad (2.71 y 2.77), y las de menor percepción presentaron el empoderamiento de seguridad de gestión (2.35 y 2.46) y la seguridad como prioridad de los empleados y rechazo del riesgo (2.35 y 2.40). Conclusiones: Los trabajadores del Hospital tienen un nivel adecuado de buena percepción acerca de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo donde se evidenció que la fortaleza es la confianza de los trabajadores en la eficacia del sistema y la debilidad del sistema se encuentra en la falta de empoderamiento y rechazo al riesgo.

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El presente documento hace una revisión de la literatura reciente (últimos 15 años) que vincula la acción colectiva con las políticas públicas. En particular se observan dos tendencias, de un lado, la defensa a la lógica de la acción colectiva señalando el tipo de incentivos que se deben crear para propiciar la cooperación y eventualmente tener resultados de políticas públicas, y aquellos que piensan que la acción colectiva depende de elementos psicológicos y sociales que no siempre garantizan una cooperación constante y que dificultan predecir lo que puede suceder en términos de políticas públicas. Al final se concluye que, si bien la lógica de la acción colectiva contribuye al análisis de las políticas públicas, aún falta un mejor entendimiento de las razones que motivan o frenan la cooperación y la manera como esta se construye en función de un problema colectivo que se puede o no convertirse en una política pública.

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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.

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El conflicto armado en Colombia se presenta en zonas rurales y urbanas; sin embargo, en municipios y territorios distantes, el fenómeno del desplazamiento forzado incide en la vida de la población civil, planteando nuevos escenarios a nivel social. Por esta razón, hay impactos a nivel humanitario, social, económico, político, cultural y psicológico en las poblaciones más vulnerables, como lo son los niños desplazados; con importantes incidencias en salud pública, específicamente en salud mental. El propósito de este artículo de revisión es describir la situación actual de las condiciones de salud mental, desarrollar el concepto de resiliencia y describir la interacción que existe entre el trastorno de estrés postraumático de la primera infancia en condiciones de desplazamiento y la atención psicosocial en las políticas públicas para éste grupo poblacional. Teniendo en cuenta que en éste hecho social han intervenido organizaciones civiles, religiosas, no gubernamentales y estatales, se resalta la importancia de desarrollar un trabajo vinculante y cohesionado entre estas organizaciones.

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El siguiente documento parte de una revisión documental básica sobre el papel que ha tenido el Estado, los enfoques de desarrollo y la evolución de las políticas públicas en la determinación y promoción de la práctica de la actividad física para las personas con discapacidad. Cuenta con un referente teórico de base que facilita el análisis en la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a la promoción de la práctica de la actividad física en esta población, tomando como principales referentes las políticas existentes a nivel nacional y distrital.

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Este texto presenta una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la situación de los derechos a la salud, a las pensiones y a los servicios sociales del adulto mayor, teniendo como base Colombia, pero también en relación con España, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, en cuanto a normatividad (sobre la base de la constitucionalización e internacionalización de los derechos), políticas sociales y contexto de la seguridad social. Este estudio se enriquece con una visión holística del problema de la seguridad social y sus conclusiones apuntan a un fortalecimiento de las políticas con enfoque humanista, de los desarrollos normativos y de la jurisprudencia para que se garantice el reconocimiento de los derechos establecidos en las respectivas constituciones. El escenario investigativo tiene como telón de fondo el acelerado proceso de envejecimiento global, la creciente importancia de Latinoamérica en el mundo y el propósito de la mayoría de sus países de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.

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Esta monografía analiza la situación de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Bogotá, sus causas socio-económicas y culturales, las políticas públicas desarrolladas en el distrito capital, y los avances y limitaciones de éstas para mitigar esta práctica.

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El cambio climático ha sido una de las mayores preocupaciones de los Estados en las últimas décadas como resultado de más de un siglo de explotación y empleo de un recurso natural no renovable que fue el motor del mundo en el siglo pasado y aún hoy mantiene a flote la economía de los países, el petróleo. En la actualidad, las reservas de petróleo han empezando a escasear. Por tanto, se han empezado a desarrollar estrategias para evitar una crisis energética global. La más importante la constituye la investigación y puesta en práctica de energías renovables y ambientalmente amigables como los biocombustibles. Los biocombustibles se perciben como una solución energética para el país. Sin embargo, la falta de articulación en la gestión de los actores de gobierno encargados de su puesta en práctica y de parámetros normativos fragmentarios al respecto, ocasiona una ausencia de políticas públicas de biocombustibles en Colombia; generando así que los compromisos ambientales y de reducción de emisiones de gas carbónico sean hoy, una meta por conquistar.

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En los planes de ordenamiento físico de Bogotá desde finales desde la dácada de los 90, se han dado iniciativas de política que buscan fomentar la movilidad no motorizada. El segumiento de estas políticas entre 1995 y 2007, lleva al interrogante de sí se trata de un discurso político o de una estratégia institucional para crear alternativas de movilidad.

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En cumplimiento de lo estipulado constitucional y normativamente en materia de discapacidad, el Distrito Capital genera para el año 2001 el Plan Distrital de Discapacidad 2001- 2005, que propone mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, a través de la búsqueda de autonomía, independencia e inclusión comunitaria, por medio de dos grandes objetivos: 1) la generación y ajuste de políticas públicas y 2) el desarrollo de la prestación de servicios en relación con las necesidades de esta población. Estos dos objetivos dan lugar a siete líneas de intervención: promoción y prevención, atención en salud, re/habilitación, educación, accesibilidad, vida laboral y redes de apoyo.2 En consonancia con el desarrollo de estas líneas de intervención, se planteó la necesidad de contar con el apoyo de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, a fin de contribuir con el desarrollo del programa de prevención y manejo de la discapacidad de la Secretaría Distrital de Salud en los componentes de tecnología, sistema de información, fortalecimiento de la rehabilitación institucional e inclusión social.