180 resultados para Gobierno municipal

em Universidad del Rosario, Colombia


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Este documento tiene el objetivo de presentar los resultados del diagnóstico de eficiencia en 26 municipios de Panamá durante la implementación del Programa de Gobierno Electrónico de la Organización de los Estados Americanos –oea– denominado Municipios Eficientes y Transparentes –MuNet–. Este diagnóstico se efectuó en los gobiernos municipales para obtener una visión general sobre factores relacionados con el manejo financiero y administrativo, las compras y obras públicas, la prestación de servicios públicos y los trámites que efectúa el gobierno municipal. Inicialmente se realizará una revisión sucinta del concepto de eficiencia dentro del contexto de gobierno electrónico. Posteriormente se describirá el contexto general y la metodología empleada en los municipios participantes del programa MuNet en su segunda fase de implementación en Panamá.

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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.

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La presente monografía hace un análisis sobre la Gestión Social de ECOPETROL, es decir sobre las acciones voluntarias que desarrolla la Empresa petrolera para generar procesos de desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de su área de influencia, en asocio con autoridades locales y en concordancia con los planes de desarrollo municipal: generando un complejo proceso de interacción, que hasta el momento no ha sido medido ni estudiado por ninguna institución del país. En este orden de ideas, el presente estudio enfatiza su esfuerzo en la solución de este problema, realizando un estudio detallado del proceso de interacción entre ECOPETROL y el municipio de Barrancabermeja: identificando los indicadores de gestión pública del municipio y de la gestión social de ECOPETROL, para así determinar el nivel de interdependencia y efectividad del municipio en la prestación de sus servicios frente al esfuerzo voluntario que realiza ECOPETROL.

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En el centro del departamento del Cesar, se encuentra un municipio que podría ser una perfecta analogía del Macondo de García Márquez. Cuenta la historia de cómo se transforman sus humildes casas en ¿mansiones¿, sus viejas bicicletas en carros últimos modelo, las calles llenas de polvo en grandes avenidas pavimentadas, donde se cambió el ¿sancocho¿ por comidas sofisticadas, la estadía en la casa de un amigo por un hotel. Donde la iglesia, la devoción por la virgen de Chiquinquirá, un hospital municipal a medio dotar, un notario único, la Caja Agraria y un juzgado hacían parte de la estructura social del pueblo. Luego vinieron las regalías, contratos, y burocracia. Un pueblo que cuenta la historia de cómo existen grandes duchas en sus nuevas casas, pero no hay agua. Donde existen grandes televisores para ver películas, pero no hay luz, donde se han adjudicado millonarios contratos para la construcción de un alcantarillado que no ha sido terminado. Una mega biblioteca a punto de caerse, los estancos llenos, las cantinas llenas, dónde todo extranjero es costeño en carnavales o en las fiestas del ocho de septiembre. Los campesinos aún trabajan en parcelas, los pescadores aún venden desde la madrugada, un mercado que sigue funcionando desde las 3 de la mañana, un comercio de tiendas paisas. Un pueblo lleno de contrastes, pero sobre todo, con la responsabilidad de tener dentro de su jurisdicción uno de los proyectos mineros más rentables del país. Este municipio Macondiano se llama: Chiriguaná.

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En Casanare, una de las actividades de mayor envergadura es la petrolera, esta desde mediados del año 1998 se ha insertado en el imaginario colectivo, cambiando la vocación agrícola y ganadera de habitantes. Esto no solo significa una transición productiva, también significa un reto y responsabilidad para los planeadores de ciudades a la hora de tomar decisiones que afectan el ordenamiento territorial y protección ambiental. Mediante el estudio de caso del municipio de Aguazul, se analiza la incidencia de la actividad petrolera y la gestión territorial en la protección ambiental del municipio, especialmente el recurso hídrico y los servicios ambientales asociados a este.

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Tratando de atender al llamado que ha estado haciendo el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) –a través de una de sus muchas publicaciones, titulada Estado de la población mundial 2007: liberar el potencial del crecimiento urbano– a “considerar aún más a fondo las condiciones de las áreas urbanas de menor magnitud”, este trabajo sintetiza los resultados finales de una investigación desarrollada entre 2008 y 2009, en el área geográfica formada por Bogotá y los diecisiete municipios que hacen parte de su teórica «área metropolitana». En la investigación se estudia el grado de concentración urbana que tiene cada uno de estos entes territoriales, en el período 1993-2005, desde el análisis de tres variables trascendentales (población, viviendas y superficies municipales) y sus interrelaciones. A partir de esos datos, se construyó un modelo que sirve, entre otros propósitos, para identificar aglomeraciones tanto en cabeceras, como en restos metropolizados; también permite que los datos se puedan comparar con otros indicadores del crecimiento urbano, como precios catastrales de la tierra y cantidad de metros construidos por hectárea, y sirve de referente para el ajuste y revisión de acciones de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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Este documento tiene el objetivo de presentar los resultados del diagnóstico de participación ciudadana realizado en 28 municipios de Panamá durante la implementación del Programa de Gobierno Electrónico de la Organización de los Estados Americanos –Oea– denominado Municipios Eficientes y Transparentes –MuNet–.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Colombia se ha comprometido a nivel internacional a realizar acciones que conduzcan al país hacia el desarrollo sostenible, específicamente a proteger los recursos naturales. En línea con esta apuesta, la presente investigación propone la construcción de la Reserva Natural El Chuval, en el municipio El Retén, Magdalena. Para la construcción de dicha Reserva se realiza un diagnóstico que indica las principales características del Chuval, se identifican posibles riesgos para la conservación de sus valores ambientales, y se complementa el análisis con una propuesta de manejo que se enmarca en la metodología de Agendas Ambientales Locales desarrollada por la ONU. Pese a que el municipio es consciente de la relevancia ambiental del Chuval, aún no se han tomado decisiones definitivas para proteger esta zona, razón por la cual, la presente investigación busca llenar un vacío en el ordenamiento territorial del municipio, que fortalezca la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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La UNODC coopera con Colombia en el combate a las drogas ilícitas con la ejecución de programas en el país. Por esta razón es necesario examinar la acción de la UNODC en comparación con otras fuentes de cooperación internacional y su relación con las prioridades del gobierno colombiano.

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La reintegración social y económica de grupos y personas armados al margen de la ley es un tema polémico en el ámbito nacional como en el internacional. Aquí se intenta demostrar la debilidad del modelo de cooperación internacional en Colombia y su incidencia en el Programa de Reintegración de grupos y personas armadas al margen de la ley, partiendo de la precariedad institucional del modelo de cooperación internacional vigente durante el periodo 2002-2006, caracterizado por la limitada existencia de escenarios de coordinación, así como por la incidencia de externalidades políticas, económicas y diplomáticas. Se logra, de esta manera, evidenciar la presencia de vacíos institucionales que no permiten que la cooperación internacional dirigida a los procesos de reintegración tengan un adecuado manejo, así como el sentimiento de desconfianza que hay por parte de la comunidad internacional hacia los programas de reintegración, debido a los problemas estructurales del programa en sí, a su limitada cobertura, a errores de diseño y a las limitaciones en su implementación. Lo anterior, ha traído como consecuencia la formación de nuevos grupos armados al margen de la ley en las zonas donde ocurrieron las desmovilizaciones; de igual manera, la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho que esta desconfianza siga latente en el escenario de cooperación internacional.

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Desde el segundo gobierno de George Walker Bush, estudiosos de las Relaciones Internacionales, analistas políticos, periodistas y los medios de comunicación en general, manifestaron su preocupación por el lenguaje religioso que dicho presidente usaba en sus discursos, y por la forma como las posturas religiosas del gobierno Bush estaban afectando la política exterior de los Estados Unidos. Surgieron hipótesis que indicaban una fuerte influencia evangélica en la toma de decisiones del mandatario norteamericano en los temas internacionales, sobresaliendo en estas consideraciones las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El hecho de que las ideas religiosas se mezclaran con la política y pudiesen dirigir las relaciones entre los Estados causo bastante conmoción. Especialmente en un país donde la religión y la política se creían separadas una de la otra. Una relación digna de ser analizada en la medida en que parecía estar afectando la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente; punto clave de los temas geopolíticos más críticos de hoy en día como lo son el terrorismo, el petróleo y el llamado “choque de civilizaciones”. La cooperación entre Estados Unidos e Israel y la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente fueron temas prioritarios en la agenda de la administración de George W.Bush. La cuestión clave era entonces comprobar si efectivamente dichas políticas fueron una en prioridad debido a la presión de los grupos evangélicos en el gobierno republicano de Bush hijo, o por el contrario, si la política de cooperación con Israel respondía más a una política de Estado que trasciende la coyuntura del gobierno Bush.

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Varios son los objetos de estudio que permiten comprender la dinámica política de Colombia, durante los últimos años. Uno de ellos es el concepto de sociedad civil que en términos de apropiación tuvo variaciones de facto y de jure después de la Constitución Política de 1991. Dos conceptos se analizan conjuntamente: la sociedad, en la que se articulan sistemas de relaciones complejos y la civilidad como cualidad que modifica políticamente dichas relaciones, una vez se sitúan en un marco político. Tal marco político se caracteriza por el uso de herramientas discursivas que facilitan tanto la verbalización como la materialización de los conceptos. Es al interior de dicho discurso político, en el que se analizan las variaciones en la operacionalización del concepto de sociedad civil durante los últimos tres periodos presidenciales desde 1994 a 2006. Con el fin de cumplir con el objetivo de analizar las particularidades que sobre deber ser imprime cada uno de los tres Gobiernos, respondiendo a la dinámica política que lo envuelve. Para ello se observa el concepto desde una teoría política liberal y luego se aplica el método de la historia conceptual. Finalmente se obtiene una visión articulada entre la realidad política del país que circunda al discurso y las variaciones en su propio contenido. La relación que se teje es bidireccional.

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Las teorías en desarrollo rural en el país no han sido abordadas adecuadamente para solventar los problemas estructurales del campo y los modelos de apertura económica y de agroexportaciones no han cumplido su propósito de mejor el nivel de vida de los habitantes, es por esto que se hace necesario a partir de un análisis del contexto actual del campo colombiano replantear las políticas públicas encaminadas a este fin. El análisis se realiza a partir de las políticas públicas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la luz del concepto de Nueva Ruralidad.