Papel de la Organización de Naciones Unidas ONU (MINUGUA) en el proceso de reconstrucción posconflicto guatemalteco en materia de justicia transicional (1994-2004). Un estado del arte

Estado del arte que recopila pronunciamientos de diversos autores sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Misión MINUGUA, en el proceso de reconstrucción posconflicto en Guatemala comprendido entre el año 1994 y 2004. Se basa en algunas dimensiones de la democratización como son el Estado de Derecho, la democracia representativa, la preeminencia del poder civil, y el fortalecimiento de la cultura democrática. Así mismo, tiene en cuenta los elementos de la justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación.

Emprendimiento, instituciones y construcción de paz – Análisis de Influencia de Stakeholders en los departamentos de Nariño y Cauca

Nariño y Cauca son dos de los departamentos de Colombia más afectados por la violencia. La reciente firma de un acuerdo de un cese bilateral de hostilidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los diálogos de La Habana son apenas el comienzo de la Construcción de Paz (CP) que implica el esfuerzo continuo de diferentes actores (gubernamentales, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales) para lograr no solo una paz negativa sino una paz positiva. El apoyo al emprendimiento es una estrategia implementada por el Gobierno y por los stakeholders que participan en el proceso del posconflicto, que tiene como finalidad respaldar el proceso de integración económica de las víctimas y desmovilizados. El presente documento es un estudio exploratorio elaborado por medio de una investigación cualitativa en la temática de emprendimiento, instituciones y CP en los departamentos de Nariño y Cauca. Se utilizó una estrategia metodológica denominada Matrices de Stakeholders para representar gráficamente la influencia institucional sobre la toma decisiones e implementación de los stakeholders sobre las reformas o políticas de emprendimiento y CP en estos dos departamentos. En esta investigación se encontró que i) en general, las instituciones del gobierno de los de Nariño y Cauca son extractivas y limitan la participación de la sociedad; ii) los stakeholders de la sociedad civil a pesar de tener cierta organización y voz no están en capacidad de generar influencia más que a nivel local o comunitario; iii) los vacíos dejados por las instituciones extractivas del gobierno tienden a ser llenados por instituciones inclusivas de stakeholders del sector privado y de organismos multilaterales.

Contribución de la misión de naciones unidas en Guatemala – Minugua, a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca (1994 a 2004)

El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

Overcoming Gender Disadvantages. Social Policy Analysis of urban middle-class women in Colombia

The World Bank Report 2012 starts with this statement: “Gender equality matters in itself andit matters for development because, in today’s globalized worlds, countries that use the skillsand talents of their women would have an advantage over those which do not use it.” With theframe that suggest that gender equality matters, this paper describes some policy alternativesoriented to overcome gender disadvantages in the formal labor market incorporation of theurban middle class women in Colombia. On balance, the final recommendation suggest that itis desirable to adopt policy alternatives as Community Centers, which are programs orientedto a social redistribution of the domestic work as a way to encourage women participationin the formal labor market with the social support of the members of their own community.The problem that the social policy needs to address is the segregation of women in the formallabor market in Colombia. Although the evidence shows that the women overcome theeducational gap by showing better performance in education that their male peers, womenare still segregated of the labor market. The persistence of high rates of unemployment on thefemale population, the prevalence of the informal labor market as a women labor market, andthe presence of the payment difference between men and women with similar professionaltrainings are circumstances that sustain the segregation statement. These circumstances areinefficient for the society because an economic analysis shows that the cost of maintain the statuquo is externalized in the social security system that includes health, pension and maternityleave regimens. Therefore, the women segregation involves a market failure.This paper evaluates five policy alternatives each directed to the progress of a different causaldimension of the problem: (i) Quotas in the private market, (ii) Flexible working hours,(iii) replace the maternity leave with a family leave, (iv) Increase the Community Centers forredistributing the care work, and (v) Equal payment enforcement. The first alternative looksto increase women’s participation in the formal labor market. The second, third, and fourthalternatives constitute a package addressed at redistributing care work by reducing women’sresponsibility for reproductive work in the household with the help of husbands and the localgovernment. The fifth alternative intervenes to resolve the equal payment problem.After a four criteria evaluation that measure effectiveness, robustness and improbability inimplementation, efficiency and political acceptability or social opposition, the strongest alternativeis the fostering of Community Centers that promote a redistribution of care work. Thispolicy performs well in the assessment process because it combines gender focus with importantindirect effects: child support and human capabilities. The policy also shows a bottomup implementation process that overcomes the main adoption difficulties in the gender focusprograms and is supported by strong evidence of success in the Colombian context; this evidenceis produced by both transnational actors as a World Bank and also in local accountabilityreporters executed by local institutions like Colombian Institute of Family Welfare (ICBF).