204 resultados para Industria minera--Política gubernamental--Perú


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¿Cómo abordar el estudio de la seguridad en los países del sur? A esta pregunta se enfrentan analistas, investigadores, académicos y demás a la hora de entender la realidad compleja y atípica de algunos países en vías de desarrollo, y entre ellos algunos andinos -Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú-. Por ello, a continuación se presenta un análisis del caso ecuatoriano dividido en dos partes; una teórico conceptual que proporciona al lector herramientas epistemológicas básicas sobre el estudio del complejo vínculo entre la seguridad y la democracia. Por ello, se describen sintéticamente elementos de análisis a tener en cuenta, partiendo de los postulados más básicos de Mohammed Ayoob y Andreas Schedler. El primero en lo que respecta al estudio de la seguridad en los países del sur, y el segundo para el análisis de la consolidación democrática. Ambos allanan el camino para la comprensión del complejo vínculo causal y/o correlacional entre la seguridad y la democracia en países donde el Estado-Nación sigue siendo un entramado en construcción. En una segunda parte, el texto aspira a contrastar los postulados teóricos enunciados con la inestabilidad política ecuatoriana. Primero, se presenta un sintético análisis histórico para encontrar las razones que explican la inestabilidad política. Segundo, se examina el paroxismo de la crisis política ecuatoriana en un período que abarca desde el eestablecimiento democrático, hasta las destituciones y dimisiones presidenciales de los noventa. Finalmente, se examinará la participación política de los indígenas como factor de democratización e inestabilidad. En conjunto, se aspira a que las dos partes ilustren, con elementos mínimos, la comprensión de la seguridad en los países en vías de desarrollo y, en particular, del Ecuador. Así mismo, se espera abrir la necesaria y sana discusión sobre la relación que existe entre la consolidación democrática y la seguridad en las naciones andinas.

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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.

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El giro que el sistema internacional dio tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 fue de enorme importancia para la política exterior de Irán y su posicionamiento en el sistema internacional. En efecto, la lucha guerra contra el terrorismo que Estados Unidos inició y que finalmente desembocaría en las incursiones armadas a Afganistán e Irak -ambos países limítrofes de Irán, en 2001 y 2003 respectivamente, así como la inclusión de Irán por parte de la administración Bush en 2002 como parte del denominado Eje del mal, generaron en el imaginario iraní una idea de amenaza internacional y por lo mismo, la necesidad de hacerse fuerte con el fin de mantener su integridad territorial y gubernamental. Así pues, una compleja situación económica y social sumada a una fuerte coalición del partido conservador iraní -uno de los más fuertes del país, soportado por el Ayatolá Alí Jamenei, autoridad suprema de la nueva República, un nuevo líder de corte conservador, llegaría a la presidencia: Mahmoud Ahmadinejad, un líder controversial y problemático que desde su primera campaña presidencial en 2002 defendería el derecho de la República a desarrollar armas nucleares para fines pacíficos. El verdadero inconveniente surge cuando occidente, en cabeza de los Estados Unidos –en compañía de algunas potencias europeas como lo son Alemania, Francia y Gran Bretaña, duda sobre esta última afirmación. Esta investigación pretende profundizar cada uno de los elementos anteriormente mencionados así como establecer la forma en la cual China y Rusia –países que ven de forma diferenciada el manejo de arsenal nuclear, logran configurarse y acreditar este desafío ante la comunidad internacional.

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En la condición actual global, en la cual Asia Pacífico emerge como una región interesante para los negocios y las intenciones estatales, es necesario reconocer su importancia y la necesidad de Colombia de involucrarse de manera más certera en el imaginario asiático. A partir del reconocimiento de las oportunidades que las relaciones con Asia Pacífico traducen, algunos países de la región han encaminado su política comercial en afianzar los lazos intrarregionales. Desde la década de los 90, la ofensiva latinoamericana al Pacífico se agudizó, teniendo como principales protagonistas a Chile, México y Perú. Sus experiencias, tan significativas en términos comerciales han despertado el interés de vecinos que ven en ellos un buen modelo ha seguir. Perú, un país considerado por años dentro de las listas de los no desarrollados de la región, aceleró sus acercamientos con Asia Pacífico en la década de los 90, hecho que se ha extendido por años y que le ha representado grandes beneficios en la escena internacional. Su nuevo posicionamiento como hub suramericano para el Asia ha permitido el fortalecimiento de su imagen dentro de la región, realidad que contrasta con los pocos avances que ha tenido Colombia frente a la misma. Por tanto, y considerando las similitudes históricas, demográficas y socioeconómicas de los dos vecinos, es prudente realizar un análisis a la política comercial peruana al Asia Pacífico con el fin de señalar lecciones y aprendizajes que le serían útiles a Colombia en su búsqueda por conquistar el continente asiático.

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La política pública de vivienda de interés social, en Bogotá, D.C., y su relación con los lineamientos de la responsabilidad social de la empresa privada durante el período 2002 - 2007, es el punto focal de ésta investigación. Primero, a partir de un recuento sobre la situación de la PPVIS se determina su estado. Segundo, se establecen los lineamientos principales de la RSE privada, desde la teoría. Tercero, se presentan las posibles relaciones entre la PPVIS y la RSE. Finalmente, a través de las conclusiones y recomendación se articulan algunos puntos que podrían servir de forma eficiente para el mejoramiento de ésta política pública.

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Durante las últimas décadas, Centroamérica ha sido víctima de un fenómeno social que sin duda alguna ha generado temor al interior de las naciones. La región ha experimentado el actuar de las maras, la amenaza de agrupaciones que con el tiempo se han tornado más violentas y complejas. Las prácticas de las pandillas en estos países se han convertido en una problemática real, y la seguridad en tema central para las autoridades. Es por esto, que los gobernantes se han visto en la necesidad de intervenir por medio de la implementación de políticas públicas que de alguna manera atenúen el difícil reto que hoy afrontan. Sin embargo, algunas de las medidas adoptadas han estado determinadas por la contención y el uso de la fuerza, instaurando de cierto modo una cultura política autoritaria.

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La República Popular China ha buscado fortalecer su posición en el sistema internacional lo cual implica potencializar sus capacidades en lo económico, lo político y lo estratégico. La relación que establece con Sudán se convierte en un escenario útil porque le permite alcanzar dichas capacidades. Simultáneamente Sudán se benefició de esta relación en lo económico, al ser China su principal comprador de petróleo, y en lo político al recibir protección contra sanciones internacionales provenientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Esta monografía aborda el estudio de la guerra que se suscitó en 1932 entre Colombia y Perú, por la invasión de un grupo de peruanos en Leticia. Las circunstancias históricas, políticas y económicas, desempeñaron un papel muy importante ya que Colombia y Perú enfrentaron un conflicto bélico en medio de la gran depresión económica mundial. En 1922 con la firma del Tratado Lozano Salomón se establecieron las fronteras entre ambos Estados. Pese a esto el 1 de septiembre de 1932 ciudadanos de Loreto inconformes con dicho Tratado, invadieron Leticia lo que conllevo el repudio de la comunidad internacional y el apoyo de la Sociedad de Naciones y Brasil para que la situación se resolviera de la mejor manera posible, y evitando en cualquier caso una confrontación de grandes proporciones. La teoría del Realismo de Hans Morgenthau y más específicamente el concepto del interés nacional explica como Colombia defendió en todo momento su interés nacional, de igual manera el autor Clausewitz con conceptos claves como que es la guerra, la guerra como continuación de la política por otros medios, y los objetivos políticos y militares en común darán al lector una aproximación teórica para explicar el tema de esta monografía. Finalmente la guerra que se suscitó en 1932, concluyó favorablemente a los intereses colombianos, gracias a papel que desempeñaron actores claves, que apelaron siempre al derecho internacional y a las instancias internacionales.

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Este trabajo está estructurado de manera deductiva, partiendo de una descripción general de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia, para lograr establecer la forma en que interviene el juez constitucional de tutela en su desarrollo. Para estos efectos, se procede posteriormente al estudio del caso particular de la política de Derechos Humanos respecto de la población desplazada, en aras de determinar la influencia de la sentencia T-025 de 2004 en la política objeto de estudio. De este modo, el presente trabajo pondrá en evidencia la dinámica de movilización judicial del juez constitucional de tutela en lo concerniente a los procesos de fijación de la agenda y las políticas públicas.

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A través del estudio de los incentivos para la competitividad del sector agropecuario utilizados durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010, se busca identificar las principales problemáticas para consolidar un sector agropecuario competitivo en Colombia.

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La presente monografía parte de dos premisas para analizar la incidencia del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador como un factor que redefine los intereses geopolíticos y securitarios Ecuatorianos hacia Colombia. La primera premisa es su problema fronterizo con Perú y la segunda un cambio de agenda externa con unos intereses específicos después de 1998. En éste orden de ideas, se plantea como cuerpo de investigación identificar la identidad nacional ecuatoriana y la importancia que tiene su frontera: se analiza la política exterior de Ecuador y los hechos históricos que lo han llevado a establecer estrategias para fortalecer su política interna y así mismo crear una agenda internacional propia.

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Análisis de la imfluencia de Petrocaribe en la política exterior de Venezuela, utilizando el petróleo como herramienta de acercamiento en las relaciones comerciales entre Venezuela y los paises del Caribe.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.