129 resultados para Derecho penal -- Tratados


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Un sinnúmero de luchas ha tenido que vivir nuestra patria sin olvidar la plaga que nos asedia: el NARCOTRAFICO y alrededor de él nuestro propio temor colombiano, las narcoguerrillas aquellos grupos que nacieron en torno a principios como el comunismo

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Lo que me lleva a investigar sobre la resocialización del Sistema Penitenciario en Colombia, es la importancia que en la última década ha tomado dicho tema, hasta el punto de invadir o afectar con frecuencia campos sociales y culturales, su profundización y entendimiento interesa y afecta de igua

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cualquier acto “anormal” generaba venganza entre las personas involucradas, conllevando a su vez los de su respectiva tribu o clan, no había limite ni medida alguna para contrarrestar el hecho, como tampoco existía el criterio de individualización

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El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fue ratificado por Colombia el 5 de agosto de 2002 y entró en vigencia para nosotros a partir del 1 de noviembre del mismo año. Esto significa que nuestro país es parte de ese Tratado Internacional, se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano

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análisis crítico de la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, la cual declaró inexequibles los artículos que nosotros consideramos como la columna vertebral de la Ley 40 de 1.993, que buscaban impedir el pago de rescates

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establecer de manera clara y precisa la importancia y repercusión que tiene la regulación de la extinción de dominio en la legislación colombiana frente a la posibilidad de declarar extinción sobre los bienes que se encuentran en manos de terceros

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El objeto de esta investigación será hacer una comparación sobre la ley 40., de 1993 la cual tipifica el secuestro en Colombia, y el proyecto de ley que busca tipificar la desaparición forzada de personas, con el fin de encontrar las diferencias

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El objeto de estudio de este trabajo de grado es determinar en qué casos la realización de actuaciones de policía judicial, realizadas directamente o previamente ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, en adelante FGN, sometidas a control posterior por parte del juez de control de garantías, pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, con posterioridad a la implementación del sistema acusatorio.

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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".

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Documento acerca de la Intervención Humanitaria de la Doctrina ex post facto y Instituciones Judiciales a la noción de responsabilidad de protección y Preventiva del papel de la Corte Penal Internacional. Lección inaugural como Presidente en Derecho Penal Internacional y Procedimiento Penal Internacional en la Universidad de Utrecht , emitida el 18 de octubre 2010

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De la Doctrina de Intervención Humanitaria y ex post facto Instituciones Judiciales a la noción de responsabilidad de proteger y el papel preventivo de la Corte Penal Internacional. Lección inaugural como Presidente en Derecho Penal Internacional y Procedimiento Penal Internacional en la Universidad de Utrecht, emitido el 18 de octubre 2010

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La presente investigación pretende demostrar que la principal estrategia estadounidense para justificar su intervención y permanencia en territorio afgano ha sido el discurso. Donde se pueden identificar dos etapas a lo largo de esta última década. Inicialmente para explicar su incursión en Afganistán se utilizó el discurso de la seguridad y la guerra contra el terrorismo, años después frente al agotamiento y la critica tanto interna como internacional, el tema de la situación de la mujer en Afganistán cobra mayor importancia y con ello a través de los diferentes pronunciamientos y la exposición de casos específicos los diferentes gobiernos intentan cohesionar la opinión internacional y nacional frente a la necesidad de permanecer con sus tropas en el territorio.

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El consentimiento informado (CI) en medicina corre el riesgo de quedar reducido a un formalismo legal sin valor moral; esto puede suceder por dos cosas: 1) como consecuencia de que el paciente no comprenda con suficiencia el concepto de autonomía y 2) debido a la disminución de la autonomía práctica del paciente por efecto de la autoridad del personal médico o de las instituciones de salud. Este artículo tiene como fin mostrar bajo qué condiciones se puede evitar la reducción del CI a un formalismo legal desprovisto de valor moral. Para servir a este propósito, se considera el concepto de autonomía relacional como eje articulador que pone en relación al paciente con su comunidad moral y con el médico, lo que impulsa al personal de la salud a proporcionar las condiciones para tal fin. Así, se afirma que la valía moral del CI puede conservarse, primero, a partir de una concepción relacional de la autonomía y, segundo, mediante la aplicación, por parte del médico y de la institución, de un protocolo que disminuya la posibilidad de choque entre la autonomía y la autoridad.

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El sistema penitenciario y carcelario en Colombia atraviesa por una crisis de hacinamiento sin precedentes. El sobrecupo en los establecimientos de reclusión y los deficientes servicios de salud, alimentación e higiene dificultan la habitabilidad de los internos en prisión y atenta contra los derechos fundamentales y los Derechos Humanos de los condenados. La resocialización, mediante el Plan de Acción y Sistema de oportunidades (PASO), presenta múltiples dificultades para su realización en el Complejo Penitenciario y Carcelario (COMEB) – La Picota; por lo que esta investigación tiene como propósito analizar las condiciones y oportunidades que ofrece este establecimiento para un tratamiento penitenciario digno durante el periodo 2004-2013, y establecer recomendaciones para su mejoramiento.

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En el presente artículo se analiza la forma en que se ha abordado la relación de causalidad como elemento estructurador de la responsabilidad en aquellos eventos en que los daños provienen de terceros —grupos armados ilegales— y cómo se han asimilado las figuras jurídicas de imputación y causalidad. Se realiza un estudio sobre las teorías predominantes en la jurisprudencia de la CIDH, que han influido en los posteriores desarrollos de la Corte Constitucional colombiana y del Consejo de Estado, así como el traslado que se ha realizado de la teoría de la imputación objetiva a la responsabilidad del Estado. Adicionalmente, se presenta el marco normativo y conceptual con fundamento en el cual se sostiene la tesis de que el nexo causal subsiste como un tercer elemento autónomo de la responsabilidad, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política y el 140 de la Ley 1 437 de 2 011, determinando los aspectos esenciales que lo diferencian de la imputación.