385 resultados para PROPIEDAD FISCAL - COLOMBIA
Resumo:
El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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Transcurrida la primera década del siglo XXI, uno de los principales retos que continúa afrontando el derecho es determinar los mecanismos más adecuados para proteger la expresión de las ideas. Mientras algunos opinan que no deberían existir regulaciones que impidan acceder al conocimiento, otros afirman que se trata de un derecho que les asiste a los creadores y a quienes participan en el proceso creativo, razón por la cual las normas deben ser cada vez más protectoras e, incluso, sancionatorias. Son múltiples los tópicos que suscita la mencionada controversia, aplicados a diferentes aspectos de la cotidianeidad, enmarcados principalmente en temas relacionados con la investigación y el desarrollo, el comercio, la cultura y la industria del entretenimiento. Transcurrida la primera década del siglo XXI, uno de los principales retos que continúa afrontando el derecho es determinar los mecanismos más adecuados para proteger la expresión de las ideas.
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El presente trabajo pretende hacer una revisión de la bibliografía latinoamericana con respecto al concepto de propiedad del suelo urbano. Se explica primero el itinerario del concepto a través de la historia, rescatando los puntos más importantes del debate y las particularidades que cada contexto aportó a la formación del concepto actual, para ahondar después en el análisis de la situación del debate en el contexto latinoamericano desde 1990, explicando los puntos de discusión y las posiciones de los autores con respecto a los mismos, para después intentar intuir el devenir futuro del concepto en nuestro continente. En este trabajo se encontró que las problemáticas particulares de las ciudades latinoamericanas tienen una influencia importante en el devenir de la discusión proporcionándole un enfoque diferente en el tratamiento del concepto.
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Esta investigación se preocupa por dilucidar la función de la diplomacia cultural como herramienta para mejorar la relación económica de Colombia con Corea del Sur y Australia. Así, se analiza a la diplomacia cultural y lo que hace Colombia en esta materia en ambos países; así como el estado de la relación económica de Colombia en un periodo de ocho años con dichos países, y cómo las acciones culturales colombianas podrían llegar a mejorar dicha relación económica. De esta manera además del desarrollo conceptual de diplomacia cultural y los indicadores económicos, a saber; exportaciones; Inversión Extranjera Directa y turismo; se corrió un modelo de regresión lineal para saber si efectivamente hay relación entre ambas variables y una contribución final que consiste en una propuesta de generación de indicadores de gestión a utilizarse al momento de implementar la diplomacia cultural como herramienta en política exterior.
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Este artículo evalúa el vínculo entre la independencia del banco central y la inflación, para el caso de Colombia. Se desarrolla un marco teórica relacionada con la independencia del Banco Central y la inflación. La conclusión es que la independencia del Banco Central es una característica importante de cara a la reducción de la inflación y con el fin de resolver parcialmente el problema de la inconsistencia temporal, y asumiendo la existencia de un régimen monetario dominante la independencia del Banco Central ha llevado a una reducción de la inflación y de su variabilidad en Colombia. No obstante, los resultados de la inflación en el último periodo no han sido tan impresionantes. Este artículo sugiere explicaciones alternativas a este resultado. La independencia real del Banco Central colombiano puede ser más baja que su independencia formal. Adicionalmente, otros factores pueden contribuir a explicar una inflación más elevada que la esperada, particularmente la existencia de un déficit fiscal financiado con recursos externos.
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Para el período 1980 - 1994 se aporta evidencia empírica sobre los vínculos teóricos entre las disparidades regionales y el crecimiento. En la primera parte, se discuten los determinantes de los patrones regionales de crecimiento, haciendo endógena la política fiscal, la inestabilidad sociopolítica, la fertilidad y el funcionamiento de los mercados. En la segunda parte, tomando como referencia el modelo neoclásico de crecimiento endógeno, se levanta el supuesto de homogeneidad en las condiciones de estado estacionario de las preferencias y la tecnología, y mediante una predeterminación bayesiana se estiman, de manera regional, ingresos de estado estacionario y tasas de convergencia. Para el período 1980 - 1994, los resultados favorecen la hipótesis de no convergencia o de persistencia en la desigualdad regional.
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El trabajo evalúa los determinantes del gasto público de los municipios colombianos mediante un modelo estático de selección pública local. Los resultados muestran que las transferencias que reciben los municipios de la Nación alivian su carga fiscal y, al igual que la deuda, se constituyen en la principal fuente de expansión del gasto. Por su parte, las características socioeconómicas de las comunidades, entre las que se destacan el tamaño de la población con necesidades básicas insatisfechas y la cobertura de servicios públicos domiciliarios, juegan un papel crucial en la provisión básica de bienes públicos locales.
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Desde una perspectiva histórica discute la paradoja de un crecimiento sostenido y mejoras en los indicadores sociales en medio de una escalada en los niveles de violencia y corrupción, para lo cual toma como referencia los planes de desarrollo y la política económica de los últimos treinta años. En la dinámica del crecimiento económico reciente se hacen presentes factores de naturaleza institucional: la carencia dentro de la ciudadanía de un sentido de pertenencia a la Nación y a la comunidad, el desarrollo del clientelismo político, la avidez de rentas, y la creciente incapacidad del Estado para desempeñar algunas de sus funciones más fundamentales como proporcionar seguridad personal, hacer cumplir contratos, y garantizar derechos de propiedad, entre otras. De esta manera se han aumentado los costos de hacer negocios en Colombia, llevando a que se dediquen importantes recursos a proteger privadamente la propiedad y promoviendo un alto nivel de criminalidad y de violencia, con un efecto negativo significativo sobre el crecimiento económico.
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Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones “el estado de las cosas inconstitucional” ante las precarias condiciones del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), sin embargo, los esfuerzos institucionales por superar dicho estado han tenido efectos nulos o limitados. Prueba de ello son las altas tasas de hacinamiento y reincidencia que siguen manifestándose crónicamente por el deficiente funcionamiento del sistema. Precisamente este diagnóstico con alternativas de solución presume que esta situación se debe a la ausencia de una política pública integral, al partir de la identificación de los principales obstáculos para la construcción de una política pública penitenciaria en Colombia entre los años de 1998 y 2014. El ejercicio antes mencionado se apoya en la utilización de dos herramientas metodológicas a saber: el análisis estructural “MICMAC” y el análisis de involucrados. De los resultados arrojados por estos métodos se elaboran así mismo tres recomendaciones sobre política pública penitenciaria.
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Colombia es un país que ha logrado atraer la atención de diferentes países a nivel mundial debido al comportamiento económico que ha presentado en los últimos años. Gracias a estos resultados, es reconocida como mercado emergente debido a su rápido crecimiento interno en temas comerciales e industriales, y a sus notables y crecientes relaciones con otros países, entre otras características. En América Latina nos encontramos con varios países con características e iniciativas comerciales similares a las nuestras; países como Perú, Chile y México cuentan con infraestructuras de mercado de tamaño significativo y gran potencial, además de la cercanía geográfica (a excepción de México) y una gran similitud entre sus culturas, en 2011 surgió una iniciativa de integración regional para desarrollar progresivamente una libre circulación económica, de bienes, servicios, y personas. Con miras a convertirse en una plataforma política, económica y comercial a nivel mundial, enfocándose en la región Asia-Pacífico. Esta iniciativa se conoce como Alianza del Pacífico (AP) Uno de los subsectores más sensibles para los países miembros de la AP es el subsector agrícola. Debido a la baja diferenciación de productos y a la amenaza progresiva de un ingreso masivo de productos extranjeros a menor precio, pudiendo esto conseguir desestabilizar el mercado y afectando la producción interna o de los demás socios comerciales.
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Los precios de transferencia ocupan el interés de los Estados en el mundo actual al constituir uno de los retos fundamentales del Derecho Internacional Tributario. En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), creada en 1961, se discutieron y desarrollaron diversas propuestas para regular el fenómeno. Estas, se materializaron en Modelos de Convenios Tributarios e instrumentos de soft law, que hoy en día constituyen los principios internacionalmente aceptados en la materia. Las Guías de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias son el cuerpo normativo de soft law que se erigen, en el Ordenamiento Internacional, como el norte de las legislaciones a nivel interno para efectos de regulación de dicha temática. Su adopción por parte de los países miembros y no miembros de la OCDE se enfrenta a problemas teóricos derivados del quebrantamiento del decantado principio de reserva de ley tributaria y el respeto por la seguridad jurídica, razón por la cual su incorporación ha variado de Estado a Estado. El presente trabajo recoge la experiencia en varios países europeos y latinoamericanos y pretende proponer una fórmula de adopción en Colombia, coherente con los principios constitucionales tributarios y con virtualidad de superar las críticas realizadas por la doctrina a la aplicación directa de las Guías.
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El presente trabajo desarrolla un modelo macroeconómico de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE), con el fin de analizar los efectos macroeconómicos que se derivan de simular un choque positivo al componente estocástico de la productividad del sector minero-energético. Este hecho genera un aumento generalizado de los salarios en el sector formal y en el recaudo tributario, incrementando el consumo total de los miembros del hogar. Esto genera un incremento del precio de los bienes no transables relativo al precio de los bienes transables, disminuyendo la tasa de cambio real (apreciación) y provocando un desplazamiento de los recursos productivos, desde el sector transable (manufacturero) al no-transable, seguido de un aumento en el PIB y empleo formal de la economía. Esto hace que el sector formal agregado absorba trabajadores desde el sector informal a través del subsector formal no-transable, lo que disminuye el PIB informal. En consecuencia, el consumo neto de los miembros informales disminuye, lo que incentiva a que algunos miembros del hogar no se empleen en el sector informal y prefieran quedarse desempleados. Por lo tanto, el resultado final sobre el mercado laboral es una disminución de los trabajadores informales, de los cuales una parte se encuentra en el sector formal, y la parte restante está en condición de desempleo.
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La muerte empresarial es un proceso que se ha venido presentando en compañías de las diferentes industrias a nivel nacional. La causa son los diferentes factores externos que impactan directamente las operaciones y estructura de estas. Con base en lo anterior es importante resaltar que existen diferentes tipos de muerte empresarial que para efectos de este trabajo se encontraron importante referenciar, pues son el marco del análisis de caso sobre Almacenes Éxito S.A. perteneciente al sector retail, donde se buscaba determinar cuál fue el tipo de cesión que tuvo, como consecuencia de la venta de acciones a la Compañía Francesa Casino Guichard-Perrachon S.A. Además del marco teórico empleado, se encontró importante realizar una reseña histórica de las diferentes empresas que han integrado el sector con el fin de entender posibles generalidades que se han venido replicando y que han llevado a la muerte empresarial de importantes compañías. Este trabajo permite la comprensión de las diferentes transformaciones que pueden tener los entes económicos a lo largo de su vida empresarial, no solo con lo que puede entenderse como el cese de operaciones sino también como apertura a nuevas estrategias de crecimiento y expansión.
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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).
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En este estudio se pretende exponer la situación actual de los derechos de propiedad de los bienes inmuebles rurales, principalmente bienes baldíos. Se parte de la base de los regímenes que han existido, sus principales características, su estado actual, la productividad económica de los mismos en determinadas regiones de Colombia, su seguridad jurídica y se planteará una propuesta de mejoramiento que podría obtener mejores resultados, tanto sociales como económicos, soportado en la experiencia del autor y en los diversos estudios que se han efectuado sobre el tema a nivel mundial.