138 resultados para PODER JUDICIAL


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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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Este estudio de caso explica la influencia del poder aéreo en la asimetría de poder entre las FF.MM y las FARC-EP a partir de la Operación Vuelo de Ángel. Se pretende analizar y describir cómo el poder aéreo cambió la balanza de poder en el conflicto armado colombiano. Teniendo en cuenta la definición conceptual de Steven Metz sobre asimetría, se va a partir de la base que esta supone la maximización de las ventajas y explotación de las debilidades de los actores, con el fin de alcanzar un objetivo ya sea político o militar. El resultado de la investigación documental afirmará que la Operación Vuelo de Ángel, se convirtió en el punto de inflexión del conflicto colombiano. Mediante el análisis documental y las entrevistas, se comprobará que efectivamente el poder aéreo tiene la capacidad de alterar las diferencias que se presentan entre las FF.MM y las FARC-EP

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El presente estudio de caso analiza el impacto de la influencia paramilitar en los resultados de las elecciones legislativas 2002 y 2006 en el Departamento de Córdoba. Busca principalmente establecer distinciones entre los diferentes casos agrupados en la noción de ‘parapolítica’. Para ello reseña el desarrollo del paramilitarismo en el Departamento y su relación con las élites políticas, posteriormente se construyó un índice de Hegemonía que indica el predominio de determinado candidato en más de la mitad de los votos de un municipio, y se analizan diversos mapas elaborados a partir de los coeficientes de Pearson y Moran. Finalmente, a partir del contraste entre el análisis estadístico y la información documental se presenta una tipología que recoge los diversos matices del apoyo paramilitar según los distintos candidatos.

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El trabajo de grado se desarrollará a partir del análisis del liderazgo y el poder como característica de éste, desde una visión ecológica, lo cual constituye un aspecto de gran importancia en los estudios de administración. Primero, se abordará el significado de liderazgo y la importancia que este representa dentro de las organizaciones, a través de la generación de procesos que llevan a la organización a su evolución y desarrollo. Posteriormente se abordará el tema de poder en relación con la comprensión del efecto que este puede tener sobre las interacciones que se dan entre las personas de la organización. Finalmente, se estudiará también desde la ecología, como el poder ejercido por los líderes puede influir en la forma en que estos agentes, es decir personas, procesos e interacciones, interactúan para movilizar a la organización. De esta forma, se asume el poder como un aspecto importante dentro del estudio del liderazgo, en cuanto éste puede afectar la forma en que las personas son lideradas al interior de la organización.

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El interés de la presente monografía es analizar los efectos de los ciclos político-económico-electorales (CPEE) sobre los niveles de pobreza en Colombia para el periodo del 2002 al 2010. Se analiza el manejo de la política fiscal por parte del gobierno con el fin de caracterizar el ciclo político entre oportunista o partidista. De esta forma, se pretende corroborar que en Colombia los CPEE generan efectos en la economía. No obstante, estos efectos pueden ser más o menos duraderos en función de la sostenibilidad del discurso ganador en la contienda electoral. Como resultado de este trabajo se determinó que la discontinuidad en el manejo de la política fiscal presenta un ciclo político-económico-electoral oportunista que contribuye negativamente los niveles de pobreza. Para desarrollar lo anterior, se realiza un análisis el cual se aborda desde el Enfoque de la Elección Racional.

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El interés de esta monografía es analizar las distintas estrategias políticas, económicas y militares que han implementado Irán, Turquía y Arabia Saudita en busca de la hegemonía de Medio Oriente. A lo largo del trabajo de investigación se analiza por medio del realismo ofensivo de John Mearsheimer las distintas estrategias de los tres Estados antes mencionados, con el fin de establecer la voluntad y las capacidades de cada uno para alcanzar la hegemonía regional. Finalmente, por medio de la medición de percepción de poder establecida por David Jablonsky se examinan las capacidades y la proyección de poder que poseen Irán, Turquía y Arabia Saudita para obtener la hegemonía de Medio Oriente.

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Modernización del Congreso de Colombia, entendido como una responsabilidad académica, más que un punto de negociación de los grupos guerrilleros o al margen de la ley, y menos aún bandera de campaña política y calculadora revancha entre partidos

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Frases como “Levanten las manos los cristianos, y levanten la mano quienes van a votar por José María Villanueva” vienen a transformar la percepción del papel que cumplen las comunidades religiosas en el escenario político del país

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La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado.

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Esbozar los problemas de la crisis, presentar una serie de dificultades, recriminar la posición estatal y llegar a unas posibles soluciones para el conflicto. De una manera tímida se critica el sistema penitenciario y algunas de sus problemáticas

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El agua se necesita en todos los aspectos de la vida, es el elemento más importante de nuestro planeta, es sustento de vida, progreso y fuente de bienestar: donde hay agua hay vida. Su presencia es necesaria para que se mantengan los se-res vivos

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Las funciones de Policía Judicial son realizar una serie de labores y actividades que les demanda una eficiente y seria preparación a obtener resultados óptimos que el funcionario judicial penal pueda derivar de ellos correspondientes consecuencias

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La carta política de 1991 consagró una cláusula general de responsabilidad institucional del Estado según la cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión

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Como en todos los procesos que ejecuta la Administración Pública, en el proceso licitatorio, o de concurso público de méritos, las bases sobre las cuales se edifican, deben ser lo suficientemente sólidas para que garanticen el cumplimiento del fin

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El trabajo contiene en su primera parte una descripción de la evolución del concepto de discrecionalidad administrativa, su clasificación y graduación, principalmente los límites que la ley, la doctrina y los principios del derecho imponen