Incidencia de la explotación minera en la disputa territorial en el municipio de Segovia. 2002-2010

El interés de la presente investigación está sostenido en analizar la estructuración de la política pública minero-energética, los instrumentos utilizados para su posterior implementación en el municipio de Segovia, Antioquia, y la incidencia que tiene en las tensiones de los actores que tienen presencia en este lugar. Se utiliza la Acumulación por Desposesión para la interpretación de los hechos ocurridos en Segovia, donde se procede a evidenciar que la imposición o inclusión de nuevos modos de producción, genera resistencias que entran en disputa entre sí y que producen la reconfiguración espacial del municipio.

Análisis de los efectos de intervenciones públicas en la recuperación de centros urbanos : caso de estudio barrio las Cruces, Bogotá 2002-2014

En el presente estudio de caso se hace un análisis de los principales efectos socio-espaciales y económicos que tuvieron intervenciones públicas dirigidas a recuperar el centro de Bogotá, en el territorio específico del Barrio Las Cruces, durante los años 2002-2014. Para lograrlo, en un primer momento se hace un análisis conceptual de las relaciones existentes entre intervenciones urbanas y los efectos que estas producen en lo urbano y lo local; en un segundo se identifican los antecedentes que sirvieron para intervenir el barrio, y las intervenciones públicas que llevadas a cabo en éste durante el 2002 – 2014; y en un el tercero se analizan los efectos y las relaciones que tuvieron dichas intervenciones sobre las variables social, espacial y económica del barrio durante el periodo estudiado. Con el fin de verificar si la política de rehabilitación con la que se viene interviniendo dicha zona es coherente con las realidades locales.

La acción pública estatal dirigida a la población con discapacidad privada de la libertad (1991-2013)

El propósito principal de la investigación es determinar los problemas del accionar público estatal dirigido a la población con discapacidad privada de la libertad, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 hasta el año 2013. De acuerdo con lo anterior, se quiere demostrar que los problemas del accionar público estatal radican en la emisión de soluciones improvisadas que se han desarrollado frente a las necesidades de la población con discapacidad privada de la libertad. Para ratificarlo, el trabajo se valdrá del institucionalismo normativo así como de la perspectiva de interseccionalidad para analizar de qué manera los problemas del accionar público estatal afectan el ejercicio y la garantía de los derechos de esta población.

Desarrollo indígena y cooperación internacional: una aproximación a la intervención de la AECID en la recuperación del cordón ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta (2011-2014)

El objetivo del presente estudio de caso es analizar de qué forma la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el proyecto Cordón ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta (2011- 2014) aporta nuevos elementos a las dinámicas de cooperación internacional para el desarrollo indígena. Se contextualiza la situación de derechos indígenas en términos de desarrollo. Se hace una reflexión de los resultados institucionales y los elementos recogidos del diálogo directo con indígenas arhuacos, resaltando el valor cultural y formas de pensar indígena que ponen a consideración temas coyunturales como la situación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y nuevos protagonismos conceptuales como el Buen Vivir

La administración cuantitativa del riesgo financiero en la provisión de un plan de salud

El diseño del sistema de seguridad social en salud y su efectiva implementación es uno de los más grandes retos de la sociedad, y a su vez es la principal garantía del goce efectivo del derecho a la salud. Un gran desafío de estos sistemas es la administración del riesgo financiero implícito en la provisión de los servicios de salud. Este documento ilustra en qué medida este desafío se puede enmarcar dentro de un problema de administración cuantitativa de los riesgos financieros. Si bien el uso de estas herramientas no son nuevas en el diseño del sistema de seguridad social en salud colombiano, es importante dar claridad sobre el alcance que han tenido estas herramientas, las posibles mejoras que se puedan hacer y los desafíos, en la gestión de estos riesgos, implícitos en la reforma actual de la institucionalidad del sistema.

Aseguramiento para la población pobre: una herramienta de protección financiera

La financiación de los sistemas de salud en los países en desarrollo mediante esquemas de aseguramiento, presenta el desafío estructural de la informalidad de los mercados laborales. Ni el esquema de financiamiento comunitario ni el del subsidio a la oferta, parecen ofrecer una garantía de acceso a los grupos más vulnerables. Pero la extensión de esquemas de seguro subsidiado también implica mayores presiones sobre el gasto social. Este artículo es una revisión de la literatura sobre el tema, en el cual se revisan experiencias internacionales de los tipos mencionados, y se analiza su relevancia para Colombia.

Can consumer complaints reduce product reliability? Should we worry?

We analyze a monopolist’s pricing and product reliability problem when consumers are entitled to product replacement but have heterogeneous cost of exercising this right, and we assess the implications of a decrease in consumers’ claiming cost on reliability, profit, and welfare. We find that reducing consumers’ claiming cost may reduce reliability and increase profit. Additionally, the model can explain why some firms encourage consumers to complain while others discourage consumers from complaining. We also show that welfare and profit are partially aligned, specially when consumers’ claiming cost are relatively low and the firm prefers to promote complaints; consequently, we find that encouraging complaints will eventually increase welfare

Market access in the western hemisphere: implications for the Andean Community

Este estudio busca contribuir a la evaluación del impacto económico que una mayor liberalización comercial en el Hemisferio Occidental, puede tener sobre los países miembros de la Comunidad Andina. Los escenarios de liberalización comercial más significativos se identifican y simulan, mediante el uso del modelo GTAP en su versión estándar de rendimientos constantes a escala. Los resultados básicos indican una muy baja coincidencia en la dirección de los cambios de bienestar esperables para los países andinos, bajo los cuatro escenarios analizados. De una forma muy simplificada, puede decirse que una mayor liberalización comercial implica pérdidas de bienestar para Colombia, Perú y Ecuador-Bolivia, en tanto que para Venezuela se encuentran ganancias bajo los escenarios que implementan el Área de Libre Comercio de las Américas y pérdidas bajo el que implementa el Acuerdo de Libre Comercio entre sus socios andinos y Estados Unidos. Los términos de intercambio juegan un papel determinante en estos resultados. En general se mueven en contra de estas economías, con la notoria excepción de Venezuela. Al parecer, los países andinos se han beneficiado en el pasado de la desviación de comercio que otras regiones han sufrido, como consecuencia de los acuerdos preferenciales de comercio en los cuales los primeros han participado. Con la erosión del acceso preferencial a otros mercados, implícita en los escenarios simulados, el aumento en la competencia tanto por el lado de las exportaciones como por el de las importaciones, tiende a ajustar la posición internacional de estos países, trayendo con ello nuevos retos para el manejo de sus economías.

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

Créditos e insolvencia

Esta obra se encuentra estructurada en dos grandes partes. En la primera parte, el lector encontrará generalidades sobre los créditos y las maneras en que los mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concursal. Aspectos como la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos procesos y la impugnación, son trabajados de manera extensa, indicando en cada caso, de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte, encontrarán un estudio detallado de los créditos privilegiados al interior del proceso concursal. Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad. Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad.

Saneamiento por vicios ocultos: las acciones edilicias

¿Una cosa que no cumple o cumple imperfectamente con su función es la cosa prometida en el contrato o es una cosa distinta ¿La función que debe cumplir una cosa hace parte de su definición contractualDe estas preguntas que, a primera vista, pueden parecer eminentemente teóricas se desprenden consecuencias prácticas de gran importancia: ¿Puede el comprador servirse de la acción por incumplimiento de la obligación de entrega o, más bien, debe reclamar por vicios ocultos o, incluso, solicitar la nulidad por error en las calidades sustanciales de la cosa ¿Y qué decir de la posibilidad de recurrir a las garantías especiales (como la garantía por buen funcionamiento) ¿O a las acciones propias del derecho al consumoSi se tiene en cuenta que estas diferentes vías le ofrecen al demandante plazos de prescripción diversos que en Colombia van desde seis meses hasta diez años y dan lugar a pretensiones distintas, todo abogado litigante para no mencionar a los académicos- se verá en la inminente necesidad de preguntarse sobre las definiciones funcionales de las cosas contractuales y sobre la delimitación del campo de aplicación de las distintas acciones del comprador insatisfecho. Éste es precisamente el objetivo que persigue y, sin duda, alcanza el autor en su libro.

El medio ambiente sano, un derecho de todos: cartilla de aprendizaje. Grupo de Acciones Públicas, Universidad del Rosario

El medio ambiente y su conservación se han convertido en un tema fundamental para las sociedades modernas, por el impacto que su desconocimiento está ocasionando en el planeta tanto para las generaciones presentes cuanto para las generaciones futuras, en el corto, mediano y largo plazo. El daño ocasionado al medio ambiente desde todas las esferas de la sociedad ha afectado y seguirá afectando todas las categorías de derechos humanos, al ser una fuente vital de donde nace el derecho fundamental de todo ser humano, la vida. Consciente del problema ambiental que a diario viven las diferentes comunidades en el país, y de la necesidad de crear conciencia en la colectividad en general, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP), como clínica de interés público preocupada por defender la garantía y protección de los derechos humanos, reconociendo el papel activo que en este proceso debe desempeñar la sociedad en general, presenta esta cartilla, la cual pretende mediante una estrategia pedagógica señalar todas las herramientas constitucionales que existen en el país y que le permitirán a la comunidad conocer, participar y controlar el manejo gubernamental y social en materia ambiental, de una manera muy didáctica.

La falta de conformidad y el derecho de consumo: una puerta abierta a la aplicación del efecto atenuado del orden público internacional colombiano

Este trabajo busca encontrar una solución para aquel consumidor local que ha celebrado un contrato de compraventa internacional de mercaderías, y el bien objeto de contrato tiene un defecto que genera daño. Propone la aplicación de la falta de conformidad, a través de la figura del efecto atenuado del orden público, como una medida que sustituye la responsabilidad por producto defectuoso contenida en la ley 1480

Impacto financiero de la unificación del plan obligatorio de salud subsidiado (pos-s) en las empresas sociales del estado (ese) de mediana complejidad de Cundinamarca

A partir de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud en Colombia ha presentado una serie de trasformaciones que buscan mejorar la prestación de los servicios y lograr cubrimiento de la población no favorecida y excluida del Plan Obligatorio de Salud (POS). Sin embargo, las Empresas sociales del Estado (ESE), en aras de dar cumplimiento a las disposiciones y normatividades que exige la ley, funcionan y prestan sus servicios acorde con los objetivos corporativos planteados por ellas mismas, a pesar de tener una gran cartera por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El propósito de esta investigación es evaluar el impacto financiero en una muestra de cuatro hospitales públicos de Cundinamarca (las ESE San Rafael de Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza, y el Salvador de Ubaté), luego de la aplicación del Acuerdo 032 del 2012 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES). Se seleccionaron cuatro hospitales públicos de mediana complejidad de Cundinamarca, por ser uno de los departamentos más representativos en hospitales de este tipo. Se encontró una mayor convergencia en términos de estructura administrativa y financiera, lo que hace posible que la información obtenida sea comparable y útil para la medición en términos de presupuesto y liquidez. El incremento de la cartera y la disminución de la rotación de la misma, con la afectación respectiva de la liquidez y la rentabilidad, dificultan el logro de las instituciones como lo son la sostenibilidad y perdurabilidad. El cambio del pagador después de la aplicación de la norma incidió directamente en lo anterior; igualmente, traspasar la población no cubierta al régimen subsidiado eliminó el desembolso por parte de la Secretaría de Salud y lo trasladó a las EPS subsidiados, afectando directamente los tiempos de rotación de cartera como se documenta en el análisis.

Iglesias pentecostales: ¿empresas de la fe?

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal relatar la manera en que operan las iglesias pentecostales o conocidas popularmente en Colombia como cristianas y que tienen su sede principal en la ciudad de Bogotá. Para este fin se realizaron numerosas entrevistas a varios personajes que pertenecen a estas congregaciones y que se encargaron de contar cómo se crearon, de dónde viene el dinero que solventa sus necesidades, los gastos que tienen mensualmente y además, dieron detalles que permitirán al lector conocer de cerca las diferencias entre una iglesia pequeña, una mediana y una de gran tamaño. La voz de un experto y estudioso del fenómeno religioso en Colombia también está presente en este texto que además cuestiona de manera implícita el proceso de regulación que el Ministerio de Interior y las autoridades ejercen sobre estos lugares.