98 resultados para MINERÍA A CIELO ABIERTO - ASPECTOS AMBIENTALES


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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configuraan un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regaas y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

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El incremento desmedido en el número de desastres naturales, sumado a la frecuencia con que estos ocurren a lo largo del mundo entero, ha evidenciado una de las mayores preocupaciones de los Estados: el desplazamiento forzado de la población por esta causa y la delicada situación de derechos humanos que esto implica, por lo cual los Organismos Internacionales han instado en reiteradas oportunidades a los Estados para actuar conjunta y prontamente para evitar que esta siga siendo una de las causas más altas de desplazamiento. Esta migración forzada pone de presente una problemática al no existir una posición universalmente aceptada sobre cuál es la condición jurídica de las personas que, por causa de los desastres naturales, deben dejarlo todo; la ausencia de esta categorización conlleva a la inexistencia de un marco legal internacional aplicable y con ello, a un vacío en la regulación interna de los Estados. Esta investigación pretende analizar los conceptos de migración existentes en el derecho internacional y establecer si la condición jurídica de quienes deben dejarlo todo por causa de los desastres naturales encaja dentro de alguna de estas categorías o si se hace necesario crear una nueva categoría que atienda las particularidades del contexto de este fenómeno migratorio, desde una perspectiva de derechos humanos. Para esto, se realizan reflexiones sobre tales conceptos así como un análisis de algunos casos de referencia, incluyendo la situación vivida en Colombia con la Ola Invernal de 2010, buscando realizar algunas propuestas de posibles soluciones jurídicamente viables.

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El presente estudio de caso busca describir y analizar a la luz de los conceptos de resistencia civil y acción colectiva cómo las movilizaciones sociales en el Tolima han logrado generar cambios en el modo de operar de la transnacional minera Anglogold Ashanti en la mina la Colosa entre el año 2007 y el año 2013. Con este fin, se realizaron una serie de entrevistas y visitas de campo que permitieron un acercamiento al movimiento de los Comités Ambientales y Campesinos del Tolima. Este acercamiento dio como resultado una reconstrucción del panorama de la problemática que enfrentan las comunidades locales cuando las empresas megamineras llegan a sus territorios transformando, en diferentes aspectos, la dinámica del lugar. Dicho panorama se constituye en un insumo que puede ser utilizado por las comunidades para empoderarse frente al derecho de decidir sobre el uso que le quieren dar a su territorio.

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El interés de este trabajo de grado es analizar el concepto de coordinación inter-agencial y trasladarlo a la práctica, para entender el funcionamiento de dos grandes agencias que gerencian el tema minero en el país: la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. A partir de lo anterior, se demostrará que la falta de sinergia entre estas agencias es producto de la improvisación en la creación institucional; de la inestabilidad de las normas que las regulan y su falta de cumplimiento; de problemas estructurales al interior de cada una y de la ausencia de una mirada integral, en la que todos los elementos se relacionan y tienen efectos sobre sí. El diseño metodológico es cualitativo-descriptivo y el enfoque es el jurídico-institucional, ya que el propósito fue describir el funcionamiento de estas dos agencias, teniendo como fundamento el rol del Estado, el papel de las instituciones y el derecho que las regula.

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La monograa contiene cuatro capítulos. El primero muestra el proceso integración en el continente americano, teniendo en cuenta ALCA y TLC y el trato dado en estos acuerdos a los temas directamente relacionados con la hipótesis del trabajo, manejado según la teoría de la interdependencia. El segundo capítulo aborda la situación agrícola y ambiental al interior del país, las políticas ambientales que tiene y la posición negociadora en el ALCA y en el TLC, teniendo en cuenta la teoría de integración regional. En el tercero se analiza lo planteado en el primero y segundo capítulos, da razones para el cumplimiento de la hipótesis planteada, teniendo como espejo las negociaciones en el TLC y los compromisos adquiridos por Colombia respecto al ingreso de un producto agrícola como el maíz transgénico y su incidencia en decisiones en políticas ambientales relacionadas directamente con AMUMAS (Acuerdos Multilaterales Medioambientales), y compromisos adquiridos en temas relacionados al medio ambiente, como el de propiedad intelectual. Todo con base en los aspectos de la teoría de la integración regional. Finalmente se presentan las conclusiones.

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En primera instancia se expondrá en el primer capítulo el progreso paulatino del cambio climático o calentamiento global en el mundo, enfatizando en los factores que lo han proporcionado, y los avances que se han presentado a nivel internacional para mitigación del mismo. En el segundo capítulo se presentarán detalladamente los dos ejemplos a los que se quiere hacer referencia, las problemáticas contextuales de cada uno de ellos, y la medida en que afectan y se afectan, tanto interna como externamente por el cambio climático, dadas las actividades interdependientes implícitas en su respectivo desarrollo. Por último se mostrará la discusión permanente sobre la problemática ambiental, en relación con el cuestionamiento de la viabilidad de las soluciones precisas y la adaptación de las mismas a los diferentes entornos sociales, económicos y culturales.

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El interés de esta investigación diagnóstica es evaluar el tema de los refugiados ambientales en las legislaciones internacionales que se encuentran en vigencia actualmente. Es un elemento de análisis pertinente debido a que durante los últimos años el cambio climático y sus efectos adversos han causado estragos en algunas poblaciones, dando origen a lo que se conoce como refugiados ambientales. Así, la falta de inclusión del concepto en la normatividad internacional, representa una problemática, en tanto que estas personas no tienen ningún tipo de apoyo por parte de la Comunidad Internacional. En este trabajo se centra en el caso de las Islas Maldivas y refleja la necesidad de crear un nuevo régimen internacional que cubra a la figura de refugiados ambientales, para así hacer frente a esta problemática internacional.

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La república del Perú se ha configurado como una nación minera emergente en América del Sur, desde finales de la década de los noventa. La aplicación de las reformas neoliberales del Consenso de Washington introdujeron una visión de desarrollo sustentada a partir de la promoción de la inversión extranjera directa que provocó el auge de las industrias extractivas en departamentos como Cajamarca. En este contexto, surgieron problemas de contaminación y vulneración de los derechos ambientales, los cuales propiciaron la reorganización de sectores de la sociedad civil alrededor de movimientos sociales como Grufides a nivel local, y CONACAMI, a nivel nacional. Mediante el establecimiento de redes transnacionales con la ONG Global Greengrants Fund, se articuló una tendencia activista por medio del cual ésta se convirtió en el canalizador de las demandas de resistencia y promoción del desarrollo sostenible frente a los impactos de los proyectos mineros.

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En esta investigación, abordamos en el primer capítulo el Tema de los Instrumentos Legales y Constitucionales para la protección y preservación de las Comunidades Indígenas Colombianas, en este capitulo se hará una breve descripción de los Derechos

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El agua se necesita en todos los aspectos de la vida, es el elemento más importante de nuestro planeta, es sustento de vida, progreso y fuente de bienestar: donde hay agua hay vida. Su presencia es necesaria para que se mantengan los se-res vivos

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Se trata de un reportaje multimedia que analiza las consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas, derivadas del Código de Minas de 2001 y de las decisiones tomadas en materia minera durante el periodo comprendido entre 2001 y 2001.

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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Colombia ha pasado de la exportación de productos del sector primario, con productos tradicionales como el café, banano, flores y el petróleo, a exportaciones industriales, tecnológicas y de servicios y se ha abierto a mercados que en otrora eran reducidos a sus vecinos geográficos y Estados Unidos, a otros tan lejanos como China, Finlandia, Corea, Eslovenia, Malta entre otros muchos y a uno de gran impacto económico como la Unión Europea, que representa mayor número de consumidores, con una mayor capacidad de adquisición y con una diversidad de necesidades que pretendemos suplir. Por lo anterior, se hizo necesario conocer este destino de las exportaciones Colombianas y qué productos o renglones lo están satisfaciendo. En esta misma medida y en los últimos años ha habido un auge en las exportaciones del sector minero, aunque recientemente un descenso en el mismo nos ha afectado, lo ha sido por razones adjudicadas a la economía global; se han revelado también, problemáticas internas para su potenciamiento, como las licencias mineras, consultas previas, ilegalidad minera, razones ambientales, etc., lo que motivó también una mirada a ese sector. Al modificar la visión de las relaciones internacionales, con una política que es desde luego de “estado” y con un mejoramiento de las condiciones internas de seguridad, desarrollo, tecnológicas, laborales y demás, las empresas Colombianas le tuvieron que hacer frente al “reto exportador”, con una serie de modificaciones en su forma de producir, que dirigido y encaminado por entidades estatales y particulares, las hicieron efectivamente competitivas con calidad e innovación.