125 resultados para Desentralización administrativa
Resumo:
Este trabajo de grado es un acercamiento a las lecciones empresariales de perdurabilidad basado en el caso de estudio de Joyería Hefestos. Esta empresa ha sido símbolo de la reproducción de piezas de arte precolombino y artesanías de nuestro país, alcanzando reconocimiento nacional e internacional por su originalidad, diseño y calidad. El objetivo de esta investigación es identificar la ruta de éxito que Joyería Hefestos implementó para salir de la crisis que enfrentó durante la década de los noventa. Por tal motivo, se identificarán las causas de la crisis, evaluando las decisiones que la empresa tomó para sobrevivir y hoy en día permanecer en el mercado de la joyería en Colombia. Este proyecto de investigación trabajó de la mano con el Sr. Javier Parra,gerente general; empleados y académicos que nos permitieron evaluar la situación de la empresa antes, durante y después de la crisis. Mediante diferentes herramientas como entrevistas, encuestas y visitas empresariales se evaluó la pertinencia las decisiones estratégicas que se tomaron en el momento preciso para sortear este periodo de caos y alcanzar solvencia financiera y operativa. El trabajo se estructuró bajo los lineamientos de la línea de Estrategia de la Universidad del Rosario, donde se analizaron las variables de Dirección y Gerencia para explicar las causas y consecuencias antes, durante y después de la crisis de la gestión administrativa. Esto permitirá identificar la ruta del éxito mediante la cual la empresa superó este periodo gracias a la incorporación bajo los estatutos del acuerdo de reestructuración Ley 550/1999 que permitió en gran medida el resurgimiento de la empresa junto con el compromiso fiel y constante del personal de Joyería Hefestos.
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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.
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El presente estudio tiene como propósito definir las tensiones que presenta el modelo de división territorial interna de Bogotá con base en dos categorías de análisis: la desconcentración y la descentralización.
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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.
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Este documento de investigación hace parte de un estudio comparativo de los procesos de descentralización en las ciudades de Bogotá, México D.F., Lima y Santiago de Chile, en el marco del desarrollo del Convenio Nº 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. Para el caso bogotano, se tomaron como punto de referencia los hechos sucedidos desde mediados del siglo XX –cuando, debido a varios factores que se explicarán en este documento, la ciudad empieza a tener un gran crecimiento y se hace necesario tomar medidas para afrontar esta nueva configuración, las cuales incluyen la modernización del gobierno de la ciudad a tal punto que pueda gobernar de una manera efectiva y eficaz en una metrópoli de las características actuales de Bogotá– y hasta la actualidad.
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Para poder entender el proceso descentralizador en Chile y en este caso en especial el de la Región Metropolitana de Santiago, es necesario entender que este proceso presenta una serie de singularidades que se generan a partir del carácter centralista y de Estado Unitario de Chile, situación que se ha venido reconfigurando a partir del proceso de regionalización. El proceso de regionalización fue el primero que se dio con el fin de hacer de Chile un Estado descentralizado, siendo importante enmarcar el inicio de la regionalización durante el Gobierno Militar, teniendo como principal logro un reordenamiento espacial con el fin de obtener un desarrollo de las diferentes unidades territoriales, adquiriendo inicialmente una forma de desconcentración administrativa. Sin embargo, éste no ha sido el único proceso ya que también se ha venido llevando a cabo una desconcentración y una descentralización.
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Las reformas en los sistemas de salud han traído consigo múltiples cambios en sus estructuras de dirección, financiera, administrativa y de prestación, así como en sus propósitos sociales, asistenciales, políticos y económicos, reflejo en gran medida de la influencia de un pensamiento neoliberal que ha privilegiado un modelo de mercado. T eniendo en cuenta que uno de los planteamientos que han generado los procesos de reforma ha sido la consolidación de redes de servicios de salud como estrategias para la mejora del acceso, la coordinación asistencial y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud, se pretende efectuar de manera suscinta una aproximación teórica al concepto de redes de servicios de salud, así como analizar sus principales características y problemáticas para su configuración.
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La obra pretende probar la hipótesis de trabajo que versa sobre la constante centralista que ha marcado las relaciones entre territorio y poder en Colombia. Dicha tendencia se observa en la reiterada adopción del modelo territorial unitario, con leves excepciones, que ha marcado la construcción de la Constitución territorial desde el año 1821. Sin duda, una apuesta que nuevamente es retomada en el proceso constituyente de 1991, a pesar de la inserción tímida de los principios de descentralización y autonomía, y del generoso espíritu del constituyente, hoy bastante menguado, en materia de transferencias intergubernamentales. Dicha hipótesis conllevó a la revisión de otros Estados unitarios, e incluso de modelos regionales o autonómicos y federales, todos ellos en proceso de reacomodamiento, transformación e incluso de difusas fronteras de diferenciación. La historia constitucional, la asamblea constituyente y la arquitectura de la constitución territorial de 1991, son objeto de sistemático estudio y reflexión. También el desarrollo que ha sufrido el Título XI de la Constitución Política, a lo largo de las dos últimas décadas. Por ello, la publicación presenta una reflexión sobre los diversos planes de desarrollo, documentos Conpes, políticas territoriales, reformas constitucionales y legislación, que hablan sobre los avances, pero también sobre los retrocesos que se han dado en materia de descentralización y de autonomía en los últimos veinte años. La publicación está sustentada con innumerable bibliografía nacional e internacional, además de las diversas opiniones y posturas de algunos actores territoriales, académicos y políticos sobre el tema de la organización del territorio, la constante centralista y la situación del nivel intermedio de gobierno. Finalmente, culmina con un análisis y lectura sobre la orientación territorial que le ha dado al país la Ley 1454 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que le apunta más al principio de asociatividad territorial que al desarrollo pleno de los principios de descentralización y autonomía territorial
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El objetivo de la investigación fue identificar la participación que tienen las mujeres y los hombres en cargos directivos de las universidades colombianas. Se diseñó un cuestionario compuesto por cinco factores para recolectar información acerca de la formación, la experiencia académica y administrativa, la procedencia y producción académica de los rectores de las universidades colombianas. Esta información se recopiló de las páginas oficiales y actualizadas de las universidades, entre los meses de noviembre de 2011 y enero de 2012. Los resultados muestran que hay una presencia importante de las mujeres en la dirección de facultades y escuelas, pero es significativamente menor su número en el desempeño de cargos unipersonales de alta dirección. Los hallazgos parecen indicar preferencia por el estilo directivo clásico-racional comúnmente relacionado con el género masculino, lo que también puede estar asociado con fenómenos culturales y de la idiosincrasia latinoamericana, caracterizada por las tradiciones patriarcales. Los resultados de esta exploración indicarían que es necesario profundizar en las relaciones entre la proporción de mujeres que acceden a la educación superior y quienes llegan a desempeñar altos cargos directivos en ellas.
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Este trabajo de grado se realizó con el fin de hacer un diagnóstico para evaluar y analizar la estructuración un departamento de mercadeo en Rhodia Colombia, teniendo en cuenta la coyuntura actual de la compañía y su intensión expansionista en los mercados de industria química en Colombia. Para lograr esta intención es necesario que este departamento pueda llevar procesos de investigación alineados con las estrategias de Marketing que desarrolla Rhodia Brasil, y así mismo brindar a los gerentes comerciales información valiosa para realizar esfuerzos en los mercados potenciales de Rhodia y a los mercados en que se ha posicionado Solvay en Colombia. Las expectativas se fundamentan en lograr establecer un departamento de Mercadeo estructurado donde se lleven a cabo procesos de Marketing “Business to Business” en pro de buscar nuevas oportunidades de mercado, fortalecer la presencia comercial en nichos de mercado estratégicos y monitorear los mercados de la compañía para anticiparse ante los sucesos coyunturales donde interactúan los productos de Rhodia en Colombia.
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La teoría de restricciones, más conocida como TOC, es una herramienta que permite el diagnóstico empresarial, identificando causas y efectos que afectan a la misma; en el desarrollo de esta tesis se realiza un diagnóstico TOC de la empresa BLACK PENGUIN S.A.S en el cual se considera la parte financiera donde se calculan y examinan las cuentas en términos TOC con medidores que ayudan a determinar las falencias en que incurre la empresa en su proceso productivo y de gestión administrativa, posteriormente se realiza una identificación de los efectos indeseables( EIDEs ) y las nubes de problema encontradas en la empresa, para de esta forma elaborar el árbol de realidad actual, y conocer el estado del arte de la organización. El desarrollo de diferentes análisis estratégicos como la cadena de valor y el análisis matricial servirán como punto de referencia para el desarrollo del Mejoramiento En Ambiente T.O.C.
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El presente trabajo de investigación, estudia a través del caso de la cohorte del 2000 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, el tipo de coyuntura que le permitió a este grupo de jóvenes reingresar a la Universidad y culminar la carrera al haber tenido que abandonarla en un primer momento, por problemas socio-económicos y/o académicos. Por medio del estudio del reintegro universitario, este trabajo se enmarca en el campo, poco explorado, de la existencia y efectividad de medidas de "segundas oportunidades" educativas que las instituciones de educación superior le ofrecen a estudiantes que por problemas de orden estructural se ven obligados a abandonar la Universidad.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.