334 resultados para DESPLAZAMIENTO DE CIVILES


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Los tradicionales partidos políticos colombianos —Liberal y Conservador— en sus orígenes debatieron por el rol que debía desempeñar la Iglesia Católica en el Estado, las posturas implicaban optar por un poder civil independiente o sujeto al poder religioso, éste debate sirvió para que las comunidades políticas justificaran confrontaciones civiles y reformas constitucionales. Sin embargo, adviértase que estas diferencias conceptuales entre las comunidades políticas permitieron integrar a sectores de la población en torno a los partidos políticos.

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En cuanto que las minorías étnicas son reconocidas constitucionalmente, se encuentra un ambiente propicio para lograr con éxito la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como una cultura diferenciada, razón por la cual, constitucionalmente se otorgó status constitucional a su propio sistema de impartir justicia, es decir, su sistema judicial, al punto que es el artículo 246 de la Constitución Política así lo consagra, siendo de ésta manera como se hizo improrrogable hacer efectivo un mecanismo que permita el funcionamiento armónico de la jurisdicción especial indígena y Sistema Jurídico Nacional. Por ésta razón el presente trabajo investigativo, se desarrollará con base en los resultados arrojados por el proyecto Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), exponiendo una serie de componentes y elementos jurídicos que pretenden analizar la problemática de coexistencia de culturas jurídicas diferentes, en el marco del Estado Social de Derecho, con base en el pluralismo jurídico, diversidad cultural e interculturalismo.

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La presente tesis, demuestra que la acción de grupo, consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 472 de 1998, es un mecanismo idóneo y efectivo de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos v.gr. desplazamiento forzado. Para ello, en una primera parte, se presentan algunos antecedentes internacionales de esta acción, como lo son los International Mass Claims Processes y las Class Actions anglosajonas, que evidencian los casos de procedencia y los requisitos que se han establecido a nivel internacional para que una acción colectiva pueda proceder para indemnizar esta clase de violaciones. Posteriormente, en una segunda parte, se analizan los principales aspectos procesales de la acción de grupo, como lo son, por ejemplo, la conformación del grupo, la representatividad adecuada, el termino de caducidad de la acción, la notificación de la demanda, la publicación de la sentencia y el estimativo de perjuicios, entre otros aspectos, que a nivel sustancial y procedimental muestran que la acción de grupo es un mecanismo adecuado para indemnizar in integrum a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Por último, se establece que el estándar internacional de reparación que es empleado en el sistema interamericano de protección de derechos humanos (Restitución, indemnización. rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y proyecto de vida) puede ser aplicado de manera adecuada y efectiva a través del empleo de la acción de grupo.

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Con el paso del tiempo la humanidad ha vivido cruentas confrontaciones armadas, siendo las dos guerras mundiales, sucedidas durante la primera mitad del siglo XX las más determinantes en la transformación de las dinámicas en el Sistema Internacional y en el período de posguerra. Dichos conflictos trajeron importantes consecuencias entre ellas el desplazamiento forzado de más de 40 millones de refugiados en toda Europa. Por lo tanto, el recrudecimiento de algunas confrontaciones ya existentes, y el surgimiento de nuevos conflictos internos que en ocasiones trascienden la esfera mundial, son factores que han permitido violaciones masivas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, siendo las principales víctimas miembros de la población civil. Entonces, han sido estos escenarios de conflictividad interna en varios países, los que han dado paso a nuevas dinámicas en los procesos migratorios, en donde los afectados deben huir forzosamente de sus lugares de origen para salvaguardar sus vidas ante la constante situación de amenaza. Sin embargo, la problemática que supone el desplazamiento forzado no se limita a una movilización al interior del territorio nacional en presencia de conflictos armados, pues en muchas ocasiones los desplazados se ven obligados a cruzar las fronteras para escapar de la hostilidad y persecución, llevándolos a adquirir el estatus de refugiados.

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Las relaciones entre Colombia y Ecuador se han mantenido en una dinámica histórica de cooperación y conflicto donde se ha buscado mantener unos lazos de vecindad y convivencia en calma. La proximidad geográfica y además un marco histórico-cultural similar, ha llevado a la generación de fuertes alianzas socio-económicas entre las poblaciones fronterizas, de tal manera que se ha desarrollado una integración binacional compleja. Esta relación en la última década ha mantenido una incapacidad institucional binacional para solucionar los problemas transfronterizos, pues la política de vecindad se encontraba determinada por la situación interna de cada país y la injerencia de las dinámicas continentales. La coyuntura interna de los Estados direccionó sus políticas, Ecuador estaba envuelto en una inestabilidad política, generada por continuos cambios de gobierno, lo cual hacía cambiar su posición frente a las relaciones con Colombia en cortos lapsos de tiempo, de tal forma que se desestabilizaban los proyectos conjuntos. Por otro lado Colombia dada la problemática del conflicto interno basó su agenda en el tema de la seguridad puesto que éste flagelo agudizaba los problemas socio-políticos, de tal forma que el Estado colombiano se vio enfrentado a una crisis interna que encontró una salida a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática instaurada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002,la cual trajo consigo un método de lucha basado en la seguridad con acciones dirigidas a garantizar el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, combatiendo el problema de las drogas, el crimen organizado, el terrorismo y las migraciones por desplazamiento forzoso; mediante la generación de lazos de solidaridad que unieron a la población colombiana en torno a la solución del problema. Ésta política ha trabajado en la seguridad a nivel interno y de defensa nacional, pues dada la magnitud de la amenaza se hizo necesario fortalecer el apoyo internacional con énfasis en los países fronterizos. De ahí que Colombia haya hecho un llamado a la comunidad internacional para desarrollar un trabajo coordinado que impida la implicación de redes del terrorismo internacional en las actividades de los grupos armados ilegales colombianos. La ampliación del conflicto colombiano ha afectado a Ecuador, el cual se ha visto perturbado negativamente por la lucha interna colombiana a partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

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Este trabajo está dividido en dos aspectos puntales de la migración de colombianos hacia la ciudad de Nueva York. El primero, está centrado en una reconstrucción del proceso migratorio, con la finalidad de discutir y repensar la reducción que se hace del fenómeno a lineamientos netamente económicos. Para ello, ésta atiende características puntuales tales como las condiciones de inmigración, las redes migratorias y la percepción general del fenómeno por parte de los involucrados; para proponer que aspectos como la “aventura” o “el vamos a ver qué pasa” determinan en gran medida el desplazamiento de colombianos hacia el exterior. Mientras que el segundo, está enfocado en analizar el proceso subsiguiente de integración que vivencian los inmigrantes una vez entran en contacto con los universos culturales de la sociedad huésped. Para reconstruir este aspecto, en él se siguen los planteamientos del ciclo de relaciones raciales y de interacción y violencia simbólica, que permiten realizar una discusión pertinente del fenómeno en el contexto emigratorio colombiano. Este documento está basado en tres aspectos metodológicos complementarios: La reconstrucción y análisis de relatos de vida, una corta inmersión etnográfica y observación participante. Merced de ello, en él se replantean algunos factores analizados levemente en investigaciones previas sobre el caso y, además, se abren las puertas para tratamientos más profundos sobre esta población en el futuro. Palabras claves: Migración, redes migratorias, integración, reapropiación identitaria y mezcla cultural.

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Este trabajo está estructurado de manera deductiva, partiendo de una descripción general de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia, para lograr establecer la forma en que interviene el juez constitucional de tutela en su desarrollo. Para estos efectos, se procede posteriormente al estudio del caso particular de la política de Derechos Humanos respecto de la población desplazada, en aras de determinar la influencia de la sentencia T-025 de 2004 en la política objeto de estudio. De este modo, el presente trabajo pondrá en evidencia la dinámica de movilización judicial del juez constitucional de tutela en lo concerniente a los procesos de fijación de la agenda y las políticas públicas.

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La historia colombiana ha estado profundamente marcada por la existencia de un conflicto armado interno y por la intensificación del mismo en diferentes regiones del país, de acuerdo con los planteamientos de Fisas se puede hablar de su existencia cuando hay oposición consciente entre actores, grupos armados y el Estado, en el caso colombiano, los cuales persiguen objetivos incompatibles, conduciendo a enfrentamientos. Esta afirmación se hace visible a nivel regional, donde los Grupos al Margen de la Ley (GAML), se enfrentan constantemente con la fuerza pública, con el fin de lograr el dominio de algunos municipios y capitales de Colombia. Como consecuencia de estos enfrentamientos armados surge el incremento de desplazamientos forzados, masacres, homicidios, situación que terminó siendo el detonante de la agudización del conflicto armado interno, el cual en los últimos años ha aumentado su intensidad convirtiéndose en uno de los principales problemas del Estado. Tal es el caso de la situación que humanitaria en el Casanare, este departamento que se caracteriza por contar con su ubicación geoestratégica, lugar que cuenta con yacimientos petroleros importantes, hecho que ha suscitado en los últimos lustros el reporte de importantes dividendos para la región, permitió el desplazamiento de toda clase de grupos insurgentes, FARC, ELN, AUC, ACC y delincuencia común, poniendo en estado de vulnerabilidad a la población civil y a todos aquellos que están al margen del conflicto. Sin embargo, gracias a una serie de factores que desembocaron en el mandato por la paz en el año 97, obligó a los candidatos presidenciales de la época a construir un proceso de paz que buscara la finalización de la confrontación interna. En este sentido el candidato presidencial y después presidente electo Andrés Pastrana Arango, incluyó en su programa de gobierno, una serie de estrategias encaminadas a lograr la paz en todo el territorio nacional, y de hecho tuvo un efecto positivo dado que el siguiente gobierno continuó con esta labor encaminada a buscar el restablecimiento del orden público en esta región.

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El presente documento es una comparación de dos iglesias cristianas no católicas presentes en la ciudad de Bogotá. Tras hacer un corto recuento histórico del campo religioso colombiano reciente y describir las practicas de estas dos comunidades religiosas, se realiza la comparación de las mismas haciendo especial énfasis en sus propuestas ético civiles y la relación que cada una de estas tiene con los campos económico, político, mediático y educativo.

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El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido y sigue siendo uno de los temas más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Colombia se encuentra hoy entre los países del mundo con más número de desplazamientos forzados, lo cual implica una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por tal razón, el fenómeno de desplazamiento en Colombia no solo ha sido tema de preocupación a nivel interno, sino que ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien desde los últimos años ha contribuido con el Gobierno para hacer frente a la problemática. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo busca hacer una aproximación a lo que ha sido la ayuda internacional frente al tema del desplazamiento forzado en Colombia, mediante el análisis de la Cooperación Internacional entre Organismos Internacionales y el Gobierno colombiano, específicamente en materia de protección y asistencia de la población desplazada por la violencia. Se hará especial énfasis en el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) junto con el de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que se deriva en la Unidad Técnica Conjunta (UTEC).

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En 1973 se establece una asociación internacional entre Liberia y Sierra Leona llamada Mano River Union (MRU) con el objetivo de establecer una integración económica subregional, a la cual Guinea se integró en 1980. Tras el final de los conflictos civiles en la región, en el 2004 se lleva a cabo la Inauguración del Foro de Paz de Mano River Union, en el cual se establecieron nuevos parámetros para el funcionamiento del grupo subregional el cual está basado en identificar las amenazas comunes y actuar en conjunto frente a ellas. Dentro de las amenazas que tienen el potencial de debilitar la seguridad de la región y así mismo, debilitar las estructuras estatales, se establecen a los problemas de gobernanza, las amenazas fronterizas y los temas de refugiados como los más importantes a tratar.

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Teniendo en cuenta que Ocaña se encuentra ubicado sobre un importante corredor estratégico para el tráfico, procesamiento y comercialización de drogas que ha favorecido la presencia de actores armados ilegales, y que es actualmente el segundo municipio receptor de población desplazada en Norte de Santander, manteniendo cifras de expulsión relevantes; el análisis de la cooperación técnica para el desarrollo en materia de estabilización socioeconómica en éste municipio es pertinente y constructivo, en tanto su población se constituye como un importante beneficiario de la cooperación internacional y puede convertirse en ejemplo a seguir, dadas las condiciones particulares de la región. Por lo tanto, teniendo como base la cooperación técnica para el desarrollo entre Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), a partir del año 2002 hasta el 2008 en materia de desplazamiento, el presente estudio busca responder ¿En qué medida responden los esfuerzos de la Cooperación Internacional en Ocaña a los objetivos del programa de Atención a la Población Desplazada de Acción Social y más específicamente a la estabilización socioeconómica de la misma?

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Han pasado ya más de diez años en los cuales, la otrora República de Venezuela, vive un clima de “Revolución Bolivariana” y que al mando de Hugo Rafael Chávez Frías, se vió soportada en sus cimientos por el apoyo y simpatía de millones de personas en el ámbito doméstico, regional e internacional. Sin embargo, y en el transcurso de su gestión, las amplias atribuciones que se ha tomado el poder ejecutivo sobre los demás poderes de la república han provocado arbitrariedades atentando en contra de Derechos Civiles y Políticos. Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la oposición venezolana y algunos sectores que la conforman, en la lucha contra la violación de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Cuál ha sido el rol de los estudiantes de la educación superior venezolana? ¿Tienen estos estudiantes algún tipo de coalición transnacional fuera del país que les acompañe?

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Este reportaje es una mirada al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia a partir de las historias de Francy Johana Conde, Luis Guillermo Pinilla y Jesús Muñoz; tres campesinos que al ser desterrados de sus tierras buscaron una salida en el programa del Gobierno Nacional “Proyectos Productivos” apoyado también por algunas organizaciones privadas. Existen desplazados que salen adelante con sus proyectos, otros desaparecen con el dinero o prefieren invertirlo en ropa y comida. Según expertos, hace falta un mayor acompañamiento por parte del Gobierno Nacional.

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Este estudio de caso analizará la movilización de la Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja, Colombia, durante el periodo 2000-2009. Tal Organización cuenta estrategias enfocadas en la garantía del respeto de los derechos humanos y especialmente los derechos de la mujer. Con el transcurso de los años la OFP ha evolucionado y ha logrado implementar nuevas prácticas para alcanzar sus metas. La gran pregunta es si, efectivamente, actúan bajo los principios y estrategias de la acción política noviolenta y, además, si es que han logrado algún impacto importante con su movilización.