192 resultados para DESARROLLO SOSTENIBLE - COLOMBIA


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El presente artículo de investigación aborda el rol de gobernanza global que ha venido ejerciendo con mayor fuerza las organizaciones internacionales, como la UNESCO, el BM y en especial la OCDE, en el modelo de desarrollo de los países de América Latina a través de las orientaciones que se dan para las políticas y la agenda educativa en la región. Es decir, se trata de examinar hasta qué punto esas orientaciones han permeado las líneas de desarrollo y de educación. Por consiguiente, el texto recoge algunos compromisos establecidos por dichas agendas y propone un modelo alternativo al desarrollo, que dé cuenta de nuestro contexto sociocultural y pueda construir espacios de reflexión para llenar los vacíos en la formación de la educación del individuo que generen un progreso colectivo y que se adapte a la realidad local.

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Introducción: La implicación social dentro de la problemática ambiental, establece una relación causal entre hábitos e impacto ambiental; aspectos del comportamiento humano tales como la conveniencia, familiaridad, presión social y actitud, nos permiten realizar un acercamiento acerca de la decisión de reciclar o no en un hogar. Objetivo: identificar los factores ambientales asociados con el manejo de residuos domésticos entre los miembros de una comunidad residencial en la ciudad de Bogotá. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal realizado a 200 personas de una comunidad residencial. La evaluación de la conducta pro-ambiental se llevó a cabo por medio de la utilización de la Escala del Comportamiento Pro-ambiental desarrollada por Corral-Verdugo unida a la escala de Reciclaje de Sidique. Para el tratamiento estadístico se empleó el análisis de regresión lineal múltiple. Resultados: La mayoría de los encuestados fueron hombres (55%), con una mediana de edad de 37,5 años. Más de la mitad tenía por lo menos formación en pregrado (53%), el 55,5% contaban con un empleo al momento de la entrevista, cerca del 50% de las personas refirieron tener casa propia y la mediana del tamaño de las mismas fue de 80 m2. De los aspectos sociodemográficos, el tipo de vivienda, sexo y edad, estuvieron relacionados con los factores ambientales pro reciclaje. Mientras que las conductas proambientales relacionadas fueron: altruismo, frugalidad, conducta ecológica general, indignación y aprecio por la naturaleza. Conclusiones: Las conductas proambientales Altruismo, Frugalidad, Conducta Ecológica, Indignación y Aprecio por lo natural, están relacionadas con la intención de reciclar. Para futuras investigaciones es necesario constatar la realización del comportamiento proambiental, para aseverar de manera irrebatible que las dimensiones analizadas pueden soportar una acción real y no un auto reporte de una conducta.

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Tanto en asuntos económicos como en los que tienen que ver con los aspectos sociales y ambientales, la política del respectivo gobierno debe quedar consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual comprende una parte de inversiones públicas, contentivo de los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Este libro estructura a partir de un estudio de caso que contrasta la ejecución presupuestal de los planes de desarrollo formulados por las administraciones de Bogotá entre 1995 y 2004 con los resultados sociales obtenidos en su implementación, medidos por indicadores de aceptación universal. A partir de las conclusiones de ese cotejo se pueden establecer inferencias sobre la utilidad de la herramienta de planeación como mecanismo para contribuir a consolidar los valores propios del Estado Social de Derecho en materia de aumento de la calidad de vida de los habitantes, reducción de las desigualdades sociales y mejoramiento de la redistribución de la riqueza. Este libro está dirigido, además de autoridades y funcionarios nacionales y territoriales, a los interesados en conocer a fondo los temas de presupuesto y planeación de Bogotá.

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La provincia del Guavio, iniciará en el año 2010 el camino hacia el desarrollo sostenible, con acciones por desarrollar y que serán de gran responsabilidad para las instituciones que conforman la Alianza por el desarrollo del Guavio. La recuperación de las condiciones sociales y económicas de población son el inicio fundamental para lograr los propósitos de una provincia competitiva en el año 2020, esto se logrará a través de la realización de programas y proyectos orientados a crear y en otras instancias, a recuperar los niveles de atractividad de la inversión para la provincia. Los proyectos para el rescate de estas condiciones, contribuyen a la generación de escenarios atractivos para la inversión interna y externa, aspectos específicos tales como tasas de interés, incentivos de inversión, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura vial, servicios de nuevas tecnologías, mayor presencia de entidades financieras, capacitación del capital humano, inversión y gestión en proyectos de desarrollo económico local, son entre otros, elementos importantes en los cuales la provincia deberá trabajar de manera contundente en los primeros años del proceso de construcción de esta visión.

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Las teorías en desarrollo rural en el país no han sido abordadas adecuadamente para solventar los problemas estructurales del campo y los modelos de apertura económica y de agroexportaciones no han cumplido su propósito de mejor el nivel de vida de los habitantes, es por esto que se hace necesario a partir de un análisis del contexto actual del campo colombiano replantear las políticas públicas encaminadas a este fin. El análisis se realiza a partir de las políticas públicas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la luz del concepto de Nueva Ruralidad.

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El plan exportador represento para Laboratorios ESKO una oportunidad de capacitación, orientación y acompañamiento profesional en el acercamiento a mercados internacionales, con expertos en todas las áreas funcionales. De acuerdo con la metodología y el plan de trabajo propuesto por el CIDEM, se desarrollaron cinco etapas, todas estas con miras a potenciar la capacidad de exportación sostenible de la compañía. Un paso preliminar al proceso, fue el análisis del portafolio de productos de la empresa y la identificación del producto más competitivo y adecuado para la exportación, con el fin de trabajar en torno a este producto para las diferentes fases del proceso. Para esta ocasión el producto seleccionado fue el kit de limpieza facial.

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La presente monografía hace un análisis sobre la Gestión Social de ECOPETROL, es decir sobre las acciones voluntarias que desarrolla la Empresa petrolera para generar procesos de desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de su área de influencia, en asocio con autoridades locales y en concordancia con los planes de desarrollo municipal: generando un complejo proceso de interacción, que hasta el momento no ha sido medido ni estudiado por ninguna institución del país. En este orden de ideas, el presente estudio enfatiza su esfuerzo en la solución de este problema, realizando un estudio detallado del proceso de interacción entre ECOPETROL y el municipio de Barrancabermeja: identificando los indicadores de gestión pública del municipio y de la gestión social de ECOPETROL, para así determinar el nivel de interdependencia y efectividad del municipio en la prestación de sus servicios frente al esfuerzo voluntario que realiza ECOPETROL.

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José A. Rodríguez & Cía. Ltda. es una empresa del sector de las Artes Gráficas en Bogotá que busca tener un mejoramiento constante en su productividad y eficiencia, por lo que se elaboro un modelo que genere ventajas competitivas implementando de el desarrollo sostenible

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Con el fin de atender necesidades energéticas futuras dado el encarecimiento de las fuentes tradicionales de energía, se analiza los biocombustibles como alternativa que representa beneficios energéticos a largo plazo pero afecta la seguridad alimentaria por el uso de materias primas propias de la canasta básica de alimentación de las poblaciones para tal producción.

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La búsqueda de alternativas que frenen eficazmente las consecuencias del conflicto armado en Colombia, es una labor que algunos ex mandatarios han liderado debido a los perjuicios que ocasionan no solo al núcleo familiar, sino en gran medida a la mujer. Ella es una de las víctimas de la violencia por ser líder comunitaria, por dirigir una fundación, ó por tener algún familiar vinculado a la Policía, el Ejército o a un grupo al margen de la ley. Todas estas condiciones, propias del conflicto armado, vulneran los derechos de la mujer pero, al mismo tiempo, impulsa a que ellas hagan uso de sus experiencias negativas con el fin de minimizar las problemáticas sociales y el impacto de la violencia en sus vidas. Este trabajo periodístico desarrolla cuatro reportajes mediante el uso de cuestionarios con preguntas a profundidad y es complementado con un video, con el propósito de destacar la lucha y la labor de cuatro gestoras de paz, quienes utilizan diferentes estrategias como la creación de movimientos sociales, la utilización de marchas o plantones, la divulgación de talleres sobre el perdón y reconciliación, o la construcción de un Banco del Trueque, para contrarrestar la violencia de la que son objeto. Se concluye que el papel de la mujer, como constructora de paz, no puede ser clasificado en un único objetivo, sino debe entenderse como la suma de múltiples prioridades debido a que el conflicto armado afecta de diferente manera a la mujer, a su familia, y a su comunidad. Su capacidad de liderazgo y de entrega hace que su labor sea de suma importancia pues su huella beneficia a toda la sociedad. Hay que destacar que el desafío de esta nueva gestora consiste en visibilizar su trabajo para ganar mayor reconocimiento político, promover su participación en acuerdos de paz, y minimizar las situaciones que ponen en riesgo su vida y la de sus organizaciones.

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En este trabajo se analiza el impacto en la cartera bruta del sector nanciero colombiano ante un choque en las variables macroeconómicas ó viceversa. Lo anterior se realizó a través de un modelo de correción de errores vectorial (VECM). Inicialmente, los resultados señalan que existe una relación de causalidad y de largo plazo entre la cartera neta real del sector nanciero, el Producto Interno Bruto, la DTF Real y el Índice de la Tasa de Cambio Real. Finalmente, se encontró que los impulsos respuesta de las variables mencionadas están acordes con la teoría económica y los hechos estilizados.

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El proyecto busca establecer las competencias que debe desempeñar el gestor cultural frente al reto de la cibercultura y la sociedad del conocimiento. A partir del análisis de las actividades de gestores en ejercicio y de la oferta de programas de formación se pueden elaborar nuevos significados e identificar nuevas prácticas del trabajo del gestor cultural en sus comunidades. La investigación del perfil profesional permitirá entender cómo fortalecer las redes sociales – integración social -; fomentar el reconocimiento de las diferencias – pluralismo -; promover el uso de TIC como vehículo de comunicación, proyección, formación de redes y gestión de comunidades; agenciar a los individuos y comunidades para una apropiación eficiente de sus saberes y tradiciones, de sus deberes y derechos como ciudadanos. Si la gestión cultural está íntimamente ligada a la construcción de nuevos sentidos de identidad, creatividad y participación democrática, entonces conocer, articular y fortalecer el perfil profesional de los gestores culturales coadyuvará para el logro de éstas y otras metas de la política cultural de Colombia.

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Para la Universidad del Rosario, la pertinencia del proyecto educativo se evidencia en la medida en que las acciones institucionales generen impactos positivos en el entorno social, económico y cultural y logren su transformación, en la búsqueda de una sociedad más humana y sostenible. Desde su fundación, el Rosario ha considerado a Colombia como el horizonte de sus esfuerzos y por ello ha desarrollado sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión desde los principios de ética y responsabilidad social. Entendiendo la educación como un servicio público, resulta claro que las instituciones educativas adquieren frente a la sociedad una responsabilidad inmensa e ineludible, pues de ellas depende en gran parte la construcción o modelamiento de sus miembros. Así, aunque cualquier sociedad se construye a partir de los aportes de individuos y de instituciones del más variado tipo, a las instituciones educativas les corresponde una tarea central en el proceso de socialización y creación del horizonte cultural: son las encargadas de mantener el acervo cultural y de convertirse en motores del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la sociedad y la cultura. En perspectiva del nuevo siglo, como afirma la UNESCO(...) la institución educativa se enfrenta a desafíos “relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y, en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo.” El contexto nacional presenta hoy incontables desafíos relacionados con la pobreza, la marginalidad, la desigualdad y la injusticia, que llevan al país a comprometerse con soluciones para el futuro inmediato y con soluciones de largo plazo que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, Colombia suscribió la denominada “Declaración del Mileno” con el firme compromiso de eliminar la indigencia para el año 2015 En el caso de las naciones en vía de desarrollo, como Colombia, ante la falta de capacidad del Estado para suplir todas las necesidades de la población, la sociedad civil y las instituciones deben asumir, bajo principios de solidaridad y subsidiariedad, el diseño y la ejecución de acciones de responsabilidad social que impacten en beneficio de la sociedad, emprendiendo, por un lado, acciones que inciden directamente en las comunidades y, de otra parte, a través de la realización de investigación social y científica que permita ofrecer soluciones serias, objetivas y realizables. Este compromiso, en la Universidad del Rosario, además de ser uno se sus principios misionales, toma mayor fuerza al estar reconocida como una de las 12 universidades que en el país cuentan con acreditación nacional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Así lo ha entendido esta Universidad, la cual, además de trabajar en la formación de los profesionales que el país requiere, viene desarrollando distintos proyectos de servicio comunitario apoyados en el trabajo voluntario de sus estudiantes, profesores, egresados y funcionarios.

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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.