167 resultados para Convenios de la administración pública
Resumo:
La Política de Seguridad Democrática se presentó como la alternativa para desenredar el nudo del conflicto armado y conquistar la paz en el país; particularmente, en lo relativo a la confrontación entre el Estado y las FARC-EP. La presente investigación se pregunta si, en efecto, la PSD logró desatar el nudo del conflicto.
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El documento contiene un análisis sobre la manera de controlar los contratos estatales antes y después de la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
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El desarrollo del siguiente documento, diseña un plan de intervención para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), con el fin de establecer mínimos de funcionamiento y de manejo de los aportes financieros de Hospitales y Clínicas en Cundinamarca especialmente el Hospital San Rafael de Facatativá y Hospital de Santa Bárbara de Vergara. Fue a partir del acercamiento a través de un trabajo de campo a las Instituciones mencionadas que se logró conocer y determinar las relaciones de la crisis en la salud y sus efectos tanto en las IPSs como a la sociedad atendida en el departamento. La intermediación entre los recursos del sistema, el dilema entre expansión y calidad del servicio y la legislación son las variables claves que impactan el desarrollo del sector Salud.
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Este Estudio de Caso busca analizar la cooperación en la erradicación de cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, durante la Administración de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y la primera Administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Desde esta perspectiva el trabajo se fundamenta en dos objetivos específicos: describir los antecedentes de la cooperación colombo-estadounidense en la erradicación de cultivos ilícitos; e identificar los principales acontecimientos que caracterizaron la cooperación bilateral en la erradicación de cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia durante la Administración Pastrana y la primera Administración Uribe. Estos objetivos responden a una investigación de tipo cualitativa, brindando un contexto histórico de la situación, para posteriormente, identificar los acontecimientos con respecto a la cooperación colombo-estadounidense en la erradicación de cultivos ilícitos.
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El presente trabajo realiza un análisis de los casos específicos “Colombia es pasión”; “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”; y “Juan Valdez”, con el fin de identificar los aspectos que Colombia ha intentado mejorar de su imagen internacional por medio de la diplomacia pública.
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La presente investigación reflexiona acerca de los principales problemas derivados de la aplicación del artículo 125 de la constitución política de 1991, y la implementación de la méritocracia como mecanismo para determinar el ingreso a los empleos de la administración pública colombiana.
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El trabajo plantea una plataforma conceptual para comprender el fenómeno de la opinión pública en las sociedades. La idea se ilustra con base en las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia y la Revista Semana.
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La política pública Distrital de Discapacidad constituye un gran avance en el proceso de permitir el acceso de las personas discapacitadas a una mejor calidad de vida y la inclusión social, se construyó con la participación de la población en situación de discapacidad, sus familias, organizaciones y entidades relacionadas con el tema en la capital, basada en el enfoque de derechos el cual está orientado a avanzar en el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos individuales y colectivos, bajo el supuesto de que su ejercicio permite el acceso a las oportunidades y por esta vía la ampliación de las libertades, así mismo se consigue la generación de espacios de expresión de los habitantes, espacios denominados como las Dimensiones. Las dimensiones se establecen como el punto de partida para el establecimiento de las acciones llevadas a cabo en las diferentes entidades Distritales. Acciones que permiten medir los logros alcanzados desde la expedición de la política pública Distrital de discapacidad.
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Basándose en la necesidad manifiesta de la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia por controlar los costos en los que incurre por adoptar un Sistema de Gestión de Calidad, se realizó una investigación de los procesos que realiza la empresa a nivel productivo y el esquema de costos que utiliza a nivel organizacional, con el fin de proponer y concebir un modelo de administración de costos de la calidad y de la no calidad que sea conforme a lo esperado por la alta gerencia y que contribuya significativamente al control de costos.
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Generación de nuevos programas académicos que resulten adecuados para la realidad del país y se constituyan en fuentes de soluciones y desarrollos innovadores para el avance y crecimiento de la nación colombiana
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La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés) constituida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la resolución 1542 de 2004 se ha planteado dos grandes objetivos. El primero hace referencia a la reestructruración de la Fuerza Pública haitiana para el aseguramiento de un entorno seguro y estable, mientras que un segundo objetivo responde a la consolidación de un proceso democrático. La intervención de la Misión ha dejado como resultado diferentes alcances y limitaciones. Por otro lado, el estudio de la misma es de particular interés para la comunidad académica latinoamericana ya que Argentina y Brasil han estado liderando la intervención de la MINUSTAH. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente trabajo de grado se centró principalmente en analizar el papel de estos países sudamericanos, como peacekeepers o garantes de paz, en la Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
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Busca analizar cuál fue la incidencia del fracaso del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la implementación de la política pública de Seguridad Democrática en Colombia, durante el periodo comprendido de 1998 y 2006.
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El objetivo de este trabajo es caracterizar la dinámica de los recursos humanos en investigación y su producción científica al interior de las comunidades de salud pública y ciencias básicas biomédicas del país. El enfoque de este estudio articula la evaluación del comportamiento de los recursos humanos y el tránsito hacia comunidades científicas, vistos desde la teoría del capital conocimiento (Jaramillo et.al; 2006,2008), con la modelación de las carreras académicas de los investigadores (Dietz y Bozeman; 2005). En este sentido, se estiman los modelos Tobit y de Análisis Multinivel para analizar los Curriculum Vitae (CV) de 5.233 investigadores, utilizando la información suministrada por la Plataforma ScienTI-Colciencias (GrupLAC y CvLAC) actualizada a noviembre de 2007. Los resultados muestran como las carreras académicas de los investigadores en salud pública y ciencias básicas biomédicas difieren significativamente, lo cual se verá reflejado en las tasas de productividad, en la acumulación de experiencia para el desarrollo de las actividades de investigación y en consolidación y caracterización de cada comunidad científica.
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El documento de investigación número 31 de la Facultad de Administración, titulado “Reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Colombia”, presentó la investigación relacionada con los avances sobre la reglamentación y supervisión de este riesgo hasta febrero del 2006, no sin antes contextualizar al lector respecto al marco teórico, y los avances realizados en países como México y España. Esta segunda entrega se realiza debido a la pertinencia del tema y a la falta de conocimiento por parte de la academia de lo que en el presente ocurre en las empresas. Este documento de investigación, además de presentar la indagación realizada respecto a la reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Chile, Perú y Ecuador, pretende resaltar el trabajo realizado por Andrei Mosquera Torres respecto al sistema administrativo de riesgo operacional para una sociedad comisionista de bolsa. El mencionado trabajo, desarrollado por Andrei Mosquera para optar por el título como Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario, recoge su experiencia respecto a la administración del riesgo operativo (operacional) en una firma comisionista de bolsa.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
