77 resultados para REGÍMENES POLÍTICOS
Resumo:
Después de múltiples debates en el Congreso de la República de Colombia y en diferentes foros académicos y políticos, en diciembre de 1993 fue aprobada la Ley 100 de 1993 por medio de la cual se modificaron los regímenes de pensiones y de salud
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La relación entre la política y la religión ha sido un fenómeno constante en la historia de Colombia, pero gracias a la pluralización religiosa manifestada en la Constitución Política de 1991 se abrió el panorama político para la participación política de congregaciones confesionales, diferentes a la católica. En este contexto de participación pluralista surgió la presente investigación que tiene como propósito la caracterización de la relación entre la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el Movimiento Político MIRA a partir de la eficiencia electoral obtenida en las elecciones al Senado del 2006 y el 2010 en Bogotá. Dando como resultado una indiscutible relación entre la localización de una sede de la IDMJI y la concentración electoral por el MIRA en las localidades de Bogotá.
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Esta investigación diagnostica constituye un análisis acerca de la posibilidad de creación del departamento del magdalena medio y la incidencia de los factores políticos y culturales en la planeación de nuevas entidades territoriales. En este sentido, se exploran las diferentes reformas al ordenamiento territorial colombiano desde la constitución de 1886, y las intersecciones de la constituyente de 1991 en la ordenación del territorio colombiano a través de la (LOOT). Para ello, se reflexiona a través de la articulación conceptual de las dificultades del ordenamiento territorial colombiano a causa de una deficiente distribución del territorio.
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Esta investigación analiza y diagnostica la manera en que los actores sociales y políticos han incidido en la implementación de la Política Nacional de Competitividad en la Región Orinoquia durante el período 2008-2013. Se explica cómo, desde su comportamiento en espacios de participación ciudadana y enmarcados en un entorno violento, estos actores han condicionado la eficacia de dicha política; situación que se ha representado en un bajo desempeño competitivo. Para ello, desde una perspectiva sistémica de la competitividad y mediante un trabajo de campo realizado en la región, se analizan variables como la gobernanza, la participación ciudadana, el capital social y la integración regional, con el fin de identificar problemáticas y formular finalmente una serie de recomendaciones para la construcción de entornos competitivos en la región Orinoquia.
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El propósito de esta investigación es analizar los cambios que trajo consigo la llegada del Partido de la Justicia y Desarrollo al poder (AKP), en Turquía. Este partido se presentó como conservador moderado y democrático y esto le permitió llegar al poder y mantenerlo desde 2001 hasta la actualidad, pues recibió el apoyo de diversos grupos políticos. La noción general que dio el AKP a la opinión pública era que un partido conservador estaba iniciando un proceso democrático real en Turquía. Sin embargo, el líder del AKP y sus seguidores viraron, desde el 2007, hacia el islamismo. Usando la teoría del clivaje social, propuesta Stein Rokkan y Seymour Lipset, se intenta demostrar que los cambios realizados por el AKP fueron una estrategia para blindarse en el poder, pero el sistema de partidos mantuvo la lógica de los clivajes tradicionales y el clivaje islamismo-kemalismo se consolidó como el principal.
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Esta monografía pretende evaluar los efectos de la tradición exportadora minera y el TLC entre China y Chile desde las perspectivas de violencia estructural y desarrollo como libertad de Amartya Sen y Johan Galtung, respectivamente. A través del análisis de algunos procesos históricos que han configurado las actuales dinámicas mineras y comerciales en Chile, y de las libertades reales que poseían los chilenos antes y después de la entrada en vigor del acuerdo, se logra comprender la manera en la que los fenómenos estudiados logran constreñir o impulsar el desarrollo de las capacidades de los chilenos para llevar a cabo las vidas que desean.
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El neuromarketing político constituye un campo que estudia e investiga los procesos cerebrales referentes al comportamiento político y la toma de decisiones en la actividad política mediante el uso de herramientas neurocientíficas. En ese sentido, el neuromarketing político representa una oportunidad de explicar el ejercicio del poder, por medio de la utilización de técnicas y métodos alternativos cuya utilidad radica en la posibilidad de construir significados en la mente humana.
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Este estudio de caso tiene como finalidad evidenciar los intereses políticos detrás de la mediación de Burkina Faso en el Conflicto de Costa de Marfil en el año 2007. En ese orden de ideas, este trabajo de grado analiza cómo la situación interna y externa de Burkina Faso, incidió en su decisión de mediar en el conflicto marfileño. Para lograr esto, en esta investigación se recurre a los conceptos de Interés Nacional y Poder Político propios de la Teoría del Realismo Político de Relaciones Internacionales, desarrollada por Hans Morgenthau, y al concepto de Seguridad del Régimen expuesto por John Clark. Además de las fuentes teóricas mencionadas anteriormente, se emplearon artículos y publicaciones de diversa índole sobre el fenómeno a estudiar.
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El presente trabajo de grado tiene como propósito examinar la incidencia de la organización interna de los partidos políticos colombianos sobre el grado de polarización del sistema partidario, durante el periodo 2002-2014. De esta manera, sostiene que la poca disciplina interna determinó el bajo grado de polarización del sistema, facilitando la conformación de coaliciones contradictorias, efímeras e indisciplinadas en el Congreso y en el Ejecutivo a nivel nacional y local. Por ello, se exponen los principales cambios que sufrió el sistema partidario a partir de las reformas implementadas, y se analiza el comportamiento de las coaliciones de gobierno en el Congreso. Finalmente, se examina el comportamiento de la coalición de la Unidad Nacional en las elecciones locales de 2011, utilizando como marco para este trabajo algunos conceptos básicos sobre la teoría de partidos.
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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La presente investigación, tiene como objetivo analizar a partir de la segunda oleada migratoria de misiones protestantes norteamericanas hacia el centro y sur de América a finales de los 80s, la incidencia de estas en la organización interna, las estrategias para acceder al poder y el proyecto político de los partidos políticos, Partido de Acción Nacional (PAN) de México y Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de El Salvador. Esta investigación pretende determinar la influencia de estas migraciones en la construcción, consolidación o transformación de los partidos políticos anteriormente mencionados, llegando así a una notoria tendencia derechista de estos en la actualidad, partiendo de que ambos partidos como ideología política son conservadores, y cuentan con una fuerte influencia republicana, sin dejar de lado una democracia cristiana y un propósito anticomunista.
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En la búsqueda a soluciones al conflicto armado en Colombia, se han inmiscuido una serie de actores, en donde la sociedad civil ha tenido una gran importancia. El Magdalena Medio es una región en donde confluyen diferentes actores armados, además de los problemas que la rodean: pobreza, subdesarrollo. Razones por las que la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en cabeza del Padre Francisco de Roux S.J, con ayuda de la sociedad civil llevaron a cabo una Diplomacia Paralela, para obtener recursos de Cooperación Internacional de la UE y se construyera el primer Laboratorio de Paz en Colombia. Esta, se desarrolla no sólo por la innovación de las propuestas de los pobladores para poner fin al conflicto, sino también para impulsar el desarrollo de la región, demostrando la importancia de la Diplomacia Paralela desarrollada por la sociedad civil en escenarios internacionales, conocida mediante diferentes documentos, videos y artículos académicos.
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En el periodo que va desde el 2000 al 2011, el Partido Conservador Colombiano y el panorama político del país tuvo múltiples cambios desde el punto de vista organizacional, la gran mayoría de los presidentes de los Directorios Nacionales del Partido que asumieron durante este periodo, implementaron estrategias de reforma que específicamente en el caso de las mujeres, se refieren a la creación de la Organización Nacional de Mujeres, la inclusión de cuotas, la inclusión del voto privilegiado para las mujeres, la creación de la Secretaria de la Mujer, la creación de la figura de la Consulta Popular, entre otras, que se muestran hoy como grandes fortalezas en la organización. A pesar de esto, no se puede desconocer el conjunto de resistencias explícitas fundamentadas en el comportamiento tradicional de un partido que llevan a la constitución de instituciones no formales por costumbre y conveniencia y que han trascendido aún el día de hoy. Éstas se manifiestan durante el periodo de estudio con la inclusión del voto preferente, el clientelismo, la negativa a la consulta, el machismo, las divisiones internas por personalismos políticos y el machismo, las cuales en muchos casos han sido parte de la estructura tradicional del Partido Conservador y que aún persisten. Dichas estrategias serán definidas en este trabajo como contrareforma. En el marco de estas pujas entre reforma y contrareforma las mujeres del Partido se consolidaron y se empoderaron dentro de la organización, ellas se han beneficiado de las dos vertientes. Así como se fortalecieron con la reforma, con la contrareforma, muchas de las mujeres ingresaron al Partido para lograr sus grandes caudales electorales e incluso convertirse hoy en día en caciques. En este sentido, este trabajo va a permitir identificar cómo se ha apropiado el Partido Conservador Colombiano del tema de la mujer al interior de su organización interna, teniendo en cuenta los procesos de reforma y contrareforma desde el año 2000 hasta el año 2011.
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Esta investigación analiza la incidencia de los intereses políticos en la consecución formal de la ciudadanía femenina en Colombia a mediados del siglo XX, en un contexto marcado por la influencia de postulados liberales capitalistas y del discurso de modernidad. Desde una perspectiva histórica que incluye al género como variable, se presenta evidencia empírica de los principales intereses políticos masculinos como factor central en la aprobación formal del ingreso de las mujeres al espacio público y la ampliación del concepto de ciudadanía. El texto busca complementar enfoques que han privilegiado intereses electorales o movilizaciones feministas como determinantes del voto femenino, llenando así un vacío académico en la literatura de género. Sin minimizar la importancia de las luchas feministas, se concluye que diversos intereses morales, electorales, diplomáticos y económicos posibilitaron en la aprobación del voto femenino en un contexto histórico nacional e internacional particular, marcado por el influyente discurso de modernidad.
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Este trabajo de grado busca analizar el papel que juegan los principios en las fallas del Régimen Internacional de Pagos a la hora de responder a situaciones de crisis, específicamente, en la actuación del Fondo Monetario Internacional durante la crisis económica argentina de 2001. El Régimen, atado al cumplimiento de sus principios, actuó de manera tal que produjo unas fallas que terminaron exacerbando la crisis. Mediante el análisis de fuentes primarias y secundarias, y con métodos tanto cualitativos como cuantitativos se busca demostrar que efectivamente, los principios en los que se fundamentan las actuaciones de los regímenes, que son creencias, tienden a tornarse dogmáticos, por lo tanto, se hacen resistentes al cambio y no permiten a las instituciones obrar de manera que se ajuste a la realidad. Es así que los principios llegan agravar las crisis que debían solucionar, tal y como sucedió en Argentina en 2001.