262 resultados para Políticas ambientales, política ecológica, cuencas acuíferas, deforestación, sedimentación.


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Desde el segundo gobierno de George Walker Bush, estudiosos de las Relaciones Internacionales, analistas políticos, periodistas y los medios de comunicación en general, manifestaron su preocupación por el lenguaje religioso que dicho presidente usaba en sus discursos, y por la forma como las posturas religiosas del gobierno Bush estaban afectando la política exterior de los Estados Unidos. Surgieron hipótesis que indicaban una fuerte influencia evangélica en la toma de decisiones del mandatario norteamericano en los temas internacionales, sobresaliendo en estas consideraciones las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El hecho de que las ideas religiosas se mezclaran con la política y pudiesen dirigir las relaciones entre los Estados causo bastante conmoción. Especialmente en un país donde la religión y la política se creían separadas una de la otra. Una relación digna de ser analizada en la medida en que parecía estar afectando la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente; punto clave de los temas geopolíticos más críticos de hoy en día como lo son el terrorismo, el petróleo y el llamado “choque de civilizaciones”. La cooperación entre Estados Unidos e Israel y la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente fueron temas prioritarios en la agenda de la administración de George W.Bush. La cuestión clave era entonces comprobar si efectivamente dichas políticas fueron una en prioridad debido a la presión de los grupos evangélicos en el gobierno republicano de Bush hijo, o por el contrario, si la política de cooperación con Israel respondía más a una política de Estado que trasciende la coyuntura del gobierno Bush.

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De los 6.004 Km. de frontera terrestre de Colombia, 2.219 corresponden a los límites con Venezuela y 586 a los límites con Ecuador.1 Estas regiones se caracterizan por tener una amplia riqueza en recursos naturales y en especial de recursos hídricos, presentando éstos últimos fenómenos de estrés ambiental, como lo demuestran los casos analizados en el presente documento: la cuenca del río Catatumbo en la frontera colombo-venezolana, y las cuencas de los ríos Mira-Mataje, Carchi-Guáitara y San Miguel y Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas cuencas presentan dificultades tales como el deterioro de la calidad del agua y alteraciones en la oferta hídrica natural causada por la extracción inadecuada de minerales, por los malos usos que se dan a otros recursos naturales como los páramos y la cobertura boscosa, y por el aumento de la demanda del recurso hídrico. Adicionalmente, las dinámicas del conflicto armado producen efectos adversos para el medio ambiente en estas regiones debido a la presencia de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de drogas ilegales, y a la voladura de oleoductos y gasoductos, principalmente. A la problemática socio-ambiental que se desarrolla en estas cuencas compartidas, se suma la carencia de esquemas de gestión binacional de los recursos hídricos que permitan mitigar el desgaste de los recursos naturales y contribuyan a la implementación de prácticas sostenibles para su explotación y a la solución de los problemas de inseguridad ambiental que se presentan en esta zona.

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Este breve trabajo ha sido escrito para todas las personas que, como estudiosos y/o practicantes incursionan en el tema de la acción política no violenta. Es una carta de navegación que expone algunos conceptos y debates claves en el tema, al igual que importantes fuentes bibliográficas e instrumentos para la práctica política. También, de manera más implícita, se sugieren algunas preguntas para futuras investigaciones. Ésta es una síntesis y un punto de entrada en relación con un amplio tema de investigación emprendido por el autor desde hace más de siete años. Recoge parte del contacto con autoridades académicas y políticas nacionales e internacionales, y la participación (como organizador y/o ponente) en siete seminarios internacionales organizados con varias universidades e instituciones públicas en Bogotá sobre temas afines. Se destacan los contactos con Jon Elster, Roger Petersen, Stathis Kalyvas, Sthepen Holmes y Roberto Gargarella quienes han ayudado en el entendimiento de los microfundamentos de la guerra civil, el constitucionalismo, las libertades individuales y la acción colectiva. Igualmente han sido significativos los contactos con varios estudiosos y practicantes de la acción colectiva no violenta, destacando a Gene Sharp, Robert Helvey, Peter Ackerman, Jack Duvall, María Stephan, Kurt Schock, Srdja Popovic, Jenny Pearce, Antonino Drago, Jorgen Johansen, Vegar Jordanger, J. M. Muller y Mario López. Ha sido de gran importancia haber conocido las propuestas desde la economía solidaria de Muhammad Yunus y Antonio Elizalde. En el ámbito nacional han sido invaluables las discusiones con Antanas Mockus, al igual que la incursión en la práctica de la resistencia civil durante su segunda administración como Alcalde Mayor de Bogotá. Del mismo modo son valiosos los fugaces encuentros con investigadores como Jorge Hernández, Luisa Ortiz, Diana Britto, Esperanza Hernández, Oscar Mejía Q., y Nelson Molina. Este proceso de investigación queda parcialmente consignado en cinco libros colectivos de los que he sido coautor y compilador; tres publicados por la Editorial de la Universidad del Rosario que son Cante y Ortiz (2005, 2006), y Cante (2007), uno publicado por la Editorial Unibiblos de la Universidad Nacional (Cante y Mockus, 2006), y otro publicado con apoyo de la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, Cante (2006).

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Las teorías en desarrollo rural en el país no han sido abordadas adecuadamente para solventar los problemas estructurales del campo y los modelos de apertura económica y de agroexportaciones no han cumplido su propósito de mejor el nivel de vida de los habitantes, es por esto que se hace necesario a partir de un análisis del contexto actual del campo colombiano replantear las políticas públicas encaminadas a este fin. El análisis se realiza a partir de las políticas públicas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la luz del concepto de Nueva Ruralidad.

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El conflicto desatado en la República Democrática del Congo desde mediados de la década de los noventa, representa una de las crisis más profundas del continente africano debido a una compleja dinámica interna y regional. Así, las acciones de respuesta a las crisis y prevención y gestión de conflictos llevadas a cabo por la Unión Europea en la RDC representan las primeras operaciones autónomas y fuera de Europa, en un país altamente frágil que constituye una fuente de inestabilidad regional, convirtiéndolo así en un caso de investigación idoneo para examinar los exitos y desafios que se han presentado al concretar la política Europea de Seguridad y Defensa.

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En esta monografía se analizan las acciones y decisiones impulsadas por el gobierno colombiano para fomentar y fortalecer la industria cinematográfica colombiana. Primero se hará un recuento de la historia del cine colombiano desde la llegada del cinematógrafo al país, poniendo especial énfasis en los intentos de fomento a la industria cinematográfica nacional antes de la entrada en vigor de la Ley General de Cultura y la Ley del Cine, que se analizan por separado, para ver de qué manera funcionan como bases para una política pública para la cinematografía nacional, para finalizar con un inventario de la producción cinematográfica a partir de 1997 para observar el efecto de la regulación en la materia en general. El texto tiene como base estos tres objetivos principales que se desarrollan por separado en uno de los capítulos. El trabajo es de carácter descriptivo analítico por lo cual se cuenta tanto con datos estadísticos como con entrevistas, entre otros, combinando datos cuantitativos y cualitativos para generar un análisis lo más completo posible sobre el tema. Lo que se intenta mostrar con esta monografía es que con la expedición de la Ley General de Cultura (397 del 97) y de la Ley del Cine (814 de 2003) se sientan las bases para una política pública para la cinematografía nacional, ya que se crean e implementan mecanismos de fomento a la industria del cine en todas sus etapas (desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución y exhibición), que están en proceso de consolidación y generación de resultados.

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El uso y percepción de los ciudadanos respecto a el espacio público, especialmente en parques, es congruente con el discurso político del Alcalde Mayor de Bogotá durante el periodo 1997-2000 referido a ellos, en la medida en que se tome en cuenta el contexto de diversidad presente en la ciudad y su dinámica como punto de encuentro social e identitario.

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La democratización que conoce América Latina desde la década de los noventa del siglo pasado, el debilitamiento del marxismo dogmático, la terminación de la guerra fría y la presencia de nuevos actores sociales en la arena política han modificado el tradicional equilibrio de poderes en la región. Desde entonces han comenzado a desarrollarse nuevos movimientos sociales como los de derechos humanos, de grupos indígenas, de género, etc., lo que ha favorecido a las formaciones de centro izquierda. Es así como una ola de movimientos y partidos de izquierda se ha ido extendiendo por América Latina. El triunfo electoral de líderes de formaciones de izquierda en sucesivos países constituye la expresión más evidente de esta dinámica.

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Esta monografía analiza la situación de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Bogotá, sus causas socio-económicas y culturales, las políticas públicas desarrolladas en el distrito capital, y los avances y limitaciones de éstas para mitigar esta práctica.

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Los tradicionales partidos políticos colombianos —Liberal y Conservador— en sus orígenes debatieron por el rol que debía desempeñar la Iglesia Católica en el Estado, las posturas implicaban optar por un poder civil independiente o sujeto al poder religioso, éste debate sirvió para que las comunidades políticas justificaran confrontaciones civiles y reformas constitucionales. Sin embargo, adviértase que estas diferencias conceptuales entre las comunidades políticas permitieron integrar a sectores de la población en torno a los partidos políticos.

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Durante las últimas décadas, Centroamérica ha sido víctima de un fenómeno social que sin duda alguna ha generado temor al interior de las naciones. La región ha experimentado el actuar de las maras, la amenaza de agrupaciones que con el tiempo se han tornado más violentas y complejas. Las prácticas de las pandillas en estos países se han convertido en una problemática real, y la seguridad en tema central para las autoridades. Es por esto, que los gobernantes se han visto en la necesidad de intervenir por medio de la implementación de políticas públicas que de alguna manera atenúen el difícil reto que hoy afrontan. Sin embargo, algunas de las medidas adoptadas han estado determinadas por la contención y el uso de la fuerza, instaurando de cierto modo una cultura política autoritaria.

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La Política (public policy) de Educación Media Articulada con la Educación Superior en Bogotá , implementada durante las alcaldías de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, apunta a disminuir la falta de oportunidades en el acceso a la educación superior de los bachilleres bogotanos, a través de la transformación de los colegios a nivel pedagógico, administrativo, físico y organizacional para que los estudiantes de décimo y once cursen créditos de educación superior en los colegios a la par que terminan su educación media. No obstante los objetivos loables de la política, varias críticas y efectos negativos acompañaron su implementación. Este es el tema de la monografía, que pretende analizar el desarrollo de la política a la luz de los enfoques teóricos de políticas públicas (Top-down y bottom-up entre otros) en su formulación, implementación y evaluación.

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La presente investigación pretende analizar la manera como los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, en el tema específico de la lucha contra el virus del VIH/SIDA, han logrado incidir en las determinaciones de la política interna del Estado Colombiano para la lucha contra el VIH/SIDA. Este estudio resulta interesante desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, por que explica como las instituciones internacionales a partir de la creación de un régimen internacional, logran influir en el comportamiento de los Estados en temas específicos, los cuales, para este caso son las políticas públicas que ha realizado el Estado colombiano con el propósito de tratar a las personas que han contraído el virus en el país Las instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), han permitido el establecimiento de relaciones de cooperación entre los Estados, en la medida que se han configurado como espacios multilaterales de dialogo cuyo propósito es dar solución a problemas comunes que afectan y ponen en riesgo al sistema internacional. En dicho proceso de diálogo y negociación multilateral, se ha consolidado la creación de un régimen internacional, a partir del cual, los Estados participantes pueden llegar a acogerse voluntariamente influyendo dicha decisión en la elaboración de sus políticas internas.

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Las relaciones entre Colombia y Ecuador se han mantenido en una dinámica histórica de cooperación y conflicto donde se ha buscado mantener unos lazos de vecindad y convivencia en calma. La proximidad geográfica y además un marco histórico-cultural similar, ha llevado a la generación de fuertes alianzas socio-económicas entre las poblaciones fronterizas, de tal manera que se ha desarrollado una integración binacional compleja. Esta relación en la última década ha mantenido una incapacidad institucional binacional para solucionar los problemas transfronterizos, pues la política de vecindad se encontraba determinada por la situación interna de cada país y la injerencia de las dinámicas continentales. La coyuntura interna de los Estados direccionó sus políticas, Ecuador estaba envuelto en una inestabilidad política, generada por continuos cambios de gobierno, lo cual hacía cambiar su posición frente a las relaciones con Colombia en cortos lapsos de tiempo, de tal forma que se desestabilizaban los proyectos conjuntos. Por otro lado Colombia dada la problemática del conflicto interno basó su agenda en el tema de la seguridad puesto que éste flagelo agudizaba los problemas socio-políticos, de tal forma que el Estado colombiano se vio enfrentado a una crisis interna que encontró una salida a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática instaurada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002,la cual trajo consigo un método de lucha basado en la seguridad con acciones dirigidas a garantizar el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, combatiendo el problema de las drogas, el crimen organizado, el terrorismo y las migraciones por desplazamiento forzoso; mediante la generación de lazos de solidaridad que unieron a la población colombiana en torno a la solución del problema. Ésta política ha trabajado en la seguridad a nivel interno y de defensa nacional, pues dada la magnitud de la amenaza se hizo necesario fortalecer el apoyo internacional con énfasis en los países fronterizos. De ahí que Colombia haya hecho un llamado a la comunidad internacional para desarrollar un trabajo coordinado que impida la implicación de redes del terrorismo internacional en las actividades de los grupos armados ilegales colombianos. La ampliación del conflicto colombiano ha afectado a Ecuador, el cual se ha visto perturbado negativamente por la lucha interna colombiana a partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

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El mal manejo del medio ambiente y el mal aprovechamiento de los recursos naturales en la década de los sesenta, hizo que se pusiera sobre la mesa la discusión del tema ambiental tanto en ámbitos académicos como institucionales. Después de la puja conceptual y normativa, la Constitución de 1991 permite que las entidades territoriales formulen sus propias políticas públicas con el fin de descentralizar las acciones institucionales. Esta monografía analiza el proceso de consolidación de la política pública ambiental teniendo en cuenta las variaciones que ésta tuvo en cada uno de los periodos gubernativos que tuvieron lugar entre 1990 y 2006.