107 resultados para Objeción de la ignorancia pública


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Desde los años setenta diferentes entidades de la administración pública han planteado intervenciones sobre el espacio natural denominado Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con la intención de preservarlo frente a las alteraciones de las que venía siendo objeto históricamente. Sin embargo, todas estas  intervenciones fueron infructuosas debido a que nunca se integró la visión urbana de este problema ambiental. Las nuevas propuestas de política pública, reproducen dicha tendencia, llevando irrefrenablemente al fracaso de la política pública y a perpetuar las tendencias del mercado inmobiliario. 

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En los últimos 15 años las tendencias de inestabilidad social y política en la metrópoli de México en materia de seguridad pública, se localizan, principalmente, en la aparente falta de viabilidad política de la coordinación intergubernamental. Igualmente, se caracterizan por un desfase institucional frente al crecimiento de la violencia urbana, además de la “sofisticación” de las acciones del crimen organizado. Esta perspectiva contradice un conjunto de acciones “localistas”, que han sido implementadas por los sucesivos gobiernos de la ciudad.A partir del análisis de tendencias recientes de la inseguridad en la metrópoli, desde una perspectiva crítica de la historia de las acciones institucionales en la materia y, a partir de dos estudios de caso, buscamos definir la gobernabilidad metropolitana en la Ciudad de México a través del prisma de la seguridad pública. Concluimos que este campo, el cual tiene un indudable peso en la opinión pública, constituye un excelente laboratorio de legitimación política y, por ende, en las perspectivas de futuro de la metrópoli de México.-----The trend towards social and political instability in Mexico City over the past 15 years, particularly in terms of public insecurity, can be attributed to what we identify as a lack of political feasibility in the coordination between government agencies at local and state levels. At the same time, these tendencies are characterized by institutions failing to keep up with an increment in urban violence, as well as with the increasingly sophisticated techniques used by organized crime. It would seem that localized policies promoted by the governments of metropolitan Mexico City are misguided in their efforts to combat crime.An analysis of recent trends of insecurity in Mexico City is conducted with a critical appraisal of the history of institutional policies implemented to counter those trends. Two case studies within the metropolitan area of Mexico City are examined, in an attempt to evaluate the role of government agencies and explore the significance of metropolitan governance. Conclusions highlight that public security policy is a fertile ground to improve on the quality of life of metropolitan dwellers, considering the relevance of the “insecurity problem” in public opinion. Furthermore, we argue, it is a means for local governments to achieve the elusive political legitimacy they need.-----La tendance à l’ingouvernabilité dans la métropole de Mexico au cours des quinze dernières années, en particulier dans le domaine de la sécurité publique, est due en grande partie au manque de viabilité politique de la coordination entre les différents acteurs publics concernés. Cette tendance se caractérise par un décalage entre l’action institutionnelle: d’une part l’augmentation de la violence urbaine, d’autre part la “sophistication” des modes opératoires du crime organisé. Cette perspective contredit un ensemble d’actions à caractère résolument local des propres décideurs publics de Mexico.À partir d’une analyse des tendances récentes de l’insécurité dans la métropole, dans une perspective critique de l’histoire des actions institutionnelles dans ce secteur et de deux études de cas, on cherche dans cet article à définir un “modèle en cours” de la gouvernabilité métropolitaine à partir de la sécurité à Mexico. On conclut que dans le champ de l’action publique, le thème de la sécurité urbaine constitue un excellent terrain d’expérimentation et de légitimation politique des acteurs politiques, et ouvre donc de nouvelles perspectives pour l’agglomération de Mexico.

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RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

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Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado, a través de la gobernanza, trabaja en conjunto con otros actores en el cumplimiento de la Política Pública Nacional de Primera Infancia (PPNPI) para mejorar el bienestar de los niños menores de seis años. Hoy cada vez más empresas, al asumir su responsabilidad social empresarial, se interesan en el tema. A través de la Fundación Éxito, los almacenes Éxito promueven la nutrición de la primera infancia por medio de sus diferentes programas enfocados en nutrición. Entre estos se encuentra el Programa de gestantes y lactantes, el cual se evalúa aquí según las metas del objetivo específico de la PPNPI: promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos, desde la gestación hasta los seis años.

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En esta monografía identifico los cambios en las condiciones de trabajo, salud y participación política de las mujeres indígenas, del estado de Chiapas de 1992 a 1998, cuestionando si el EZLN con su aparición pública en 1994 fue precursor de dichos cambios.

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Es indiscutible que en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 se plantea una fórmula nueva en el constitucionalismo al introducir el concepto de democracia participativa para calificar el sistema de gobierno que nos rige

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los principios y valores constitucionales y siguiendo el debido proceso. Calidad: se refiere al derecho que tiene el educando de recibir la enseñanza adecuada para lograr los fines y propósitos de la educación; para ello ya se ha avanzado en cuanto al diseño de estándares mínimos de calidad para cada una de las asignaturas en primaria y en bachillerato; y en educación superior, se va en camino de asegurar la calidad a través de la acreditación de cada uno de los programas profesionales que ofrecen las instituciones de educación superior, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, lo mismo que con la acreditación institucional de cada Universidad. c) Obligación (también derecho) de definir los contenidos del currículos escolares: en este preciso caso es donde mejor se revela el Estado como docente. d) Obligación de vigilancia y control: con ello se busca asegurar que la prestación del servicio de educación, ya prestado por el mismo Estado o ya por los particulares, se haga en las condiciones y con los requisitos que exige la prestación de todo servicio público.

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Poco a poco y con el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del conglomerado social como algo más que islas humanas, se empieza a pensar cómo se racionaliza el espacio de relación humana

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Se realizará una revisión Constitucional, legal y conceptual de los principios orientadores de la función pública en Colombia. Posteriormente, se tratará de mostrar la dicotomía entrelos mandatos contenidos en dicho marco normativo y su aplicación en la cotidianidadde la gestión

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La disertación teórica clásica sobre la injerencia de la opinión pública en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos estuvo enmarcada por el consenso de Almond y Lippmann, el cual arguye que la opinión pública es volátil, carente de estructura y que ejerce un impacto muy limitado en la conducción de la política externa; la opinión pública se identificó como una masa desarticulada y poco informada, y bajo el realismo político se acentuó este paradigma clásico.

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La regulación normativa debe partir del supuesto de libertad económica e iniciativa privada, de forma que el negocio bancario se desarrolle en condiciones transparentes de mercado que permitan la correcta asignación del ahorro y su democratización.

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En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos

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A pesar que el tema de la participación de la sociedad civil organizada en la gestión pública, es de gran trascendencia para el Estado y la sociedad, no ha sido objeto de gran desarrollo doctrinario; pues, en primer lugar, los factores que estructuran este tipo de participación, es decir, el sistema de democracia participativa, la noción de gestión pública, la creciente proliferación de las organizaciones sin ánimo de lucro y su papel cada vez más relevante en el escenario de la vida pública, han comenzado a tener incidencia hasta hace relativamente poco, y en segundo lugar, en que su estudio tiene cierta complejidad y amplitud.

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El Estatuto General de Contratación colombiano (Ley 80 de 1993 y normas que lo aclaran, complementan y desarrollan), como desarrollo de los artículos 4 y 209 de la Constitución Política y como ejemplo de la implantación de nuevas maneras de entender el derecho administrativo, habilita a las entidades estatales sujetas al estatuto general de contratación, en aras de alcanzar sus fines constitucionales y legales, para acudir a contratos del derecho privado, plasmados en normas especiales y aquellos derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sin que ello se oponga al principio de legalidad, piedra angular del derecho público. No obstante esta autorización legal expresa, el uso de contratos atípicos es muy limitado.

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El interés de esta monografía es analizar el diseño y la formulación de la Política Pública de Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. En particular, se busca establecer los aciertos y los desaciertos de dicho proceso para evidenciar que si bien la Restitución de Tierras propuesta por el Gobierno fue creada con el propósito de superar las desigualdades asociadas a la tenencia de tierras en Colombia, su formulación ha sido insuficiente para responder a las demandas de las víctimas del conflicto armado. Para tal fin se utilizan los dos modelos para el análisis de políticas públicas propuestos por la Universidad de Rosario como la herramienta teórica principal que permite entender cómo se llevo a cabo la formulación de esta política pública.