Controversias constitucionales

La lucha por el control de las fuentes del derecho es una de las preocupaciones centrales de la teoría jurídica contemporánea. Esta lucha ha dividido a los juristas en dos grandes escuelas. Por una parte, están aquellos doctrinantes que consideran al imperio de la ley como el valor fundamental de un ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica, la paz social y legalidad de las decisiones judiciales serían ideales mucho más importantes para que la supremacía constitucional o la homogeneidad de la jurisprudencia. Por otra parte, están aquellos juristas que consideran a la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina constitucional como valores fundamentales de un ordenamiento jurídico legítimo.En Colombia, los fallos de la Corte Constitucional han suscitado una de las controversias más interesantes en la ya clásica discusión sobre las fuentes de derecho. En especial, el fenómeno conocido como constitucionalización del derecho ha traído consigo numerosas modificaciones, principalmente, en en el campo del derecho civil y comercial (muchas de ellas sumamente polémicas). Sin duda, este libro constituye uno de los más serios intentos por analizar críticamente los efectos de la intervención de la Corte Constitucional en el derecho colombiano.

Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

Bogotá no tiene mar pero tiene playa: el vallenato y sus intérpretes costeños en Bogotá

La Playa es un sector de la ciudad de Bogotá, donde se encuentra la oferta de músicos informales más grande de Colombia: mariachis, tríos de cuerda y grupos vallenatos. En esta investigación, se analiza la migración de músicos vallenatos provenientes del Caribe colombiano a este sector de la capital del país; se examina el trabajo de estos músicos en La Playa; y se revisa el proceso de consolidación del vallenato como música nacional.

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

Itinerario de la jurisprudencia colombiana de control constitucional como mecanismo de protección de Derechos Humanos

Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del período 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de cada corporación. Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos. La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

Música y sociedad: Traslaciones, legitimaciones e identificaciones

Este libro apunta a impulsar estudios sociomusicales y la participación en la comunidad académica internacional que trabaja estos campos. Temáticas y enfoques de los artículos muestran la multiplicidad de esta investigación sobre música y sociedad. Están investigadores de trayectoria como Carlos Miñana sobre músicas indígenas andinas e historiografía del folclor, o Adolfo González y Jorge Nieves sobre música y cultura popular en la región del Caribe. Profesores que han estado configurando sus publicaciones y líneas de investigación como Hugues Sánchez sobre historia musical en el Magdalena Grande o Beatriz Goubert sobre hibridaciones y pedagogías musicales. Michael Birenbaum en su tesis doctoral se ocupa de las intersecciones entre política y música en el Pacífico. Investigadoras que abren nuevos campos como Alejandra Isaza sobre música colonial en Medellín, Alexandra Quintana sobre discriminación de género y mujeres músicas en los festivales de gaitas y Lorena Aja sobre tensiones de la intercuturalidad de las músicas en San Andrés.

Carlos Lozano y Lozano: obra escogida

La presente obra se divide en dos secciones. La primera presenta una visión de la vida y la obra de Carlos Lozano y Lozano y en la segunda aparecen algunos de sus escritos más notables, especialmente los que muestran su visión de los terrenos del derecho y de la historia. En la primera parte se mencionan algunos datos sobre la familia de Lozano, tras lo cual se recorre sus estudios en el Colegio del Rosario; donde fue alumno, colegial y secretario. En 1925 se retira del Rosario para viajar al Perú, donde su padre Fabio Lozano Torrijos se desempeñaba como Embajador. Lozano continúa sus estudios en Italia y en Francia y vuelve a Colombia, en postrimerías de la llamada República Conservadora, para ocupar un puesto de vanguardia en las posiciones del Estado colombiano, principalmente del Parlamento, durante el primer gobierno de López Pumarejo, para desempeñar la Legalización de Colombia entre el gobierno de Francia. En el siguiente gobierno, de Eduardo Santos, ocupó el Ministerio de Justicia y la embajada de Colombia ante el gobierno del Brasil, donde alcanzó altísimos reconocimientos tanto en el terreno diplomático como en el cultural.

Historia que no cesa. La independencia de Colombia. 1780-1830

La historia de la Independencia no cesa de escribirse. Su escritura se inició en el momento mismo de los acontecimientos. El Diario Político de Santafé de Bogotá, creado apenas unos días después del 20 de julio de 1810, se ocupó, casi exclusivamente, de contar y, por supuesto, de justificar el levantamiento de los criollos y la creación de la nueva Junta de Gobierno. Y aún más importante, en el temprano año 1825, el político e intelectual José Manuel Restrepo dio a conocer su Historia de la Revolución de Colombia, obra ambiciosa y sorprendente sobre el curso de los aconteceres que habían fracturado el imperio español y dado origen a las nuevas repúblicas. Obviamente, hoy la historia de la Independencia es algo mucho más complejo que un minucioso relato de las confrontaciones militares entre patriotas y realistas.

Globalización del derecho administrativo colombiano

Esta obra contiene los resultados de la investigación adelantada por la línea de tendencias y perspectivas del derecho administrativo, del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Universidad del Rosario, auspiciada por la GTZ, con el objeto de identificar la recepción del fenómeno de la globalización del derecho administrativo en el derecho colombiano. Para ello, la investigación identificó las tendencias que caracterizan la globalización del derecho administrativo: desestatización de funciones administrativas a favor del mercado, cambio en las técnicas de intervención administrativa y adaptación de la administración pública al modelo de la gobernanza, y mediante un análisis matricial aplicado a los componentes más relevantes del Programa de Reforma de la Administración Pública, estableció el grado de su presencia o ausencia en el derecho colombiano.

Resentimiento en el paramilitarismo: análisis del discurso de Carlos Castaño Gil

La idea del resentimiento como motivación política en el paramilitarismo suele tomarse como un lugar común. Este libro se resiste a aceptar la obviedad de esta afirmación y se ocupa de responder preguntas como: ¿Qué significa sentir resentimiento, ¿Cómo se manifiesta el resentimiento en los paramilitares como actores del conflicto armado colombiano, ¿en qué medida los sentimientos como odio, rencor y venganza tienen carácter político Estas preguntas se ubican en el campo de la ética o filosofía moral. El trabajo es una discusión en torno a estas preguntas, en la cual se toman prestados conceptos de áreas como la ciencia política y la sociología. Desde allí se construye una interesante reflexión acerca de la ética y el paramilitarismo.La aplicación de los conceptos y la discusión se logro al abordar el caso concreto de Carlos Castaño Gil.

La falta de conformidad y el derecho de consumo: una puerta abierta a la aplicación del efecto atenuado del orden público internacional colombiano

Este trabajo busca encontrar una solución para aquel consumidor local que ha celebrado un contrato de compraventa internacional de mercaderías, y el bien objeto de contrato tiene un defecto que genera daño. Propone la aplicación de la falta de conformidad, a través de la figura del efecto atenuado del orden público, como una medida que sustituye la responsabilidad por producto defectuoso contenida en la ley 1480

Cédula Real de Carlos III solicitando informe sobre el estado del Colegio Mayor del Rosario

Cédula Real de Carlos III de España en respuesta a la carta de Virrey de la Nueva Granada de 15 de agosto de 1777, en la que se pide una nueva extensión de la pensión real de 500 ducados al Colegio Mayor del Rosario. El Rey pide un informe sobre el estado de las rentas, cátedras, colegiales, gastos y sueldos de los catedráticos para justificar la exención de la pensión.

La autonomía y descentralización del modelo federal venezolano. Una mutación del federalismo dual en el marco del ordenamiento latinoamericano

En la presente investigación se estudió la organización administrativa y territorial de la República Bolivariana de Venezuela, para poder identificar si se podían definir y catalogar a Venezuela como un Estado federal como manda su Constitución, o si por el contrario, podríamos estar hablando de una organización distinta llámese autonómica o unitaria, o simplemente un modelo federal diferente al dual influenciado por las diferentes formas de organización.

Accidentes con riesgo biológico en una población afiliada a una ARL, 2014, Colombia

Introducción: Existen condiciones que definen la gravedad de accidentes laborales de tipo riesgo biológico como el contacto con una fuente conocida o desconocida, tipo de exposición según el fluido de contacto, el elemento causante y el tipo de lesión que causa. Objetivo: Describir e identificar la ocurrencia de los accidentes de trabajo con riesgo biológico que tienen la población trabajadora del sector salud y afines, afiliados a una ARL reportados durante el año 2014, suministradas en una base de datos de la IPS encargada del manejo de los eventos, con el fin de destacar su impacto y métodos de prevención de los mismos a través de la ARL. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal en el que se analizaron datos secundarios procedentes de una base de datos que incluyo los eventos sobre riesgo biológico reportados a una ARL entre el 1 de febrero del 2014 y el 31 de diciembre de 2014, se reportaron 1806 accidentes de tipo riesgo biológico donde se analizaron características sociodemográficas, tipo de fluido, tipo de fuente, tipo de accidente y tipo de elemento. Resultados: Se evidencio que los auxiliares de la salud fueron el grupo con mayor accidentalidad (65%) y los técnicos (49.9%). El sitio de mayor frecuencia de ocurrencia de los accidentes fue el intrahospitalario con 89.5%. La mayor accidentalidad se relacionó con el contacto con sangre y se presentó en trabajadores con nivel universitario (89.8%), seguido por los técnicos (84.6%) y auxiliares (67.3%). Se observó una ocurrencia de accidentes entre trabajadores con nivel primaria y secundaria con un porcentaje de 95.7% y 91.6% respectivamente, quienes además tienen mayor riesgo a tener accidentes con fuentes desconocidas, mientras que los técnicos (68.5%) y los universitarios (80.1%) fueron con fuente conocida. Dentro del grupo de auxiliares se destaca accidentes con fuente desconocida con 53.4%. Debido a la manipulación de elementos cortopunzantes con las manos, los dedos fueron la parte anatómica más afectada (84.1%) con elementos de alto riesgo y específicamente con sangre (77.1%). Conclusiones: El personal del área de la salud fue el más afectado dado el contacto directo con pacientes. Las auxiliares de servicios de salud fueron las más afectadas por tener contacto directo en la manipulación de elementos cortopunzantes con fluidos de alto riesgo como la sangre, y los dedos la parte anatómica más afectada con fuente conocida.

Cuando creces, yo crezco contigo”: La configuración de áreas de protección ambiental y de subjetividades en el Humedal de Córdoba y la vereda El Verjón Bajo

La configuración de lugares como áreas de protección ambiental puede ser vista como un proceso técnico y objetivo, en el que se crean políticas públicas que definen prácticas adecuadas e inadecuadas en el lugar. Pero esta configuración es un proceso histórico y negociado. Este se construye en contante diálogo entre diferentes actores que se preocupan por definir qué es la naturaleza y el cuidado ambiental, y las percepciones que individuos que habitan en o cerca a estos lugares construyen en su diario vivir. Es así como la configuración socioambiental de lugares como áreas de protección ocurre por transformaciones en la forma de percibir un lugar, la relaciones con este y sobre todo, prácticas y relaciones que se traducen en formas de negociar nociones de naturaleza y cuidado ambiental. Esta negociación tiene grandes implicaciones en los individuos, particularmente en su subjetividad. Es decir, en hechos como la forma de nombrarlo, caminarlo, observar las especies, iniciar proyectos de agricultura orgánica, cambiar prácticas productivas, el cerramiento de zonas para proteger las fuentes de agua o zonas de vegetación. También sobre su subjetividad, la manera como se sienten frente al lugar, como juzgan sus acciones y las de otros y cómo construyen objetivos personales con respecto a la idea de cuidado ambiental.