143 resultados para ESTÁNDARES


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Con el nacimiento de la globalización y su idea de integración de naciones para crear un solo mercado, se crea la necesidad en las empresas de expandir sus productos hacia nuevas fronteras para crear así empresas multiculturales que se adapten a los cambios constantes del entorno. Es allí donde nace el concepto de Unidad Estratégica de Negocio (UEN), la cual se puede definir como una subdivisión de una empresa, es una unidad de la empresa que tiene misión y objetivos aparte que se pueden planear con independencia de los demás negocios de la empresa1 . La panela es un producto Colombiano que nace de la extracción del jugo de la caña de azúcar, se consume fría o caliente de acuerdo a la preferencia del consumidor; hoy en día Doña panela, una de las empresas productoras de panela más grande del país, ha sacado al mercado una presentación de panela instantánea en cubos y sobres de diferentes sabores. Doña panela es una empresa que cuenta con todos los estándares legales establecidos para exportar y desde hace algunos años exporta hacia países como Corea del sur, ecuador y Estados Unidos; Siendo así, y gracias a la experiencia vivida en Argentina, se establece la idea de crear una Unidad Estratégica de Negocio de Doña panela en el bello país de Argentina.

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El interés de esta investigación diagnóstica es evaluar el tema de los refugiados ambientales en las legislaciones internacionales que se encuentran en vigencia actualmente. Es un elemento de análisis pertinente debido a que durante los últimos años el cambio climático y sus efectos adversos han causado estragos en algunas poblaciones, dando origen a lo que se conoce como refugiados ambientales. Así, la falta de inclusión del concepto en la normatividad internacional, representa una problemática, en tanto que estas personas no tienen ningún tipo de apoyo por parte de la Comunidad Internacional. En este trabajo se centra en el caso de las Islas Maldivas y refleja la necesidad de crear un nuevo régimen internacional que cubra a la figura de refugiados ambientales, para así hacer frente a esta problemática internacional.

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El propósito del presente artículo es describir la operación del comité de Responsabilidad Social Empresarial en la compañía Cerro Matoso S.A en el departamento de Córdoba, Colombia. Para lograr dicho propósito se definieron indicadores agrupados en cuatro variables como lo son: Evolución del área, Plataforma Estratégica, División del trabajo y Coordinación del trabajo. Por medio de este trabajo se pretende identificar aprendizajes claves en la creación, diseño y ejecución de modelos de Responsabilidad Social Empresarial en las empresas. Los resultados muestran que la compañía no tiene un área especifica de Responsabilidad Social Empresarial sino que articula todas sus iniciativas y proyectos de manera transversal a través de toda la organización por medio de un comité que involucra todas las áreas de la compañía y la Fundación San Isidro. Todos los proyectos de Cerro Matoso S.A están enmarcados dentro de los estándares establecidos por BHP Billiton.

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El artículo analiza el fenómeno del desplazamiento forzado alrededor del mundo, así como la génesis del mandato de las Naciones Unidas para luchar contra este problema. Examina las conclusiones clave del estudio de la ONU que encontró que las normas existentes del derecho internacional tienen varios vacíos y zonas grises relativos a las necesidades de los desplazados internos. También analiza los orígenes y el contenido de los principios guía del desplazamiento interno, así como el estatus normativo de los mismos. Así mismo, sugiere que, a pesar de no ser vinculante para los Estados, estos principios guía se convirtieron en la expresión más autorizada de los estándares mínimos aplicables a los desplazados internos como consecuencia de la práctica estatal, es decir, que la mayoría de estos principios se volverán costumbre internacional. El artículo también señala la necesidad de que haya una implementación efectiva en el derecho interno de estos principios guía; examina cómo las autoridades gubernamentales, la Corte Constitucional y la sociedad civil en Colombia, así como las entidades intergubernamentales, respondieron a la crisis del desplazamiento interno en el país. Observando el marco legal colombiano en desplazamiento interno, el artículo concluye que el Estado no ha tomado las medidas necesarias requeridas para prevenir futuros desplazamientos o para asegurar una protección y asistencia efectivas para resolver las necesidades de los desplazados internos.

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El tema de este escrito es el de la dimensión normativa o jurídica de la justicia transicional en América Latina y Colombia y, más precisamente, el desafío de lograr que uno de sus componentes jurídicos, el relacionado con las reglas y estándares sobre los derechos de las víctimas fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean asumidos como obligaciones efectivas de respeto y garantía por las autoridades colombianas. La tesis estriba en que la incorporación de esas reglas y estándares de origen judicial es obligatoria para Colombia y los Estados parte en la Convención Americana, tanto en situaciones de normalidad como en el marco de procesos de transición, como el iniciado en este país con los paramilitares y hoy continuado con los guerrilleros. Adicionalmente se muestra que la asunción de esos estándares provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no parece clara, lo que permite cuestionar la consistencia del proceso y plantear el riesgo de un eventual juzgamiento posterior por cortes internacionales

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Mucho se ha discutido sobre las herramientas jurídicas con las cuales cuenta un Estado para asumir un proceso de justicia transicional. Tradicionalmente, la literatura ha estado discutiendo el contenido de los estándares de “verdad, justicia y reparación”. No obstante, se le ha dedicado muy poca atención a las fuentes normativas que pueden limitar o permitir la exoneración parcial de responsabilidad en los procesos de justicia transicional. Esta exoneración puede ser parte de una política de selección y priorización de casos, lo cual puede estar vinculado a la concesión de amnistías o indultos parciales. El objetivo de este artículo es estudiar tres marcos regulatorios del derecho internacional: 1) el derecho internacional de los derechos humanos; 2) el derecho internacional humanitario; y 3) el derecho penal internacional. Un estudio cuidadoso demuestra que ningún instrumento internacional requiere que un Estado investigue o juzgue la totalidad de los casos relacionados con el conflicto. A grandes rasgos, el derecho internacional impide que se promulguen amnistías absolutas, pero permite que el Estado seleccione y priorice casos, sin castigar la exoneración parcial de responsabilidad de un grupo de involucrados.

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El artículo presenta un análisis respecto a la problemática de la imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinarias por graves violaciones e infracciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cometidos por servidores públicos, en especial, por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En este estudio se abordará la regulación de la prescripción de la acción disciplinaria por estas graves conductas en los Regímenes Disciplinarios aplicables a la Fuerza Pública en los últimos treinta años y en el actual Código Único Disciplinario. Para esto se tendrá en cuenta las consecuencias de orden jurídico, político, social y económico, a nivel nacional e internacional, que puede ocasionar la declaratoria de prescripción, bien sea por la ineficiencia o el desinterés por parte de los agentes estatales en adelantar los respectivos procesos disciplinarios tendientes a evitar no sólo la impunidad en materia administrativa sancionadora, por la comisión de infracciones atroces, sino también ante la necesidad de preservar el buen nombre y la buena marcha de la administración, y a su vez, cumplir con los estándares internacionales trazados sobre la materia. Finalmente se propone una reforma legal extendiendo el término de prescripción de manera razonable, para preservar los derechos de las víctimas y los disciplinados y asegurar el cumplimiento eficaz de las obligaciones del Estado colombiano, para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre la materia, en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

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El presente artículo pretende identificar situaciones-tipo en las que el poder judicial ha asumido la tarea de verificar estándares jurídicos en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos. A partir del estudio de sentencias proferidas por tribunales nacionales e internacionales, se establecen cuatro posibles tipos de intervención de los jueces en este campo. Por último, se analiza la intervención judicial para garantizar la participación de grupos y movimientos sociales en el diseño y toma de decisiones relacionadas con dichas políticas. 

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The armed conflict in Colombia, which has generated over three million internally displaced persons, has dramatic humanitarian consequences and raises serious issues regarding the protection of displaced peoples’ rights. The underlying reasons for the displacement often lie in the dynamics associated with territorial control and land seizures undertaken for strategic, military or purely economic purposes. Domestic and international legal provisions have established the victims’ right to the restitution of their homes and property as the “preferred remedy” in cases of displacement. However, policies dealing with displacement, both those of the Colombian government and of several international institutions, fail to take this sufficiently into account. A comprehensive reparation policy for victims must necessarily entail the reversion of lands, territories and goods seized in Colombia under the pretext of the internal armed conflict.

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Establishing the pattern of crime is fundamental for the successful investigation ofinternational crimes (genocide, war crimes, and crimes against humanity). A patternof crime is the aggregate of multiple incidents that share common features related tothe victims, the perpetrators, and the modus operandi. Pattern evidence and analysishave been used successfully, mainly in the investigation of large-scale killings, destruction,and displacement; the use for sexual violence charges has been remarkablymore limited. There is a need to overcome this gap by setting proper methods of datacollection and analysis. At the level of evidence collection, under-reporting should beaddressed through victimization surveys or secondary analysis of data available fromdifferent sources. At the level of analysis, the available evidence needs to be subject toimpartial examination beyond the pre-conceptions of the conflict parties and advocacygroups, in compliance with scientific standards for quantitative, qualitative, andGIS (Geographic Information Systems)methods. Reviewing the different investigativeexperiences and jurisprudence will help to set the right methodology and contribute mostefficiently to putting an end to the impunity regarding sexual crimes.

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La justicia transicional debe enfrentar la negación de las atrocidades. A pesar de la sofisticación del marco de derechos humanos presente en el sistema legal colombiano, el campo de la justicia transicional en Colombia adolece de un significativo grado de indeterminación normativa, como si dicho campo aconteciera en un vacío constitucional”. Como consecuencia, ha sido objeto de uso estratégico por parte de distintos actores políticos dotados de intencionalidad en la fijación del sentido del arreglo institucional de la llamada justicia transicional. El uso estratégico gravita entre el acatamiento pleno del marco de derechos humanos o su elusión en distintos grados. La elusión niega las atrocidades. Para que el discurso de la justicia transicional en Colombia contribuya a hacer justicia por las atrocidades, debe dar viabilidad práctica a los derechos de las víctimas, no reducir esos estándares. Para ello, son necesarios dos requisitos: desde el punto de vista sustantivo, debe acatar las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación, que son parámetro de constitucionalidad, y respetar el núcleo esencial de tales derechos, sin perjuicio de la libertad de configuración legislativa y de la ponderación judicial. Desde el punto de vista procedimental, debe adoptar como metodología un enfoque contextualizado de análisis comparado que evite el trasplante acrítico de experiencias internacionales inaplicables.

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El objetivo de este estudio esdeterminar el valor mediacional de  losesquemas cognitivos y los estilos de crianza reportados por los cuidadores  en la relación a las prácticas de crianza ylos problemas de comportamiento infantil. Participaron 184 cuidadores (madres,padres y otros familiares)  de niñosreferidos por instituciones educativas con problemas de comportamiento. Seaplicaron  los instrumentos: Inventariode comportamiento infantil (Eyberg & Ross, 1978), Inventario de Prácticasde Crianza (López, 2011), Cuestionario de Autoridad Parental (Varela, Vernberg,Sánchez-Sosa, Riveros, Mitchell, & Mashunkashey, 2004) y Cuestionario deEsquemas Cognitivos-Forma reducida (Young & Brown, 1994).  Los resultados apoyan un modelo según el cualel esquema cognitivo disfuncional, Estándares Inflexibles 1, actuaría como mediador entre las  Prácticas de Crianza (Castigo e InteracciónSocial)  y la Frecuencia de problemas decomportamiento.

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En las últimas décadas el mundo del trabajo ha sufrido grandes transformaciones como resultado de la incorporación de una fuerza laboral caracterizada por la diversidad. Bajo esta perspectiva la vinculación de la mujer al ámbito laboral se ha dado a pasos agigantados, aunque en condiciones de inequidad. Uno de los modelos de responsabilidad social empresarial (RSE) acoge entre sus tópicos el respeto por los derechos humanos y el cuidado de los estándares de trabajo; en ese marco, la igualdad de oportunidades tiene un lugar privilegiado. Pese a que la adopción de principios de la RSE concebidos desde el Global Compact se considera no vinculante, se fundamenta en acuerdos, recomendaciones, convenciones, tratados y leyes que pretenden garantizar la igualdad de oportunidades en el contexto del trabajo. El presente artículo pretende realizar un análisis del modelo de RSE y aportar algunos elementos que le permitan trascender su carácter altruista.

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La operación de mega minería que abarca CERREJON se desarrolla bajo lo más altos estándares de seguridad y calidad, con el compromiso de entregar al mercado un excelente producto y evitando el deterioro del entorno. Uno de los puntos más fuertes de la compañía se haya en la integración de los procesos productivos entre la mina de carbón, el ferrocarril y el puerto, logrando que la operación sea eficiente y que garantice niveles altos de óptimos resultados y que los porcentajes de falla no existan o cada vez sean menores en el proceso de explotación y transporte del carbón de Colombia hacia el mundo. El departamento de MATERIALES es el punto de origen para garantizar que se desarrolle la operación, dado que el departamento tiene la gran labor de adquirir y entregar los bienes y servicios requeridos por la Compañía al más bajo costo total evaluado, en el menor tiempo posible y bajo el marco de la legislación Colombiana en el proceso de nacionalización, con un alto énfasis en el desarrollo de relaciones fuertes y sinérgicas entre todos los eslabones de la cadena. Todo el proceso del departamento se enmarca dentro de un ciclo que debe encaminarse a ser cada vez más efectivo y eficiente; de allí que se busquen opciones de mejoramiento para afinar los procesos. Para que sea posible y factible manejar una mega operación como esta se requiere afinar al máximo la red que se establece en su cadena de abastecimiento, buscando lograr un flujo de producto, información y fondos que garanticen disponibilidad del producto, para así generar una rentabilidad alta a la compañía, y controlar los costos por la operación. Dado que la cadena de suministro es susceptible a mejoras, gracias a la interacción con los proveedores, colaboradores y clientes; se pretende sacar el mejor provecho de esto, a través del análisis de la cadena actual de CERREJON; presentando una opción de mejora en uno de los eslabones del proceso productivo, esta opción ha sido contemplada desde años anteriores, pero en esta ocasión gracias a la integración de afinamientos en los sistemas de información, y la participación activa de los proveedores, se encuentra una opción viable de la eliminación de un reproceso, que garantiza eficiencia y efectividad en la agilización del ciclo de producción en CERREJON. A través de la ejecución del proyecto de reforma del conteo, se presenta la oportunidad de mejoramiento en la cadena del departamento; el proceso de reconteo en la mina, realizado posteriormente al conteo inicial en Puerto Bolívar, de los materiales que llegan importados vía marítima. El proceso de afinamiento del recibo documental en el consolidador de carga y los mayores proveedores de entrega directa (HITACHI y MCA) al transportador, genera la opción del uso de terminales portátiles, que de la mano con los ajustes documentales, permitirán que la carga sea contada y separada por localización, para enviarla vía tren a LMN, reduciendo tiempo de entrega al cliente final, los costos de remanejo al volver a contar, y los costos asociados a las entregas no oportunas de devolución de contenedores.

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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.