442 resultados para Derecho de familia -- Colombia


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La multitud como concepto político durante el bogotazo ha sido relegada a una turba o a un pueblo de carácter vengativo. No como la liberación de una conciencia política de un proceso previamente abordado durante la Bogotá de los años 20’s y la República liberal. Este trabajo pretende describir cual fue la conciencia y el cómo existió una multitud como concepto político en la práctica, diferenciándose de una masa o un pueblo conceptos tradicionalmente asociados a este hecho.

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La presente investigación pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto que ha tenido la comunicación entre los actores de las políticas públicas regulatorias colombianas en materia de control del ejercicio profesional de la Abogacía, sobre la relación entre el Ciudadano Regulado (PROFESIONAL) y autoridad pública que ejerce la regulación (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA) durante el periodo 1991 -2009?. Para tal efecto, se ha realizado un análisis de tres áreas de conocimiento; la Ciencia Política, la Comunicación y el Derecho, encontrando que si bien es cierto que existe una relación entre cada una de estas ciencias, no se encuentran trabajos que apliquen las tres áreas del conocimiento a la Política Pública de Regulación. Se ha comparado la Política Pública Regulatoria del Ejercicio Profesional de la Abogacía, con las regulaciones de otras profesiones, como la Medicina, la Contaduría, la Administración de Empresas, entre otras, detectando diferencias y semejanzas entre cada profesión, y concluyendo que los actores de la política evaluada atienden a características específicas determinadas por el Constitución y la ley. La investigación se basa en un análisis documental y de aplicación de la teoría de la Comunicación desde los planteamientos de J. Austin permitiendo la evaluación de casos específicos en la Política Pública de Regulación del ejercicio Profesional, a la luz de un modelo que permite observar la importancia de los actores, los procesos y la voluntad. Cada caso analizado atiende a un evento comunicativo en tres momentos de la Política Pública: Formulación, Implementación y Evaluación; encontrando que el Modelo aplicado permite evidenciar las falencias en los casos en que los eventos comunicativos son “infortunados”. La implementación de las Políticas Públicas Regulatorias se encuentra relacionada con la participación de los Ciudadanos Regulados en su creación, y con la percepción lógica de las obligaciones fijadas en la norma. De lo contrario se deberá recurrir al uso de la fuerza para el cumplimiento de la regulación.

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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales

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La cada vez más creciente posibilidad de reinserción a la sociedad, por parte de miembros de los grupos alzados en armas, pone de presente la importancia de dejar claro qué se puede negociar y qué no. Por lo anterior, es fundamental determinar los parámetros mínimos para que un proceso de este tipo no redunde en impunidad. El objetivo del presente trabajo, es establecer esos parámetros mínimos de negociación, desde una perspectiva internacional o, más exactamente, desde el enfoque regional del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, esto implica revisar cuidadosamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Las nuevas generaciones colombianas vemos con gran preocupación los cambios realizados en la última década al Sistema General de Seguridad Social, en materia de pensiones y como en el mercado laboral es más difícil adquirir a futuro una pensión digna acorde con las necesidades de la persona. Es preocupante como a través de pequeñas reformas al Sistema General de Seguridad Social, se hace más gravosa la situación del empleado. Dentro de los temas más inquietantes se encuentran mayor edad para adquirir la pensión, más semanas de cotización y menos subsidios. Adicional a estos esta la falta de empleo y por ende la disminución salarial que no permite acceder a una pensión digna, porque quienes tienen acceso a la vida laboral se encuentran con salarios muy bajos que generan gran dificultad al momento de mejorar las rentas pensionales. Según estudios realizados en la Universidad del Rosario: “El Sistema de Seguridad Social en Colombia ha sufrido grandes cambios en los últimos diez años. Una de las razones se debe al crecimiento demográfico. Según las estadísticas del DANE, las personas de 60 años fueron el grupo de mayor crecimiento en el año 2.000 y representan el 7 por ciento de la población total del país, por tanto son las pensiones de estas personas las que los jóvenes trabajadores están subsidiando.”1 Por tanto, el desafió que tenemos los jóvenes es asegurar nuestro futuro desde ahora, tomando parte en las decisiones que puedan menoscabar nuestros derechos. En materia económica es indispensable un crecimiento de productividad que permita aumentar los salarios reales y así mejorar los aportes para formar la pensión, mejorar la mesada de retiro e incrementar los niveles de cobertura.

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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.

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El presente contiene un esfuerzo por demostrar que la existencia de una Historia Clínica Digital por el Gremio de la salud como referencia de la calidad, honorabilidad, honestidad, facilidad, y seguridad, puede acarrear grandes problemas jurídicos en los múltiples casos presentados de falla médica, debido a las graves dificultades que esta presenta, además de las claras violaciones a los derechos fundamentales de los pacientes.

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Con la Constitución Política de 1991, se introdujo en el sistema jurídico colombiano un nuevo paradigma de interpretación a partir del cual la Constitución, como norma de normas, fija los límites para que el sistema normativo estructure las directrices que rigen la organización de nuestro país. Ante este inevitable fenómeno jurídico, nuestro sistema tributario no fue ajeno y fue el Artículo 338 de la Carta Política el encargado de sentar las bases para la reglamentación a nivel nacional y territorial de las normas tributarias.

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A lo largo de la historia, la infancia ha sido víctima de grandes violaciones y falta de reconocimiento de derechos y garantías inherentes, tanto en su calidad de seres humanos, como por la especial condición de la que gozan al encontrarse en desarrollo de todas sus facultades. Por esta razón, se empezó a ver la necesidad de brindarle un mayor reconocimiento y protección a sus derechos, implementándose a nivel mundial en varios Estados la concientización en esta necesidad. Más tarde, viéndose realizado este objetivo con la creación de instrumentos de orden internacional que buscaban afianzar estas insuficiencias con la implementación de normatividades en el tema buscando proveer por la creación de medidas en pro de la protección de los derechos de los niños. Es así que estos tratados y convenios en la materia fueron siendo acogidos por los diferentes Estados, en la búsqueda de adaptar sus normatividades internas a las exigencias que les planteaba esta nueva temática de protección. El más importante de estos instrumentos es la Convención de los Derechos del Niño de 1989, siendo ésta el resultado de varios años de evolución cultural y el principal medio para la defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, al contener en su normatividad disposiciones relativas a los derechos de los que éstos gozan y sentando principios generales de igualdad, atención prioritaria al interés superior del niño, y respeto de los derechos en ella contenidos, entre otros.

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Se presenta desde el punto de vista histórico-jurídico, el papel de los Actos Políticos o de Gobierno en la formación constitucional de la República de Colombia y su tratamiento y control en las Constituciones colombianas de 1821 a 1991.

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La Independencia frente a España y los acontecimientos militares que la rodearon, así como los personajes que intervinieron en ellos, fueron durante mucho tiempo el objeto privilegiado de la historiografía nacional

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La propuesta pretende generar, desde el teatro y en compenetración con otras manifestaciones artísticas, un clima de reflexión en torno a la problemática de los derechos humanos

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la formulación de las leyes básicas de la herencia hasta el día de hoy las ciencias han permitido la realización de varios tipos de pruebas que permiten establecer los ligamentos antropoheredobiologicos entre un ser humano y su progenitor

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Estos servidores públicos ostentan un régimen pensional especial, adoptado por el Congreso de la República mediante la competencia constitucional establecida en el artículo 150, numeral 19 literal e, a través de la Ley 4 de 1992

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El Código Disciplinario Único requiere un tratamiento que le permita a los servidores públicos adelantar y fallar con seguridad los procesos disciplinarios, respetando los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico otorga a los investigados