93 resultados para CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES - HUMEDALES
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The integrated accounting system considers the natural resource depletion issues. We analyze the difference between this system and the traditional national accounting system, using data from the mining sector in Colombia (natural gas and coal). Results show that by including the impact of these two resources exhaustion, the traditional GDP would be overestimated; while it grew at an annual rate of 2.2% for the period 1995-2005, adjusted GDP would show a grow rate of 1.3%, reflecting costs on real country growth. These results open a debate given the current proposal of basing part of economic growth in Colombia on mining.
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El propósito de este estudio de caso es identificar los retos y estrategias de los gobiernos locales para definir la cooperación descentralizada como un instrumento de desarrollo territorial en Colombia. Para ello, se analiza el proyecto Cane-Iguaque y Vallée de L’Orb et du Libron para el tratamiento y purificación de agua y manejo de cuencas hidrográficas, y se explica la manera en que se refuerzan las relaciones de cooperación colombo-francesas enmarcadas particularmente en el fortalecimiento institucional a partir del intercambio de experiencias, para generar nuevas y mayores capacidades de participación en el escenario internacional de las entidades territoriales del país.
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El estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regula todos los negocios jurídicos que surgen de la actividad de la Administración Pública, pero teniendo en cuenta las actividades que desarrollan algunas entidades del Estado esta regla tiende a presentar excepciones, como es el caso de aquellas Entidades que tienen por objeto la Exploración y Explotación de los Recursos Naturales renovables y no renovables. El principal actor del régimen excepcional de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual cuenta con dos reglamentos de contratación especial para la asignación de áreas y de contratación misional, en donde por disposición legal debe dar aplicación a los principios de contratación contemplados en el estatuto General de la Contratación pública (Transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva), este trabajo de investigación procura realizar una mirada analítica a cada procedimiento para determinar con posterioridad el grado de acatamiento de la orden legal establecida en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 así como sus principales falencias
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El objetivo de este documento es dar luces acerca del proceso que se inició en Ecuador desde enero de 2006 y que se inscribe en el denominado socialismo del siglo XXI. En ese sentido, el texto estará dividido en cuatro partes. En la primera, se estudiará el perfil de Rafael Correa, lo que implica un estudio de su formación profesional, su carrera política y su plataforma ideológica: Alianza PAÍS. En segundo lugar se analizará la propuesta para la convocatoria de una asamblea constituyente. Al respecto se hará un paralelo entre el momento actual y el ambiente previo a la redacción de la Constitución de 1998; asimismo, se estudiarán los choques entre las diferentes ramas del poder público en torno a la convocatoria para dicha asamblea y se identificarán, de forma sintética, los puntos de la propuesta del gobierno para la elaboración de la nueva Carta Magna. En tercer lugar, se abordarán los asuntos económicos con base en tres puntos: la renegociación de la deuda externa y la propuesta del Banco del Sur, la gestión de los recursos naturales y el papel del Estado en la economía. Finalmente, se examinarán aspectos generales de la política exterior ecuatoriana, especialmente en lo referente a las relaciones con Colombia.
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La Ley General Forestal en Colombia fue declarada inconstitucional luego de casi dos años de vigencia por violar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Esta ley pretendía brindar un marco jurídico estable que estimulara la inversión privada en el sector forestal colombiano. La declaración de inexequibilidad fue vista por los promotores de la ley como la obstaculización del avance de la economía privada de este sector. Sin embargo, los grupos étnicos y ambientalistas celebraron la decisión como un reconocimiento al valor del bosque en términos ecológicos y culturales. El Ministerio de Agricultura adelanta ahora nuevos proyectos de ley para el manejo del recurso forestal. En el presente artículo analizo los proyectos de ley forestal a la luz de las diferentes concepciones e intereses que giran en torno al recurso forestal y en general a la naturaleza, para observar cómo las visiones de naturaleza determinan las formas en las que debe aprovecharse el recurso.
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Descripción del sector Biocomercio en Colombia y Perú, a la luz de los Factores de Competitividad planteados por Michael Porter.
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El mal manejo del medio ambiente y el mal aprovechamiento de los recursos naturales en la década de los sesenta, hizo que se pusiera sobre la mesa la discusión del tema ambiental tanto en ámbitos académicos como institucionales. Después de la puja conceptual y normativa, la Constitución de 1991 permite que las entidades territoriales formulen sus propias políticas públicas con el fin de descentralizar las acciones institucionales. Esta monografía analiza el proceso de consolidación de la política pública ambiental teniendo en cuenta las variaciones que ésta tuvo en cada uno de los periodos gubernativos que tuvieron lugar entre 1990 y 2006.
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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.
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El Lago Chad ha sido durante varias décadas, una fuente de supervivencia económica para millones de personas que habitan en cuatro Estados a saber; Nigeria, Níger, Chad y Camerún. No obstante, el cambio climático, el aumento acelerado de la población, la explotación insostenible y la mala regulación de los Estados ribereños han sido los principales factores que han dado lugar, en la última década, a la dramática reducción del nivel del Lago Chad. Teniendo en cuenta que los Estados aledaños al Lago, se encuentran inmersos en una Interdependencia Compleja, este nuevo contexto, ha tenido un impacto directo en la región, debido a que ha agravado otras variables económicas, sociales, ambientales y políticas, dejando un ambiente de inseguridad regional. De esta manera, la reducción de la Cuenca del Lago Chad representa una amenaza compartida que vincula estrechamente a Nigeria, Níger, Chad y Camerún, lo que permite vislumbrar la existencia de un Subcomplejo de Seguridad Regional.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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El presente informe parte del concepto de sistema significado-uso acuñado por Arturo Escobar. El mencionado autor afirma que a escala local se le han atribuido unos usos diferentes a la biodiversidad, que corresponden a unos sistemas de significados de la realidad material y social distintos a los asignados por el capitalismo. La principal diferencia entre unos y otros es la externalización de la naturaleza; para las comunidades locales existe una continuidad indispensable entre el orden humano y el mundo natural, mientras que para la realidad constitutiva entre modernidad y capitalismo, la externalización de la naturaleza se traduce en su apropiación sin límites (Escobar, 1997, p. 50). Mientras los diferentes actores partan de sistemas interpretativos diferentes van a competir significados y usos disímiles en la relación con la naturaleza (Escobar, 1996, p. 27). En este orden de ideas, Escobar identifica diversos sistemas de uso-significado y a cada uno le asigna un régimen de producción de la naturaleza. El primer régimen que identifica es el de la naturaleza orgánica, el cual es encarnado por las comunidades locales y sus prácticas productivas tradicionales; el segundo es el de la naturaleza capitalizada y se refiere a los modelos económicos que se aproximan a las regiones como despensas naturales, en cuanto instalan una capacidad locativa para la explotación y abandonan la región una vez agotados los recursos naturales, dejando a su paso daños ambientales irreparables. El último régimen que identifica es el de la tecnonaturaleza, el cual se refiere a aquellas formas naturales producidas por la intervención tecnocientífica en el nivel molecular, por medio de las nuevas biotecnologías (recombinación genética, cultivo de tejidos, entre otros); éste representa un nuevo régimen de producción de lo natural, donde esto último entra a ser producido por la tecnología (Escobar, 1997, p. 28).
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La resiliencia organizacional tiene como objetivo identificar y estudiar los diferentes factores que hacen posible que las organizaciones logren recuperarse al pasar por complejas adversidades. La idea es que dependiendo de cómo se retroalimenten estos factores se logre establecer que tan dispuesta esta una organización para afrontar un crisis y que tanta perturbación esta puede llegar a soportar antes de entrar a un punto en el cual ya no haya retorno. La idea de este nuevo constructo es hacer de las empresas un organismo más perdurable, el cual logre adaptarse fácilmente a las complejidades del mercado sin tener que sacrificar su independencia y su esencia diferenciadora.
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Analizando las políticas económicas del régimen de Pinochet, se determina en qué sentido permitieron la construcción de legitimidad. Sin desconocer el uso de la fuerza, se sostiene que gracias a las políticas económicas, sus resultados y la nueva lógica económica en ellas incorporada, Pinochet llegó a ser legítimo para una importante porción de la población.
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En medio de los desafíos ambientales que enfrentan los gobiernos del mundo, Colombia posee un territorio que concentra múltiples retos para el desarrollo de políticas, planes y programas pertinentes para la protección de los recursos naturales. Hoy en día el departamento de Amazonas, ubicado estratégicamente al sur del país en una zona limítrofe de alta importancia en la región amazónica, experimenta serias problemáticas como la deforestación, la minería legal e ilegal, y la degradación hídrica. Este trabajo de investigación es un estudio de caso analítico y descriptivo, que busca analizar de qué manera la aplicación de políticas de seguridad ambiental por parte del gobierno colombiano ha contribuido con el desarrollo sostenible en el departamento del Amazonas, estableciendo las principales problemáticas en términos de seguridad ambiental e identificando las políticas que se han desarrollado para la protección de este territorio.
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A lo largo de la historia, el hombre ha luchado por los recursos naturales. En el pasado, su lucha era por el agua y el suelo fértil, sin embargo, hoy en día, las naciones están luchando por el petróleo como la principal fuente de energía. En 1973 el reajuste internacional de los precios del petróleo, obligó a los países que dependen de su importación y que lo utilizan como fuente importante para la generación de energía y para el transporte, a declarar una crisis energética debido a su alto costo. Como consecuencia, se iniciaron investigaciones de desarrollo tecnológico con miras a la búsqueda de diferentes tipos de energías alternativas económicas, con énfasis en la búsqueda de combustibles líquidos obtenidos de fuentes renovables que pudieran sustituir al petróleo. Una de las soluciones consistió en utilizar el alcohol carburante como combustible para los motores de explosión interna. Esta idea fue aplicada con total éxito en Brasil a finales de 1973, aunque este producto ya se usaba como combustible a principios del siglo pasado, pero perdió su importancia debido a los precios del petróleo relativamente bajos por entonces, y su utilización, por tanto, disminuyó notablemente. El uso del alcohol carburante (etanol) no es nuevo en la industria. Desde hace ya varias décadas se ha utilizado alcohol carburante para diferentes funciones; Henry Ford, en los Estados Unidos, inició la producción de su más famoso automóvil, conocido como “modelo T”, carro que utilizaría el alcohol carburante como único combustible. La refinación del petróleo y la invención de la gasolina reemplazó el alcohol por su bajo costo, dejando en un segundo plano la utilización del etanol. Actualmente se está presentando una problemática en Colombia debido a que el precio de crudo se ha elevado, produciendo efectos adversos en la economía nacional. El Gobierno, consciente de está situación, ha buscado posibles salidas ante una crisis de desabastecimiento de petróleo que obligaría al país a importar petróleo para surtir la demanda interna, generando altos costos de importación y produciendo un aumento de precios para los consumidores finales Otro factor relevante para el análisis de la producción del alcohol carburante en Colombia es el relacionado con el agro y la producción de materia prima para obtener el etanol. En esta medida, el agro colombiano podría beneficiarse de la producción de alcohol carburante a través de una mayor demanda de productos tales como caña de azúcar, yuca, remolacha, entre otros, traduciéndose en un aumento de la producción. Esto generaría mayores ingresos económicos para los productores, contando además con las ventajas derivadas de la actualización tecnológica. A través del mercado de las energías renovables, Colombia puede posicionarse como un potencial exportador de alcohol carburante para el mundo, lo que le permitiría generar mayores recursos y un mayor flujo de divisas para la economía nacional. Si se tienen en cuenta otros factores tales como las ventajas que permite la posición geográfica del país para el comercio de mercancías a nivel internacional, Colombia podría establecerse como un líder a nivel internacional en la producción y comercialización de alcohol carburante. Las relaciones internacionales de Colombia con el mundo están afectadas de manera especial por el comercio. En esta medida, a través del mercado de las energías renovables, el país puede establecer acuerdos comerciales que beneficien a Colombia en el campo tanto político como económico. Es a través de este importante mercado que el país podría contar con un importante elemento de negociación en foros internacionales relacionados en la materia.