100 resultados para Activismo político


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el primer capítulo busca establecer la transformación de la Reforma Protestante de movimiento religioso a instrumento político. Se parte por exponer su origen, sus objetivos y principios, ubicándolos en el contexto alemán, y finalmente se conecta cómo los elementos planteados por la nueva doctrina religiosa abrieron camino a una serie de transformaciones económicas y políticas. El segundo capítulo analiza el conflicto en Europa occidental, más específicamente entre la dinastía de los Habsburgo y los Valois, y cómo esta se transformó en la Guerra de los Treinta Años. El tercer capítulo aborda la Paz de Westfalia y la conformación de un nuevo orden mundial, no perdiendo de vista el papel de la Reforma en su configuración. Por último, y a manera de conclusión, se establece la relación indirecta entre la Reforma Protestante y la Paz de Westfalia. Se determina que es indirecta ya que no se pueden reducir la infinidad de causas que configuran un hecho histórico tan determinante como la Paz de Westfalia a un solo fenómeno, la intención de esta investigación es resaltar la importancia de la Reforma Protestante en el proceso, y no atribuirle una relación directa de causa y efecto.

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El presente proyecto investigativo expliacará la influencia de la filosofía barroca reflejada en la sociedad criolla de los siglos XVI, XVII, XVIII a traves de las pricipales menifestaciones del pensamiento político.

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El trabajo pretende constituir un aporte más, a la discusión sobre el concepto de servicio público y su papel dentro de la contratación estatal. De esta manera, no solo se hará mención a la jurisprudencia y las normas más importantes, sino que se trascribirán para que el lector pueda analizarlas y tener una posición jurídica propia.

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El análisis que se piensa hacer en el presente trabajo, es analítico deductivo, en cuanto pretende mostrar el estado del arte referente a las implicaciones que en el Derecho penal puede tener una teoría sociológica, que pretende abordar temas atinentes a la ciencia del derecho de una manera conceptualmente ilustrativa. Pero vale la pena aclarar de entrada, que en donde mayor repercusión, en el Derecho penal, llega a tener dicho enfoque, es en la política criminal que desarrolla el Estado a través del legislador. Es dicho marco el que le ha servido de referencia para variar y ampliar sus contenidos de protección. Posición que no ha prosperado sin objeción alguna, pues un gran sector de la doctrina se muestra reacio al arquetipo que promulgan quienes se adhieren a su postura, debido a la firme creencia que no es el Derecho penal al que le corresponde dar soluciones a problemas macrosociales. De ello se desprende la valoración de determinados bienes jurídicos, y en esa medida las formas concretas de protección que reviste un modelo penal expansivo, en cuanto encuentra objetivos dignos de protección analizados en clave sociológica.

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El interés de este estudio de caso es evidenciar la relación que existe entre el clientelismo y las transformaciones de uso del suelo en el barrio Pablo Escobar en Medellín, entre 1982 y 1995. Se analiza como la marginación de la población del barrio Moravia conduce a la creación de capital social y el fortalecimiento de las redes sociales existentes dentro del mismo. Se muestra además cómo estas redes son aprovechadas por Pablo Escobar en su carrera política para aumentar su capital político. Por último, se muestra cómo su programa de Medellín sin Tugurios cambia el comportamiento y el uso de suelo de la población de los tugurios de Moravia, ahora reubicada en el barrio Pablo Escobar.

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Se presenta desde el punto de vista histórico-jurídico, el papel de los Actos Políticos o de Gobierno en la formación constitucional de la República de Colombia y su tratamiento y control en las Constituciones colombianas de 1821 a 1991.

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En el presente trabajo de grado, estudiaremos la utilidad de la Consulta Previa como instrumento político, a partir del análisis del proceso adelantado entre el Resguardo Santa Teresita del Tuparro y la Petrolera BHP Billiton en el año 2010, en el municipio de Cumaribo, Vichada, identificando si existen fortalezas y buenas prácticas que permitan equilibrar el interés general y el de las minorías, en beneficio de la gobernabilidad dentro del contexto colombiano. Para cumplir con el objetivo descrito, haremos un análisis de los diferentes roles de los actores involucrados en el presente estudio de caso, desde los conceptos de legitimidad y representatividad y analizaremos si la Consulta Previa adelantada de manera idónea, mediante la aplicación de principios como buena fe, transparencia, comunicación asertiva, y reconocimiento mutuo entre los actores, puede ser una herramienta eficaz, dentro de la democracia participativa.

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El interés de esta monografía es mostrar la relación entre el poder político y el lenguaje. Esta relación fue estudiada en el discurso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el período presidencial (2002-2006), quien construyó una particular forma de entender la llamada Política de Seguridad Democrática. Para este efecto, se explica y aplica la teoría de Teun Van Dijk y sus cuatro elementos: acción, contexto, poder e ideología, y de forma complementaria el Concepto de lo Político de Carl Schmitt. Estas Teorías permitirán comprender cuál es la relación del discurso, la legitimidad y la excepcionalidad, teniendo en cuenta que el discurso es un acontecimiento comunicativo del que se puede valer un gobernante para justificar el uso excepcional del poder.

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Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida política e institucional del país. Su vigorosa intervención en varios asuntos económicos, políticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, así como en la vida de minorías y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates académicos y políticos: si bien ha tenido defensores entre algunos académicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores políticos y miembros de la rama judicial, también ha tenido muchos críticos entre esos y otros sectores más poderosos.

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En las décadas comprendidas entre 1982 y 2002, Colombia ya se afirmaba como un Estado democrático. Sin embargo, en este período el paramilitarismo agenció uno de los más agudos niveles de violencia homicida en el país. Ante esta realidad incuestionable, surgen planteamientos que intentan explicar esta paradoja: a) Colombia no es una democracia: es un régimen terrorista que acaba con la oposición para mantener un sistema de exclusiones desde arriba; b) las instituciones colombianas han sido una víctima más de la violencia paramilitar; y c) el paramilitarismo obedece a la insurgencia de élites locales y regionales contra procesos de paz impulsados desde arriba. Las dos primeras, claramente cuestionables. La última, todavía insuficiente a la hora de identificar el papel de los tomadores de decisiones a nivel central, tanto en el Estado como en el sistema político, en el despliegue y auge del fenómeno paramilitar.Este artículo evalúa estas tres afirmaciones y analiza, con base en documentos oficiales e informes de prensa de la época, los alcances del paramilitarismo en las décadas comprendidas entre 1982 y 2002, al tenor del papel desempeñado por la democracia colombiana y sus instituciones, pues –alcontrario del discurso oficial de los gobiernos, quienes por más de treinta años han afirmado haber sufrido la penetración y agresión del paramilitarismo de la mano de “manzanas podridas” o “casos aislados”– el fenómeno paramilitar en Colombia durante el período estudiado disfrutó de un estatus especial agenciado públicamente por políticos centristas, prosaicos y conciliadores apuntalados en las presiones de sectoresclave del sistema político y de las élites vulnerables del país.

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Este estudio analiza la relación entre el conservadurismo político y la rigidez cognitiva en una muestra de estudiantes y egresados universitarios de la ciudad de Lima (N = 279). Para evaluar el conservadurismo político se utilizaron escalas de autoritarismo de ala derecha (RWA), orientación hacia la dominancia social (SDO), orientación ideológica de derecha y justificación de la inequidad. La rigidez cognitiva se evaluó a través de la intolerancia a la ambigüedad, la intolerancia a la incertidumbre, la necesidad de cierre cognitivo y la apertura a la experiencia. Se encontró una correlación directa de magnitud mediana entre el conservadurismo político y la rigidez cognitiva (r = .27). Un análisis de regresión lineal múltiple mostró que, de todas las variables cognitivas evaluadas, solo la intolerancia a la ambigüedad ejerce una influencia directa sobre el conservadurismo político. Las variables que expresan con mayor intensidad el conservadurismo político son el RWA y la SDO, mientras que la rigidez cognitiva se expresa más intensamente a través de la intolerancia a la ambigüedad y la necesidad de cierre cognitivo

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La transformación del régimen mexicano supone cambios en la relación básica entre el ejercicio del control corporativo y las formas de “gobernar el conflicto” en el espacio metropolitano. En este texto se sostiene la hipótesis de una “crisis decisional”, concebida como una serie de transformaciones en la organización y el ejercicio de liderazgos sociales e institucionales en años recientes (1991-2002), como la constitución de una “nueva” modalidad de lo político. A través de una revisión de la literatura reciente y de la revisión de tres bases de datos, se demuestra que en el campo de los servicios públicos como el agua estos “nuevos” liderazgos favorecerían escenarios de desfase y de renovación en el ejercicio de la legitimidad estatal.-----The transformation of the Mexican regime implies changes in the basic relationship between corporate control execution and ways of “controlling conflict” in the metropolitan areas. This paper sustains the hypothesis of a “decisional crisis” that is conceived as a series of transformations of the organization, and the exercise of social and institutional leadership in recent years (1991-2002) as the constitution of a “new” political mode. Through the review of recent literature and three databases, it is proved that in public service areas such as water, these “new” leaderships favor gap and renovation scenarios in the practice of state legitimacy. 

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El proyecto de Código de Ética Judicial, que emerge de la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2004) y promueve una reforma judicial, es analizado desde un diagnóstico que enfatiza el carácter cultural de causas sistémicas de la crisis político-económica de diciembre 2001 en Argentina, donde la matriz institucional y los mecanismos de selección/financiamiento de los partidos políticos destacan la presencia de “clientelismo” y “corrupción”, determinando –con la “anomia social”– la llamada “corrupción gris”. Tales variables definen un patrón cultural de “labilidad” en los límites entre lo permitido-no permitido y lo ético-no ético.Desde los años noventa, la tendencia a judicializar el conflicto político, y una Magistratura con ausencia de debate interno y de activismo judicial, tornaron oportuno analizarla desde cinco ejes temáticos: 1) el debate orgánico dado en la Magistratura; 2) el marco general legislativo; 3) la Magistratura como exponente de valores culturales; 4) la transferencia de responsabilidades del ámbito político al judicial; 5) la mediatización de la labor del juez.De las conclusiones deviene crucial este enfoque que indaga las características de esta herramienta que la propia corporación judicial le propone a la sociedad: el Código de Ética Judicial.-----The Code of Judicial Ethics bill, which has emerged from the Argentine Supreme Court call in 2004 and which promotes a judicial reform, will be analized here from a point of view emphasizing the cultural nature of the general cause of the political and financial crisis that took place in December 2001 in Argentina, where the institutional matrix and the political parties’ mechanisms for selecting candidates and raising funds for campaign financing show that there exists a kind of ‘clientism’ and ‘corruption’, which brings about –within a state of ‘social anomy’– the so-called ‘grey corruption.’ These variables define a cultural pattern which is characterized by a ‘general state of uncertainty’ when it comes to deciding what is allowed or not allowed, and what is ethical or unethical.The tendency present since the nineties to judicialize the political conflict, together with a judiciary where there is neither internal debate nor judicial activism, have both made it appropriate to analize this matter from five points of discussion: (1) the internal debate in the judiciary; (2) the general legislative framework; (3) the judiciary as an exponent of cultural values; (4) the handing over of responsibilities from the political sphere to the judicial one; and (5) the media interfering with the judge’s work.From the resultant conclusions, we will infer that this approach becomes crucial, an approach that looks into the features of this tool that the judiciary itself proposes to the society: the Code of Judicial Ethics.