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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

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Esta investigación analiza el impacto del Programa de Alimentación Escolar en el trabajo infantil en Colombia a través de varias técnicas de evaluación de impacto que incluyen emparejamiento simple, emparejamiento genético y emparejamiento con reducción de sesgo. En particular, se encuentra que este programa disminuye la probabilidad de que los escolares trabajen alrededor de un 4%. Además, se explora que el trabajo infantil se reduce gracias a que el programa aumenta la seguridad alimentaria, lo que consecuentemente cambia las decisiones de los hogares y anula la carga laboral en los infantes. Son numerosos los avances en primera infancia llevados a cabo por el Estado, sin embargo, estos resultados sirven de base para construir un marco conceptual en el que se deben rescatar y promover las políticas públicas alimentarias en toda la edad escolar.

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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La reducción de la demanda, específicamente por medios alternativos al sistema penal tradicional, ha sido uno de los componentes más discutidos en los análisis que abordan la lucha contra las drogas. Este artículo se propone determinar el papel de la Organización de Estados Americanos en el establecimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Se sugiere que la organización internacional, a través de la CICAD, ha jugado un papel de promoción, y evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos, generando presión entre sus Estados miembro, dada la necesidad de instaurar alternativas legales de reducción del daño. Sin embargo, se presentan deficiencias en los mecanismos de evaluación, ya que las indicaciones realizadas no tienen un carácter obligatorio y por tanto las determinaciones de la CICAD no necesariamente son adoptadas.

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La presente investigación consiste en determinar las aplicaciones existentes de las teorías del caos y las teorías de la complejidad en la cadena de suministro del sector agroindustrial colombiano. Además, tiene como propósito describir el sector de la agroindustria y la cadena de suministro, identificar los modelos de caos y complejidad y posteriormente determinar cuáles de éstos son aplicables al sector. Se define el caos como una sub-disciplina de las matemáticas que estudia sistemas complejos o dinámicos y tiene inmerso implicaciones filosóficas; por otra parte complejidad es la cualidad que adquiere un sistema en el que hay diversos componentes relacionados. Se ha identificado que en el ámbito colombiano existen diferentes estudios enfocados en la construcción de modelos agroindustriales, donde se adopta el concepto de complejidad para calificar el atributo de dichos modelos que involucran la armonización e integración de diferentes actores, desde los productores hasta los consumidores. En este estudio se emplea un estudio monográfico de tipo documental teniendo como unidad de análisis la cadena de suministro del sector agroindustrial. Los resultados indican que las teorías del caos y complejidad se encuentran presentes dentro de la cadena de suministros del sector agroindustrial colombiano, ya que en ella se ocurre la interconexión entre productores, procesadores y comercializadores, interactuando entre ellos y presentando alteraciones en su comportamiento económico a lo largo del tiempo en función de variaciones de las condiciones iniciales influenciadas por variables macroeconómicas, ambientales, sociales y políticas.

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Introducción: Los pacientes con cefaleas primarias están predispuestos a desarrollar una cefalea secundaria al consumo excesivo de analgésicos. En nuestro medio, la adquisición fácil de medicamentos sin fórmula médica incrementa su frecuencia de presentación. Objetivo: Describir el perfil epidemiológico, clínico y de tratamiento de los pacientes con cefaleas primarias y cefalea secundaria por sobreuso de analgésicos atendidos en el programa especial de cefaleas del Instituto Neurológico de Colombia en el periodo 2014-2015. Pacientes y métodos: estudio descriptivo, retrospectivo. Se evaluaron características de la cefalea, comorbilidades, discapacidad y patrón de consumo de medicamentos. Resultados: Se incluyeron 834 pacientes con diagnóstico de cefalea por sobreuso de analgésicos, 85.1% con migraña crónica. El 87.6% de los pacientes eran mujeres y tenían 44 años en promedio. La mitad de los pacientes tomaba analgésicos todos los días de la semana (P25-P75: 4 – 7 días); consumiendo, en promedio, tres analgésicos/día (DE: 1.9). La mayoría de pacientes presentaba un consumo elevado de analgésicos simples (95.2%), AINES (92.2%) y analgésicos combinados (89.2%); 51% consumían opiodes y sólo 14.6% consumían triptanes. Conclusión: La identificación de esta cefalea secundaria es de vital importancia para un tratamiento adecuado. El uso medicamentos de libre venta afecta el manejo óptimo de esta entidad asociada a las cefaleas primarias, principalmente la migraña.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

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Este trabajo de grado tiene por objetivo realizar una revisión de literatura que dé cuenta de las características conceptuales del duelo que viven los familiares de los desaparecidos, en un contexto de desaparición forzada de personas como ilícito internacional de los derechos humanos. Para ello se exploraron libros de consulta reconocidos en el tema, artículos de revistas indexadas de los últimos diez años, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos de desapariciones forzada. Se presenta la definición de la desaparición forzada como ilícito internacional en DDHH, una categorización de víctimas, el desarrollo del concepto de duelo general y para estos casos y su aplicabilidad a los casos de la Corte IDH. Se encontró que los hallazgos dados por la teoría son aplicados en los dictámenes de esta corte, con un discurso de reivindicación de derechos y reparación integral. Se recomiendan futuras investigaciones en propuestas terapéuticas.

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En el siguiente texto se pretende evidenciar el análisis y desarrollo de diferentes ideas que nos llevan a dar solución a una problemática actual como lo es la movilidad; lo que se pretende es ofrecer un servicio innovador dirigido especialmente a mujeres quienes pertenecen en un alto porcentaje a la población que habita en la ciudad de Bogotá D.C, de esta manera pretendemos reflejar todo el proceso que llevamos a cabo tales como la generación, valoración y evaluación de servicios, análisis de la industria, prueba de concepto y análisis financiero entre otras, lo cual nos permitió definir la viabilidad del proyecto, el nivel de innovación en el mercado, así como sus implicaciones financieras.

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Objetivo: El propósito del estudio fue describir estadísticamente las etapas de cambio comportamental frente al consumo de sustancias psicoactivas –SPA– (alcohol, tabaco y drogas ilegales) en escolares entre 9 y 17 años de Bogotá- Colombia, pertenecientes al estudio FUPRECOL. Método: Se trata de un estudio descriptivo y transversal en 6.965 niños y adolescentes entre 9 y 17 años, pertenecientes a 24 instituciones educativas oficiales de Bogotá - Colombia. La medición de los procesos de cambio propuestos por el Modelo Transteórico (MTT), aplicados al consumo de drogas, tabaco y alcohol se aplicaron de manera auto-diligenciada mediante un cuestionario estructurado. Resultados: De la muestra evaluada, el 58,4% fueron mujeres con un promedio de edad 12,74 ± 2.38 años. En la población en general, frente al consumo de drogas, el 6% de los escolares se encontraban en etapa de pre-contemplación, 44 % en contemplación; 30% en preparación/acción, 20% en mantenimiento. Con relación al consumo de alcohol, el 5% de los niños y adolescentes se encontraban en etapa de pre-contemplación, 36 % en contemplación; 12% en preparación/acción, 46% en mantenimiento. Frente al tabaco, el 4% de los niños y adolescentes se encontraban en etapa de pre-contemplación, 33 % en contemplación; 12% en preparación/acción, 51% en mantenimiento. Conclusiones: En los escolares evaluados, un importante porcentaje se ubica en la etapa de mantenimiento frente a la intención de consumo de tabaco y alcohol. Frente al consumo de drogas ilegales los niños y adolescentes están en la etapa de contemplación. Se requieren esfuerzos mayores para fomentar programas preventivos que enseñen sobre el riesgo del abuso/dependencia de este tipo de sustancias psicoactiva sobre la salud; dándole prioridad en las agendas y políticas públicas dentro del ámbito escolar.

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Introducción: Desde los años 80 se viene haciendo énfasis en el acoso laboral, conocido en otros países como Mobbing, describiéndose como una forma de abuso y violencia psicológica en el lugar de trabajo, realizado ya sea por una sola persona o por un grupo de personas y que por sus implicaciones se estima de alto impacto para los trabajadores, y las organizaciones. Considerando la importancia y prevalencia del mobbing en la sociedad actual, se convierte en un tema relevante para el área de salud ocupacional. Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los efectos del acoso laboral generados en la salud del trabajador. Metodología: Se realizó una revisión sistemática utilizando el método PRISMA, de las publicaciones vigentes entre los años 2006 a 2016 sobre los efectos del acoso laboral en la salud del trabajador. En la búsqueda se obtuvieron 778 artículos de los cuales 27 cumplían con los criterios de inclusión. Resultados: se encontró que la prevalencia del acoso laboral puede ser diferente de acuerdo a la definición utilizada, instrumento de medida y población estudiada, la cual fluctúa entre el 7% al 88% según el estudio analizado. Además se evidenció que la prevalencia también difiere dependiendo de quién sea el perpetrador del acoso, si el líder o jefe es el acosador es mayor (60,3%) que cuando es causado por colegas o por clientes (41,5%). El impacto del acoso laboral, según la mayoría de los estudios, es que provoca efectos negativos en la salud emocional del trabajador siendo la depresión una de las principales consecuencias con una relación estadísticamente significativa (p<0,001). Las enfermedades del aparato respiratorio y del sistema musculo esquelético y del tejido conectivo fueron las que se presentaron con mayor frecuencia en los trabajadores que sufren de acoso con un 43,5% y un 37.8% respectivamente. Conclusiones: éstos resultados demuestran que el acoso laboral no solamente es un problema desde el punto de vista organizacional, sino que conlleva consecuencias en la salud mental y física de los trabajadores que lo sufren. Palabras clave: Mobbing, workplace, acoso laboral, acoso psicológico, bullying, harassment, salud ocupacional, occupational health.

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El consumo de medicamentos es un asunto que actualmente se ha convertido en una preocupación a nivel global, ya que no todos los medicamentos están sujetos a prescripción médica, y esto implica que su consumo dependa de otras fuentes de información, como la publicidad masiva o el consejo de personas legas, entre otros. Esta revisión se basó en la publicidad y el impacto que tiene esta frente al consumidor. La presente revisión se dividió en dos categorías dado la relevancia del tema, en la primera se encuentra las características de los medicamentos de venta libre donde se evidenció cómo funciona el sector de la industria farmacéutica, las características de los medicamentos en general y los riesgos del abuso de este comportamiento. Así mismo, en la segunda categoria se habló sobre la publicidad y mercadeo de ventas libres donde se evidenció el alto impacto que tiene la publicidad en el consumidor, las restricciones que hay en el contexto nacional e internacional.