129 resultados para Ação pública
Resumo:
El texto muestra la evolución del componente destinado a incentivar el uso de la bicicleta en el marco de la política de movilidad de Bogotá desde Mockus hasta Petro y también el papel de la sociedad civil en el proceso de la reimplementación de dicho componente en la alcaldía de Moreno y en la de Petro.
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La responsabilidad disciplinaria no se puede ser entendida como la existencia de dolo o culpa en la actuación del funcionario público sino como el juicio de exigibilidad en el cual el juez disciplinario debe establecer si el deber funcional era exigible en las específicas circunstancias del caso, dependiendo de los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo de representante legal de una Entidad estatal y dados los conocimientos requeridos para la ejecución del deber funcional.
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El interés de esta Investigación Diagnóstica es mostrar la importancia de la participación social de los adultos mayores en el proceso de diseño de políticas públicas en el Municipio de Cachipay. Se demuestra que las necesidades sentidas y las expectativas de atención integral identificadas desde los adultos mayores, aportan información fundamental y complementaria a los diagnósticos elaborados con base únicamente en fuentes institucionales. Tomando conceptos de vulnerabilidad, exclusión social, el principio de respeto a los derechos humanos y siguiendo la norma nacional contenida en la Ley 1251 de 2008 de envejecimiento y vejez, la investigación avanza en la identificación de conceptos, instrumentos y dinámicas de participación social, para que el gobierno local diseñe políticas públicas concertadas que garanticen una vida digna a la población de la tercera edad.
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La pretensión de esta investigación es mostrar cómo en una sociedad democrática, como la colombiana, es posible modificar el comportamiento de los ciudadanos por medio de la utilización de los medios de comunicación, el empleo de símbolos y de la palabra
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La presente monografía resuelve algunas preguntas relativas a la importancia de la ética pública como herramienta de lucha contra la corrupción política, se ocupa igualmente de las éticas aplicadas, y su importancia en el fortalecimiento de principios y valores éticos en los servidores públicos. A partir de lo anterior se plantean los siguientes propósitos específicos: en primera estancia, estudiar el fenómeno de la corrupción política, para mostrar ciertas causas estructurales y fundamentalmente comportamentales que influyen en el fenómeno de la corrupción en Colombia; explicar la importancia de la inclusión de la ética pública en el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción y en la formación en valores de los servidores públicos; por otra parte, establecer los valores y principios que han sido desarrollados por el Estado en sus entidades, y por último, demostrar cómo la construcción de ética pública se debe consolidar en el panorama nacional.
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La metodología para desarrollar esta investigación se apoyará en la Perspectiva Legal, la Teoría Moralista, la Perspectiva Cultural, y la Perspectiva Institucional desarrolladas en el marco teórico del anteproyecto de esta monografía. Igualmente se contemplará la revisión de fuentes secundarias y la realización de tres entrevistas estructuradas. Esta monografía se dividirá en cinco partes: El primer capítulo se centrará en una construcción teórica del concepto de Cultura de la Legalidad que se utilizará en este trabajo, concepto que involucra autores tales como, Leoluca Orlando, Antanas Mockus, Michel Focault y Larry Nucci entre otros. El segundo capítulo se referirá a los diferentes componentes de la Cultura de la Legalidad para combatir la corrupción. El tercer capítulo desarrollará el fenómeno de la corrupción administrativa en la Administración Pública mediante una sugestiva transformación de la ecuación de Robert Klitgaard. El cuarto capítulo examinará el Estatuto Anticorrupción (ley 190 de 1995) desde los diferentes componentes de la 4 Cultura de la Legalidad, para así determinar la importancia de un marco cultural y moral articulado a la legislación colombiana para combatir la corrupción a largo plazo. Y por último, se incluirán algunas conclusiones y recomendaciones producto de esta investigación.
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La presente monografía constituye una aproximación al análisis de las Políticas Públicas del sector educativo en la ciudad de Bogotá y asume como principal objeto de estudio el establecimiento de los aciertos y falencias en la formulación de los programas e iniciativas tendientes a la prestación de tales servicios en sectores poblacionales de alta vulnerabilidad. En este caso se focalizan los planteamientos del programa de gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el período comprendido entre los años 2004 y 2005 en relación con las comunidades en situación de desplazamiento forzado. En consecuencia el marco de referencia de la evaluación se circunscribe a los enunciados contenidos en el Plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia y el Plan sectorial Bogotá una Gran Escuela y éstos a su vez, relacionados con su pertinencia y articulación frente a los lineamientos internacionales y la normatividad nacional en materia de desplazamiento.
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Esta monografía busca analizar cier tas funciones que el Constituyente colombiano de 1991 le asignó a uno de los dos órganos de la Organización Electoral: el Consejo Nacional Electoral; dichas funciones está consignadas en el artículo 265, numeral 5: Velar por el cumplimiento de las normas s obre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías: y por el desarrollo de los procesos electorales, en condiciones de plenas garantías. 1 Cabe s eñalar que se hará especial énfasis en ciertos aspectos. En el primer capítulo, además de una breve introducción al caso del Consejo Nacional Electoral y los temas que se desarrollarán a lo largo del texto, el análisis se centrará en las normas sobre part idos y movimientos políticos en cuanto a su financiamiento y, especialmente, a la vigilancia a la financiación de campañas electorales. En el segundo capítulo se analizará n las disposiciones sobre publicidad política, encuestas políticas y, especialmente, propaganda electoral. A la observación de estos dos criterios netamente políticos se añadirá un tercer factor caracterizado por la actividad administrativa, los recursos humanos y económicos de los cuales la Corporación dispone para desempeñar las funcione s y/o mandatos citados anteriormente.
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El propósito de esta monografía, es mostrar el seguimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones internacionales de agencias especializadas de Naciones Unidas, que favorecen a la población infantil desplazada. Como se verá, no todos los resultados son positivos. Todavía en muchos aspectos falta trabajo y consistencia. Así mismo, se prevé que una solución total de este flagelo no se verá mientras en Colombia persista una situación de violencia.
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Este trabajo pretende hacer énfasis, en la dinámica participativa para el fortalecimiento de la capacidad institucional, y expresiones de voluntad política, en el marco de un conflicto armado, con relación a la Problemática del Desplazamiento. Para medir estas voluntades políticas y presencia participativa 4 de los integrantes en el proceso, se tomarán como base las propuestas de petición de fondos, previo estudio de los comités temáticos proporcionales a los componentes del Plan de Acción Humanitaria. En ese orden de ideas esta investigación pretenderá responder al siguiente cuestionamiento: ¿Qué efectos ha generado el Plan de Acción Humanitaria, en la participación y formulación de políticas para la atención a la población desplazada en ONG, el sistema de las Naciones Unidas y el Estado Colombiano
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Antes de la Ley 489 del 29 de diciembre 1998, las entidades de la Administración Pública no estaban todas legalmente organizadas por sectores administrativos. Es apenas con la Reforma Administrativa de 1992, derivada de las facultades concedidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, que se empieza a hablar del tema: sectores de Justicia (Decreto 2157 de 1992 y Ley 10 de 1990), Salud (Decreto 2164 de 1992), Comercio (Decreto 2350 de 1992, Minas (Decreto 2119 de 1992), Educación (Decreto 2127 de 1992 y Ley 115 de 1994), Comunicaciones (Decreto 1901 de 1990), Transporte (Decreto 2171 de 1992) y Medio Ambiente (Ley 99 de 1993). En el año de 1997, en el gobierno Samper, se expidió la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 y se hablaba entonces de sectores de la Administración Pública. Con la expedición de la Ley 489 de 1998, se crearon los sectores administrativos integrados por un Ministerio o Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y vinculadas, tal como está contemplado en el artículo 42.
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Esta investigación tiene el propósito de analizar los aspectos jurídicos de los desastres naturales y del reasentamiento poblacional. Se presentan las distintas tipologías del reasentamiento poblacional desde la óptica estatal para señalar su importancia en las actividades de las autoridades administrativas. En el trabajo se muestra la vulnerabilidad del Estado Colombiano frente a la ocurrencia de desastres naturales, por la falta de planeación efectiva y la poca importancia de la reducción del riesgo en la agenda pública. Desarrolla igualmente, el fundamento de la responsabilidad de la administración frente a desastres de la naturaleza y su papel ante la protección de los derechos humanos. Además, desarrolla el reasentamiento poblacional como mecanismo de atención y prevención de desastres naturales, y la normatividad nacional y de la región andina en la cual está contenido. Establece estrategias de acción estatal para la atención práctica de los desastres naturales, el planteamiento del reasentamiento poblacional como política pública y herramientas de protección de la población vulnerable. Por último, plantea la importancia de la reducción de los riesgos de la población ante desastres de la naturaleza y la necesidad de protección del Estado de las poblaciones vulnerables para mejorar sus condiciones de vida.
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La forma en que se reduce o se limita la entrada de personas para la distribución de recursos parece ser lo que queda de la posibilidad de acceso a derechos luego de transitar por lo que se ha llamado la ruta1 para la Atención a la población en situación de desplazamiento. El conjunto de traducciones propuesto por quienes implementan la política, disponiendo para el acceso a los recursos trámites o acciones no determinados y que exceden los requisitos iniciales, determina un resultado: el sistema que conocen las personas que pretenden acceder a él.
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La Constitución colombiana de 1991 no opta por un modelo definido de administración pública ni regula sistemáticamente la materia, a pesar de la profusión normativa de su texto. Por el contrario, del conjunto del articulado se deduce un sincretismo involuntario que abarca prescripciones normativas del modelo burocrático y la gerencia pública, y anticipa algunos de los elementos de la gobernanza.