102 resultados para derecho social
Resumo:
El objeto de este trabajo de investigación fue estudiar cómo ha operado el derecho administrativo disciplinario frente a un tema muy específico, las “infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario”, conducta consagrada como falta disciplinaria gravísima en el numeral 7° de la Ley 734 de 2002. Sin embargo, con el fin de delimitar el objeto de investigación, el estudio se redujo a la conducta específica de “homicidio en persona protegida” por el derecho internacional humanitario y para delimitarlo aún más, se estudió concretamente esa conducta respecto de la “población civil”.La elaboración de la investigación conllevó un estudio preliminar de los conceptos generales del DIH así como un estudio general de las principales instituciones del derecho administrativo disciplinario, partiendo de disposiciones constitucionales y legales e incluyendo los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la doctrina especializada. Esta primera etapa sirvió de punto de partida para posteriormente proceder con el estudio de casos y de esa manera verificar si los fundamentos de las decisiones disciplinarias corresponden con la explicación teórica que ha sido expuesta.
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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.
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Se estudió la pertinencia de los criterios, calificación y modo de verificación de los estándares de calidad para IPSSO del “Manual de procedimientos para verificar si las instituciones prestadoras de salud ocupacional, cumplen con los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad en salud ocupacional y riesgos profesionales (SGC-SORP)”, con el objetivo de identificar las fortalezas y posibles ajustes mediante una revisión sistemática y análisis teórico de los estándares de calidad, logrando obtener un conocimiento específico y profundo sobre el modo como funcionaba el instrumento, mediante los cuales se logró sintetizar aquellos aspectos ideales teóricamente para la prestación con calidad del servicio de salud ocupacional, en función de los requerimientos establecidos en la normatividad, concluyendo que quizás es más conveniente crear un instrumento específico para salud ocupacional, higiene y seguridad industrial y aplicar el manual de habilitación actual para el cumplimiento obligatorio de estándares de calidad, que deben cumplir todo tipo de IPS en general sin diferenciar el tipo de especialidad.
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Los esfuerzos de la presente investigación se concentran en el cumplimiento del objetivo principal, el cual consiste en analizar el arrendamiento como un programa que puede ser incorporado en la política de vivienda en Colombia, para dar respuesta de forma transitoria y/o temporal de alojamiento a los hogares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, ya que actualmente la política sectorial no incorpora esta forma tenencia de la vivienda para ofertar soluciones habitacionales. El arrendamiento tiene rasgos interesantes e importantes de destacar, tales como que él mismo constituye una forma de tenencia de vivienda eminentemente urbana. Además, es un mercado al que acuden todos los estratos socioeconómicos, por lo cual no es un mercado segregado. Igualmente, al relacionar ésta tenencia con el territorio y por ende con la economía espacial, se puede decir que no existe segregación socio-espacial muy pronunciada frente a la distribución urbana de la tenencia de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, la tenencia de la vivienda en forma de arrendamiento se presenta en todo el territorio urbano de Cali, Medellín y Bogotá.
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El documento muestra la sólida influencia de la corriente doctrinal del profesor francés León Duguit (1859 – 1928), en la reforma constitucional colombiana de 1936, desde tres perspectivas: El sistema jurídico, la función social de la propiedad y los servicios públicos. Para el primer tercio del siglo XX, en Colombia, al igual que sucedía en Norteamérica y los países europeos que encauzaban nuestra tradición jurídica, las tesis individualistas sobre el modelo de Estado y el derecho, habían envejecido, y se planteaban nuevas interpretaciones del sistema jurídico imperante y del papel del Estado en la sociedad, en Colombia, el francés, León Duguit secundaría de manera decisiva, aunque no exclusiva, tal proceso.
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Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación existente entre los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las organizaciones armadas ilegales.
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El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.
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El presente trabajo tiene como objetivo sustentar la hipótesis que, debido a la división que sufrió Alemania durante cuarenta y cinco años, hizo que la derecha asumiera, desde hace décadas, una política social híbrida, adecuada para tener respuestas a los desafíos del socialismo y la socialdemocracia en materia política y económica. Para ello, desde años antes de la reunificación, el partido Unión Cristiano-Demócrata (CDU) dirigido por Helmut Kohl, se constituyó en clara opción social y redistributiva que ha marcado el paso de Alemania hasta el presente. A los partidos de la orientación de derecha se les ha acusado de descuidar los aspectos sociales del manejo del Estado debido a que, por su tendencia conservadora, han sido asociados con el predominio de la libertad individual y el mantenimiento del orden sobre el igualitarismo. Adicionalmente se les concibe a favor del statu quo, adverso a los cambios bruscos o radicales; por estos motivos el presente trabajo se centra en el análisis de la política social del gobierno de Helmut Kohl, (1982-1998), miembro del partido Unión Cristiano-Demócrata (CDU) porque, a pesar ser un partido de centro derecha, en su gobierno buscó un equilibrio entre una economía de mercado y el Estado Social de Derecho
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La presente monografia presenta tres ejes de desarrollo, o capítulos, el primero consiste en un análisis comparativo entre algunos países con y sin objeción de conciencia al servicio militar obligatorio; el segundo analiza el desarrollo de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio en Colombia, basándose en la Teoría de la Desobediencia Civil Jurgüen Habermas; el tercer capítulo muestra las principales consecuencias desde lo político, ético y social al implantar la Objeción de Conciencia del Servicio Militar Obligatorio, soporta en la teoría "Ética Constructiva y Autonomía Personal" de José Rubio Carracedo
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En las situaciones en que se presenta un conflicto armado, por lo general surge una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo que hace que los Estados en su afán por restablecer la paz en sus territorios, tengan como objeto principal la solución de los mismos, acudiendo a procesos de reconciliación, como lo son la negociación con los actores armados. En medio de los conflictos armados, la vida de las personas se ve afectada, ya que un conflicto armado produce víctimas de diversa índole, que tienen una característica especial, ya sea porque se encuentran en una situación de riesgo, pues son poblaciones que se encuentran en zonas donde se desarrolla la guerra o se encuentran cerca a objetivos militares y por tal motivo están en riesgo de convertirse en víctimas del conflicto, o porque son afectados directamente por el conflicto, es decir que ya son víctimas porque están heridos, enfermos, o se encuentran en manos del adversario y son considerados prisioneros de guerra. Es importante tener en cuenta que el sufrimiento de estas personas es muy grande y que en ocasiones puede llegar a prolongarse durante largo tiempo.
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El artículo presenta un análisis respecto a la problemática de la imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinarias por graves violaciones e infracciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cometidos por servidores públicos, en especial, por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En este estudio se abordará la regulación de la prescripción de la acción disciplinaria por estas graves conductas en los Regímenes Disciplinarios aplicables a la Fuerza Pública en los últimos treinta años y en el actual Código Único Disciplinario. Para esto se tendrá en cuenta las consecuencias de orden jurídico, político, social y económico, a nivel nacional e internacional, que puede ocasionar la declaratoria de prescripción, bien sea por la ineficiencia o el desinterés por parte de los agentes estatales en adelantar los respectivos procesos disciplinarios tendientes a evitar no sólo la impunidad en materia administrativa sancionadora, por la comisión de infracciones atroces, sino también ante la necesidad de preservar el buen nombre y la buena marcha de la administración, y a su vez, cumplir con los estándares internacionales trazados sobre la materia. Finalmente se propone una reforma legal extendiendo el término de prescripción de manera razonable, para preservar los derechos de las víctimas y los disciplinados y asegurar el cumplimiento eficaz de las obligaciones del Estado colombiano, para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre la materia, en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
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Este artículo analiza dos cuestiones que se encuentran íntimamente relacionadas. En primerlugar, desde una perspectiva crítica, se efectúa una reflexión sobre el actual modelo de relacioneslaborales español, sometido a un proceso permanente de reformas encaminadasa fomentar el empleo, aunque en la práctica se están traduciendo en un reforzamiento delpoder unilateral del empresario en el seno de las organizaciones productivas, que priva a lostrabajadores de derechos sustanciales en cuya conquista se invirtieron décadas. En segundotérmino, se aborda la incorporación de un creciente colectivo de personas expulsadas delmercado de trabajo al sistema asistencial, que también se encuentra profundamente afectado por los recortes económicos. El complejo modelo asistencial español, gestionado por las ComunidadesAutónomas, no garantiza a este colectivo la cobertura mínima de necesidades, locual está desembocando en una nada deseable regresión: paulatinamente se está retornandoa un modelo benéfico-asistencial, impropio de un Estado social y democrático de Derecho.Para ello, se explicará el modelo actual de servicios sociales, en el marco institucional delestado de bienestar y posteriormente se expondrán algunas de las dificultades actuales,consecuencia de la crisis económica, agravada por la reciente reforma laboral. Aunque lasreflexiones se centran en el ordenamiento jurídico y la realidad laboral española, son extrapolablesa otros países del entorno.
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Law is often the source of social discriminations, but, at the same time, it can be thekey to delete these social discriminations. The authors try to give an example of thisphenomenon, by analyzing the impact of the Italian citizenship’s rules over the descendantsof the Italian citizens emigrated abroad and, especially, in South America.Indeed, according to the former Italian law, only fathers could transmit iure sanguinisthe citizenship to their children: moreover, women automatically lost theItalian citizenship if they get a foreign citizenship by concluding a marriage witha foreign husband.These rules hardly discriminate the Italian women emigrated abroad and, especially,their descendants who were prevented to get the Italian’s citizenship.These discriminatory rules were finally deleted by the Italian Constitutional Courtin the Seventies and in the Eighties: however, the effects of those rules still persisted,since the decision of the Constitutional Court could not overcome the temporal limit of the entry into force of the Constitution (01.01.1948) and, therefore, could not“cover” the discriminatory facts occurred before that date.Finally in 2009, the Italian Supreme Court, by extending the effects ratione temporisof the decisions of the Constitutional Court, “reopened the doors” of the Italiancitizenship to a huge number of Italian citizenship born from Italian women beforethe 01.01.1948.Therefore, the authors focus on the social impact of this decision for all the potentialItalian citizens living in South America and try to assess its juridical effects overthe Italian law.
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El asociacionismo promueve no sólo una serie de necesidades del hombre en tanto que ser social, sino también un legítimo pluralismo ideológico, cultural y religioso necesario en las sociedades humanas. Es más, en algunos momentos de la evolución histórica de los Estados modernos, estas agrupaciones han constituido potentes focos o centros de opinión frente a las pretensiones totalitarias de algunos gobiernos. Para lograr un entendimiento suficientemente comprehensivo de la realidad asociativa en su actual configuración legal, y centrándonos en el ámbito geográfico que comprende este estudio, es imprescindible tomar en consideración la evolución histórica de este derecho en España, así como su gestación, reconocimiento constitucional y su posterior desarrollo legislativo.
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El objetivo de este escrito es proponer elementos conceptuales para el debate sobre la implementación de políticas sociales bajo la actual administración del presidente Hugo Chávez Frías en Venezuela. A través del uso de conceptos propios de la Ciencia Política y de la Sociología del Derecho, junto a la definición de los paradigmas como categoría analítica, se abordan las actuales políticas sociales como el resultado de una crisis institucional que necesariamente precisa la implementación de un nuevo paradigma, con las consecuencias que este proceso trae consigo para la institucionalidad del país. A partir de la forma en la que están concebidos los derechos sociales dentro de la Constitución de 1999, se exponen algunos de los dilemas que será necesario afrontar para el pleno establecimiento de una política social institucional.-----The aim of this paper is to propose conceptual elements for discussion about the implementation of social policies under the current administration of the President Hugo Chávez Frías in Venezuela. Through the use of concepts from political science and sociology of law, together with the definition of paradigms as an analytical category, it addresses the current social policies as the result of an institutional crisis, which necessarily requires the implementation of a new paradigm, with the consequences that this process entails for the country’s institutions. Since the reform which social rights are conceived in the 1999 Constitution sets out some of the dilemmas that will be needed to meet the full establishment of an institutional social policy.