291 resultados para Seguridad social – Legislación – Colombia


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Introducción: el Cáncer de cérvix en Colombia ocupa el primer lugar en mortalidad e incidencia. La mortalidad en el departamento del Meta durante el 2008 llegó a 65 casos, incrementándose en 15 casos con relación al año anterior. De esta cifra Villavicencio reportó 36 casos. Metodología: estudio descriptivo, de pacientes nuevos que reportaron biopsias LEIAG afiliados al régimen contributivo, subsidiado y población pobre no asegurada, en el municipio de Villavicencio durante el año 2008. De 471 registros, 189 biopsias fueron clasificadas LEIAG, datos de 71 pacientes fueron procesados en SPSS15. Resultados: por aseguramiento el 42% pertenece al contributivo, 41% al subsidiado, 12 % a la población pobre no asegurada y 5 % multiafiliados. El 88.7% de LEIAG se presentan entre 30-60 años. El 90.1% no asistió a programas de promoción y prevención. El 84% del contributivo, recibió reporte de citología entre 0-11 días. Contrastando con el 95% de la población pobre no asegurada 20-49 días. El 70.3% recibió reporte de biopsia entre 0 a 19 días. El 43.7% inició relaciones sexuales entre los 12-15 años. El 35.2% ha estado expuesta a fumigaciones. El 38% presentan antecedentes familiares de cáncer, predominando cérvix, seno y estómago. Discusión: riesgos como edad, relaciones sexuales tempranas, exposición a tóxicos, se encuentran en parámetros de literatura revisada. Demanda inducida y procesos de promoción y prevención son factores que deben fortalecer aseguradores, prestadores y ente territorial.

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Análisis del grado de incidencia de los Estados Unidos, en particular de la administración Bush, en la configuración del enfoque restringido de la Política de Defensa y Seguridad Democrática en Colombia. Periodo 2001 - 2003.

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Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la actividad física (AF) en el tiempo libre y la auto percepción del estado de salud en Colombia. Métodos: a partir de los datos de una muestra compleja se obtuvieron 14601 registros de sujetos entre 18 y 64 años de Colombia. Se aplicaron modelos de regresión logística para la auto percepción de la salud. Resultados: la prevalencia de AF en el tiempo libre fue de 5,8% en mujeres y de 13% en hombres (p < 0,001) y el auto reporte de salud encontró que 27,7% de las mujeres y 19,7% de los hombres se perciben regulares o malos (p < 0,001). Se encontró influencia de grupos de mayor edad, menor escolaridad, afiliados al sistema de seguridad social y área rural de residencia con pobres auto reportes de salud. Un OR de 1,92 (IC 95% 1,19 – 3,10) reportan las mujeres con bajos niveles de AF en el tiempo libre de auto percibirse pobre en su salud frente a las mujeres con alta AF en el tiempo libre. En los hombres no se encontró esta misma evidencia. Discusión: la influencia de un nivel vigoroso de AF en el tiempo libre sobre la auto percepción del estado de salud en el grupo de mujeres es uno de los principales hallazgos. Estos resultados permiten direccionar políticas públicas tendientes a fomentar la práctica de AF, garantizar el acceso a la educación y a la afiliación a un sistema de salud de la población.

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La Política de Seguridad Democrática se presentó como la alternativa para desenredar el nudo del conflicto armado y conquistar la paz en el país; particularmente, en lo relativo a la confrontación entre el Estado y las FARC-EP. La presente investigación se pregunta si, en efecto, la PSD logró desatar el nudo del conflicto.

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La Tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa que más muertes ocasiona en adultos luego del VIH. La mayoría de casos pueden ser tratados adecuadamente con los antibióticos disponibles, sin embargo, la prevalencia de multidrogorresistencia está aumentando, generando más fallas en el tratamiento, mayores costos en el sistema de salud y mayor mortalidad. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de tuberculosis multidrogorresistente en pacientes de 18 años o más, afiliados a 3 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Colombia, durante los años 2008 a 2011. Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles emparejado, 1 a 4, 45 casos y 180 controles, de pacientes de la base de datos del programa de tuberculosis de 3 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, evaluando variables demográficas, socioeconómicas y clínicas. Resultados: La mediana de edad de los casos fue de 43 años y la de los controles de 39.5 años, en los casos predominó el sexo masculino con 73.3%, mientras que en los controles fue mayor el sexo femenino con 51.1%. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la tuberculosis multidrogorresistente y el sexo masculino (OR ajustado 4.47 IC 95% [1.01; 19.75]), seguridad social (OR ajustado 57.6 IC 95% [4.6; 712.8]) y tratamiento previo (OR ajustado 56.2 IC 95% [10.03; 314.79]. Conclusiones: Ser hombre y tener tratamiento previo para tuberculosis son factores de riesgo para el desarrollo de multidrogorresistencia. Es necesario realizar más estudios con el sistema de salud colombiano para profundizar en los hallazgos con respecto al régimen subsidiado y el desarrollo de Tuberculosis multidrogorresistente.

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¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes.

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El sector de la medicina prepagada inició su participación en la economía nacional a partir del año 1982, con las actividades de la empresa Colsanitas, de la Organización Sanitas. Desde allí, el sector inició con gran dinamismo con la aparición de compañías que consideraron una oportunidad su participación en un segmento desatendido para la mayoría de colombianos, apostándole a brindar servicios de salud bajo los mejores estándares de prestación y calidad que le permitieron llegar a un importante volumen de afiliados superior a 900.000 en el año 1992. Con la llegada del sistema general de seguridad social en salud, bajo las directrices de la Ley 100 de 1993, el sector tuvo que enfrentar retos de innovación, desarrollo tecnológico, factores diferenciales y variedad de opciones frente a la aparición de la cobertura universal; todo esto promovido por el esquema de aseguramiento obligatorio de los cotizantes y su grupo familiar.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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La desnutrición infantil y la pobreza se encuentran asociadas y estas a su vez con el progreso de los países. Conocer las determinantes sociales y económicas de la niñez que padece de bajo peso es necesario para crear escenarios propicios para el adecuado desarrollo de la primera infancia y de esta manera contribuir con la superación de la pobreza en el marco de sistemas sanitarios equitativos. Se realiza una descripción de las características socio-económicas y un análisis de posibles asociaciones entre estas y el bajo peso infantil de una muestra de infantes de uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza de Bogotá (Colombia). La tasa del bajo peso infantil en la muestra del estudio en más alta a la presentada en Bogotá y Colombia (8.5%, 2.9% y 3.4% respectivamente). Al realizar el análisis de las posibles asociaciones entre el bajo peso y las variables de estudio, se evidencia que las relaciones son débiles entre la primera y las segundas, siendo la condición de desplazamiento la que mayor asociación positiva presenta con la deficiencia nutricional seguido del rango de edad entre los 25 y 36 meses. La situación que presenta mayor independencia con respecto al bajo peso infantil es contar con vivienda propia seguida del sexo. La desnutrición infantil se presenta en niveles importantes en sectores de mayor vulnerabilidad con implicaciones para el adecuado desarrollo de los infantes y para las intenciones de reducción de los índices de pobreza en el país. El fortalecimiento de las políticas públicas que favorezca el desarrollo infantil, la superación de la pobreza y las inequidades en los sistemas de salud deben contemplar acciones integrales dirigidas a los más vulnerables, con la participación de la sociedad civil y los sectores públicos y privados, el compromiso político y económico de los gobiernos y reglas claras que contribuyan a la solución estructural de la pobreza y que promueva el adecuado desarrollo infantil.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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Este trabajo contribuye al análisis de la incidencia del paradigma del Desarrollo Urbano Sostenible en el proceso de toma de decisiones legislativas en Colombia, concentrándose en la discusión y definición de la agenda legislativa sobre asuntos urbanos, durante el periodo 1991-2006.

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Dentro del marco de la Ley 100 de 1993 el sector salud en Colombia se vio retado a una situación de turbulencia que tuvo que ser enfrentada por actores que apalancaron su crecimiento en las nuevas directrices normativas. Surgieron entonces las entidades promotoras de salud (EPS), que en el régimen contributivo dinamizaron el sector mediante la contratación de los servicios con instituciones de salud reconocidas en el sector en diferentes ciudades del país. Para poner en marcha sus modelos de prestación del plan obligatorio de salud (POS), las organizaciones tuvieron que realizar cambios drásticos en su interior con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias relacionadas con legislación, calidad y enfoque de riesgo. Específicamente Coomeva EPS, catalogada como la segunda EPS del país con mayor número de afiliados desde hace más de una década, orientó su política estratégica a la contratación para la prestación de los servicios del POS con diferentes entidades que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley en las ciudades más importantes del país. En Medellín y el Oriente Antioqueño realizó alianzas estratégicas con clínicas privadas como las Clínicas Medellín, del Prado, Las Vegas, Las Américas, San Juan de Dios de la Ceja, entre otras, que innovaron en la apertura de servicios de primer nivel de atención ambulatorio (IPS en alianzas), involucrando el 50% de su capital y mejorando así la cobertura de atención para esta complejidad al abrir para los usuarios posibilidades de atención con altos estándares de calidad. Con el transcurso de los años, muchas de esas alianzas desaparecieron debido a la situación financiera del sector salud entre 2005 y 2008. Aquellas que lograron sobrevivir adoptaron el nombre de UBA (unidad básica de atención) en alianza, según su origen, y crecieron bajo modelos de contratación cambiantes enmarcados en las directrices de Coomeva EPS, quien a través de la modalidad de pago por capitación dio continuidad a la contratación de los servicios de primer nivel de atención asignándole a estas instituciones poblaciones de usuarios estables para la prestación de los servicios del POS. Es importante aclarar que cada una de estas empresas cuenta con autonomía financiera y capacidad de planeación bajo los lineamientos del Sistema de Seguridad Social en Salud; pero bajo el modelo de gerenciamiento de la enfermedad de Coomeva EPS, lo cual no le impide diversificar su ingresos siempre y cuando se generen como efecto de la prestación de servicios de salud. Basados en lo mencionado y en algunos elementos estratégicos de cada institución hemos querido revisar y hacer un análisis del comportamiento de cuatro de esas organizaciones que aún permanecen en el mercado a pesar de la “alta marea” vivida durante varios años en el sector y que, como lo mencionamos, provocó el cierre de muchas de esas alianzas. Nos interesa revisar aquellas condiciones que debieron ser enfrentadas en el tiempo entre 2007 y 2011 por estas instituciones, las cuales pudieron conferirles o no características diferenciadoras y de competitividad influyendo directamente en la viabilidad y perdurabilidad del sector al que pertenecen. Para ello se realiza un análisis estratégico de este último, utilizando la metodología del Análisis Estructural de los Sectores Estratégicos, desarrollada por Restrepo y Rivera (2006), de modo que, a través de esta herramienta, se logran identificar niveles de concentración entre estas empresas, diferencias en relación a rentabilidad y políticas empresariales; además, se levante el panorama competitivo del sector y se realice el estudio de competidores y de las fuerzas del mercado. Para terminar, se presentarán algunas conclusiones relacionadas con la manera como el sector ha perdurado en el tiempo a pesar de estar enfrentado de manera permanente a un entorno turbulento. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera, pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto “perdurabilidad”, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas.

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En Colombia, como en muchos países de América Latina, en los años 80 y 90 se hicieron cambios importantes en los regímenes de pensiones. Este trabajo hace un análisis de uno de esos cambios en Colombia. El cambio consistió en aumentar el tiempo de cotización necesario para reclamar los beneficios pensionales y la inclusión del salario dentro de la fórmula del monto de pensiones. Para este propósito se estudia el impacto sobre la oferta laboral de un cambio exógeno en estas condiciones usando un diseño de regresión discontinua. Se encuentra un efecto positivo sobre las horas promedio trabajadas en la semana.

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En Colombia, después de casi dos décadas de la creación del régimen de cuentas privadas, se implementó una reforma donde se pasa de un sistema con un único fondo a uno multifondos. Este tipo de reformas se vienen implementando en diferentes países europeos y de Latino América. A la luz de las teorías clásicas dicha reforma trae mejoras en el bienestar de los individuos; sin embargo, la literatura sobre las nuevas teorías del comportamiento sugiere que los individuos no siempre toman decisiones que están de acuerdo con los supuestos de las teorías clásicas. Este trabajo estudia esta reforma en Colombia bajo algunas de las teorías del comportamiento financiero. Se encuentra que aún cuando el afiliado se quede en la opción default , o actúe con aversión a la pérdida, va a obtener valores en sus cuentas privadas mayores a las que obtendría con un sistema de un único fondo.

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La seguridad del paciente constituye una prioridad y un reto para los organismos Gubernamentales y para las instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional (Sescam, 2007), quienes han emprendido una búsqueda de soluciones por medio de diferentes metodologías y estrategias que permitan reducir al máximo los riesgos de la atención de salud para el paciente (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2002). Aunque se cuenta con mejores sistemas o metodología de análisis y sistemas de notificación la persistencia del fenómeno es constante. ( Requena, Aranaz, Gea, Limón, Miralles, & Vitaller , 2010). En esta tesis se plantea una nueva alternativa de gestión en la seguridad del paciente a través de la Teoría de Restricciones (TOC) para emprender acciones que permitan analizar el sistema bajo esta nueva metodología, intervenir de manera oportuna, impactar y estimular al personal de salud a trabajar en la búsqueda del mejoramiento continuo para el establecimiento de un sistema efectivo de gestión de la seguridad del paciente y una cultura de seguridad de los trabajadores de la institución de salud.