52 resultados para GESTION DE LA DEUDA


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El presente informe describe a profundidad el resultado del ejercicio de práctica profesional que dentro del marco formativo de la Maestría en Estudios Sociales, en la línea de profundización o Análisis y Gestión de proyectos de Intervención Social. Se elabora un diagnóstico situacional y contextual sobre un ejercicio investigativo realizado por una firma consultora de proyectos antropológicos, que se ejecutó bajo contrato y por petición de una compañía petrolera con operación en varios departamentos de Colombia. Es preciso aclarar que no se cuenta con la información de una línea base, ya que ésta no fue suministrada por la empresa para quien se elaboró el diagnóstico. La investigación fue desarrollada durante veinticinco días en los que se visitaron tres campos, ubicados en dos departamentos diferentes. Durante este tiempo, el equipo investigador vivió bajo las mismas condiciones que los trabajadores, empleando técnicas de investigación cualitativa como la observación, la entrevista a profundidad y el grupo focal; esto atendiendo a las características del contexto y la disponibilidad de informantes clave, que estaban sujetas a la no alteración de la vida cotidiana laboral. Entre los hallazgos más relevantes aportados por la información recabada, se encuentran: la caracterización del relacionamiento y discursos que refuerzan la discriminación de género, las condiciones laborales en términos de estatus y remuneración, los usos y apropiación del espacio, todo esto analizado principalmente desde un abordaje Bourdieusano, y la pertinencia que en este contexto puede tener el abordaje del fenómeno desde la perspectiva del trabajo decente como lo propone la OIT (2005). A partir de esto, se señalan los aspectos fundamentales a tener en cuenta para una futura estructuración de estrategias de intervención encaminadas a la modificación del contexto y la dignificación del trabajo en campo, demostrando la pertinencia y el aporte que tiene la formación aplicada en cualquier tipo de contexto social.

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La seguridad agroalimentaria debe ser prioridad para los gobiernos de Brasil y Argentina, debido a que deben garantizar la producción y el abastecimiento de los alimentos básicos para las futuras generaciones, entendido como alimentos básicos aquellos que más se consumen, ya sea en su forma original o por medio de sus subproductos, estos productos son el trigo, el maíz y el arroz. El garantizar la producción y el abastecimiento de estos productos en el corto y largo plazo, implica entender cuáles de los procesos productivos aplicados en la realización de los productos base de alimentación no son compatibles con el medio ambiente, generando impactos negativos sobre este. Estos impactos ambientales generados a partir de la agricultura, son identificados como el uso excesivo de recursos naturales entre ellos el agua, así como su contaminación por agentes toxico como los agroquímicos y fertilizantes. Asimismo, el uso de estos agentes tóxicos, genera la infertilidad de los suelos afectando directamente la producción en el largo plazo. Entender los impactos ambientales, implica desarrollar estrategias transversales que le permitan a los garantizar un desarrollo sostenible a lo largo de todo el ciclo del producto; estas estrategias deben estar acompañadas por un rendimiento y eficiencia de los cultivos, de nada sirve implementar estrategias compatibles con el medio ambiente si no se cumple con el principal objetivo de la producción de estos producto, que es garantizar el abastecimiento y alimentación para las generaciones presentes y futuras.

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Juicio seguido por el tesorero del Colegio Mayor del Rosario contra los herederos de Francisca de Arce y León, por una casa ubicada en el barrio la Catedral, que la difunta heredó de su tío Juan de León; y que debería pasar a manos del Colegio Mayor tras la muerte de dicha heredera (24 de julio de 1845), como expuso Juan de León en su testamento. El juicio contiene la discusión de las partes y documentos probatorios del caso como copias de las cédulas reales de fundación del Colegio y las constituciones quinta, séptima, octava y novena que tratan sobre los colegiales y las becas (fol. 184-191), así como el testamento de Ana de León (Fol. 203v-) heredera del presbítero Juan de León. Se adjunta la resolución y autos del Tribunal del distrito de Cundinamarca (Fol. 219- 221) ordenando a Pedro de Herrera y Arce la entrega de la casa y tiendas legadas por Juan de León, al Colegio Mayor del Rosario, además del pago de los réditos producido por la propiedad. El expediente finaliza con una petición del tesorero del Colegio Mayor ante la muerte de Pedro de Herrera, para publicar edictos para convocar a sus herederos y que estos se hicieran cargo de la deuda y entrega de la casa.

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Informe final de investigación en el que se define el contenido y se delimita el alcance de la autonomía financiera en los entes municipales en Colombia. Lo anterior, partiendo del premisa del artículo 311 de la C.N., en donde el Municipio es concebido como la “entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado (…)”, al cual se le arrogó autonomía como derecho y como garantía institucional, para destinarlo a ser la piedra angular de la organización territorial del Estado, autonomía para la gestión de sus intereses que se manifiesta en la facultad de administrar sus recursos, establecer tributos y participar en las rentas nacionales; indicando que es éste el objeto de análisis del presente documento. La autonomía financiera en los municipios será analizada desde el punto de vista constitucional, normativo, jurisprudencial y doctrinal. Se demostrará que ésta es el resultado de la evolución en la forma en la cual se ha hecho y se hace el gasto público en Colombia, una transición que de manera simultánea al proceso político administrativo, ha demostrado que sólo a través del empoderamiento de los municipios puede concretarse la eficiencia como principio orientador del gasto público. Además, se examinará la autonomía financiera municipal en sus dos manifestaciones esenciales, es decir, revisando la forma en que los municipios obtienen sus recursos y la forma en que posteriormente los ejecutan.

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El presente artículo busca analizar la formulación del programa “Ser Pilo Paga” (SPP) que hace parte de la política Nacional de educación superior. Para esto, se hará referencia a los conceptos de política pública y su ciclo, enfocándonos en la fase de formulación, para luego explicar las generalidades de la educación superior en Colombia. Asimismo se estudia en detalle, la base y el fundamento, al igual que la normatividad, y componentes del programa. Mediante el análisis de estos conceptos, la observación de datos, estadísticas y entrevistas se logró llegar a la conclusión de que este programa de inclusión es inadecuado y sus alcances limitados, ya que hay una exclusión del derecho a la educación de calidad a un mayor grupo poblacional y se destina gran cantidad del presupuesto para una cuestión focalizada, apuntando a un reducido grupo de estudiantes.

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Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado, a través de la gobernanza, trabaja en conjunto con otros actores en el cumplimiento de la Política Pública Nacional de Primera Infancia (PPNPI) para mejorar el bienestar de los niños menores de seis años. Hoy cada vez más empresas, al asumir su responsabilidad social empresarial, se interesan en el tema. A través de la Fundación Éxito, los almacenes Éxito promueven la nutrición de la primera infancia por medio de sus diferentes programas enfocados en nutrición. Entre estos se encuentra el Programa de gestantes y lactantes, el cual se evalúa aquí según las metas del objetivo específico de la PPNPI: promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos, desde la gestación hasta los seis años.

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A finales del Siglo XX, Colombia se encontraba en un escenario bastante complicado en relación con la situación del país en años anteriores. Todo esto, debido a que el país se vio afligido por una serie de situaciones adversas: el desempleo, la violencia y catástrofes naturales, fueron una de las muchas cosas que generaron un grave periodo de recesión en el país. Frente a estos desafortunados acontecimientos, y en búsqueda de propiciar y fortalecer la economía del país, el Gobierno decide en su momento, intervenir en la economía local, principalmente en el Sector Privado, con el fin de normalizar la actividad productiva del país en todos los sectores económico. Para esto, el Gobierno en conjunto con la Superintendencia de Sociedades y teniendo en cuenta la devaluación de la moneda, las altas tasas de interés que existían en ese entonces, y, la disminución de la demanda, deciden desarrollar mecanismos de conciliación tanto para los deudores como para los acreedores con el fin de reactivar la economía y mejorar la situación financiera y contable del sector productivo y de servicios, con el fin de superar la crisis en la que se encontraban sumergidos en ese entonces. La ley 550, constituida en el año 1999 y también conocida como la Ley de Insolvencia Económica, otorgo herramientas para la reestructuración de empresas que decidieron acogerse a dicha ley, a un total de 1.323 empresas que se encontraban en proceso de liquidación. Para poder acceder a este proceso de reestructuración, además de cumplir con ciertos requisitos que se mencionaran posteriormente, las empresas que podían acceder a esta ley, debían encontrarse en mora en el pago de 2 o más obligaciones por un periodo mayor a noventa días, o, se debían encontrar envueltas en por lo menos 2 demandas ejecutivas por mora en el pago de cualquier deuda adquirida en nombre de dichas empresas.