Consejos superiores de la administración, neocorporativismo y participación orgánica

La Constitución Política de 1991 introdujo el concepto de participación como dato fundamental de su estructura. Un estudio ligero permite evidenciar una cantidad de artículos que regulan la materia participativa sin embargo, dichos preceptos se encuentran sin una relación de convexidad precisa. En cuanto al tema de la participación del administrado en la administración pública, como género de la especie que engloba las normas precisas sobre el ejercicio de funciones administrativas por particulares, el problema es de mayor complejidad; ello debido a que el problema participativo supone el estudio de teorías sociológicas que explican el fenómeno desde perspectivas que superan el ámbito normativo de los preceptos que consagran dicho fenómeno. El presente artículo tiene como propósito estudiar desde un punto de vista teórico el problema de la participación como fundamento del ejercicio de funciones administrativas por particulares con el objeto de explicar su fundamento último. Para este efecto, el artículo propone un panorama general de los fundamentos tradicionales del derecho administrativo y su eficacia actual, dentro del marco de una sociedad compleja en permanente conexión con el Estado Social de Derecho. A su vez expone teorías explicativas de la relación mencionada y sus efectos en la producción de normas jurídicas. Por último, expone un estudio de caso para la aplicación de los fundamentos teóricos expuestos en este artículo.

Los intereses geopolíticos de España y Marruecos en la controversia fronteriza por los territorios ubicados en el Estrecho de Gibraltar – Mar Mediterráneo. En el periodo comprendido entre 1956 y 2002

El objeto de investigación geográficamente se circunscribe a España y Marruecos, bajo el análisis conceptual de la soberanía pretendida por ambos países de los territorios en disputa ubicados en el Mar Mediterráneo desde el Estrecho de Gibraltar hacia el este.

La responsabilidad de la administración pública en la etapa precontractual: actos y hechos administrativos, fundamentos de reparación y acciones judiciales.

En el presente trabajo se estudia la responsabilidad precontractual del Estado en el marco del proceso de licitación pública, haciéndose un paralelo con el régimen del derecho privado. Se comienza delimitando la etapa precontractual, identificándose los estadios más relevantes descritos por la doctrina, con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza de los actos que se producen para formar la voluntad contractual. Definido lo anterior, se pasa al análisis de los intereses que son tutelables en dicha etapa y las consecuencias jurídicas que se siguen de su vulneración. En esa línea, se considera posteriormente el tema de la forma de reparar los daños causados en la fase precontractual, y cuando se trata de indemnización, el monto de la misma. Finalmente, se emprende el análisis de las acciones judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, que pueden activarse cuando se han desconocido los principios y reglas que rigen la actividad precontractual de la Administración Pública.

La autonomía de las entidades territoriales en la administración del servicio público educativo en Colombia

Este documento presenta un estudio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales en la prestación del servicio público educativo en Colombia.

El sistema de desarrollo administrativo en la administración pública Colombiana

El Sistema de Desarrollo Administrativo y sus alcances en la actual Ley de Administración Pública. Antes de la Ley 489 de 1998 las entidades de la Administración Pública no trabajaban en forma coordinada y la colaboración interinstitucional era deficiente, lo cual se ha corregido con la entrada en vigencia de la citada norma. Con la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo creado por la Ley 489 de 1998, las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, deben aplicar un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de sus recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, tendientes a fortalecer su capacidad administrativa y su desempeño institucional. Las Políticas de Desarrollo Administrativo fueron plasmadas en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 y reagrupadas por el Decreto 3622 de 2005, en cinco ítems para su mejor comprensión y aplicación: 1) Política de Desarrollo del Talento Humano Estatal. 2) Política de Gestión de la Calidad 3) Política de Democratización de la Administración Pública. 4) Política de Moralización y Transparencia de la Administración Pública y 5) Política de Rediseños Organizacionales. Las anteriores políticas junto con el Plan Nacional de Formación y Capacitación constituyen los Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 16 de la Ley 489 de 1998, las cuales se aplican actualmente en los 19 Sectores Administrativos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. En el Orden Territorial la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo ha sido parcial y los resultados aún no están consolidados. Nuestra investigación pretende que con el conocimiento claro del tema, a través de una adecuada planificación de los recursos de las entidades públicas, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades públicas, se administre mejor el Estado.

El modelo de cooperación de la organización Mujeres de Negro de España con la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja en el periodo 2000-2010

Este estudio de caso analiza dos organizaciones de mujeres, Las Mujeres de Negro (MdN) de Madrid, España, y La Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja, Colombia, durante el periodo 2000-2010. Se analiza el modelo de cooperación entre dichas organizaciones, así enmarcado en una red transnacional. Las estrategias de ambas organizaciones están enfocadas en garantizar el respeto de los Derechos Humanos, y especialmente los derechos de la mujer. Las organizaciones analizadas aquí pertenecen a diferentes países, integradas en transnacional. Mujeres de Negro y la OFP comparten estrategias y plataformas, cooperan y se ayudan entre sí para el fortalecimiento y mejoramiento de sus prácticas y el logro de sus metas.

Análisis del programa de iniciativa comunitaria INTERREG III A Francia-España como herramienta para promover el desarrollo de la región de frontera del macizo pirenaico (2000-2006)

La cooperación transfronteriza franco-española recibió un impulso a partir de la década de los 90 con la aplicación de los programas INTERREG, propuestos por la Comisión Europea. En su tercera programación, se quiso favorecer el desarrollo territorial sostenible de la región del macizo pirenaico, a partir de la realización de proyectos binacionales en la frontera, financiados en el marco de INTERREG. En esta monografía se analizó la iniciativa comunitaria INTERREG III A Francia-España como herramienta para promover el desarrollo territorial sostenible del macizo pirenaico, en las dimensiones de lo económico, lo social y lo medioambiental. Obstáculos de diverso orden (institucionales, jurídicos, financieros, etc.) explican los resultados sub-optimales de la aplicación del programa con relación a la promoción del desarrollo territorial sostenible en sus tres dimensiones, aunque de manera diferenciada entre la vertiente española y la francesa.

Análisis de la nueva política migratoria y de cooperación de España hacia África Subsahariana y su incidencia en la articulación de la política de inmigración de la Unión Europea de 2004 a 2009

Esta monografía analiza la nueva diplomacia migratoria española enfocada hacia África Subsahariana y el proceso que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por reintroducir el Enfoque Global sobre Migraciones dentro de las prioridades de la agenda política común europea.

Análisis de la problemática suscitada sobre el acuerdo humanitario entre el Gobierno Nacional y las FARC durante la Administración de Andrés Pastrana y la primera Administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)

Este Estudio de Caso busca analizar la problemática suscitada sobre el acuerdo humanitario entre el Gobierno Nacional y las FARC durante la Administración de Andrés Pastrana y la primera Administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Desde esta perspectiva el trabajo se fundamenta en dos objetivos específicos: describir los antecedentes de los diálogos sobre el acuerdo humanitario entre el Gobierno y las FARC; e identificar los principales acontecimientos que caracterizaron la evolución de las exigencias sobre el acuerdo humanitario durante la primera Administración Uribe. Estos objetivos responden a una investigación de tipo cualitativa, brindando un contexto histórico de la situación, para posteriormente, identificar los acontecimientos durante el primer gobierno de Uribe con respecto a la problemática suscitada alrededor del acuerdo humanitario.

La influencia cultural de los migrantes del Norte de África (Marruecos, Libia y Argelia) en la redefinición de la política exterior de España durante el período 2004-2008

Las relaciones entre España y el Norte de África se han convertido en eje principal de la agenda política del gobierno Español. La cercanía geográfica y los intereses comunes, han hecho de España una Nación flexible respecto a sus vecinos, los cuales tras una marcada desigualdad interna, prevén la evolución de sus países y de su sociedad en las prometedoras tierras españolas. La migración magrebí, a pesar de ser una constante preocupación para el gobierno español, ha tenido varios intentos de limitarse por medio de las políticas fronterizas y de extranjería, sin embargo, las necesidades tanto de España como del Magreb, llevan a mantener una cordialidad que no permite la proclamación de unas políticas eficaces y contundentes respecto a la migración y las consecuencias que ésta conlleva.

Análisis de las implicaciones políticas para Marruecos frente al reconocimiento de Sahara Occidental como estado por parte de la Unión Africana, 2002 - 2008

En 1974, España como potencia administradora del Sahara Occidental, decide retirarse de este territorio bajo la resolución 1514 de Naciones Unidas, dejando como administrador a Marruecos con el fin de que llevara a cabo el derecho de autodeterminación a través de un referendo. Actualmente y después de treinta años, este referendo no se ha llevado a cabo siendo Sahara Occidental la última colonia en África. Durante este tiempo, Marruecos ocupó militarmente gran parte del Sahara Occidental reclamándolo como parte de su territorio, hecho que no es aceptado por la población saharaui ni por el Frente Polisario (movimiento independentista del Sahara Occidental), quienes reclaman la independencia total del territorio. De esta manera, la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática como Estado en 1976 logró el reconocimiento de varios Estados y organizaciones internacionales como la Unión Africana, hecho que hizo que Marruecos sea el único país africano que no pertenezca a esta organización. Así mismo, su ausencia dentro de la organización trajo para Marruecos implicaciones políticas en tres importantes temas: la Nueva Alianza para el Desarrollo – NEPAD, el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos y la participación de la Unión del Magreb Árabe como Comunidad Económica Regional CER.

Debate teórico entre los enfoques clásico y moderno de la Administración Pública, en torno a los postulados principales que los soportan

El presente trabajo expone el nivel de complementariedad existente entre los principales postulados que defienden los enfoques clásico y moderno de la Administración Pública.

Discusión de las teorías de estado fallido: ilustración Colombia durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010)

Dicho trabajo pretende evaluar la pertinencia del Indice de Estados Fallidos de la Organización Fondo por la Paz y la Revista Foreign Policy, bajo dos aspectos, por un lado el sutento teórico sobre el concepto de Estado de Robert Rotberg, Charles Tilly y Michael Mann, y por otro lado observar la pertinencia metodológica usando como ejemplo el caso colombiano en el periodo 2002-2010.

Análisis de la incidencia del contrato de prestación de servicios en el funcionamiento de la Administración Pública Colombiana. Periodo 2002-2010

Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como “contratos de prestación de servicios”, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.

La supervisión de los contratos celebrados por las unidades administrativas especiales y las superintendencias de la administración nacional

El documento contiene un análisis sobre la manera de controlar los contratos estatales antes y después de la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)