84 resultados para Derechos de la niñez


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Los menores de edad en Colombia han sido el blanco de los grupos como el ELN y las FARC quienes los reclutan con el fin de incrementar su esquema de lucha, esto gracias a que los niños son fácilmente amoldable a nuevas estructuras emocionales, sin contar que muchos de estos pequeños atraviesan por difíciles situaciones en sus hogares.

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El presente es un estudio de caso que busca encontrarle significado a la actuación de la República de China (Taiwán) como Estado de Facto en el Sistema Internacional, durante el periodo 1971 – 2011. El estudio se centra en las formas de validación jurídicas que le permiten a Taiwán interactuar con otros actores en el Sistema Internacional.

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se pretende desarrollar un documento que además de documentar e informar a la sociedad en general sobre la situación actual de la trata de personas en Colombia, contribuya a promover la aplicación de los instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, orientados a la prevención, protección, atención humanitaria y mejora de su situación, a fin de garantizarle a este segmento de población el pleno ejercicio de sus derechos, desde la concepción integral de los derechos humanos. Según la problemática descrita, para el desarrollo del presente trabajo se busca analizar la eficacia de la cooperación de las Naciones Unidas (ONU) frente a la trata de personas en Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2009. A partir de lo anterior, se plantean como propósitos particulares: contextualizar el fenómeno de la trata de personas en Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2009; identificar las estrategias y/o políticas del Estado orientados a la protección y prevención de la trata de personas en Colombia; identificar las acciones de cooperación de las Naciones Unidas (ONU) con el Estado colombiano frente a la prevención y protección de la trata de personas en Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2009.

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El debate en torno a la conformación de familias diversas, es decir, aquellas cuyo alguno de sus integrantes pertenece a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o intersexuales, ha cobrado gran interés en los últimos años, por el desarrollo común del tema en el ámbito internacional. Se ha podido observar que su hilo conductor radica en el reconocimiento del derecho a la igualdad y, en consecuencia, la no discriminación en razón de la orientación sexual. Este texto utiliza la evolución normativa y jurisprudencial de Colombia y países como Argentina y México, así como la posición actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de examinar el estado sociojurídico actual colombiano y posteriormente identificar cuáles constituyen los retos del legislador al confrontar la posibilidad de legalizar el matrimonio para las parejas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales). Se ha encontrado que el Estado colombiano mantiene una posición avanzada frente a la discusión, principalmente por los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional frente a este fenómeno. Los resultados parciales de la investigación demuestran que en, pocos años, la inclusión del matrimonio homosexual en Colombia será una realidad y no una mera especulación, y que será el legislador, junto con la sociedad civil, el llamado a continuar con el debate iniciado hace cinco años, desde la primera sentencia que reconoce derechos a la población LGBTI.

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Como en los dos años anteriores, la Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se ha asociado con la Fundación Hanns Seidel para organizar el III Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, el cual tiene por objeto promover e incentivar la investigación entre los estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros profesionales de nuestra nación hacen al análisis y la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen. La democracia, sus elementos, su materialización mediante la participación ciudadana, son un eje de especial importancia para investigar. La tercera versión del concurso permitió a los estudiantes participantes proponer interesantes tesis alrededor de la construcción de paz, la sociedad civil y el fortalecimiento de la democracia, tema de particular interés justo en este momento histórico del país, en el marco de los diálogos de paz que se adelantan desde octubre de 2012 en La Habana. Para lograr un estudio más profundo de las temáticas que se abordan en el concurso, la competencia se propone siempre en el marco de un seminario internacional que evoque el mismo tema. Este año, en asocio con el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria, que representa el esfuerzo de cinco universidades colombianas por estudiar el tema de la tierra, tan emblemático en nuestro país, se organizó el diálogo mayor “Conflicto, desigualdad y desarrollo: trasformaciones agrarias y paz”, que contó con más de quinientos asistentes, procurando un análisis de expertos de alto nivel alrededor de las preguntas que deben plantearse los gobiernos, los líderes y la sociedad civil en la búsqueda de la anhelada paz. De las ponencias recibidas por parte de diferentes instituciones educativas del país en el marco de la convocatoria del concurso, veinte de ellas fueron seleccionadas para participar en la fase oral de los días 18 y 19 de septiembre de 2013 en la Universidad del Rosario. Tanto la fase oral como la escrita contaron con la participación de profesores de altas competencias profesionales y académicas que, como pares evaluadores y jurados en ambas fases, certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos. Por tercer año consecutivo las ponencias ganadoras del concurso son publicadas por la Editorial de la Universidad del Rosario y gracias a la financiación de la Fundación Hanns Seidel, que desde el principio creyó y respaldó esta iniciativa. Así pues, continuamos con nuestro deber académico de incentivar el debate a partir de la investigación en temas de actualidad jurídica, política y social realizada por los estudiantes y cumplimos con nuestro objetivo de seguir construyendo la Colección Semilleros de Investigación de la Universidad del Rosario, la cual es distribuida a las diferentes bibliotecas nacionales, departamentales y universitarias, con el fin de llegar al mayor número posible de destinatarios para que puedan conocer las reflexiones de nuestros estudiantes.

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Esta monografía busca analizar cier tas funciones que el Constituyente colombiano de 1991 le asignó a uno de los dos órganos de la Organización Electoral: el Consejo Nacional Electoral; dichas funciones está consignadas en el artículo 265, numeral 5: Velar por el cumplimiento de las normas s obre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías: y por el desarrollo de los procesos electorales, en condiciones de plenas garantías. 1 Cabe s eñalar que se hará especial énfasis en ciertos aspectos. En el primer capítulo, además de una breve introducción al caso del Consejo Nacional Electoral y los temas que se desarrollarán a lo largo del texto, el análisis se centrará en las normas sobre part idos y movimientos políticos en cuanto a su financiamiento y, especialmente, a la vigilancia a la financiación de campañas electorales. En el segundo capítulo se analizará n las disposiciones sobre publicidad política, encuestas políticas y, especialmente, propaganda electoral. A la observación de estos dos criterios netamente políticos se añadirá un tercer factor caracterizado por la actividad administrativa, los recursos humanos y económicos de los cuales la Corporación dispone para desempeñar las funcione s y/o mandatos citados anteriormente.

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Actualmente nuestro país padece una de las expresiones más dramáticas de violencia como es el Desplazamiento Forzado, resultado del conflicto armado interno, las nuevas dinámicas del enfrentamiento y la disputa por un control territorial. Este fenómeno ha ahondado en la exclusión social: aumentando los niveles de pobreza, la informalidad laboral, la continua violación de los derechos fundamentales, la falta de garantía en los derechos prestacionales, entre otras manifestaciones.

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El interés de esta investigación diagnóstica es evaluar el tema de los refugiados ambientales en las legislaciones internacionales que se encuentran en vigencia actualmente. Es un elemento de análisis pertinente debido a que durante los últimos años el cambio climático y sus efectos adversos han causado estragos en algunas poblaciones, dando origen a lo que se conoce como refugiados ambientales. Así, la falta de inclusión del concepto en la normatividad internacional, representa una problemática, en tanto que estas personas no tienen ningún tipo de apoyo por parte de la Comunidad Internacional. En este trabajo se centra en el caso de las Islas Maldivas y refleja la necesidad de crear un nuevo régimen internacional que cubra a la figura de refugiados ambientales, para así hacer frente a esta problemática internacional.

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A veinte años de la Constitución de 1991, y después de padecer una violencia endémica durante la década de los noventa, y por qué no decirlo, también en la primera década del siglo XXI, es pertinente hacer una reflexión ponderada sobre los efectos que ha tenido la Constitución de 1991 sobre el comportamiento tanto del Estado como de los actores armados. En especial porque algunos críticos ven en la constitución un obstáculo para la terminación del conflicto debido a  su abundante carta de derechos, que según su entender están diseñados para proteger a los malos y maniatar al Estado. Para otros la Constitución se convirtió en una especie de fetiche que no debía ser reformado, pues de hacerlo, se perderían los espacios democráticos ganados y tendría como consecuencia una escalada de la violencia. El artículo demuestra que ni lo uno ni lo otro es cierto, es decir, ni la carta de derechos es la responsable de los problemas de violencia que sufre el país, ni los espacios de democratización abiertos por la constitución son la panacea para culminar con la violencia en Colombia. Este artículo pone en su justa medida los aciertos de los constituyentes como los dilemas no resueltos que conllevó la aprobación de la Constitución de 1991.

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Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado, a través de la gobernanza, trabaja en conjunto con otros actores en el cumplimiento de la Política Pública Nacional de Primera Infancia (PPNPI) para mejorar el bienestar de los niños menores de seis años. Hoy cada vez más empresas, al asumir su responsabilidad social empresarial, se interesan en el tema. A través de la Fundación Éxito, los almacenes Éxito promueven la nutrición de la primera infancia por medio de sus diferentes programas enfocados en nutrición. Entre estos se encuentra el Programa de gestantes y lactantes, el cual se evalúa aquí según las metas del objetivo específico de la PPNPI: promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos, desde la gestación hasta los seis años.

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Todo el estudio se ha dirigido desde las posibilidades que brindan las declaraciones de bienestar en el nivel supra-nacional a favor de las comunidades, tales como la carta deDerechos humanos”, la proclamación de la “Condición del artista”

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La tendencia generalizada para dar una solución a estos conflictos, era el uso de la facultad legislativa, que generalmente daba una solución simbólica, que en ocasiones no se acercaba a la realidad y no era un medio eficaz

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Analizar el papel de la ONU a través de la UNIFEM en la protección de Derechos Humanos de la mujer desplazada colombiana frente a la gestión y efectividad en el cumplimiento de las políticas de gobierno del Presidente Uribe Vélez.

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

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Introducción: Según OMS en 2011, 536.000 mujeres murieron en el mundo por causas relacionadas al embarazo y el parto; obteniendo Colombia índices altos de mortalidad materna (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2010); mientras Casanare reportó cuatro casos en 2009, y Yopal en 2010 alcanzó una tasa de 66,5 por 100.000 NV (Plan de desarrollo municipio de Yopal); por tanto se busca identificar factores que afectan la adherencia al control prenatal. Metodología: Estudio observacional de prevalencia analítica realizado con datos de gestantes de Yopal (Casanare) canalizadas por Intervenciones Colectivas 2011, con una muestra de 621 gestantes en las semanas de gestación 8,12,16,20,24,28,32,36,38 y 40.. Resultados: La adherencia al control prenatal fue del 15% y los factores que mostraron asociación estadísticamente significativa con adherencia al control prenatal fueron: régimen de salud (P=0.010); semana de gestación (p=0.000); trimestre del embarazo, antecedentes de abortos, apoyo económico (OR=1.738; IC=95%; 1.026-2.945); embarazo planeado, soporte familiar, satisfacción de compartir tiempo y espacio con el cónyuge (p=0.009, 0.001, 0.006); convivencia con familia materna (P=0.032), razón de verosimilitud 0.046, y valor OR=0.444; IC=95%; 0.208 – 0.948; y se identificaron barreras como inoportunidad de citas e insatisfacción por los servicios, donde el 98,9% de gestantes que no las encontraron tuvieron adherencia al control prenatal. Conclusión: Es necesario fortalecer programas de promoción de salud materna, control prenatal, prevención del embarazo adolescente y derechos de la mujer; reforzando acciones de vigilancia para disminuir las barreras de aseguramiento y calidad de los servicios.