78 resultados para Carlos María Ramírez
Resumo:
Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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Introducción: el objetivo de la rehabilitación en los pacientes neurológicos es reducir su discapacidad, potencializar su funcionalidad y promover su independencia para así permitirle desempeñar un rol activo en la comunidad. Por esta razón, es de gran importancia prevenir la aparición de eventos adversos en esta población mediante la detección temprana de factores de riesgo que conllevan a pacientes con enfermedad cerebro vascular a presentar caídas y a su vez le permita a los profesionales de la salud generar estrategias para minimizar su incidencia, complicaciones y/o secuelas. Objetivo: determinar los factores relacionados con la alteración del centro de gravedad y riesgos de caída en paciente con trastornos neurológicos Metodología: se realizó un estudio cuantitativo descriptivo exploratorio retrospectivo donde se tuvieron en cuenta pacientes diagnóstico de enfermedades neurológicas que presentaron o no antecedentes de caídas junto con otros criterios de inclusión y exclusión, tomados de las bases de datos de la institución Mobility Group. Resultados: Se evaluaron en total 19 sujetos (52,6 % hombres) con edad media de 48,37 años. Se clasificaron en dos grupos (alto y bajo riesgo de caída ) de pacientes según la aplicación de la escala de riesgo de caída de J.H. Downton a los cuales se aplicó estadística descriptiva para describir su comportamiento en referencia a factores como diagnóstico clínico, presencia de dolor, fuerza y tono de miembros inferiores en los principales grupos musculares , clasificación de espasticidad y finalmente con la alteración de la trayectoria del centro de gravedad según la valoración realizada con el dispositivo THERA-TRAINER BALANCE.
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El interés de este estudio de caso, es analizar la situación fronteriza en materia comercial y de seguridad; evaluando las políticas públicas implementadas por el gobierno Santos, para darle solución a los problemas estructurales de la zona de estudio, comprendida por Norte de Santander y el Táchira. Adicionalmente se explican los problemas comerciales y de ilegalidad en la zona, que en la actualidad tienden a expandirse como una red controlada por las Farc, Auc y Bandas Criminales, que han cooptado la institucionalidad de ambos Estados. Y finalmente se determina que las políticas implementadas desde la administración Santos han sido insuficientes para terminar los problemas estructurales en materia comercial y de seguridad en la zona.
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La llegada al país del grupo chileno CENCOUSUD -uno de los retailers más prestigiosos de América Latina- se dio en el año 2007 con la inauguración de la primera tienda EASY, enfocada en el mejoramiento del hogar y construcción. Cinco años después, el grupo vuelve al país por medio de la adquisición de la cadena de supermercados Carrefour y el establecimiento de sus marcas JUMBO y METRO, continuando así con un exitoso proceso de internacionalización, que inició en Argentina y siguió en Brasil y Perú, y revelando una estrategia que resulta interesante analizar, pues CENCOSUD se perfila como una compañía “saludable” y perdurable en el incipiente mercado colombiano.
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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.
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La dualidad amigo-enemigo de Schmitt, reflejada en los sistemas actuales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que basan las discusiones en la diferenciación tajante de víctima-victimario y civil-combatiente, se ve cuestionada por los civiles, que sin ser combatientes, participan en las dinámicas del conflicto.
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Estudio de las transformaciones y tendencias de modelos territoriales de Estado en América Latina, con el fin de observar el desarrollo y la aplicación de la denominada “megatendencia de la descentralización”. Relacionándolo con los enfoques actuales de los sistemas de gobierno y regímenes políticos con las formas de configuración de los modelos territoriales en el ámbito latino americano en el caso del Ecuador.
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Con la finalidad de mantener la mirada financiera equivalente entre las partes - lo que responde a la relación entre el derecho y la economía- no en vano la Ley 1150 de 2007 contempló dentro de su articulado el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. Por su parte, el Decreto Nacional 0734 del 13 de abril de 2012 –hoy derogado por el Decreto 1510 de 2013- impuso la obligación a las entidades del Estado de incluir los riesgos previsibles en los estudios previos pero sólo aquellos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que pretenda celebrar la Entidad Pública contratante. Aunado a lo anterior, el Decreto Nacional 1510 del 17 de julio de 2013 también contempla la teoría de los riesgos dentro de su articulado. No obstante lo anterior, la normatividad legal pese a su esfuerzo, no puede regular todas las situaciones, prueba de ello, es que para los contratos de prestación de servicios profesionales la disposición legal en lo que respecta a los riesgos previsibles resulta ser innecesaria por la naturaleza misma de éstos y otras razones que se abordo a fondo. Es así como las actuaciones que se desplieguen en la contratación Estatal deben funcionar sobre una lógica económica, por ello, resulta pertinente investigar sobre la eficacia o no de incorporar los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico en los contratos de prestación de servicios profesionales cuando la ejecución de éstos depende exclusivamente del desarrollo intelectual que corre por cuenta del contratista.
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El presente trabajo realiza un análisis sobre los diferentes fundamentos que ante la falta de regulación legal, nuestra jurisprudencia ha invocado para atribuirle efectos retroactivos –ex tunc- o efectos a futuro –ex nunc- a las sentencias de nulidad de los actos administrativos, los cuales van desde la asimilación de éste con el acto jurídico civil, hasta la pretendida identidad del acto administrativo general con la ley, todo enmarcado dentro de lo que se ha entendido por situaciones jurídicas consolidadas. Este estudio demuestra que la retroactividad o no retroactividad, no es una condición necesaria o automática de las sentencias de nulidad de los actos administrativos, porque tal idea anula reflexiones importantes que tienen que ver con la ponderación de principios básicos como la garantía de eficacia de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la justicia material, la confianza legítima y la igualdad. Se impone así entender que los efectos temporales de las sentencias no se derivan de alguna formalidad del proceso, ni de la naturaleza del acto administrativo, ni del tipo de sentencia; estos son más bien una de las herramientas para que el juez a través de la modulación en cada caso, pueda darle eficacia a su sentencia y cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución y la ley, que no son otras que garantizar la protección de derechos fundamentales y preservar el orden jurídico.
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Esta investigación aborda las condiciones bajo las que se llevó a cabo en Colombia, en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), la negociación entre el Estado y los grupos paramilitares. Se establecen las características de ese proceso de paz, su correspondencia con modelos tradicionales de negociación y sus alcances sobre el proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de las organizaciones paramilitares.
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Introducción Dentro de los factores más comunes que influyen en la causa de accidentes o enfermedades laborales están el de riesgo biomecánico los cuales pueden desencadenar trastornos musculo esqueléticos generados por la repetición excesiva de movimientos, posturas forzadas y levantar objetos pesados. Otros posibles factores de riesgo son de origen físico, psicológico o personal. Estos factores pueden relacionarse entre sí y su influencia también puede estar mediada por factores culturales o sociales. Objetivo Determinar las condiciones laborales, de salud y seguridad en el trabajo de la población asistencial y administrativa de una IPS en la ciudad de Yopal Casanare. Método Se realizó un estudio de corte transversal en 88 trabajadores del equipo de salud tanto asistencial y administrativo de I y II nivel de complejidad. Se aplicó el instrumento Cuestionario Nórdico de seguridad y el de condiciones de trabajo y salud. Resultados En este estudio se encontró una participación mayor del género femenino con un 88,6%. La percepción de la estabilidad laboral fue alta en un 60,2%, media en un 37,5% y baja en el 2,3% de los trabajadores. En cuanto a la posición habitual de trabajo, se encontró que el 41% de los trabajadores del nivel asistencial debe trabajar de pie mientras que en los niveles administrativo y directivo la posición de trabajo habitual es sentada, con un 51,9% y un 66,7% respectivamente. Respecto a la realización de movimientos repetitivos se presentan en el nivel asistencial con un 34,5% y en el nivel directivo con un 50%. En las condiciones de salud, predomina el dolor en los miembros superiores e inferiores siendo el más reportado el dolor de muñeca tanto en el área administrativa como en la asistencial. En la percepción de seguridad frente al trabajo, se encontró que el 38% consideran los accidentes menores como parte normal del trabajo diario, en el nivel administrativo el 74% acepta correr riesgos incluso cuando los tiempos de trabajo son ajustados. Conclusión Las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores evaluados se caracterizaron por sobre carga laboral, autonomía en el trabajo y la concientización de la importancia de la seguridad en el área de trabajo. Un lugar de trabajo que los empleados toleran y disfrutan puede fomentar la motivación laboral y ofrecer mejores resultados. Sin embargo, las malas condiciones en el lugar de trabajo, pueden afectar el rendimiento y la productividad de los empleados.
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El retiro del servicio de los empleados públicos aparece como una facultad reglada en las normas del empleo público que, cuando se da alguna de las hipótesis legales que lo hacen procedente, facultan al nominador para ejercer sus atribuciones legales, persiguiendo, ante todo, razones del servicio: su mejora, renovación, eficiencia y moralidad, entre otras. A partir del concepto de una buena administración del Estado, establecer la procedencia y elementos estructurales de una política de prevención del daño antijurídico en relación con el retiro del servicio de servidores públicos que, conforme al ordenamiento jurídico gozan de una especial protección constitucional. Conocer el concepto, el alcance, la regulación y desarrollo jurisprudencial de esta trascendental atribución para el servicio público, resulta indispensable para la debida aplicación del derecho, del ejercicio de las atribuciones públicas por parte de la Administración, y para la prevención del daño antijurídico.
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Este documento describe el desarrollo de la educación técnica en Inglaterra, Alemania y Francia durante el siglo XIX, contrastando sus similaridades y diferencias. También analiza el papel del Estado en la provisión de educación técnica en estos países. El artículo sugiere que el alto estándar científico y técnico en la enseñanza, contribuyó significativamente para que el país se convirtiera en una potencia económica. Por ejemplo, la creciente superioridad técnica de los alemanes sobre los británicos en actividades como producción química, tinturas, hierro y acero, ha sido atribuida al hecho de que los británicos persistieron en el uso de métodos empíricos que representaban una barrera para alcanzar mejoras y adaptación, mientras que los alemanes desarrollaron un sistema de educación universitario y politécnico con fuertes lazos industriales que le permitían convertirse en la potencia industrial mas grande de Europa al inicio del Siglo XX.
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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El presente libro es el resultado de una apuesta metodológica que aborda el problema del Estado en Colombia teniendo en cuenta las variables políticas e institucionales de su consistencia interna: el adentro y las condiciones externas de su desarrollo en el contexto de dependencia económica y violencia recurrente que lo han caracterizado durante la mayor parte de su existencia histórica: el afuera, ha sido utilizada para dar cuenta de los estudios sociales que se han ocupado del tema, los cuales son abordados como una información de saber que aglutina la investigación económica, antropológica, sociológica, histórica y politológica realizada desde los años sesenta.Los autores se han restringido al archivo planteando hipótesis propias sobre algunos problemas neurálgicos de nuestra estabilidad: la idea de que el Estado Colombiano encuentre su matriz fundacional en el paso de la Conquista a la Colonia.