346 resultados para CONFLICTO ARMADO – REPARACIÓN COLECTIVA - COLOMBIA


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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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Los menores de edad en Colombia han sido el blanco de los grupos como el ELN y las FARC quienes los reclutan con el fin de incrementar su esquema de lucha, esto gracias a que los niños son fácilmente amoldable a nuevas estructuras emocionales, sin contar que muchos de estos pequeños atraviesan por difíciles situaciones en sus hogares.

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La investigación es útil por varias razones: la primera de ellas es porque se pretende contribuir a la solución de un problema social de gran envergadura que afecta directamente a la población infantil colombiana. La segunda es porque la investigación contribuye como antecedente, y a la vez como fuente de consulta para las personas conocedoras del tema que pretendan aportar de una manera u otra a la solución de la problemática que genera el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por grupos alzados en armas. Y la tercera, porque busca animar a los politólogos, no sólo a seguir con las investigación y el análisis de las diferentes problemáticas que se puedan generar en un contexto social, económico o político determinado, sino también a contribuir de manera directa a las soluciones, por medio del planteamiento de alternativas reales y eficientes a corto, mediano y largo plazo.

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En el primer capítulo se hará un resumen de la participación de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Luego se mencionara cual era la situación interna de Colombia durante el periodo que participó en el Consejo, con el fin de entender en los capítulos siguientes las posturas que tomó el país en los debates que realizó el Consejo. A continuación, se explicará que sucedía al interior del Consejo de Seguridad con respecto al contexto internacional de ese momento. En el segundo capítulo se indicará brevemente cuáles eran los conflictos en la agenda del Consejo, de manera que el lector pueda comprender las intervenciones de Colombia a la luz de su situación, de su política exterior, y de su constante interés por lo humanitario. Por último, en el tercer capítulo se explicará las razones por las cuales Colombia se concentró en los asuntos humanitarios y no en los aspectos políticos y militares de la agenda del Consejo. A manera de terminar de documentar el interés del país por lo humanitario, se exponen sus intervenciones en tres asuntos humanitarios presentes en la agenda y se analiza cada una de ellas.

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Este artículo describe las transformaciones en la tenencia y uso de la tierra en Tibú (Norte deSantander) entre 2000 y 2010. Muestra que ellas fueron altamente concentradoras, masivas y generadas sucesivamente por dos vías: una coercitiva, operada por el paramilitarismo y otra, operada por empresarios y comisionistas de la tierra a través de un mercado anómalo y desregulado. Planteo que ambas vías son explicativas del land grab, conducen a fenómenosde acumulación por desposesión y que ninguna de las dos se puede entender sin dar cuenta de un conjunto de diseños institucionales y políticas públicas promovidas desde el Estado.

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Analizar el papel de la ONU a través de la UNIFEM en la protección de Derechos Humanos de la mujer desplazada colombiana frente a la gestión y efectividad en el cumplimiento de las políticas de gobierno del Presidente Uribe Vélez.

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Despite a growing body of literature on how environmental degradation can fuel civil war, the reverse effect, namely that of conflict on environmental outcomes, is relatively understudied. From a theoretical point of view this effect is ambiguous, with some forces pointing to pressures for environmental degradation and some pointing in the opposite direction. Hence, the overall effect of conflict on the environment is an empirical question. We study this relationship in the case of Colombia. We combine a detailed satellite-based longitudinal dataset on forest cover across municipalities over the period 1990-2010 with a comprehensive panel of conflict-related violent actions by paramilitary militias. We first provide evidence that paramilitary activity significantly reduces the share of forest cover in a panel specification that includes municipal and time fixed effects. Then we confirm these findings by taking advantage of a quasi-experiment that provides us with an exogenous source of variation for the expansion of the paramilitary. Using the distance to the region of Urab´a, the epicenter of such expansion, we instrument paramilitary activity in each cross-section for which data on forest cover is available. As a falsification exercise, we show that the instrument ceases to be relevant after the paramilitaries largely demobilized following peace negotiations with the government. Further, after the demobilization the deforestation effect of the paramilitaries disappears. We explore a number of potential mechanisms that may explain the conflict-driven deforestation, and show evidence suggesting that paramilitary violence generates large outflows of people in order to secure areas for growing illegal crops, exploit mineral resources, and engage in extensive agriculture. In turn, these activities are associated with deforestation.

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Este trabajo estudia el efecto que tienen los hitos recientes del conflicto armado en el riesgo país de Colombia. Para este fin se utilizan las permutas de incumplimiento crediticio, más conocidas en el mundo de las finanzas por su nombre y sigla en inglés: Credit Default Swaps, CDS. Estos instrumentos financieros son en la práctica seguros de riesgo soberano y por lo tanto su precio refleja la percepción del mercado acerca de la probabilidad de repudio de la deuda soberana. El trabajo evalúa el componente no explicado del precio del CDS colombiano en los días posteriores a cada hito del conflicto armado, y lo contrasta con el componente no explicado de un precio contrafactual sintético, construido con base en los CDS de otros países de la región.

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El interés de esta monografía es evaluar la influencia del conflicto armado nepalí sobre las relaciones de Nepal con India y China. Se analiza y se explica como un conflicto armado interno puede influir desde sus causas, desarrollo y desenlace en las relaciones regionales y bilaterales de un país con sus vecinos. El presente texto pretende probar que la guerra civil de Nepal influyo positivamente en sus relaciones con India y China, planteando al país nepalí como un escenario en disputa entre estas dos potencias emergentes. Mediante el Realismo Estructural de Keneth Watlz se evaluaran las lógicas y los patrones de cambio que puedan modificar el sistema conformado por Nepal, China e India, para posteriormente examinar los cambios reales o parciales que sufrieron las relaciones de estos países al termino del conflicto armado.

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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La figura del campesino, primero en Europa y posteriormente en el mundo, por lo general ha estado ligada a estereotipos asociados a la marginalidad, la pobreza y el atraso. Estas representaciones poco a poco han tomado fuerza en nuestra sociedad y parecen inmodificables a través del tiempo. Lo que hace interesante su análisis es el hecho de que en la mayoría de los casos las representaciones no corresponden a la realidad, son contradictorias y se dan como resultado de lecturas poco objetivas construidas por parte de unos pocos.

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En Bogotá cada día crece el número de reportes de desaparecidos voluntarios. El documento consta de la descripción del proceso de búsqueda de un desaparecido y algunos casos que lo ilustran. Además las cifras que da el Estado en los últimos años.

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La presente monografía analiza la efectividad en la ejecución de la Política Publica de Reintegración Social y Económica, y toma como caso de estudio a Bogotá, durante el periodo 2006 y 2008. Para lograrlo, en el primer capítulo establece los fundamentos teóricos sobre Política Pública, el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, y plantea un modelo de análisis para la política en estudio. En el segundo capítulo, realiza una contextualización del conflicto armado colombiano, de sus actores y las propuestas realizadas por los gobiernos para lograr la conciliación en el país. Así mismo, se analiza el cambio de reinserción a reintegración a través del estudio del Programa de Reincorporación a la Vida Civil y las críticas que llevaron a la creación de la Alta Consejería para la Reintegración. En el tercer capítulo presenta las condiciones determinantes en Bogotá para la reintegración, y expone así, la lucha armada en la ciudad, el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración, las características especiales de los desmovilizados que llegan a la ciudad, y los elementos que definen a las comunidades de acogida. En el cuarto capítulo efectúa el análisis de la Política Pública de Reintegración Social y Económica en Bogotá (2006-2008) en cuanto a la estructuración del problema, los involucrados, la evaluación de los resultados y la efectividad de la reintegración.

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En el mundo se está evidenciando un proceso de globalización, que ha impulsado a los Estados a una interacción, generando cambios significativos a nivel económico, cultural, político y social. Un reflejo de lo anterior, es la iniciativa de negociación del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, que además refleja una nueva etapa del Proceso de Apertura Económica iniciada en Colombia hace más de una década. El TLC Colombo Canadiense materializa la primera iniciativa bilateral entre estos dos países, enfocada a una negociación de Libre Comercio, sin embargo, los dos Estados ya habían tenido antecedentes de negociaciones comerciales multilaterales. Las negociaciones de Libre Comercio entre estos dos países, se desarrollaron en cinco rondas de negociación celebradas desde junio de 2007 hasta julio de 2008. Para el Sector Agrícola específicamente, las negociaciones fueron muy productivas, obteniendo los mejores resultados frente a las propuestas ofensivas tanto de Canadá como de Colombia. Frente a la entrada en vigor del TLC Colombo Canadiense, se evidenciaron distintas posiciones tanto de algunos representantes de la sociedad civil, como de organizaciones no gubernamentales, la academia, entre otros, que rechazaban completamente el acuerdo, alegando especialmente el tema del conflicto armado interno en Colombia, la violación a los Derechos Humanos, la falta de garantías a los derechos de los trabajadores y a los sindicatos, entre otros temas sociales.