70 resultados para Bibliotecas públicas


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El trabajo busca determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, para el periodo 2006-2010.

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El presente documento pretende mostrar la aplicación y variación del Valor Económico Agregado (EVA®) en organizaciones del sector público, en cuyo cálculo y análisis se deben tener en cuenta las condiciones específicas de estas organizaciones, tales como la concepción de valor público, en la cual el ciudadano es accionista (shareholder) y a la vez pertenece a varios grupos de interés (stakeholders), los costos de transacción, de agencia, la amplia separación de la propiedad, la mayor influencia de las leyes en la gestión (en especial la financiera), el tipo de bienes producidos y servicios prestados, y el manejo de la información financiera.

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El objetivo central de este trabajo es examinar la dinámica sociopolítica y territorial en la implementación de nuevas intervenciones públicas en el ámbito local. Para ello, se consideran distintas iniciativas locales en materia de participación ciudadana y descentralización, desarrolladas en tres distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón  y San Miguel). Se busca dar cuenta así de las particularidades territoriales e institucionales que marcan diferencias en los procesos de construcción y reproducción del orden político local,  en cada caso, y en las dinámicas y resultados de estas intervenciones públicas desarrolladas en los  últimos años.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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Este artículo analiza los cambios recientes en la competencia partidista en México, haciendo énfasis en la elección de julio de 2006 a través de la cual se elige presidente de la República y miembros del Congreso. Dicha elección muestra la transición de elecciones competitivas, concentradas en el binomio autoritarismodemocracia, a elecciones temáticas, de asuntos o issues, centradas en las propuestas de política pública de los candidatos a la presidencia y en las que los ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, entre otras, juegan un papel activo. Con ese fin en el artículo se expone primero un breve recuento de los ejes medulares de la actual competencia partidista como la última reforma electoral realizada para mover al sistema electoral hacia elecciones justas, libres y transparentes, los desafíos del sistema de partidos y elementos contextuales socioeconómicos y políticos relevantes. Se analiza en segundo término la evolución de la competitividad y los cambios en la estructura de la competencia, lo cual permite entender el tránsito a elecciones temáticas centradas en las propuestas de política pública de los candidatos. En tercer lugar se presentan las principales propuestas de los candidatos en áreas prioritarias y su evaluación. Finalmente se hace una reflexión de conjunto sobre el significado de esta elección, el contexto que domina la actual contienda por la presidencia y la incertidumbre y competitividad que la caracterizan.-----This paper analyses recent changes in Mexican political parties’ competition for national presidency, with an emphasis on July’s 2006 Congressional and Presidential elections. The latter revealed a transition from an old competitive ballot race focused on the antithetic duet authoritarianism-democracy, to what could be called topical elections, focused on issues concerning presidential candidates’ public policy proposals in which citizens, civil associations, and nongovernmental organizations, among other groups, play an active role. With this purpose in mind, the paper starts with a brief exposition of the parties’ core contentions, including debates such as that around the last election reform aiming at pushing the ballot system towards fairer and more transparent elections, the challenges ahead for the party system, and other relevant contextual, political and socio-economic issues. Secondly, the evolution of the new terms of the competition and its structural changes are examined, in order to better understand our main concern here, i.e., the transition to a topical election contest focused on candidates’ public policy proposals. Thirdly, the candidates’ main proposals in crucial priority areas are presented and assessed. Finally, a global reflection is made on the meaning of these elections, on the context that has prevailed alongside, and on the uncertainty and competitiveness that have characterized them. 

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Actualmente, para muchas personas no es claro si el régimen disciplinario se está aplicando a los particulares que ejercen funciones públicas en Colombia, tema en el que no se ha profundizado, excepto por los órganos que lo tienen como función

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La actividad del control fiscal en Colombia es una de las pocas actividades públicas a las cuales es posible realizarles un seguimiento desde su surgimiento hasta el presente.

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El presente escrito desarrolla un análisis comparado entre el sistema de compras públicas colombiano y el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos en cuanto a compras públicas se refiere, poniendo en evidencia inconsistencias de tipo jurídico para efectos principalmente prácticos, acudiendo a temas de soporte para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el acuerdo, como son las Normas de Origen de los Bienes y el régimen de responsabilidad del contratista estatal colombiano.

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RESUMEN El objetivo de la siguiente monografía es analizar el nivel de ejecución de los objetivos educativos plasmados en la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994 y en el segundo Plan Nacional Decenal de Educación, respecto a la formación integral de los estudiantes en las instituciones públicas de educación de Bogotá. Comenzará por la identificación de una definición de formación integral, continuando con un análisis comparativo de la definición con las estrategias distritales educativas planteadas durante los períodos de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, y terminará con un estudio de los resultados de las políticas ejecutadas desde lo entendido en las leyes por educación integral. Lo que se planea demostrar es que la prestación de un servicio integral es un desafío para las instituciones públicas debido a que el concepto de educación integral es plural y evidencia los límites de las políticas estatales en relación con el servicio.

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La selección de los temas prioritarios de investigación sobre tuberculosis (TB) en Cundinamarca se desarrolló mediante la revisión bibliográfica y la información de bases de datos del programa de TB en el Departamento, el cual no cumple las metas del 80% de captación de Sintomáticos Respiratorios y del 70% de detección de pacientes con TB. Con estos insumos se trabajó con los municipios de mayor importancia como Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá, donde se les consulto de qué manera se maneja la Prevención y Control de TB a través de una encuesta con 41 médicos de consulta externa. En la encuesta participativa se seleccionaron y ordenaron las preguntas según su prioridad en la búsqueda oportuna de pacientes con Tuberculosis. Estos temas, seleccionados mediante esta metodología inclusiva, transparente y participativa, pasaron a ser, pieza fundamental, a la hora de dar un diagnóstico, hallando que 17.08% de los médicos desconoce la sintomatología respiratoria del paciente con TB; el 41.46% piden mayor tiempo de consulta, el 29.26% necesitan capacitación, el 29.28% oportunidad en la atención y toma de muestras de laboratorio; para el 70.73% la mejor forma de captación de pacientes es búsqueda casa-casa realizada por promotores, para el 29.26% es la realizada por otros actores. Los médicos no se identificaron como actores principales. El 32.41% no ven prioritaria la articulación con los programas de VIH y crónicos; y el 21.96% no tienen en cuenta realizar seguimiento a población vulnerable como indígenas y población carcelaria. Estos resultados deben contribuir a mejorar las estrategias de control de la TB y optimizar el uso de los recursos financieros y humanos.

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En el presente estudio de caso se hace un análisis de los principales efectos socio-espaciales y económicos que tuvieron intervenciones públicas dirigidas a recuperar el centro de Bogotá, en el territorio específico del Barrio Las Cruces, durante los años 2002-2014. Para lograrlo, en un primer momento se hace un análisis conceptual de las relaciones existentes entre intervenciones urbanas y los efectos que estas producen en lo urbano y lo local; en un segundo se identifican los antecedentes que sirvieron para intervenir el barrio, y las intervenciones públicas que llevadas a cabo en éste durante el 2002 – 2014; y en un el tercero se analizan los efectos y las relaciones que tuvieron dichas intervenciones sobre las variables social, espacial y económica del barrio durante el periodo estudiado. Con el fin de verificar si la política de rehabilitación con la que se viene interviniendo dicha zona es coherente con las realidades locales.

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Uno de los objetivos de la línea de Teoría y Práctica de las Políticas Públicas (TP3) es el análisis de las políticas públicas como objeto de estudio en sí mismo. En América Latina los estudios sobre este tema están más concentrados en el análisis práctico que en el académico, dejando de lado la posibilidad de teorizar y crear nuevos modelos que puedan ser replicados dentro de nuestros estudios de caso a nivel académico. Por ello, la tendencia ha sido la de copiar las teorías, enfoques y modelos propios de la escuela anglosajona (principalmente de Estados Unidos y Reino Unido), limitando nuestra capacidad de comprensión con respecto a nuestros fenómenos políticos, económicos y sociales. Por esta razón, durante el primer semestre de 2015 se creó el Semillero de Políticas Públicas con el fin de reflexionar sobre los vacíos que existen en la comprensión y el análisis de las políticas en Colombia y en Latinoamérica, para luego dar paso a la construcción de respuestas pertinentes. Esta publicación es el resultado de nuestra primera iniciativa como Semillero, la cual consiste en recoger las principales herramientas analíticas en el estudio académico de las políticas públicas, explicar sus postulados fundamentales, identificar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, aplicar estas herramientas a un caso dentro del contexto colombiano.

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El presente documento hace una revisión de la literatura reciente (últimos 15 años) que vincula la acción colectiva con las políticas públicas. En particular se observan dos tendencias, de un lado, la defensa a la lógica de la acción colectiva señalando el tipo de incentivos que se deben crear para propiciar la cooperación y eventualmente tener resultados de políticas públicas, y aquellos que piensan que la acción colectiva depende de elementos psicológicos y sociales que no siempre garantizan una cooperación constante y que dificultan predecir lo que puede suceder en términos de políticas públicas. Al final se concluye que, si bien la lógica de la acción colectiva contribuye al análisis de las políticas públicas, aún falta un mejor entendimiento de las razones que motivan o frenan la cooperación y la manera como esta se construye en función de un problema colectivo que se puede o no convertirse en una política pública.

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Este documento tiene el propósito de analizar el documento de Fedesarrollo: "efectos económicos y sociales de la regulación sobre la industria farmacéutica colombiana: el caso de los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad de los secretos empresariales y las buenas prácticas de manufactura" Zuleta and Junca (2001), tanto en sus aspectos conceptuales y metodológicos, como de resultados. El estudio se centra en tres aspectos esenciales: la exigencia de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia (ByB) relacionados con la obtención-renovación de los registros sanitarios por parte de la industria farmacéutica; el secreto empresarial relacionado con la calificación de la información que sustenta los registros, y la aplicación de las medidas relacionadas con con las buenas prácticas de manufactura (BPM)