Caracterización de las acciones internacionales de Bogotá - Cundinamarca y su vinculación con el proyecto político regional

El contexto dinámico que caracteriza el actual escenario global ha posicionado a los territorios subnacionales como actores protagónicos de las relaciones internacionales. Como efecto principal se presenta un cambio diametral en el ordenamiento del territorio y en los esquemas de gestión territorial. Ello ocurre por que la economía mundial y los procesos políticos se comportan dinámicamente y exigen un trabajo en redes territoriales y sectoriales que desbordan las fronteras público-privadas y las jurisdiccionales. De un lado, el creciente proceso de autonomía propiciado por los procesos de descentralización permite la intervención de actores sociales subnacionales. Así, las redes de empresas, los gobiernos, los gremios y las ONG se ven abocados a interactuar en distintos niveles de territoriales (Publica-privada y pública-pública, doméstica internacional) y bajo nuevas formas de gestión territorial. De otro lado, la dinámica de la economía global influye sobre la matriz locacional de las actividades económicas produciendo una reconversión productiva permanente, en la cual los clusters y las redes de empresas y medianas empresas compiten, aprenden y cooperan permanentemente con instituciones gubernamentales y universidades.. Este panorama muestra la desconcentración de las funciones estatales de promoción del desarrollo y el correlativo fortalecimiento de los gobiernos territoriales.

Análisis de la incidencia de la cooperación económica internacional de Estados Unidos para la erradicación de coca en Bolivia y el surgimiento de actores políticos alternativos desde la ejecución del plan dignidad en 1997 hasta el ascenso de Evo Morales al poder en 2006

En esta investigación se estudiará la importancia del significado de la hoja de coca en las culturas de los indígenas aymaras y quechuas, la situación interna de Bolivia y sus relaciones con Estados Unidos específicamente en materia de erradicación de coca desde el cuarto gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989), pasando por las administraciones de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer quien a través de la cooperación económica de Estados Unidos creó el Plan Dignidad, que ha sido una de las iniciativas más exitosas en Bolivia en el tema de la erradicación. También se hará alusión a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y finalmente Evo Morales Ayma, con el objetivo de descubrir las causas del surgimiento de los movimientos sociales bolivianos y conocer cuáles de ellos han podido acceder al poder político. Para entender el surgimiento de los actores políticos alternativos es preciso hacer referencia a algunos acontecimientos históricos tales como la revolución nacional de 1952, época en la cual se llevó a cabo la reforma agraria en el país andino, la nacionalización de las minas, la crisis económica boliviana, la transformación del Estado y los procesos de relocalización ejecutados bajo el gobierno de Paz Estensoro. Así mismo, la Guerra del Agua en Cochabamba, la Guerra del Gas debido a los rencores históricos con Chile durante la guerra del Pacifico y la ley 1551 de 1994 a través de la cual se les reconoce los derechos económicos, sociales y culturales a los indígenas y así mismo su participación en la política.

Proceso de diseño y ejecución de política exterior de seguridad en México y Canadá entre 1999 y 2006 a propósito del tema de las migraciones

Las dinámicas de las relaciones internacionales luego del surgimiento de una Nueva Agenda de seguridad tras el fin de la Guerra Fría, han dado lugar a la aparición de nuevos y diferentes interrogantes relacionados con el rol de los diferentes actores y factores del Sistema Internacional, ante los temas propios del “Nuevo Orden Mundial”, entre ellos, las migraciones. A medida que la influencia de actores no Estatales se ha hecho más contundente en la configuración del contexto geopolítico mundial y, mientras que los Estados han ido redefiniendo constantemente sus estrategias para lograr la defensa de sus propios intereses –estén enfocados éstos hacia la conservación de su influencia o hacia la consecución de nuevas oportunidades-, los procesos de formulación y ejecución de las políticas exteriores de seguridad a propósito del tema migratorio, se han visto constantemente alterados, hasta el punto de ir en algunos casos, en contravía con sus principios rectores, es decir, con la identidad misma del país. Si bien, países como Canadá y México han asumido como un importante compromiso la reorientación de sus políticas hacia la cooperación como garante de la seguridad, aún persisten varias dudas en relación con la posición de estos dos países a propósito del tema: ¿ puede hablarse de coherencia entre su orientación política y los principios rectores de su política exterior?, ¿ Es decisiva la capacidad de injerencia de actores no Estatales en la configuración de la identidad e intereses de estos Estados, hasta el punto de poder hablar de la política exterior de seguridad de éstos, como una amalgama de intereses particulares? ¿Varía la influencia de factores sistémicos en los procesos de diseño y ejecución de las políticas exteriores de los países, dependiendo de su posición en el sistema internacional?

Dinámicas de externalización entre las ONG locales y las ONG extranjeras (terceros actores) presentes en Egipto: 2004-2009 (TERCEROS ACTORES) PRESENTES EN EGIPTO: 2004-2009

El propósito de la presente monografía es evaluar el papel de las ONG internacionales en la apertura de espacios de participación política para la sociedad civil en Egipto. En ese sentido, se analiza el contexto de oportunidades políticas locales y transnacionales del país, así como los procesos de articulación entre la política local e internacional a través de los niveles de integración entre sus actores. Mediante una investigación de tipo cualitativa basada en los desarrollos sobre teorías de la acción colectiva planteados por Sidney Tarrow, Charles Tilly, Robert Benford y David Snow, y las teorías sobre redes transnacionales de defensa desarrolladas por Margaret Keck y Kathryn Sikkink, se avanza hacia la identificación del desarrollo de procesos de externalización como medio para el fortalecimiento de organizaciones locales como alternativa de oposición política.

The communication by States of International Law to their direct stakeholders

El derecho internacional fue concebido como un derecho interestatal. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo progresivo del derecho, nuevos actores y nuevos sujetos han ido surgiendo. El individuo es uno de ellos bajo diferentes perspectivas, bajo la perspectiva penal al asumir la responsabilidad de sus actos frente a los diferentes tribunales ad hoc y, ahora ante la Corte Penal Internacional. También se ha desarrollado la figura bajo la perspectiva de los derechos humanos. Este artículo analiza las formas como las políticas estatales relativas al derecho internacional se presentan a los individuos, a las personas jurídicas y a los demás actores.

¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales?

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La responsabilidad internacional del Estado frente al deber de custodia: estándares internacionales frente a los centros estatales de detención

En el presente texto, los autores se aproximan a los estándares del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en especial el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante el “sidh”), en relación con el deber de custodia frente a las personas privadas de la libertad. De esta manera, se aproximan a la naturaleza particular de la responsabilidad internacional del Estado en la materia, al alcance de las obligaciones estatales en cuanto a determinadas poblaciones vulnerables dentro de centros carcelarios y penitenciarios, así como a las exigencias hechas al Estado de adecuar el sistema carcelario en general, con el fin de garantizar los derechos de los internos.

Concepciones de actores institucionales alrededor de la actividad física en el ámbito educativo

Objetivo: Describir las concepciones que tienen y las acciones que realizan los actores institucionales a nivel local entorno a la promoción de la actividad física en el ámbito educativo.Metodología: Se trata de un estudio cualitativo descriptivo, en el que participaron 9 sujetos, entre directores y coordinadores de programas relacionados con la promoción de la actividad física en el Distrito Capital. Se recolectó información a través de entrevistas semiestructuradas. Se indagó sobre su concepción de “actividad física” y sobre las acciones que se están realizando alrededor de la promoción de dicha actividad.Resultados: El análisis permitió destacar que no existe una concepción unificada alrededor del concepto de actividad física, pues existen concepciones desde lo biológico, así como otras que le imprimen un componente social. Adicionalmente, las acciones que se están desarrollan para promocionar la actividad física responden a iniciativas de un sector en particular, no existe trabajo intersectorial, ni tampoco articulación a una política específica: son más iniciativas puntuales que muchas veces no apuntan a un objetivo o meta particular en el largo plazo.Conclusiones: En general, no existe una concepción unificada alrededor de la actividad física, como tampoco estrategias intersectoriales para su promoción. Adicionalmente, se identificaron acciones desarticuladas, lo que genera que los esfuerzos realizados no tengan el impacto que se lograría si se promovieran estrategias intersectoriales.

Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos

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La subpoliarquía colombiana. Deficiencias estatales, democracia deficitaria

El artículo analiza la democracia colombiana en la década 2002-2011. El argumento central es que Colombia representa un caso de una democracia con déficits, que no alcanza a cubrir las condiciones mínimas de las democracias políticas y se constituye en una subpoliarquía. En esta condición incide de forma  directa las deficiencias estatales, en sus dimensiones de coacción y cohesión social. Los déficits democráticos se presentan en las condiciones básicas de la competencia  política, con elecciones periódicas, pero no libres ni competitivas ni limpias; en la presencia continuada de fraude y manipulación de los resultados electorales y en la  ausencia de garantías para las libertades civiles y políticas. Estas características justifican los diversos adjetivos aplicados a la democracia colombiana, siempre  en clave negativa.

Actores indispensables: las ONG y la cooperación para el desarrollo

Tradicionalmente, la política de desarrollo y la cooperación para el mismo se han visto como áreas reservadas a los organismos internacionales y a los Estados. El concepto mismo de desarrollo ha evolucionado desde los años cincuenta. Esta evolución, unida al impacto negativo de la deuda y del ajuste estructural en el nivel de vida de los países en desarrollo (PED), a la creciente concentración de la riqueza como consecuencia de la globalización, al retroceso del Estado y la expansión de la democratización, ha dado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) una inusitada relevancia al ser capaces, entre otras cosas, de brindar servicios sociales donde el Estado ya no lo hace y de ejercer cabildeos en favor de temas de interés global, como la ecología, la ayuda a desplazados, etc. En este documento se revisa cuál es la actitud de instituciones de importancia decisiva en los programas de cooperación para el desarrollo (Banco Mundial y Unión Europea) y de agencias de desarrollo de algunos donadores, para mostrar que tanto conceptual como prácticamente las ONG se han convertido en actores indispensables si se quiere alcanzar los objetivos de los programas de lucha contra la pobreza.-----Traditionally, the policy for development and the cooperation for development have been regarded as areas reserved to the international bodies and the Governments. The development concept itself has evolved from the 1950s: jointly with the negative impact of the debt and the structural adjustment in the developing countries’ quality of life, with the growing wealth concentration resulting from the globalization, with the Government backward movement, and with the expansion of the democratization, this evolution has provided the Non-Governmental Organizations (NGOs) with an unexpected relevance by being able to –among others– provide social services where the Government does not provide them any longer, and to take lobbying actions in favor of global interest topics such as ecology, help to displaced people, etc. This document reviews the attitude of the organizations of decisive importance to the cooperation for development programs (World Bank, European Union), and of the development agencies of some sponsors with the aim of showing that both in concept and in practice the NGOs have become essential actors for reaching the goals of the poverty fighting programs.

Al – Qaeda and the international politics: a teorical Reflection

Through the study of the relationship between non-state actors and states, is pretended to analyze the role of Al-Qaeda in international politics. It is argued that Al-Qaeda tries or has the ability to promote or accelerate changes in the power  structure, where stands the American hegemony and the pursuit of balance by  various actors, implementing asymmetric strategies as counter-hegemonic responses.

Principales actores en la formación de la política de modernización de transporte urbano de la Alcaldía de Maracaibo

La década de los noventa marcó el inicio de la modernización del transporte urbano en las principales ciudades de Venezuela, entre ellas en la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia en el país, proceso que tuvo lugar formalmente desde la Alcaldía de Maracaibo, pero en el cual participaron numerosos actores nacionales e internacionales que dan cuenta de un proceso que se inserta en un modelo de transporte urbano de origen foráneo, vinculado a la necesidad de poner esta actividad a tono con los requerimientos de una economía de mercado. El propósito de este trabajo es identificar la política que en definitiva se formó, los distintos actores involucrados y el rol de cada uno. Se parte de la hipótesis que es escasa la participación local en este proceso, el cual se origina en los organismos multilaterales. Los resultados revelan: 1) Los principales actores involucrados en la formación de la política fueron: Banco Mundial, Consorcio Systra-Sofrrtu, Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo (IMTCUMA), Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Ministerio de Infraestructura (MINFRA), antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), La Universidad del Zulia, Comisión Presidencial del transporte para la ciudad de Maracaibo, Consejo Venezolano de transporte, Alcaldía de Maracaibo y Metro de Maracaibo; 2) La participación de estos organismos fue muy variada, correspondiéndole el rol de orientador al Banco Mundial y el resto en distintos niveles y en el rol de asesores y ejecutores; 3) La política estuvo dirigida a: reducir los tiempos de viaje de los trabajadores; incorporar empresas privadas en el sector transporte y dar prioridad en la prestación del servicio en los sectores comerciales e industriales. Se concluye que la política de transporte de la ciudad de Maracaibo ha tenido lugar con la participación de los organismos multilaterales y la escasa participación del gobierno local y los usuarios.-----The 1990s marked the start of the urban transport modernization in the main cities of Venezuela, including Maracaibo, the second city. It was formally managed from the Mayor’s Office of Maracaibo, but involved a number of national and international actors in a process that became embedded into an urban transport model of foreign origin, linked to the need of aligning this activity with the market economy requirements. The purpose of this paper is to identify the policy that resulted in the end, the different actors involved, and the role played by each of them. The basis assumption is the scarce local participation in this process, which arose from multilateral organizations. The results reveal that: 1) The main actors involved in the policy structuring were: World Bank, Systra-Sofrrtu Consortium, Maracaibo Urban Mass Transport Institute (Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo –IMTCUMA–), National Urban Transport Fund (Fondo Nacional de Transporte Urbano –FONTUR–), Ministry of Infrastructure (MINFRA), former Ministry of Transport and Communications (MTC), La Universidad del Zulia, President’s Transport Commission for the city of Maracaibo, Venezuelan Transport Board, Mayor’s Office of Maracaibo, and Metro of Maracaibo; 2) The participation of these organizations was very varying, the World Bank playing the directing role, and the others in different levels as advisors and implementers; 3) The policy was addressed to: reducing workers commuting times; incorporating private companies into the transport sector; and giving priority to the service provision in commercial and industrial sectors. The conclusion is that the transport policy in the city of Maracaibo occurred with the participation of multilateral organizations and very little participation of the local government and users.

La participación en la gestión ambiental : Un reto para el nuevo milenio

En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

La concesión minera en Colombia: un análisis desde el marco normativo y regulatorio frente a los principios de seguridad y estabilidad jurídica

Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.