597 resultados para EMPAQUES DE POLIETILENO - LOS MARTIRES (BOGOTA, COLOMBIA) - ESTUDIO DE CASOS


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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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Un análisis a propósito de dos estudios sobre el impacto del TLC en los precios de los medicamentos en Colombia.

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En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

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Debe propugnarse por la existencia de un equilibrio entre la libertad contractual y viabilidad financiera de la industria aseguradora, y los derechos humanos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, entre estos se debe encontrar la posibilidad de acceder a seguros de salud y vida. Los aseguradores deben colaborar, junto con el resto de estamentos de la sociedad, en la activa prevención de la pandemia, con base en un principio de solidaridad e interés general, pero también como parte de una estrategia acorde con su actividad.

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El presente documento es una revisión detallada de la formación y cambios de la deuda pública colombiana desde la Constitución de Cúcuta hasta 1821, cuando se reconvierte toda la deuda pública externa bajo la ley de 21 de mayo de 1873. Este documento busca señalar los componentes de la deuda a lo largo del periodo señalando cambios importantes por causas externas (guerras) o causas internas (insolvencia y necesidad de recomponer la deuda y sus pagos). Este documento está principalmente basado en la codifi cación nacional de todas las leyes de Colombia a partir del año 1821 y la revisión de otras fuentes secundarias.

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La Ley 964 de 2005 modifica la regulación del manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos que hacen parte del mercado de valores colombiano. En este trabajo se busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias que esta ley puede traer sobre las corporaciones en Colombia. Se analizan algunas reformas anteriores del mercado y, separadamente, se describe la configuración de propiedad de las corporaciones colombianas a la luz de ciertos enfoques metodológicos desarrollados en los últimos años (incluyendo la agenda de investigación de La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny). Se concluye que, dadas las particularidades del mercado colombiano, la nueva Ley del Mercado de Valores puede favorecer el crecimiento de los fondos de inversión extranjera decididos a incluir a Colombia en su portafolio, pero también puede llegar a transformar el esquema de incentivos de las corporaciones colombianas.

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La introducción del nuevo sistema de seguridad social en 1993 trajo cambios en las relaciones existentes entre las instituciones colombianas. En el sector salud, el nuevo sistema conllevó a la creación de agentes intermediarios, quienes han desarrollado un papel de importancia en la determinación de los flujos económicos del sector y sus participantes. Hasta el momento, pocas investigaciones han establecido estas interacciones, lo que motivó a este estudio. En este documento se propone una primera aproximación a la construcción de estas relaciones en una síntesis de la economía colombiana, esto es, una matriz de contabilidad social.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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A comienzos de 2006 la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó su último informe titulado “Desarrollo Alternativo y Medios de Vida Legítimos”. El informe se divide en cuatro partes. Un primer capítulo define, evalúa y reformula la experiencia internacional en materia de desarrollo alternativo. El segundo capítulo expone las diferentes regulaciones internacionales que determinan la tarea de fiscalización de drogas por parte de los Estados. El tercer capítulo se dedica a proporcionar un panorama detallado de la situación mundial y regional de fiscalización de drogas; en este capítulo se identifican los convenios de cooperación existentes entre los Estados y se evidencia los avances regionales, principalmente los policivos en la lucha contra las drogas ilegales. El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos y a algunas organizaciones internacionales. Dado que el tema central del informe 2005 de la JIFE es un análisis de la experiencia internacional de desarrollo alternativo, este documento tiene como objetivo sustraer lo concerniente a Colombia; con el fin de informar sobre el estado actual de la política en el país y sus perspectivas a futuro. A manera de introducción el documento describirá la naturaleza de la Junta, sus fines y sus medios. Seguidamente se concentrará en el desarrollo alternativo desde la perspectiva que ofrece el informe para Colombia se concluye con algunas observaciones y comentarios respecto del informe.

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Este Trabajo de Grado se refiere al análisis de los alcances y limitaciones de una de las políticas públicas más interesantes que ha adelantado las autoridades de Bogotá en materia de convivencia ciudadana: El Programa Goles en Paz durante el periodo 1999-2011. Dicha política pública fue creada en la administración de Enrique Peñalosa, luego en la Alcaldía de Antanas Mockus se le dio continuidad al proceso y en las Alcaldías de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno se fortaleció el proceso que se había iniciado en el año de 1999. Hay que tener en cuenta que Goles en Paz es una política pública Distrital que le apuesta a la convivencia y la seguridad ciudadana, dentro y fuera de los estadios, en las localidades y los barrios de Bogotá y precisamente a lo largo de este documento se pretende realizar un recuento de los principales alcances y limitaciones que ha tenido el Programa en estos doce años de estudio. Para esto el trabajo de grado cuenta con tres capítulos. En el primero se da a conocer y se analiza el fenómeno de las barras bravas en la ciudad. En el segundo capítulo se define qué es una política pública y se reconoce los elementos de dicha definición en el Programa Goles en Paz. Finalmente, en el tercer capítulo se concretan los alcances y limitaciones que ha venido presentando Goles en Paz durante estos doce años de estudio.

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El propósito de esta investigación es describir la percepción de los egresados titulados y empleadores acerca de la pertinencia de la formación de programas académicos de Magíster en Administración ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior en Bogotá. Además a través de esta investigación es posible determinar su importancia en el desarrollo y potencialización de las capacidades, habilidades y destrezas directivas y gerenciales necesarias para desempeñarse dentro de una empresa perdurable, coherentes con la realidad social, laboral, cultural y ambiental. Para ello, se hace un análisis del grado de satisfacción de los egresados titulados y empleadores permitiendo conocer las fortalezas y debilidades del programa. En consecuencia fue posible proponer recomendaciones y conclusiones para mejorar el programa, asegurando un camino para aportar “el estado del arte “ de la Administración para los futuros estudiantes y en beneficio de las compañías.

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Verificar la viabilidad de que algunas actividades eje de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se involucraran en el comercio exterior, teniendo en cuenta que esta es la entidad encargada de proveer alimentos y suministros a los diferentes centros de abastecimiento y distribución a lo largo del territorio nacional. Para esto, se tuvieron en cuenta tres productos para hacer el análisis: lenteja, arveja verde seca y aceite de soya. Para estos casos en específico, se realiza un análisis de la situación actual, verificando como se lleva a cabo los procesos de compra y de aprovisionamiento y se hace una descripción detallada dependiendo de la zona de distribución en que se demanden. Por otro lado, se adelanto un proceso de análisis de los diferentes términos de negociación por medio de los cuales se podría llegar a beneficiar la agencia; y para cada Incoterm, se hizo el respectivo desglose de costes para luego compararlos con el método de compra realizado actualmente, evidenciando así, a través de cuáles mecanismos se obtienen ahorros y beneficios económicos en general. De igual manera se tuvo en cuenta la posición de oferta de los principales proveedores a nivel mundial de los productos mencionados anteriormente, por medio de una investigación a través de bases de datos del Ministerio de Comercio Exterior Colombiano. Finalmente se hacen las respectivas conclusiones y recomendaciones, lo anterior con el fin de que la Agencia tenga la oportunidad de aprovechar las ventajas de ingresar directamente al mercado internacional sin necesidad de intermediarios.

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El presente trabajo de investigación se centra en hacer un análisis exploratorio sobre la incidencia que tiene la intuición estratégica en el proceso de creación, organización y permanencia de las organizaciones caracterizadas por pertenecer a la categoría de micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) en Bogotá-Colombia. Con este propósito, el estudio se concentra en empresas (MiPyMe) de una muestra pequeña en la ciudad de Bogotá-Colombia que pertenezcan a un sector donde es más difícil contar con información para la toma de decisiones, de tal manera que, de encontrar una relación evidenciable con el uso de la intuición estratégica, se abra espacio para nuevas y más amplias investigaciones al respecto en el mercado Colombiano y Latinoamericano. El estudio se concentra en ver cómo las empresas observadas que se inician y perduran en el tiempo, lo hacen sin tener los respectivos estudios sistemáticos de diagnóstico de su entorno, tales como mercadeo, capacidad instalada, análisis financiero entre otros, pero que pese a esto, logran posicionarse en cada uno de sus mercados. Ante este contexto, se busca determinar si tal éxito obedece a una serie de cualidades, competencias o características de estos emprendedores, asociadas al marco general de la teoría de la intuición estratégica.

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El presente documento ofrece un estudio del perfil logístico de Colombia con la finalidad de dar a conocer el estado de arte de las ciudades, puertos e infraestructura principal para facilitar la toma de decisiones de los empresarios. Para el desarrollo de este trabajo se determinaron a partir de un análisis competitivo del país; las principales ciudades y puertos; logrando establecer un inventario de maquinaria y equipo e infraestructura logística; enmarcados en retos ya establecidos en las políticas públicas.