Un nuevo enfoque organizacional para Colombia como solución al problema socio-económico de las personas en proceso de reintegración

Como solución al problema socio-económico de las poblaciones que tienden a la vulnerabilidad en Colombia, se plantea un modelo de empresa sustentable; se trata de partir de una inter-dependencia entre la responsabilidad social empresarial y la cadena de valor, logrando establecer enlaces de integración horizontal y vertical, para así ayudar a crear, fomentar y hacer crecer dentro de estas cadena, a microempresas conformadas por las minorías más vulnerables social y económicamente de nuestro país, aplicándolo en una primera instancia, como modelo piloto, a las personas en proceso de reintegración de los grupos armados ilegales, de manera que el modelo sea viable, soportable y equitativo, y genere cuenta de resultados a futuro para las organizaciones de tipo social, financiero y ambiental.

Efectos de las estructuras impositivas y distributivas sobre los flujos de capital, la desigualdad y el crecimiento económico

En este documento se plantea un modelo de crecimiento económico con gobierno, agentes heterogéneos y flujos de capital. Los resultados del modelo evidencian que las estructuras fiscales, bien sea distribución de impuestos o tasas impositivas, pueden maximizar el crecimiento económico o reducir la desigualdad; pero difícilmente podrán cumplir los dos objetivos al mismo tiempo. Asimismo, bajo el contexto de economía abierta, se obtiene que bajas tasas de impuestos al ahorro incentivan la entrada de capitales, lo cual tiene un efecto positivo sobre la economía, bien sea en niveles o en tasas de crecimiento.

Análisis de los efectos de la cooperación internacional en el desarrollo socio económico de una población. Estudio de caso : el PNUD en Soacha. 2005- 2010

El trabajo de investigación, es un análisis sobre la cooperación que brindó el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) dentro el municipio de Soacha, Cundinamarca, durante los años 2005 a 2010. Tal análisis está encaminado a demostrar qué tan provechosa fue las ayuda que prestó el PNUD y si gracias a esta ayuda, los beneficiarios pudieron percibir cambios estructurales, que es donde se puede medir si se mejoraron o no los niveles de calidad de vida de la población intervenida. Para tal efecto, se analiza si los proyectos planteados por el PNUD estaban construidos para empoderar a la comunidad con el fin de que se percibiera una mejor calidad de vida en la población intervenida tendiente hacia un mejoramiento en el desarrollo social y económico, y si estos proyectos estaban planeados para una duración de mediano a largo plazo; o si por el contrario tan solo eran proyectos mediáticos, sin causar impactos positivos dentro de la sociedad. El modelo teórico que se utilizó para darle soporte a este estudio de caso es el neoliberalismo institucional y el concepto del poder blando, puesto que explican de una manera clara el comportamiento de los actores involucrados en el proceso de la cooperación.

Análisis de las rupturas y continuidades estratégicas en sus ámbitos económico, social y político entre el bloque Élmer Cárdenas de las AUC (2002-2006) y la banda criminal los Urabeños (2006-2010) presentes en el Urabá chocoano

A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.

La incidencia de la política de seguridad del régimen norcoreano entre 1990 y 2008 en la política exterior de corea del Sur

Análisis del desarrollo nuclear de Corea del Norte desde la caída de la URSS y sus implicaciones para la seguridad surcoreana, de Estados Unidos y de la región, de 1990 a 2008, desde la teoría de los Complejos Regionales de Seguridad.

Análisis de los efectos generados por la decisión 391 sobre el régimen común de acceso a los recursos genéticos de la CAN, en el fenómeno de la biopiratería (1996-2010)

Después que muchos Estados se enriquecieran tanto intelectual como económicamente de la explotación o apropiación ilegal de la biodiversidad andina de la cual los miembros de la CAN eran país de origen, surge la necesidad de proteger la riqueza de la región, razón por la cual nace la Decisión 391 en 1996 sobre un Régimen Común de Acceso a Recursos genéticos. De esta manera los países miembros de la CAN se convirtieron en los primeros con un mecanismo de control para el acceso a los recursos genéticos y partición equitativa de los beneficios; buscando con ello sentar bases para la creación de conocimientos sobre el tema, el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, y la promoción del uso sostenible de los recursos. Sin embargo por razones de carácter nacional la implementación del mismo no ha progresado, generando que los casos de biopiratería aumenten e incluso sean difíciles de prevenir. Siendo este un tema de gran relevancia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, esta monografía examinará en las siguientes páginas la reglamentación nacional para comprender a mayor profundidad los defectos y/o cualidades de las decisiones tomadas por los Estados para la aplicación de la Decisión 391, y así mismo evidenciará las razones por las cuales la implementación de la Decisión no ha tenido éxito total sobre el control de la biopiratería, entre ellas la falta de reglamentación, la especificación de roles, la concientización ciudadana e incluso información al público en general.

La Venezuela cívico-militar

Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

Decreto rectoral No. 738 : Por el cual se reglamenta el régimen de homologación de materias de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia que se encuentran en el antiguo sistema de estudios de postgrado y se pasan al nuevo sistema de créditos académicos

Por el cual se reglamenta el régimen de homologación de materias de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia que se encuentran en el antiguo sistema de estudios de postgrado y se pasan al nuevo sistema de créditos académicos.

Decreto rectoral No.849 : Por el cual se reglamenta el régimen de transición del actual sistema de créditos al nuevo sistema de créditos académicos de conformidad con el artículo 105 del Reglamento Académico de Pregrado

Por el cual se reglamenta el régimen de transición del actual sistema de créditos al nuevo sistema de créditos académicos de conformidad con el artículo 105 del Reglamento Académico de Pregrado, Decreto Rectoral No. 826 del 5 de octubre de 2004.

Decreto rectoral No.869 : Por el cual se reglamenta el régimen de Enseñanza de Idiomas de conformidad con el artículo 97 del Reglamento Académico de Pregrado

Por el cual se reglamenta el régimen de Enseñanza de Idiomas de conformidad con el artículo 97 del Reglamento Académico de Pregrado, Decreto Rectoral No. 826 del 5 de octubre de 2004, y con las orientaciones del Núcleo de Formación Rosarista definidas para el proceso de renovación curricular.

Salud y crecimiento económico : un modelo de generaciones traslapadas, expectativa de vida endógena y capital humano

Este trabajo plantea un modelo de generaciones traslapadas con expectativa de vida endógena y acumulación de capital físico. Recoge parte de la evidencia empírica acerca de la transición demográfica explicada por Notestein en 1945, donde variaciones en la longevidad de los individuos afectan positivamente el crecimiento económico de un país. El modelo establece que la falta de incentivos para invertir en salud estanca a una economía en una trampa de pobreza, a su vez, muestra que incrementos en la productividad en el sector de producción de capital humano, al igual que cambios tecnológicos sesgados al uso intensivo del capital humano, incrementan el producto de estado estacionario y pueden sacar a una economía de una trampa de pobreza.

Procesos de asociatividad empresarial : Aproximaciones conceptuales e impacto económico, social y organizacional

La asociatividad empresarial es un mecanismo mediante el cual las organizaciones unen voluntades, iniciativas y recursos, alrededor de objetivos comunes, con el propósito de ser más competitivas en el mercado global (Rosales, 1997). Como resultado de la implementación de procesos de asociatividad en países de Europa, Asia y América Latina, se ha concluido que las organizaciones que participan en este tipo de procesos obtienen una amplia gama de beneficios. En numerosos textos se ha señalado que los procesos de asociatividad facilitan el surgimiento de economías de escala debido a que cada organización que hace parte del proceso se beneficia como si se hubiese unido a otras organizaciones de manera formal o como si tuviese acceso a una escala mayor (Chang, 2003).

El régimen de los grupos en el derecho societario argentino

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Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

La marca país Argentina como herramienta cultural para el desarrollo económico

Argentina, uno de los países más visitados de América Latina deja al descubierto su marca país " Argentina Late con vos". Un mecanismo de política exterior con el cual el país ha obtenido grandes beneficios económicos.