164 resultados para Política de investigación


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Una apuesta importante del actual Gobierno es el campo y el tema rural. Vuelven a la agenda política la tierra, la propiedad, los derechos de los poseedores, la restitución y el agro como estrategias desarrollo y construcción de paz. El predial, como impuesto sobre la propiedad, es un asunto fundamental y complementario de cualquier estrategia que se implemente; sin embargo, ha sido el gran ausente en los estudios y políticas sobre el uso de la tierra en Colombia. Por ello, una mirada al desempeño del predial rural abre nuevas ventanas para entender la manera integral la problemática de la tierra en Colombia. En particular, la investigación adelantada por economistas del a Universidad del Rosario busca saber si existen razones políticas que determinen la desactualización catastral, el bajo recaudo y las bajas tarifas del predial rural. Pretende. Igualmente analizar el comportamiento de este impuesto a la luz de la política local, que pueda afectarlo positiva o negativamente.

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En el desarrollo del Convenio de cooperación en asistencia técnica, investigación y capacitación para la “Implementación de la Política Sectorial en Salud para la Prevención y Manejo de la Discapacidad en Bogotá”, suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Universidad del Rosario (SDS-UR 1004/05) se ha puesto de manifiesto los esfuerzos varios en términos de registrar y sistematizar la información que sobre discapacidad se produce y usa en el nivel distrital, la urgencia de unificar las formas de referirse a este tipo de realidades y sus determinantes y variables, la necesidad de contar con referentes empíricos de la política pública en discapacidad y de comprender el valor de la información en la toma de decisiones y la gestión social. Lo anterior, entre otras acciones, requiere pensar en una estructura conceptual y metodológica para desarrollar un sistema de información público en discapacidad. Dicho sistema podría incluir las áreas de soporte para el bienestar personal (salud, educación, trabajo, transporte y movilización, cultural y recreación, tecnología, vida familiar y en comunidad), la administración de los bienes públicos y servicios sociales y la seguridad social.

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La política social en Venezuela, como en la gran mayoría de los países en Latinoamérica, es un refl ejo de sus instituciones políticas y de la forma en la cual el Estado ha asumido las distintas dimensiones de la ciudadanía. La política social es dentro de cualquier gobierno uno de los componentes constitutivos de la democracia, comprendiendo ésta como un sistema que busca disminuir las inequidades. La historia de la política social en Venezuela es el resultado de la implementación de los paradigmas más representativos de las distintas décadas. En un mundo en el que se confi guraba la globalización, Venezuela no fue ajena a las tendencias internacionales, particularmente, por su condición de país petrolero.

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Este trabajo analiza el proceso vivido por la República Popular de China después de 1976, bajo el modelo de Apertura Económica implementado por Deng Xiaoping, las razones que llevaron al Estado a implementar un sistema de Mercado con características propias de China y el papel que jugó los Estados Unidos y los Organismos Internacionales en este proceso, bajo el modelo de Interdependencia Compleja

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

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El objetivo de este documento es presentar un panorama de la experiencia del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea de Glifosato (PECIG) y del debate que este ha suscitado al interior de la sociedad colombiana en los últimos tiempos. Para lograr el objetivo, el documento parte por contextualizar la política de erradicación mostrando la evolución de las fumigaciones desde sus inicios. Seguidamente se expone el marco legal sobre el cual se ha sustentado el programa de erradicación con Glifosato. La tercera parte del documento, la constituye los argumentos centrales de los actores que se encuentran a favor y en contra de la implementación del programa de erradicación. Por último, se expone la acción popular que pretende la suspensión del programa en la totalidad del territorio nacional. Este proceso jurídico se elige dada la importancia y magnitud de las pretensiones de la parte demandante y el complejo trámite que ha tenido que cursar en los estrados judiciales del país.

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Este documento describe de manera general las políticas conjuntas en materia de lucha contra drogas ilícitas de la Unión Europea (UE), que dan especial atención a las políticas de reducción de demanda. Esto implica que el abordaje que este documento lleva a cabo no considera en particular las acciones individuales que los Estados miembros de la UE implementan en materia de drogas ilícitas. De hecho, a nivel nacional, las políticas de los países que conforman la Comunidad Europea pueden diferir sustancialmente. Por tanto, este trabajo recoge los requerimientos mínimos que de manera conjunta la UE ha establecido para definir las estrategias nacionales de lucha contra las drogas por los países miembros. El documento ofrece una descripción global sobre el espíritu de las políticas europeas con relación a reducción de la demanda de sustancias psicoactivas ilícitas. En ese sentido, se describe la formulación de las políticas, su implementación y evaluación, haciendo un recorrido por los documentos que condensan los acuerdos adoptados de manera consensual en la UE. La definición de las políticas actuales se inicia a finales de la década de los noventa. Este hecho se da por los resultados de la experiencia europea en cuanto a lucha contra las drogas y considerando también las dinámicas del fenómeno en la sociedad. La visión europea respecto de las drogas ha tratado de involucrar un enfoque multidisciplinario para su comprensión y ha pretendido abordar el problema de manera objetiva, mediante la inclusión de los resultados científicos y de investigación en la formulación de sus acciones. De acuerdo con lo anterior, la formulación de las políticas europeas resulta importante básicamente por dos razones: primero, el enfoque comprensivo del problema de las drogas ha llevado a que se le dé un tratamiento desde un punto de vista de salubridad pública. Segundo, la experiencia europea, de acuerdo con los resultados ofrecidos, es exitosa, por lo menos en cuanto al control de niveles de consumo. Si bien se mantienen altos niveles de uso de drogas, los resultados muestran que la prevalencia de dicho uso deja de crecer, al tiempo que se crean mayores oportunidades en cuanto a servicios y opciones de tratamiento para los usuarios de drogas diferentes a las punitivas. Este tipo de tratamiento puede también evitar daños sobre la salud humana relacionados con las drogas como la adquisición de enfermedades e infecciones (VIH, Hepatitis). El documento consta de seis partes incluyendo esta introducción. La segunda parte describe la Estrategia Europea en materia de drogas, definida para el período 2000-2004. La tercera parte considera los mecanismos propuestos como acciones concretas para implementar la estrategia propuesta durante el mismo periodo. Posteriormente se presentan los medios de evaluación final y los resultados de la Estrategia Europea y del Plan de Acción 2000-2004 con relación a la reducción de demanda. En la sección quinta se exponen los objetivos propuestos en la nueva estrategia proyectada hasta 2012, así como algunos de los cambios en relación con la anterior experiencia y sus resultados. Finalmente, la sexta sección concluye.

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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.

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La presente investigación pretende analizar la incidencia de la problemática del narcotráfico en México sobre la consolidación de la cooperación bilateral con Estados Unidos, en el lapso de tiempo entre 2000 y 2009. Para alcanzar dicho objetivo, en el primer capítulo se describen las principales dinámicas del narcotráfico en México, evidenciando las principales organizaciones criminales que se dan al interior del país y las actividades que promueven, así mismo, los principales flujos del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Posteriormente, en el segundo capítulo, se explican las consecuencias que esta problemática ha dejado en México y en Estados Unidos y a continuación, en el tercer y último capítulo, se lleva a cabo un análisis sobre la cooperación que se ha dado entre ambos países en pro de eliminar esta problemática. De igual manera, las fuentes que se emplean para el desarrollo de la presente investigación son de tipo secundarias, se emplean técnicas bibliográficas y documentos no académicos, páginas web, artículos de prensa, entre otros. En términos teóricos se toma como referencia la postura funcionalista expuesta por David Mitrany, y algunos elementos de la teoría de la Interdependencia compleja expuesta por Robert Keohane y Joseph Nye. De igual manera, se hace referencia a la reflexión de Buzan, quien hace énfasis en el concepto de seguridad regional y cómo ésta condiciona la agenda de los Estados.

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Esta investigación pretende analizar qué factores intervienen en el desarrollo de la política exterior de Polonia hacia Rusia en los periodos presidenciales de Lech Kaczynski y Bronislaw Komorowski, basándose principalmente en la posición de estos dos jefes de Estado ante la amenaza rusa, la consolidación de Rusia como potencia internacional después de 2005 y el papel que juega Estados Unidos y organismos Internacionales como OTAN y Unión Europea. Este trabajo tendrá un enfoque teórico realista, puesto que el actor principal en el sistema internacional sigue siendo el Estado. Si bien existen unas instituciones intergubernamentales, estas son sólo un mecanismo que utilizan dichos Estados para la maximización de su poder y la defensa de su seguridad. Además de esto se percibe el sistema internacional como un sistema anárquico, en el que la posibilidad de conflicto está siempre presente.

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El estudio responde las preguntas sobre injerencia política hacia medios radioeléctricos por parte del gobierno chavecista con el cierre de RCTV; con la identificación de instrumentos jurídicos hacia los medias y la examinación en que el gobierno manejó estos instrumentos de regulación.

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En noviembre del 2009 después de varias mesas de trabajo entre el sector público, el sector privado, la comunidad y expertos del tema de las veinte localidades del Distrito Capital nace como resultado de un proceso de participación y concertación con los diferentes actores de la comunidad, la política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá “Bogotá más activa” 2009 2019. El proceso de participación se realizó por medio de 40 talleres, dos por localidad, durante los meses de octubre y noviembre del 2008, donde se garantizaron los espacios para debatir los temas más importantes según la consideración de las diferentes comunidades. La participación ciudadana es el objeto de estudio de la investigación, en este contexto, la pregunta de investigación que se pretende responder a lo largo de este trabajo es: ¿Cuál fue el papel de la participación ciudadana en la formulación de la política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá “Bogotá más activa” 2009-2019 en la localidad de Suba?.

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La Universidad del Rosario, junto a la facultad de Administración, anualmente hace entrega del Premio "Mariposa de Lorenz" al empresario más destacado del año, por su dirección estratégica, eficiencia operacional, responsabilidad social y ética empresarial. Este premio se realiza con el propósito de reconocer la perdurabilidad de las empresas colombianas. Para esta investigación se hizo un análisis del Caso - Productos Ramo S.A. Empresa que en el año 2007 recibió este premio - la cual tenía como fin estudiar el por qué la empresa había sido escogida como ganadora tomando 3 disciplinas de la administración: dirección, gerencia e internacionalización, todas llevando un mismo hilo conductor a: la perdurabilidad. Los resultados obtenidos a los largo de toda la investigación llevaron a que la empresa ha sido perdurable gracias a la unión interna que ha mantenido a los largo de los años, fundamentada en políticas, valores y principios claros que han hecho de Productos Ramo S.A. Líderes en su sector.