142 resultados para Público não-estatal


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Se aborda de manera particular el análisis de las exenciones concedidas por el Estado mediante la Ley 218 de 1995, más conocida como la Ley Páez, tras la emergencia económica que sufrieron los Departamentos de Cauca y Huila. Se debaten los conceptos de gasto público y ahorro fiscal.

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Este documento presenta un estudio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales en la prestación del servicio público educativo en Colombia.

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Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un gran crecimiento económico en Colombia; sin embargo, al final de su mandato había más de 20 millones de personas en condición de pobreza, es decir casi la mitad de su población. Como los problemas que trata de resolver la política pública no tienen soluciones absolutas, cada gobierno debe apostarle a diferentes soluciones. Dado los buenos resultados en las primeras evaluaciones del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, el gobierno de Uribe aumentó su cobertura y número de beneficiados. Sin embargo, dicho fortalecimiento fue criticado por diferentes personalidades públicas del país por considerarlo asistencialista, clientelista, proclive al uso electoral, entre otros. La presente disertación, analiza dichas críticas y las posibles razones que llevaron al gobierno de Uribe a fortalecer y ampliar el programa. Al analizar una política pública, lo importante no es alabar o desvirtuar sus alcances, sino resaltar los aportes positivos y sus debilidades para continuar con lo que está dando resultados y tomar las medidas pertinentes respecto a los nuevos problemas que se presentan. Dadas las dimensiones de la pobreza en Colombia, este tema debe ser una prioridad de todos los ciudadanos; su solución no puede quedar en manos del gobierno o del mercado, sino que debe haber un debate serio al respecto.

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La presente monografía realiza una definición del espacio público para luego analizar como las ciclorutas mediante las políticas públicas de las administraciones comprendidas entre 1995 al 2003 de los alcaldes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa redefinieron y valorizaron el espacio publico para todos los ciudadanos en la ciudad de Bogotá.

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La presente monografía tiene como propósito analizar los tres principales objetivos estratégicos de la Política de Seguridad Democrática impulsada por Álvaro Uribe Vélez: recuperar el control del territorio por parte del Estado, aumentar la confianza inversionista y generar cohesión social en el periodo 2002-2010.

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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.

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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.

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El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

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La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.

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La comprensión de lo “público”, en ciencias sociales, cobra sentido en la medida que hace visible la forma como puede ser asumida la acción humana en el contexto de unas prácticas sociales que marcan tensión no solo con los asuntos de lo “privado”, sino también de lo íntimo. P ara hacer una aproximación a la comprensión de lo “público” estas notas presentan un recorrido por algunos de los planteamientos de la filosofía política, la historia, la economía, y la comunicación, sin pretender con ello agotar el asunto pero sí intentando generar reflexiones en los lectores sobre la valoración del concepto en diferentes escenarios de la vida cotidiana.

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Análisis de la evolución del espacio público a partir del plan estratégico Bogotá 2000. Es un acercamiento a la planeación prospectiva que se realizó en la década de los noventa en la ciudad de Bogotá. Se hace un examen de los resultados de la planeación de abajo hacia arriba según el plan estratégico Bogotá 2000, en el tema del espacio público. Igualmente, es la confirmación de si los mandatarios en el periodo de 1996 al 2006 tomaron los escenarios y proyectos estratégicos para la Bogotá del futuro. Además se puede encontrar cuadros comparativos de los planes de desarrollo, líneas, escenarios y proyectos del plan estratégico. El documento recupera información que se encuentra desagregada en lo referente al espacio público.

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El cáncer de cuello uterino y su mortalidad en Colombia ha permanecido constantes pese a los esfuerzos institucionales, distritales y nacionales que han buscado fortalecer los programas de prevención; sin embargo las estrategias actuales hacen énfasis en la toma de citología y no en la solicitud oportuna del resultado y el tratamiento de la usuaria en caso de anormalidad. METODOLOGIA: Se realizó un estudio en dos fases, un análisis descriptivo se analizaron 12875 y una segunda que involucro 257 pacientes en un análisis de casos y controles de una muestra aleatoria. RESULTADOS: Se utiliza para análisis bivariado la prueba de Chi cuadrado y regresión logística que muestran diferencias significativas en los siguientes variables: la explicación sobre la importancia del examen (p= 0.0060), importancia de la solicitud de resultado (p= 0.003), explicación sobre cuando reclamarlo (p=0.030), distancia entre residencia y centro de salud (p=0.065) DISCUSIÓN: En nuestro estudio se identificó que los factores como el acceso de la paciente al centro de salud, el tiempo del cual dispone para solicitar el resultado, si el dinero con el que cuenta la paciente para desplazarse al hospital, si es la primera vez que se realiza la citología, si le explicaron la importancia de reclamar el resultado y en que lapso de tiempo debía hacerlo, la información que tiene acerca de la importancia de realizarse la citología contribuyen en el hecho de que una paciente de esta población de un hospital público reclame o no su resultado de su citología

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Análisis del riesgo de oportunismo del gobierno Colombiano planteado por el diseño institucional y normativo de la CREG, y favorecido por una notoria concentración de calidades en cabeza del Estado Colombiano como agente de mercado y regulador.

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Este trabajo de grado se realizó con el propósito de presentar una caracterización de los patrones de uso y apropiación del espacio público urbano, específicamente del parque metropolitano el Tunal en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. El documento recopila la perspectiva de diferentes actores involucrados con el parque sobre el funcionamiento del mismo y tuvo como enfoque principal identificar los alcances y las limitaciones del parque como escenario educador y recreativo para los usuarios y su entorno inmediato. Como aportes adicionales el documento se acompaña de la georreferenciación de los procesos urbanos identificados sobre el territorio y algunas recomendaciones aplicables al proceso de gestión del espacio público recreativo para superar las limitaciones y potenciar los alcances en la proyección del espacio público como escenario para la construcción de valores ciudadanos.

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En el Plan Maestro de Movilidad se definió y acordó la estructura que tendrá el Sistema Integrado de Transporte Público que empezó a operar en Bogotá a partir del 30 de Junio de 2012. Las implicaciones de este nuevo sistema afectan tanto a los bogotanos, como a las 66 empresas que estaban habilitadas como operadoras del transporte público colectivo y a los transportadores, entre muchos otros factores involucrados. Para la puesta en marcha del SITP, Bogotá se dividió en 13 zonas, las cuales van a estar cubiertas por 432 rutas y tan solo 13 empresas que quedarán como las operadoras del sistema. La implementación del SITP ha sido criticado fuerte y negativamente por parte de los bogotanos, las empresas operadoras, los transportadores y entidades gubernamentales. Esto, debido a varios factores, como las condiciones de la malla vial, el proceso de chatarrización al que entrarán más de 6000 vehículos en el primer año, las exigencias medioambientales con las que deben cumplir los vehículos antiguos que quedarán circulando, los problemas con el nuevo sistema de recaudo, pero sobre todo por la falta de información que se ha dado a la sociedad sobre este cambio, que aunque paulatino, afectará de manera crucial la vida de los Bogotanos.