143 resultados para Minería ilegal


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Introducción: La inhalación de polvo de carbón favorece el desarrollo de neumoconiosis, causa daños irreversibles al pulmón que se identifican radiológicamente. Los síntomas son tardíos y la patología se puede desarrollar tras varios años de exposición. Objetivo: Caracterizar los hallazgos radiográficos según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2000 y relacionarlos con la sintomatología respiratoria en trabajadores expuestos a polvo de carbón en las labores de minería de socavón en el departamento de Boyacá, Colombia, 2015. Materiales y métodos: Estudio de corte transversal realizado en 232 mineros, se indagó características sociodemográficas, signos y síntomas del sistema respiratorio. Se realizó radiografías de tórax y se aplicó la metodología OIT para describir los hallazgos. Se estableció asociación estadística a través de la prueba Chi cuadrado de Pearson. Para el procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS statistics 2.3 Resultados: Toda la población fue de sexo masculino, con una edad promedio de 40,8 años. El cargo de picador fue el más frecuente en 72,4% de los trabajadores. Las radiografías mostraron opacidades pequeñas redondeadas (q/q) en 42%. La expectoración fue el síntoma más frecuente 66,4%. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el tabaquismo con las anomalía parenquimatosas (p=0,002).Conclusión: La prevalencia de neumoconiosis para el departamento de Boyacá fue de 29.7% entre los trabajadores valorados según los criterios OIT para lectura de radiografías de tórax, por lo que se requiere poner en práctica medidas de control a fin de reducir al mínimo la exposición de los trabajadores.

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Algunos de los efectos ambientales y sociales que se pueden apreciar luego del cierre de una mina son la desaparición de acuíferos, la existencia de aguas superficiales contaminadas con sustancias químicas y la afectación a la salud de las personas que viven cerca de minas abandonadas. Esta investigación busca analizar los principales aspectos jurídicos relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde el punto de vista social y ambiental. Para ello, se presentan los principales efectos ambientales y sociales de ésta terminación; se mencionan los aspectos jurídicos más relevantes del contrato de concesión minera y de la licencia ambiental; se exponen las obligaciones jurídicas que están a cargo tanto del concesionario minero como de las autoridades competentes respecto del cierre de la mina y el papel que asumen los entes de control frente a la terminación y cierre de la mina. Así mismo, se hace un breve análisis de derecho comparado de la regulación en España y Estados Unidos sobre éste tema. Finalmente, se presentan los resultados de la revisión de los expedientes administrativos que fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Minería, en los cuales se determina la aplicación y cumplimiento en la práctica de estas obligaciones jurídicas del concesionario minero al término del contrato. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir, en primer lugar, que las obligaciones a cargo de los concesionarios mineros no están claras por parte de la regulación minera y ambiental; en segundo lugar, que la regulación en cuanto al cierre de minas en España y Estados Unidos es más ordenada, completa y específica y; en tercer lugar, en relación con los expedientes analizados, se puede observar que los concesionarios y las autoridades competentes no están cumpliendo sus respectivas obligaciones.

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A raíz del impacto ambiental que produce la actividad minera sobre la biodiversidad y los recursos naturales, el sistema jurídico colombiano sustrajo de esta actividad, zonas de especial importancia ecológica y ambiental, que podrían llegar a deteriorarse en su totalidad. Sin embargo, si bien es clara la importancia de proteger estas zonas de la actividad extractiva, lo cierto es que en la actualidad se presenta un alto porcentaje de estas zonas que se superponen con títulos mineros. Circunstancia que conlleva a que entren en tensión intereses constitucionales protegidos. Por un lado, el interés general de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por el otro, el interés público de desarrollar la actividad minera. De acuerdo a lo anterior, a través de este trabajo de investigación, se busca describir y analizar las consecuencias en el ámbito jurídico, que se generan, al prohibir la actividad minera en zonas sobre las cuales el Estado había autorizado la realización de actividades de exploración y /o explotación minera con anterioridad al cambio regulatorio. En consecuencia, se expondrán los escenarios en que se puede encontrar un contrato de concesión, con la prohibición legal de desarrollar actividades mineras en ecosistemas de páramos. Específicamente, se analizará la situación de los títulos mineros que cuenten con licencia ambiental, títulos mineros que se encuentren en etapa de exploración y los títulos que habiendo terminado la etapa de exploración su licencia ambiental se encuentre en trámite.

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Introducción: La minería es considerada uno de los sectores económicos más importantes por su capacidad para generar recursos en su propio sector y en otros sectores como metalmecánica, agricultura e informática entre otros, y por su contribución al desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones. Objetivo: Determinar la relación entre los riesgos percibidos por los trabajadores que laboran en minería subterránea en 3 departamentos de Colombia y los Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales (EL). Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal en 476 trabajadores de minería subterránea. Se incluyeron variables independientes (características sociodemográficas y laborales y percepción del riesgo) y variables dependientes (enfermedad laboral y accidente de trabajo), obtenidas a través de una entrevista directa aplicada por profesionales de la salud previamente capacitados. Para el análisis estadístico se utilizó la Prueba Exacta de Fisher, el Odds Ratio (OR) con el Intervalo de Confianza (IC) del 95%. Resultados: En los trabajadores de minería subterránea en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, se encontró relación estadística significativa entre la accidentalidad con la percepción de riesgo por iluminación (OR= 2.059, IC= 95%: 1.116, 3.798, p=0.013), percepción de riesgo por movimientos repetitivos (OR= 1.951, IC= 95%: 0.998, 3.815, p=0.034), percepción de riesgo por ruido (OR= 2.275, IC= 95%: 0.974, 5.312, p=0.039) y percepción de riesgo por manejo de cargas (OR= 1.778, IC= 95%: 0.969, 3.264, p=0.041). Conclusión: se encontró que existe una relación significativa entre la percepción de riesgo de los trabajadores de minería subterránea con accidentes de trabajo y que no existe relación entre esta percepción y las enfermedades laborales.

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Con la realización y publicación de este libro se busca, principalmente, hacer una presentación y exposición del panorama legal relacionado con la negociación, adquisición, acceso y utilización de predios o terrenos –bien sean propiedad privada, como del Estado—requeridos para el desarrollo y ejecución de las actividades de los sectores minero y petrolero. Asimismo, se hace un breve repaso de algunos conceptos jurídicos generales relacionados con el tema de bienes inmuebles y servidumbres, contemplados en el Código Civil Colombiano, como antesala para el mejor entendimiento de su parte especial. Comprende esta última un estudio profundo y detallado en lo relacionado con la teoría y práctica utilizada y ejercida actualmente en las actividades de exploración y explotación de minas e hidrocarburos. Se trata también todo lo referente al tema procesal para lo concerniente a negociaciones, servidumbres y expropiaciones, así como la claridad en cuanto a la vigencia y correcta interpretación de sus normas. De igual modo, se aplica la misma metodología para el estudio dedicado al sector energético en los temas de servidumbre y expropiación. Este libro se ha enfocado a servir de guía legal y conceptual para quienes ejercen las prácticas minera, petrolera y energética, y para todos los interesados en los temas históricos relacionados con éstas y que son de suma importancia para su ejercicio.

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Anorí es un pueblo pujante de Antioquia que sustituye su forma de vida; intenta pasar de lo ilegal a lo legal, de la violencia a la paz y de la coca al cacao. Sustituir para la construcción de conciencias es la esencia del programa de la Gobernación de Antioquia y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este proyecto empezó en el 2006 e involucró a 100 familias y, aunque la idea era sumar experiencias, sucedió lo contrario. Hoy, solo 56 grupos son beneficiarios de la iniciativa. Sin embargo, ya está a la venta la chocolatina Anorí, producto de los nuevos cultivos de cacao, capaces de devolverle la sonrisa a la población de este municipio, que tantas veces ha sido censurada por el miedo.

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Documental audiovisual sobre un pueblo llamado Marmato en Colombia, rico en minas de oro. El gobierno ha insistido en la reubicación de Marmato diciendo que se encuentra en zona de alto riesgo pero los pobladores difieren de esa posición, culpando a éste y a las multinacionales por sus problemas.

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El presente trabajo hace un análisis descriptivo sobre el mineral Tantalita, más conocido como “Coltán”, en Colombia, su regulación y las posibles oportunidades que puede traer para el país. Para esto, se realiza un estudio global del mineral en el mundo y se analiza el caso del Congo, primer productor de coltán en el mundo. Se pretende presentar posibles mercados potenciales para Colombia y se muestran también algunas recomendaciones a lo largo del trabajo para la comercialización del mineral a nivel internacional.

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El nuevo modelo de e-colaboración científica y e-producción de conocimiento imponen el registro, catalogación y la preservación distribuida de grandes volúmenes de datos. Su posterior análisis y el conocimiento que de ellos emerja se logrará mediante de técnicas de minería de datos, las cuales dependerán, en gran medida , los mecanismos de almacenamiento y catalogación utilizado. Por ello, cada vez más y con más frecuencia, las comunidades virtuales de investigación requieren de ambientes de e-colaboración y e-investigación centrados en los datos. LAGOVirtual es un proyecto en fase de desarrollo el cual tiene como objetivo final establecer una plataforma de colaboración para el Large Aperture Gamma Ray Burst Observatory (LAGO). Este observatorio continental está diseñado para la detección de componentes de alta energía de rayos gamma, mediante la utilización de detectores Cherenkov de agua, ubicados en sitios de alta montaña (Chacaltaya-Bolivia, 5300 m.s.n.m, Pico Espejo-Venezuela, 4750 m.s.n.m., Sierra Negra- Mexico, 4650 m.s.n.m., Marcapomacocha-Peru, 4600 m.s.n.m). Esta plataforma de colaboración utiliza como para un repositorio DSpace adaptado para la preservación y diseminación de los datos registrados en cada una de las instalaciones. DSpace ha sido modificado aprovechando su estructura jerárquica, creando como comunidades principales a los países miembros del proyecto, seguido por subcomunidades, conformadas por las diferentes instituciones y tipo de investigación. Los datos adquiridos por los detectores Cherenkov, son almacenados y catalogados dentro de esta estructura, igualmente, se almacenan los datos de análisis (datos de los instrumentos, gráficos, datos post-procesados, etc.) asociados, manteniendo un vínculo entre ellos dentro del repositorio.Esta contribución tiene por objeto, además de las tendencias de distintas comunidades para la preservación de datos a través de repositorios, mostrar los detalles de la implantación particular para LAGO DSpace.

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Tanto las industrias legales como ilegales tienen líderez y gerentes. Estas personas al mando deben hacer decisiones estrategicas con el fin de asegurar la rentabilidad de sus negocios. La manera en que ellos toman estas decisiones y las consecuencias de estas mismas son las preguntas que este documento pretende resolver. Haciendo una aplicación general del modelo de Michael Porter, este documento analiza y describe brevemente la configuración de ambos mercados (legal e illegal): es decir las maneras de hacer negocios, las tácticas utilizadas para negociar con los proveedores y compradores, las estrategias para resaltar los beneficios de sus productos frente a los sustitutos, y en general las acciones realizadas para competir, obtener un posicionamiento y porción en el mercado total. El objetivo de este documento no es exaltar las estrategias de los líderes en las industrias ilegales, sino resaltar aquello que los directivos en las industrias legales podrían hacer mejor para mejorar el nombre de los productos colombianos en el exterior.

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En primera instancia, con este trabajo se busca contextualizar a las personas del común acerca de las concesiones explicándoles qué es una concesión y cómo se relacionan con la economía. Adicional se explicará qué es la sal, cuáles son sus derivados y sus usos. En una segunda instancia, y en forma más concreta, se explicará en qué consisten las concesiones de sal de Nemocón y Zipaquirá, mostrando la manera como se han usado los recursos monetarios generados por dichas concesiones y determinando el grado de influencia que estos recursos han tenido sobre los proyectos que se esperan generen mayor beneficio a la comunidad. Finalmente, se proyectó el flujo de ingresos que el gobierno espera recibir por compensaciones generadas de las concesiones de sal hasta el año 2038 y de esta forma poder brindar, en valor presente, la cantidad de dinero en la que el gobierno podría llegar a endeudarse teniendo como garantía los ingresos que generarán las concesiones de las áreas mineras de sal de Nemocón y Zipaquirá.

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En el centro del departamento del Cesar, se encuentra un municipio que podría ser una perfecta analogía del Macondo de García Márquez. Cuenta la historia de cómo se transforman sus humildes casas en ¿mansiones¿, sus viejas bicicletas en carros últimos modelo, las calles llenas de polvo en grandes avenidas pavimentadas, donde se cambió el ¿sancocho¿ por comidas sofisticadas, la estadía en la casa de un amigo por un hotel. Donde la iglesia, la devoción por la virgen de Chiquinquirá, un hospital municipal a medio dotar, un notario único, la Caja Agraria y un juzgado hacían parte de la estructura social del pueblo. Luego vinieron las regalías, contratos, y burocracia. Un pueblo que cuenta la historia de cómo existen grandes duchas en sus nuevas casas, pero no hay agua. Donde existen grandes televisores para ver películas, pero no hay luz, donde se han adjudicado millonarios contratos para la construcción de un alcantarillado que no ha sido terminado. Una mega biblioteca a punto de caerse, los estancos llenos, las cantinas llenas, dónde todo extranjero es costeño en carnavales o en las fiestas del ocho de septiembre. Los campesinos aún trabajan en parcelas, los pescadores aún venden desde la madrugada, un mercado que sigue funcionando desde las 3 de la mañana, un comercio de tiendas paisas. Un pueblo lleno de contrastes, pero sobre todo, con la responsabilidad de tener dentro de su jurisdicción uno de los proyectos mineros más rentables del país. Este municipio Macondiano se llama: Chiriguaná.

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Después que muchos Estados se enriquecieran tanto intelectual como económicamente de la explotación o apropiación ilegal de la biodiversidad andina de la cual los miembros de la CAN eran país de origen, surge la necesidad de proteger la riqueza de la región, razón por la cual nace la Decisión 391 en 1996 sobre un Régimen Común de Acceso a Recursos genéticos. De esta manera los países miembros de la CAN se convirtieron en los primeros con un mecanismo de control para el acceso a los recursos genéticos y partición equitativa de los beneficios; buscando con ello sentar bases para la creación de conocimientos sobre el tema, el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, y la promoción del uso sostenible de los recursos. Sin embargo por razones de carácter nacional la implementación del mismo no ha progresado, generando que los casos de biopiratería aumenten e incluso sean difíciles de prevenir. Siendo este un tema de gran relevancia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, esta monografía examinará en las siguientes páginas la reglamentación nacional para comprender a mayor profundidad los defectos y/o cualidades de las decisiones tomadas por los Estados para la aplicación de la Decisión 391, y así mismo evidenciará las razones por las cuales la implementación de la Decisión no ha tenido éxito total sobre el control de la biopiratería, entre ellas la falta de reglamentación, la especificación de roles, la concientización ciudadana e incluso información al público en general.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.