134 resultados para Consolidación del Estado nacional


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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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A partir de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud en Colombia ha presentado una serie de trasformaciones que buscan mejorar la prestación de los servicios y lograr cubrimiento de la población no favorecida y excluida del Plan Obligatorio de Salud (POS). Sin embargo, las Empresas sociales del Estado (ESE), en aras de dar cumplimiento a las disposiciones y normatividades que exige la ley, funcionan y prestan sus servicios acorde con los objetivos corporativos planteados por ellas mismas, a pesar de tener una gran cartera por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El propósito de esta investigación es evaluar el impacto financiero en una muestra de cuatro hospitales públicos de Cundinamarca (las ESE San Rafael de Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza, y el Salvador de Ubaté), luego de la aplicación del Acuerdo 032 del 2012 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES). Se seleccionaron cuatro hospitales públicos de mediana complejidad de Cundinamarca, por ser uno de los departamentos más representativos en hospitales de este tipo. Se encontró una mayor convergencia en términos de estructura administrativa y financiera, lo que hace posible que la información obtenida sea comparable y útil para la medición en términos de presupuesto y liquidez. El incremento de la cartera y la disminución de la rotación de la misma, con la afectación respectiva de la liquidez y la rentabilidad, dificultan el logro de las instituciones como lo son la sostenibilidad y perdurabilidad. El cambio del pagador después de la aplicación de la norma incidió directamente en lo anterior; igualmente, traspasar la población no cubierta al régimen subsidiado eliminó el desembolso por parte de la Secretaría de Salud y lo trasladó a las EPS subsidiados, afectando directamente los tiempos de rotación de cartera como se documenta en el análisis.

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El presente trabajo trata de dar cuenta de explicar el proceso por el cual la medicina anatomoclínica configurada en Francia durante el siglo XVIII llega y se consolida en Chile durante 1833 a 1843. Par el desarrollo de este objetivo el trabajo consta de dos partes principales. En la primera parte se hace un estudio a profundidad sobre la configuración de la medicina anatomoclínica en Francia durante la Revolución Francesa. Esto nos permite entender que la constitución de esta medicina se da de la mano con la construcción del Estado Nacional francés y, así mismo, que este proceso se caracteriza por un cambio en la mentalidad de lo que significa la enfermedad y la manera en la que el oficio médico es entendido. La segunda parte es un estudio sobre cómo esta medicina llega a Chile y se consolida durante un periodo político particular en el que a la vez se institucionaliza la educación médica, se constituye un Estado Nación Chileno y se evidencia un cambio de los fundamentos de la medicina.

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El interés de este estudio de caso es analizar la ley de “Prevención de Infiltración” y las consecuencias de ésta sobre la migraciones ilegales de eritreos provenientes de Egipto. Se profundiza sobre los orígenes de la ley con el fin de obtener una mayor claridad sobre el alcance de ésta. La ley es controversial no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. El resultado: divisiones políticas al interior del país, en tanto algunas políticas para lidiar con esta problemática surgen desde visiones políticas con tendencias patrióticas y ultranacionalistas. La investigación también expone los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes al llegar a Estados receptores hostiles. El tema de las migraciones es uno de enorme complejidad, el cual entraña ciclos de conflicto y despojo dentro del escenario internacional.

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El presente trabajo busca hacer un análisis sobre los arreglos institucionales introducidos con la ley 100 de 1993 a las Empresas Sociales del Estado (ESE), y cómo estos han afectado la prestación del servicio de salud y la garantía del derecho; para lo cual se escoge como ejemplo el Hospital Simón Bolívar E.S.E de Bogotá durante los años 2002 a 2014. Se explica como con la implementación de la descentralización, el modelo de aseguramiento y la autonomía financiera se afectó la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta la introducción de un eslabón dentro del sistema de salud: las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

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El propósito de la presente investigación es el de analizar la debilidad que ha tenido el Estado colombiano con respecto a la obtención del control territorial en algunas áreas específicas del departamento del Valle del Cauca, considerando variables fundamentales como la coerción, el capital y la justicia, en su mayoría planteadas por Charles Tilly como elementos básicos de cualquier Estado. Se analizan y explican los periodos de violencia, y la consolidación de grupos al margen de la ley en Colombia y en el departamento del Valle del Cauca, evidenciando la debilidad del Estado en ciertas áreas a lo largo de los años, tomando finalmente como estudio de caso el surgimiento de la banda criminal de “los Rastrojos” posterior a la desmovilización de las AUC, como actor al margen de la ley que disputa el poder y ejerce ilegalmente funciones del Estado.

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Introducción Los lugares de trabajo contribuyen al bienestar del individuo y en algunos casos pueden constituirse en factores que llevan a alteraciones en la condición de salud. Los trabajadores pueden estar predispuestos a algún tipo de desórdenes musculo-esqueléticos que se generan durante la jornada laboral creando molestia y algunas veces estar asociados a factores de riesgo psicosocial. Objetivo Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosocial con síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores vinculados a una empresa social del estado Bogotá, 2014. Métodos Se realizó un estudio de corte transversal en una muestra de 203 trabajadores. Como instrumentos se utilizó la Batería de riesgo psicosocial y cuestionario Nórdico. Se realizó análisis estadístico empleando medidas de tendencia central y de dispersión y se midieron asociaciones con el fin de conocer las variables que se relacionan con el evento. Se manejó el programa estadístico SPSS 20 para Windows. Resultados El 78,8% de los trabajadores correspondieron al sexo femenino, con una edad media de 38 ±10,28 años. El promedio de años de antigüedad dentro de la empresa fue de 3,9 ±,6553, se encontró que el 90.4% están expuestos a factores psicosocial extra laborales con clasificación de riesgo despreciable y el 91,6% a factores intralaboral con clasificación de riesgo muy alto. Se encontró prevalencia de sintomatología musculo esquelética a nivel de cuello con un 70%, dorso lumbar con el 56,2%, mano o muñeca el 54,7% y hombro con el 51,7%. Se encontró diferencia significativa entre el dominio de demandas del trabajo con síntomas presentes en hombro y mano/muñeca (p<0,05), seguido de las dimensiones de control sobre el trabajo con síntomas en hombro (p<0,05). Conclusiones La población estudiada presento una elevada prevalencia de síntomas musculo esqueléticos y un alto riesgo psicosocial intralaboral probablemente debido a características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo.

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Cuando se habla de los factores que producen las disparidades territoriales en Colombia, los diferenciales de capacidad institucional que tiene el Estado colombiano para hacer efectivos los derechos políticos, económicos y sociales de sus ciudadanos, cobran un valor esencial a la hora de explicar las pronunciadas brechas que se generan en las regiones del país. Es por esto que la hipótesis central de nuestro trabajo se centra en que la descentralización como modelo de gestión de los asuntos públicos presenta serios problemas de eficiencia y eficacia debido a la escasa capacidad institucional con la que cuentan las organizaciones públicas y gubernamentales en las periferias colombianas, lo que produce que las políticas de inclusión, bienestar y promoción del desarrollo no logren su implementación y adecuada aplicación en los departamentos más pobres del país. La baja capacidad institucional se explica porque las reformas se encargaron de entregar a los departamentos y municipios competencia y recursos para ejercer una amplia gama de funciones, pero no se ocuparon de dotarlas de recursos organizacionales, institucionales, de recursos humanos y de gestión, que permitieran el uso efectivo y eficiente de los recursos fiscales, ni la capacidad de respuesta de las administraciones públicas territoriales frente a las demandas de los habitantes de los municipios y departamentos.

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La concepción de Estado moderno está íntimamente vinculada al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, en tanto supone que la violencia es una de las principales prerrogativas que el Estado pretende detentar, para constituirse en una organización política de poder que perdure en la sociedad en la que se instaura. En este sentido, el proyecto de investigación tiene como uno de sus objetivos específicos, identificar, caracterizar y analizar los daños antijurídicos por los cuales el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional autoriza el ejercicio de la acción de repetición contra los funcionarios o ex-funcionarios de las Fuerzas Militares, limitando el análisis al periodo transcurrido durante los años 2010 a 2016. Lo anterior, con el fin de establecer cuáles son las causas generadoras de responsabilidad más frecuentes en las que han incurrido los agentes de la entidad, para luego observar su impacto en el erario de la nación y verificar cómo se constituyen en una necesidad de imposición de límites al ejercicio de la fuerza del Estado.

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El presente trabajo ha pretendido determinar la magnitud de los desórdenes de la deglución en el Hospital Universitario Mayor Méderi, identificar qué profesionales están realizando el diagnóstico y el manejo de dicha patología, además de conocer el tipo de tecnología utilizado en la evaluación-diagnóstico e intervención. Se utilizó un cuestionario para determinar de qué forma los profesionales del HUM realizan el abordaje de los pacientes con disfagia, encontrando que cada profesional identifica y maneja la patología de manera individual bajo un marco multidisciplinario pero no interdisciplinario, utilizando para el diagnóstico signos, síntomas y la exploración física con poca referencia hacia el uso de tecnología para el establecimiento del diagnóstico diferencial. Además, no encontró evidencia acerca de cómo tratar el problema más allá del objeto de estudio de cada especialidad. De los resultados obtenidos en la fase inicial se concluye que es imperativo iniciar acciones tendientes a operar bajo un marco de acción interdisciplinar que responda de manera efectiva las necesidades de los pacientes con trastornos de deglución, tendiente a optimizar los recursos del hospital y de la comunidad de manera tal que redunden en calidad de vida del paciente con disfagia.

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Las Salas ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) son áreas definidas en las Unidades Primarias de Atención (UPAs), Centros de Atención Médica Inmediata (CAMIs) y de algunas instituciones de segundo nivel, para la atención de pacientes con ERA, que puedan ser manejados con esquemas terapéuticos básicos que en muchas oportunidades se ocupan las salas de observación de urgencias por casos que podrían manejarse en un nivel de complejidad más bajo, pero tampoco pueden ser manejados a nivel domiciliario. La enfermedad respiratoria aguda (ERA) es un conjunto de patologías que afectan el sistema respiratorio, siendo esta una causa muy frecuente de morbilidad y mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años, en especial por infección respiratoria aguda (IRA). El pago de la atención integral en las salas ERA a los niños menores de cinco años (población vinculada) de edad corresponde al Fondo Financiero Distrital el cual ha establecido un paquete que incluye valoración médica, valoración con la terapeuta respiratoria, analgésicos, corticosteroides e inhaladores. En el momento en que el médico ordena un examen de laboratorio clínico como ayuda diagnóstica el Fondo Financiero Distrital deja de pagar el paquete completo de prestación de servicios en Salas ERA y paga los medicamentos y dispositivos médicos empleados en la atención de pacientes de manera individual, con esta segunda manera de pago tiene menos ganancias el hospital ya que este debe asumir los costos de la valoración por parte del médico y la terapeuta respiratoria. El objetivo de esta investigación es conocer la magnitud en la solicitud de exámenes de Laboratorio Clínico a los niños menores de cinco años que recibieron atención por parte de la Sala ERA de una Empresa Social del Estado de primer nivel de atención en la ciudad de Bogotá.

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Esta investigación busca demostrar la influencia que tuvo la participación de Colombia en la guerra de Corea, en la construcción de una nueva mentalidad en el Ejercito Nacional entre los años de 1951 y 1982. En términos generales, el presente trabajo de investigación pretende estudiar descriptivamente, desde una perspectiva muy poco abordada, la influencia de la de la guerra de Corea en el moldeamiento de la mentalidad de los militares colombianos, a partir de un análisis de los acontecimientos históricos acaecidos en el periodo anteriormente mencionado. Desde el punto de vista de la Ciencia Política, el presente estudio ilustra como a través de una decisión política del gobierno se produce la participación del país en un conflicto internacional, el cual generó un cambio sustancial en la mentalidad del Ejército Nacional, que se tradujo en un avance significativo de la estructuración, concepción y comportamiento del mismo, durante un espacio importante del conflicto armado colombiano.

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La problemática del trabajo infantil constituye uno de los temas de mayor importancia en el ámbito internacional, razón por la cual la mayoría de Estados determinan e implementan instrumentos destinados a la protección y garantía de los derechos de los niños a través de organismos internacionales como lo es la OIT. Colombia en los últimos 10 años se ha unido a esta causa, razón por la cual se comprometió a crear una política dirigida a enfrentar con eficiencia la prevención y eliminación del trabajo infantil y sus peores formas. Para esto, ha firmado y ratificado varios instrumentos nacionales e internacionales como el convenio 138 y 182 de la OIT para lograrlo, cuenta con la cooperación internacional de la OIT que se encarga de brindar al Estado colombiano las herramientas necesarias para crear acciones y estrategias a través del intercambio de experiencias y recursos entre los distintos países pertenecientes a esta organización internacional, para hacerle frente a este fenómeno mundial; a su vez esta cooperación internacional es analizada bajo la teoría de las Relaciones Internacionales del neoliberalismo internacional de Robert Keohane para quien los organismos internacionales juegan un papel determinante en la toma de decisiones de la vida internacional y en la de los estados, por medio de esta se determina cuales han sido los verdaderos avances y limitaciones que ha tenido el Estado colombiano para la erradicación efectiva del trabajo infantil y sus peores formas durante el periodo 2002- 2006.

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Tras 18 años de fundado el Mercosur se pretende analizar la forma como sus Instituciones, a partir de 1999, han evolucionado en el Mercado Común a la luz del Institucionalismo Neoliberal y al mismo tiempo han fomentado las asimetrías de poder entre socios mayores y menores en procesos de decisión.

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Esta investigación Monográfica busca fundamentalmente, evaluar si la creación de una institución financiera como Banco del Sur, representa una alternativa de apoyo financiero para el fortalecimiento del proceso de integración de la Unión Sudamericana de Naciones, por medio del financiamiento de proyectos transnacionales de infraestructura que permitan la integración física de Sudamérica. A partir de esto, se plantean como propósitos particulares: la identificación de los objetivos y funciones que tendrá el Banco del Sur para su funcionamiento, de acuerdo con los objetivos definidos por la UNASUR; así mismo, se pretende identificar los diferentes tipos de asimetrías en la región sudamericana y analizar de que manera, éstas constituyen un problema para el proceso de integración de la UNASUR y finalmente evaluar como el Banco del Sur, puede contribuir al fortalecimiento del proceso de integración de UNASUR, a través del financiamiento de proyectos de infraestructura física, para la construcción de la interconexión física de la región. Esta es una investigación aplicada de carácter prescriptivo, la cual identificará el problema de acuerdo a las principales dificultades, que pueden generar inconvenientes para la consolidación del proceso de integración de la UNASUR, tomando como referencia la creación del Banco del Sur como una posible alternativa aplicable para la solución del problema diagnosticado.