99 resultados para Bienes del Estado
Resumo:
Se indaga en qué medida el gobierno estadounidense, entre 2001 y 2008, moldeó una representación del Estado venezolano a partir de su discurso geopolítico práctico. Se utiliza la teoría geopolítica crítica, en particular el discurso geopolítico práctico, y el análisis del discurso.
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La presente disertación aborda la correlación circular entre la debilidad estatal y el surgimiento de los actores armados que postulan autores como Robert Rotberg o William Reno, para el análisis de los conflictos armados en África Subsahariana en el período de la pos Guerra Fría. Durante este período, en esta región diferentes conflictos estallaron —entre esos Liberia, Sierra Leona, Somalia, Ruanda o Sudán— además de ser una de las partes del mundo que sufre por el elevado nivel de precariedad estatal. Este trabajo desarrolla entonces ambos aspectos de dicha correlación circular, a saber la incidencia de la debilidad estatal en el surgimiento de los grupos armados y, en segundo lugar, el fomento de la debilidad por parte de los grupos armados ¬–denominados por varios autores como señores de la Guerra–. Por último, esta disertación sugiere unas limitaciones al alcance explicativo de la relación interactiva entre la debilidad del Estado y los actores armados, para finalmente discutir el postulado planteado por algunos autores como Béatrice Hibou o Roland Marchal, que propone que la existencia de grupos armados pueden llevar al redespliegue del poder estatal en el largo plazo.
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El estudio sectorial aplicado a una Empresa Social del Estado (E.S.E) en la ciudad de Bogotá, se desarrolló a través de la aplicación de la metodología de análisis estructural de sectores estratégicos a fin de determinar el grado de hacinamiento en el que se encuentra, ubicar las oportunidades que aún no han explotado, conocer el nivel de atractividad del sector e identificar el comportamiento de los competidores para finalmente caracterizar el sector estratégico en términos de los elementos que determinan su comportamiento. Como resultado de las pruebas se evidenciaron cuatro elementos determinantes del comportamiento del sector, ausencia de barreras de entrada propias, existencia de supuestos que limitan la toma de decisiones, existencia de convergencia estratégica y erosión de la estrategia y de la productividad. Estos hallazgos permitieron al equipo de investigación realizar aportes con el fin de generar reflexión estratégica a la E.S.E, ampliar el panorama e implementar innovación conceptual hacia comportamientos diferenciadores que busquen mejorar la cadena de valor.
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Hay dos tesis respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado Regulador. Algunos que pretenden que la regulación no genere responsabilidad al considerar que el actor económico regulado asumió la regulación y los riesgos correspondientes al ingresar a un mercado regulado. Otros, que pueden considerar que por adquirir una licencia compran al mismo tiempo la legalidad, siendo inviables reglas de juego sobrevivientes. Estos polos son extremos, en tanto por el sólo hecho de entrar a un mercado regulado no significa que el Estado pueda desconocer el patrimonio y derechos del inversionista y el principio de buena fe. Quien ingresa o participa en un mercado hace sus propias previsiones de negocio acorde con las condiciones definidas por el Estado y asume que se respetará el ordenamiento legal. También que se respetarán sus derechos los que pueden ser modulables más no excluirse por las actuaciones del Regulador. Por ello, cuando se genere un daño antijurídico o una violación al núcleo esencial de sus derechos que además es imprevisible por el destinatario de la regulación deberán resarcirse los perjuicios generados
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Desde 1945 con la creación de las Naciones Unidas, una de las Organizaciones Internacionales más importantes y emblemáticas al día de hoy, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) se han convertido en una de las herramientas más importantes en la búsqueda del mantenimiento de la paz y la estabilidad del sistema internacional. En la actualidad solo una de estas Operaciones se encuentra presente en el continente americano, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), desplegada bajo la autorización del Consejo de Seguridad en el 2004. El presente proyecto analiza la función de la MINUSTAH en Haití, y su contribución sobre el proceso de construcción del Estado desde su inicio, hasta finales del año 2012, identificando sus alcances y limitaciones a lo largo de este periodo.
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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.
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El propósito central de la propuesta de investigación es responder a la siguiente pregunta: ¿la proliferación de respuestas teóricas al desplazamiento forzado, impulsada con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) en 2004, generó algún cambio en el paradigma de la responsabilidad patrimonial del Estado (REPE), que orientó al Consejo de Estado al definir la responsabilidad de las autoridades por desplazamiento forzado (DEFO), entre 2004 y 2010? Para lograrlo, comenzamos por aproximarnos a los elementos del paradigma tradicional de la responsabilidad estatal y luego tratamos de desarrollar las etapas de la teoría de las revoluciones científicas, propuesta por el profesor Thomas Kuhn. En ese orden, encontramos en primer lugar, que es posible hablar de un paradigma tradicional de la REPE pero muy difícil hallar sus contornos con absoluta precisión. Se trata de un complejo andamiaje de conceptos, creencias y valores en constante formación y redefinición. En segundo lugar, intentamos tomar consciencia de la anomalía del DEFO, esto es, apreciar de cerca sus características. Fue así como logramos evidenciar que se trata de un fenómeno fuertemente arraigado en nuestra historia, cuyas soluciones requieren esfuerzos interdisciplinares. En tercer lugar, emprendimos la exploración conceptual: buscamos dentro de una amplia urdimbre de propuestas académicas aquellas que se pudieran conectar mejor con los elementos del paradigma de la REPE. Identificamos 18 líneas de fuga teórica alrededor de los conceptos del daño, imputación y reparación. Todas apuntan hacia la ampliación de sus alcances y la búsqueda de remedios más eficaces y democráticos para las víctimas del DEFO. En cuarto lugar, contrastamos dichas propuestas con las respuestas que ofreció el Consejo de Estado a la población en desplazamiento, en sus fallos proferidos entre 2004 y 2010 en esta materia. Finalmente, después de dicha exploración encontramos que el paradigma de la REPE no fue radicalmente alterado por la proliferación de respuestas teóricas ofrecidas después de 2004. El máximo juez contencioso tomó cierta consciencia de la anomalía, exploró algunas aristas del fenómeno, pero se quedó corto a la hora de evaluar el alcance de sus herramientas tradicionales y proponer soluciones novedosas y eficaces. Presenciamos algunos cambios en el concepto y alcance de la reparación, originados en decisiones anteriores poco relacionadas con eventos de desplazamiento, que resultan insuficientes a la luz de las exigencias de la problemática del DEFO.
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El trabajo conceptualista la teoría de Complejos de Seguridad Regional, permitiendo tener una compresión amplia del mismo. Hace un análisis de la estrategia de seguridad costarricense, evocando momentos históricos para su construcción. Contextualiza las dinámicas de securitización generadas en Centro América y de esta forma concluye cómo Costa Rica ha respondido a estas dinámicas y qué tan efectivas fueron sus políticas en cuestiones de seguridad, al igual en cómo el subcomplejo se ve afectado por esta estrategia.
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El interés de esta monografía es evaluar el tema de la transnacionalización de la mafia como instrumento de maximización de poder del Estado ruso. Se analiza y explica cómo desde la Rusia imperial hasta la actualidad, se ver la lógica del realismo ofensivo en varias de sus acciones en el escenario internacional. De igual manera, se expone que ha existido un vínculo entre la mafia y Rusia que ha evolucionado y, ahora, favorece al Estado. Siguiendo finalmente la perspectiva teórica del realismo ofensivo y la estrategia de la Guerra Irrestricta, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite evidenciar que la transnacionalización de la mafia ha servido de instrumento de maximización de poder del Estado ruso
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Durante la década de los 80 se comenzó, en buena parte de Europa oriental, a gestar una ola de privatizaciones que habría de golpear con fuerza los países americanos en los 90. En Colombia, los efectos de esta onda se sienten ahora más que nunca. Justamente el período de privatizaciones en Colombia entre el 2002 y el 2006 se identifica como la etapa más profunda de este tipo que se ha dado en América Latina desde los años 90. La empresa TELECOM constituye un ejemplo que sirve para estudiar el fenómeno de las privatizaciones durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. La pregunta que se tratará de responder a lo largo de esta monografía es ¿Cuales son los temas que involucra la reestructuración de TELECOM vía privatización de la empresa, en el marco del proceso de reforma del Estado? La hipótesis que sustenta este estudio es la de que la reestructuración de Telecom vía privatización en el marco del proceso de reforma del Estado busca reducir las presiones fiscales a las que el Estado se ve sometido por el pago de nóminas, el mantenimiento y la ampliación de las redes de comunicación. Estas presiones no le dejan a la compañía un margen de maniobra suficiente para mejorar los servicios que debe prestar y permanecer en el mercado como una empresa competitiva que debe hacer frente a cambios tecnológicos inminentes en un mundo que se globaliza. Para darle solución a dicha hipótesis se van a tomar los presupuestos de la teoría neoliberal, para entender la actitud del gobierno en su toma de decisiones.
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El presente trabajo, surge de diversos cuestionamientos críticos sobre el por qué las mujeres son la mayoría de las víctimas de la trata de personas, el motivo por el cuál se habla de prostitución al referirse a la trata de mujeres, y el hecho de ser Colombia un preponderante país de origen de las víctimas de este delito. La justificación inicial para realizar este estudio, fue la creciente necesidad de más y mejores investigaciones sobre el tema de trata y explotación sexual femenina para el caso colombiano, en consecuencia, surgió la motivación como mujer, colombiana y estudiante a explicar este fenómeno desde un enfoque feminista.
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Este trabajo pretende hacer énfasis, en la dinámica participativa para el fortalecimiento de la capacidad institucional, y expresiones de voluntad política, en el marco de un conflicto armado, con relación a la Problemática del Desplazamiento. Para medir estas voluntades políticas y presencia participativa 4 de los integrantes en el proceso, se tomarán como base las propuestas de petición de fondos, previo estudio de los comités temáticos proporcionales a los componentes del Plan de Acción Humanitaria. En ese orden de ideas esta investigación pretenderá responder al siguiente cuestionamiento: ¿Qué efectos ha generado el Plan de Acción Humanitaria, en la participación y formulación de políticas para la atención a la población desplazada en ONG, el sistema de las Naciones Unidas y el Estado Colombiano
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Miguel Ospina decidió emigrar en 1996 de Colombia por la quiebra de su negocio. Frente a esta realidad y a la imposibilidad de encontrar un empleo donde su sueldo fuera superior al mínimo establecido por la ley, y ante la responsabilidad de tener dos hijos y una esposa que mantener, tomó la decisión de radicarse definitivamente en Israel. Al cabo de unos meses consiguió un trabajo en un pequeño supermercado francés en Tel Aviv, y aunque parecía que su situación económica se estabilizaba, su condición de ilegal lo llenaba de incertidumbre y miedo al pensar en una posible deportación. Hoy, más de diez años después, sigue trabajando duro para enviar dinero a sus hijos y esposa en Colombia y no incumplir su promesa y su responsabilidad de velar por ellos. En este lapso de tiempo no ha podido ver a su familia sino una sola vez. Admite, sin embargo, que no volverá al país, pues dice que el bienestar de su familia es lo primero, y además, tampoco cree estar listo para volver a enfrentar una situación parecida a la que vivió antes de partir.
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Este estudio se refiere a la figura del Relator Especial sobre la situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, quien después de recibir la invitación del Estado, visitó el terreno y habló con las principales autoridades del tema tanto gubernamentales como de las comunidades y los grupos nacionales, para verificar la situación de los pueblos indígenas. En su visita a Colombia en el año 2004 produjo una serie de recomendaciones que invitaban al Estado colombiano a acatarlas por medio de reformas constitucionales, legislación e implementación de leyes en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como del seguimiento de diversas normas internacionales y decisiones de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los convenios y tratados sobre el tema adaptados por Colombia.
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La Convención de Ottawa de 1998 -sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas Antipersonal y sobre su destrucción- hace parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria originada por la expansión mundial de este tipo de armamentos. Este tipo de enemigo invisible se encuentra en más de 70 países, generando uno de los problemas humanitarios más graves y acuciantes de todos los tiempos que el ser humano haya podido padecer. Por lo anterior, al menos 90 países de los cuales hizo parte Colombia, se reunieron voluntariamente en 1997 a negociar un Tratado (de Ottawa) y que a la postre se ha convertido en un gran logro ya que por vez primera los países acordaron de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario el cese total de la producción, almacenamiento, utilización de estos artefactos explosivos. Pese a la prohibición general impuesta por la Convención de Ottawa, la cual es válida de igual forma para todos los actores armados en el conflicto, hoy día se continúa registrando en el país un aumento generalizado en la utilización de minas. Es por ello, que el presente trabajo pretende identificar particularmente las principales limitaciones y obstáculos que se han presentado para que el Gobierno colombiano de cumplimiento satisfactorio en los tiempos estipulados con los compromisos adquiridos en dicho Tratado Internacional.