437 resultados para CONFLICTO ARMADO - ASPECTOS SOCIALES - SUDAN - 2005-2006


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En la década de los noventas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador se originaron procesos de post conflicto que tuvieron origen luego de finalizados los conflictos internos que enfrentaron los tres países durante la década de los ochenta. Dichos procesos tuvieron un balance positivo que en gran medida se debió a la nutrida participación internacional en especial de organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- que tuvo cabida en tales escenarios como apoyo para la reconstrucción de estas Naciones que decidieron poner fin pacífico a sus enfrentamientos, y que gracias al cambio gestado en su enfoque operativo, este organismo logró jugar un papel destacado en tales procesos. Es por ello que ésta investigación analiza el papel que desempeñó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- en los procesos de post-conflicto que atravesaron Guatemala, Nicaragua y El Salvador durante la década de los noventa tras los enfrentamientos internos del decenio anterior , apoyados en la teoría del Neoliberalismo Institucional.

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La Ley General Forestal en Colombia fue declarada inconstitucional luego de casi dos años de vigencia por violar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Esta ley pretendía brindar un marco jurídico estable que estimulara la inversión privada en el sector forestal colombiano. La declaración de inexequibilidad fue vista por los promotores de la ley como la obstaculización del avance de la economía privada de este sector. Sin embargo, los grupos étnicos y ambientalistas celebraron la decisión como un reconocimiento al valor del bosque en términos ecológicos y culturales. El Ministerio de Agricultura adelanta ahora nuevos proyectos de ley para el manejo del recurso forestal. En el presente artículo analizo los proyectos de ley forestal a la luz de las diferentes concepciones e intereses que giran en torno al recurso forestal y en general a la naturaleza, para observar cómo las visiones de naturaleza determinan las formas en las que debe aprovecharse el recurso.

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Tras casi 30 años de conflicto, en 1990 el gobierno y las guerrillas guatemaltecas, se embarcaron en una serie de negociaciones en el marco de un proceso de construcción de paz que concluyó seis años después con la firma de los Acuerdos finales. Si bien los compromisos acordados incluyeron entre otros asuntos, una serie de reformas en torno a la transformación del sistema político con el fin de promover la consolidación de un orden democrático, esta transformación no inició en 1996, sino que se gestó años antes del emprendimiento de las negociaciones y de hecho, tuvo un efecto imprescindible en el inicio y la efectividad de las mismas al generar un clima propicio para la construcción de la paz. De igual forma, el desarrollo de ambos procesos influyó en las circunstancias del conflicto interno de Guatemala. El siguiente trabajo analiza precisamente el desarrollo entre 1983 y 1999 de estos procesos, de la relación interdependiente surgida entre ellos y los efectos que tuvieron estos lazos sobre el conflicto interno en Guatemala. Para ello se tomaron una serie de enfoques teóricos que proponen la existencia de un vínculo entre democracia y paz y su aporte a la prevención y manejo de los conflictos internos. Estos enfoques argumentan que la democracia se constituye en un mecanismo capaz de regular los conflictos internos a través de medios pacíficos, como la negociación y el debate público, y en que esta democracia necesita de unas condiciones mínimas de paz para poder desarrollarse de manera íntegra.

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En 1971 ocurrió una de las mayores migraciones transfronterizas del siglo XX, donde la vulnerabilidad Estatal y la magnitud de la crisis humanitaria propiciaron un fortalecimiento institucional del ACNUR y un desarrollo del Régimen Internacional Humanitario.

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En esta investigación se pretende analizar la forma en que los familiares de víctimas de Trujillo y sus acompañantes han iniciado y desarrollado los procesos de reconstrucción de los hechos, de reparación simbólica y de duelo en un escenario donde el conflicto aún no ha cesado. Tras la masacre ocurrida entre 1986 y 1994 en Trujillo, Riofrío, Bolívar (Valle del Cauca) y el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en 1995, los familiares de las víctimas decidieron unir fuerzas y trabajar conjuntamente en la construcción de una memoria histórica de los hechos violentos, pese a las amenazas y al hostigamiento que después de 20 años siguen latentes en Trujillo. Ahora bien, no sólo se quiere hablar de los procesos de memoria y duelo entre los trujillenses; también se quieren mostrar una perspectiva analítica que permite mostrarlos más allá del relato o los rituales; es decir desde el cuerpo como evidencia material de los hechos violentos y como construcción simbólica, desde los objetos como albergue de recuerdos e identidades particulares y desde el arte como medio de liberar el dolor, acercarse a la violencia y evadir por un instante la cruenta realidad que vela la vida de los trujillenses.

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Esta monografía titulada, La intervención de la Comunidad Humanitaria Internacional en la Crisis Humanitaria de Sierra Leona 1991-2002, tiene como objetivo primordial analizar los factores internos y externos que llevaron a Sierra Leona a su crisis humanitaria. Las bases teóricas sobre las cuales se construyo la investigación fueron propuestas por Mery Kaldor y Roberg Rotberg. Cabe resaltar las siguientes conclusiones, la inestabilidad política de Sierra Leona creó las condiciones necesarias para que Liberia interviniera en el conflicto mediante el tráfico de diamantes y armas. Las dimensiones del conflicto llevaron a la intervención de la Comunidad Humanitaria Internacional, la cual estuvo sometida a fuertes críticas.

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La Unión Europea mantiene una dinámica de cooperación con Sudáfrica que incluye al fútbol como herramienta que contribuye a su desarrollo económico a partir de la realización de proyectos de infraestructura concernientes al Mundial de Fútbol de 2010.

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El proyecto político del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez se presentó como una novedad histórica, articulada alrededor de la lucha contra el terrorismo y se creía que era la única salida eficaz a la situación de violencia que se venía generando en Colombia cincuenta años atrás. El estilo político de gobierno y la imagen personal de Álvaro Uribe Vélez marcó una ruptura significativa con relación a sus antecesores y a otros importantes dirigentes políticos de Colombia, ya que se tenía la concepción de que los anteriores gobiernos se caracterizaron por la incapacidad para enfrentar el conflicto armado. Esta novedad se vio reflejada no solamente en las medidas y políticas propuestas e implementadas desde comienzos de su administración, sino en toda una serie de estrategias tendientes a capturar la atención de los medios de comunicación y el respaldo de la ciudadanía al programa de gobierno en general y a la política de seguridad democrática en particular. Los consejos comunales de gobierno celebrados en los departamentos de Vichada y Chocó durante 2002 y 2006, incidieron en los resultados de las votaciones presidenciales del 2006 a favor de Álvaro Uribe Vélez. Esto es así dada la propaganda política que se hizo en ellos de la imagen del presidente y el uso de algunas reglas especiales que permitieron persuadir al electorado. Como se pudo observar, los consejos comunales hacían especial énfasis en las cualidades atrayentes del presidente: carácter, credibilidad, dinamismo, carisma y liderazgo. El uso de las 5 reglas explicadas: aprovechamiento de los deseos preexistentes de la audiencia, la apelación a las emociones, la simplificación de las emociones, la repetición de los temas principales y las afirmaciones declarativas directas, finalmente pretendían vender al presidente como un político sui generis, con unas cualidades excepcionales y como el único capaz de asumir los problemas de las regiones con autoridad y decisión. Esto sumado al vínculo emocional que siempre generaba con el público, catalizó su efecto propagandístico.

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Esta monografia esta compuesta por tres capítulos los cuales resumen el análisis de la conceptualización de la migración como elemento fundamental en el sistema internacional en la actualidad. A su vez, permite comprender las principales motivaciones de las olas migratorias colombianas y la receptividad costarricense entre 1995 y 2005. También se retoman aspectos clave de las ventajas y desventajas que ha tenido Costa Rica en relación con la migración de colombianos hacia dicho país, las implicaciones y los atractivos que para ambos países han acarreado los hechos migratorios; así mismo, en el último capítulo se compilan los diferentes aportes teóricos y conceptuales que brindarán el marco explicativo del correcto análisis de las teorías de Relaciones Internacionales que aplican a procesos migratorios como el que concierne al estudio en cuestión.

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La pizarra mágica es un juego típico para niños, en el que se puede dibujar y borrar todo. Sin embargo, cada trazo deja una marca, por invisible que parezca. Quién podría imaginar que un juguete como este tiene mucho en común con la historia de tres mujeres desplazadas por la violencia en Colombia: Minellys, María y Yanid. Este documental muestra los diferentes tipos de traumas producidos por el desplazamiento y la forma en que el Estado trabaja para mitigar esas marcas con las que conviven más de 5 millones de colombiano. Esas son las marcas olvidadas del conflicto que si no se atienden, seguirán produciendo consecuencias nefastas en las personas, la sociedad, la cultura y la historia colombiana.

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El conflicto armado ha generado diversas respuestas que en la mayoría de los casos son violentas pero paradójicamente en otros genera respuestas de tipo pacífico y de acciones colectivas como alternativas distintas a la violencia en medio del conflicto, en donde podemos identificar marchas, resistencias pacíficas, asociaciones, programas con alternativas de construcción de paz, inclusión de grupos excluídos, etc. Desde este último punto, se configura un escenario propicio para la participación e inclusión de actores y actoras sociales que comúnmente han sido marginadas o son víctimas, y con los cuales se promueve un escenario donde se fortalecen capacidades locales, se apoyan proyectos productivos, se configuran apuestas sociales, entre otras cosas. En ésta línea, es necesario blindar y apoyar este tipo de respuestas civiles no-violentas desde agencias nacionales, departamentales municipales e internacionales a través de la cooperación internacional que acompaña estos procesos para el diálogo y la concertación. Se promueven propuestas que vienen desde diferentes puntos cardinales direccionados hacia la construcción de paz, el desarrollo humano y la equidad de género en donde el gobierno y otras instituciones internacionales son garantes de las acciones encaminadas hacia estos propósitos.

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Investigación que muestra cuales han sido los acontecimientos, antecedentes y consecuencias del conflicto del Sahara Occidental para establecer por qué no se ha logrado una solución definitiva a pesar de la intervención de Naciones Unidas

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La investigación tiene por objetivo en primer lugar hacer una revisión teórica del concepto de sociedad civil a fin de entablar una reflexión del papel de actores sociales en procesos de reclamación de derechos humanos, consolidación y recuperación de la democracia, emancipación de la ciudadanía y construcción de mecanismos para lograr la paz. En segundo lugar, el texto presenta un diagnóstico de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz que se llevó a cabo entre las Farc- Ep y el gobierno nacional bajo el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002), para así, plantear un esbozo de alternativas para afrontar el conflicto desde la solución política negociada.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de Colombia viven cinco millones de colombianos —que equivalen casi a la población total de Bogotá— en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional. Los migrantes colombianos, legales e ilegales, trabajan hasta 18 horas diarias, velan por sus familias y envían para ellas remesas que oscilan entre 200 y 300 dólares mensuales, que sumadas superan los ingresos por concepto de petróleo de un año. . La decisión de salir del país que en su momento tomaron estos ciudadanos, ahora distantes de políticas públicas orientadas a proteger sus derechos como población desplazada, está basada en razones económicas, sociales y políticas.