106 resultados para SOCIEDAD CIVIL


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El proyecto propone un modelo de gestión para festivales basado en un plan piloto que permita fortalecer las organizaciones de la sociedad civil a escala local que dan cuerpo a los festivales de música tradicional en Colombia y como consecuencia a sus artistas y a la comunidad que los rodea.

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La presente monografía analiza el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia y su incidencia en la reintegración de excombatientes, y tomo como caso de estudio a Medellín, durante el periodo 2006-20008. Para lograrlo en el primer capítulo se estudia el término negociación para conocer su significado y las implicaciones que tiene su utilización para después realizar una breve descripción del conflicto armado colombiano. Posteriormente se explica el caso concreto de Medellín, y se analizara el desarrollo la negociación en Colombia (2002-2005). En un segundo capítulo se examina la noción de reintegración contextualizándola en el caso de Medellín. Mientras que en el tercer capítulo, se identifica la relación de estos dos procesos y su incidencia en la reintegración de excombatientes en la ciudad de Medellín. Así, en primer lugar se expondrán las fallas de tipo estructural que impidieron una adecuada negociación entre el gobierno nacional y las AUC. Posteriormente se analizará el rol de la sociedad civil colombiana y la participación de la comunidad internacional en el proceso de negociación y en la posterior reinserción y reintegración de los excombatientes.

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En el mundo se está evidenciando un proceso de globalización, que ha impulsado a los Estados a una interacción, generando cambios significativos a nivel económico, cultural, político y social. Un reflejo de lo anterior, es la iniciativa de negociación del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, que además refleja una nueva etapa del Proceso de Apertura Económica iniciada en Colombia hace más de una década. El TLC Colombo Canadiense materializa la primera iniciativa bilateral entre estos dos países, enfocada a una negociación de Libre Comercio, sin embargo, los dos Estados ya habían tenido antecedentes de negociaciones comerciales multilaterales. Las negociaciones de Libre Comercio entre estos dos países, se desarrollaron en cinco rondas de negociación celebradas desde junio de 2007 hasta julio de 2008. Para el Sector Agrícola específicamente, las negociaciones fueron muy productivas, obteniendo los mejores resultados frente a las propuestas ofensivas tanto de Canadá como de Colombia. Frente a la entrada en vigor del TLC Colombo Canadiense, se evidenciaron distintas posiciones tanto de algunos representantes de la sociedad civil, como de organizaciones no gubernamentales, la academia, entre otros, que rechazaban completamente el acuerdo, alegando especialmente el tema del conflicto armado interno en Colombia, la violación a los Derechos Humanos, la falta de garantías a los derechos de los trabajadores y a los sindicatos, entre otros temas sociales.

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Con esta investigación se busca fortalecer las relaciones entre el government y la citizenship reflejándose en una transformación de la cultura institucional a partir de la cual se hiciera posible que la sociedad civil y el gobierno confluyeran en el propósito de mejorar la governance mediante las recomendaciones de la ciudadanía y la vigilancia y fiscalización que realizan las entidades de control. Riohacha, capital del departamento de la guajira es el principal objeto de este proyecto, pues llama la atención que es una de las ciudades más antiguas de Colombia, fundada en 1545 y se encuentra en un menor grado de desarrollo frente a todas las capitales de la región Caribe. De esta forma el control social es un instrumento clave y debe ser un derecho y un deber del ciudadano y ser ejercido de manera constante y transparente a través de figuras como las Citizens" watch. así se podría tener un control a la actividad administrativa y promover una mayor transparencia y eficiencia en el cumplimiento de los planes de desarrollo en el municipio de Riohacha.

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El texto permite al lector aproximarse al conocimiento de las dinámicas de participación en las ciudades y reconocer su importancia para la generación de una cultura cívica, el surgimiento de la acción colectiva y la consolidación de una responsabilidad compartida entre la sociedad civil y el Estado. La ciudadanía y la gobernabilidad son dos aspectos necesarios para la vida en los centros urbanos en la actualidad, para su construcción es necesario realizar procesos impulsados desde las administraciones municipales o por los ciudadanos, uno de los mecanismos es la formulación de los planes de desarrollo bajo el modelo de planeación participativa.

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El presente Estado del Arte constituye una revisión sistemática desde la Ciencia Política de un problema previamente delimitado por la historiografía política del siglo XX en Colombia: el de la acción política de movimientos políticos disidentes durante el Frente Nacional. Para ello, se ha recurrido a una propuesta proveniente de la teoría del proceso teórico, que sistematice y ordene aquellos elementos que constituyeron el eje de la movilización política y social del Movimiento Revolucionario Liberal, en un contexto caracterizado por la institucionalización de mecanismos de exclusión política y de bloqueo a las reivindicaciones sociales.

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Durante los años 2004 y 2005, el grupo Estudios sobre Identidad (ESI) de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario adelantó la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”. La investigación, financiada por Colciencias y la universidad, analizó las dinámicas que afectan al Estado desde dos ópticas: una, que evalúa los discursos que hablan desde dentro del Estado o que explican su funcionamiento político e institucional, a cargo de la investigadora Carolina Galindo. La otra mirada describe los conflictos locales y las circunstancias globales que afectan el conjunto del Estado desde afuera de las reglas institucionales y en contravía del modelo soberano del Estado nación, desarrollada por Adolfo Chaparro, director del ESI. En este contexto, el presente documento hace referencia al análisis puntual que Chaparro plantea sobre las relaciones entre las prácticas y los discursos sobre la violencia.(...) A modo de diagnóstico inicial, el investigador resalta una constante: en Colombia hay una fuerte tradición que establece vínculos indisociables entre los fenómenos de violencia y las expresiones de la política. Debido a que las formas de nombrar la violencia y de resolverla en cada época tienen implicaciones en la imagen histórica que el país produce de sí mismo, es posible establecer una correlación entre la historia del conflicto y las dificultades para consolidar el Estado nación en el país. En ese sentido, el tema del conflicto no sólo compete a los discursos académicos sino que afecta, o debería afectar, las decisiones gubernamentales y los debates de la sociedad civil. De la investigación se deducen las explicaciones más aceptadas que las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto: que obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto o, como se entiende actualmente, que Colombia no vive un conflicto social armado sino una guerra contra la sociedad que necesariamente tenía que derivar en una guerra frontal del Estado y de la sociedad contra el terrorismo. Dado que estas teorías no sólo hacen diagnósticos sino que proponen salidas al conflicto armado, incluso intentan vislumbrar soluciones a largo plazo, el estudio sintetiza los resultados de cinco investigaciones paradigmáticas sobre el conflicto, en las que se analiza la relación entre el discurso sobre las causas del conflicto y las expectativas de transformación de la sociedad que ha generado su posible solución durante las dos últimas décadas.

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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

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Monografía de grado por medio de la cual a partir de la teoría de Estructura de Oportunidades y de restricciones Políticas de Sydney Tarrow, se analiza el contexto en el que la movilización mapuche emergió durante los dos últimos gobiernos del partido socialista chileno. Para ello en un primer momento se hizo un análisis histórico de la problemática indígena hasta el restablecimiento de la democracia en 1989. Paso seguido fueron analizadas las respuestas que dieron los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet a la problemática indígena y mapuche, teniendo como marco la reivindicación de derechos que les fueron planteadas a dichos gobiernos.

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Dentro del marco de la Rendición de Cuentas, los medios de comunicación han logrado convertirse en destacados mecanismos de accountability social, puesto que para ello se requiera visibilidad y los medios son la herramienta más útil para lograr este objetivo. Un ejemplo de estos procesos de visibilidad y accountability es el escándalo generado alrededor del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, principal tema de análisis de la presente monografía.

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El propósito central, se basa en el análisis de factibilidad de la implantación de un clúster de papa, a razón de los estudios realizados que indican la importancia del producto para la región al constituirse como el principal cultivo dentro del sector agrícola. No obstante, la participación del producto se sitúa en las últimas posiciones dentro de la Provincia de Almeidas, reflejando la débil gestión de los recursos necesarios para el cultivo. Finalmente, se propone la aplicación de la Metodología del Marco Lógico para esquematizar de manera precisa las acciones que podrían estimular la importancia de este proyecto, en aras de un desarrollo sistémico regional.

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La tecnología, el internet y sobre todo las redes sociales influyeron para que la sociedad civil por medio de imágenes, videos y mensajes lograra divulgar lo que estaba ocurriendo al interior de Egipto. Se pudo apreciar que las redes sociales actuaron como catalizador de las revueltas en el país.

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El Pacífico al que nos referimos en este documento corresponde a una región colombiana que ocupa la tercera parte de la totalidad de las costas del país y el 6% del territorio nacional. Se extiende desde la Cordillera Occidental hasta el mar, en una extensión de cerca de 71 000 kilómetros cuadrados, que comprende parte de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, un municipio del Valle del Cauca y una franja de superficie marina de 400 000 kilómetros cuadrados. En razón a su historia y su geografía, esta región ha permanecido desarticulada del modelo de desarrollo prevaleciente en el resto del país. Este factor, aunado al entorno ecológico y poblacional, le da al territorio características especiales que sugieren pensar en alternativas distintas al desarrollismo para su intervención. Es una región desintegrada y deprimida, con bajos niveles de cobertura en los servicios básicos y con indicadores de pobreza por encima del promedio nacional. En contraste, cuenta con un gran potencial ambiental y cultural y con una localización estratégica para el futuro desarrollo nacional, en el contexto internacional hacia la Cuenca Pacífica del mundo. En las últimas dos décadas esta región ha estado sometida a un intenso proceso de colonización, que irrumpe conflictivamente en la zona y que empieza a arrasar no solamente con sus recursos naturales en general, sino con el legado cultural. Este fenómeno va acompañado de una creciente violencia político-social, provocada por la presencia de grupos de guerrilla y paramilitares, quienes, en los últimos años, han generado frecuentes violaciones a los derechos humanos y desplazamientos masivos de población. A lo anterior se suma la fuerte presión que ejercen empresarios palmeros sobre las tierras, las cuales fueron tituladas colectivamente a las comunidades negras, en cumplimiento de la Ley 70. Dichas tierras, al ser sustraídas de la esfera comercial, quedaron excluidas de la libre compra y venta, razón por la cual varios empresarios han intervenido en la región, a través de mecanismos de presión, acompañados de medios violentos de expropiación del territorio, desplazamiento forzado y apropiación indebida de vastas zonas. Por su parte, la clase dirigente del Pacífico ha carecido de una visión global de la región, sus problemas y potencialidades. Su gestión ha estado marcada por los patrones tradicionales, apegados al clientelismo, con alcaldes elegidos popularmente, pero ausentes y desentendidos de sus municipios, al igual que los demás representantes políticos. Las comunidades, si bien con un gran legado de acción cooperativa y colectiva, no han logrado articular formas de organización efectivas, que les permita el despliegue de acciones que sirvan de puente para articular los intereses de los individuos y de las comunidades, con el Estado y el resto de la sociedad civil. De esta forma, los escasos recursos de inversión que se canalizan hacia la zona, además de insuficientes frente a las necesidades históricas acumuladas, terminan concentrándose en una élite local y regional, insensible frente a la pobreza y la marginalidad, que le da prioridad a los intereses particulares o de orden político externo a la región. La incredulidad, apatía y deslegitimación de la acción estatal es común en el Pacífico colombiano. Romper este círculo vicioso requiere de trabajo continuo con nuevas instituciones, que respondan efectivamente, y no coyunturalmente, al reto que se les plantea. En cuanto a su potencial, la región cuenta con un envidiable contexto étnico cultural, basado en la prevalencia de las comunidades negras e indígenas que, por tradición, historia y cultura, han logrado desarrollar formas de cooperación basadas en el concepto de familia extensa y en la relación cultura-territorio, aspectos importantes para una gestión conducente a nuevos esquemas de desarrollo, que combinen lo endógeno con el desarrollo humano sostenible. Los anteriores aspectos se constituyen en los referentes clave de la caracterización de la región, los cuales se retomarán al final del presente documento con el fin de analizar los posibles cambios producidos por la aplicación de las políticas gubernamentales. Con este propósito, a continuación se analizan los Planes de Desarrollo Nacionales planteados en los períodos de gobierno que van desde la presidencia de Virgilio Barco Vargas, hasta el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.

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La situación de refugio prolongado que se presenta en algunos lugares alrededor del globo, ha llamado la atención de la comunidad internacional, abriendo un espacio en la agenda de asistencia humanitaria temas de desplazamiento forzoso y grandes olas migratorias involuntarias. Han sido varios años de lucha de la población saharaui por la reivindicación de su pueblo, sin embargo desde el asentamiento de sus campamentos en la frontera con Argelia, no se ha dado ninguna solución concreta y efectiva que permita erradicar esta situación de refugio.

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De acuerdo a la coyuntura social por la que atraviesa actualmente la administración de justicia colombiana, en cuanto a la proliferación de injusticias y errores judiciales causados por la valoración probatoria positiva de los falsos testigos, nace nuestro estudio y la respectiva crítica a la estimación superficial que se realiza a la prueba testimonial por parte de algunos de nuestros jueces, y la aceptación sin mayor control que efectúa la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, se realiza una exhaustiva pero concisa investigación al respecto de todos y cada uno de los factores relevantes a la hora de valorar al deponente y su testimonio como medio probatorio, de suerte que establece los diferentes requisitos formales y sustanciales de los cuales debe gozar, tanto el testigo como su declaración, para que puedan ser tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión judicial en materia penal. Con base en lo anterior, nuestra monografía consta de una parte teórica y una parte teóricopractica, en la cual se tomó como ejemplo principal, el paradigmático caso del Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, toda vez que es un proceso que actualmente se encuentra en sede de casación, y aun no tiene un pronunciamiento definitivo por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, por lo cual es posible realizar una crítica constructiva y propia en lo que concierne a la valoración de la prueba testimonial, en el entendido en que no existe una decisión inequívoca. Finalmente, lo que se pretende con este trabajo es explicar de una manera sencilla y de fácil entendimiento la labor que deben realizar los jueces de la República y la Fiscalía, que aunque no es la que toma la decisión, también debería realizar un mínima valoración, o por lo menos una verificación al momento de aportar y darle credibilidad a testigos que son favorables a su teoría del caso. De forma tal que, la administración de justicia debe llevar a cabo una valoración probatoria, específicamente encaminada al estándar probatorio que se le debe atribuir al testimonio, teniendo en cuenta los factores externos e internos que afecten la declaración, y por los cuales se vea influenciada la misma; todo esto, con el fin de evitar los errores judiciales que se han generado a lo largo de nuestra historia, los cuales han conllevado a innumerables injusticias creando gran polémica y un desasosiego por parte de la sociedad civil.