109 resultados para ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Resumo:
Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.
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El presente documento, en su primera parte, se hace un breve resumen de los antecedentes y evolución de la mujer empresaria en el mundo, en Colombia y Cundinamarca. En su segunda parte, se muestra un resumen sobre el origen, evolución e importancia de las fundaciones (ONG’s) en el mundo, en Colombia y Cundinamarca. En su tercera parte, se da a conocer un análisis descriptivo de la Fundación Red de Mujeres de Cundinamarca, por medio de una entrevista concedida por su fundadora y presidenta, María del Carmen Colina. En su cuarta parte, se muestra una breve presentación del estudio prospectivo, dando a conocer su temática, principales autores y metodología. En su quinta, sexta y séptima parte se desarrolla el caso práctico: “prospectiva de la Red de Mujeres de Cundinamarca 2012-2031”, por medio de la utilización del software MIC MAC, MACTOR Y SMIC. Todo este trabajo fue desarrollado gracias a una revisión bibliográfica de aproximadamente 130 textos, artículos, tesis de grado de la Universidad del Rosario, noticias y publicaciones. La ultima parte del documento refleja las conclusiones y recomendaciones para la Fundación Red de Mujeres de Cundinamarca.
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El presente trabajo de grado hace referencia a la población de San José de Apartadó, víctima del conflicto armado por la pugna entre grupos subversivos que buscan tener el control territorial, por la riqueza de los recursos y la ubicación geoestratégica que posee. La población se encuentra en una situación de crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por más de 50 años. El conflicto se vio agudizado desde la llegada de los paramilitares en la década de los 90, estos en aparente connivencia con las fuerzas militares. Dicha situación llevó a que los civiles se organizaran bajo una iniciativa de resistencia civil no violenta para rechazar el conflicto y exigir el respeto a los derechos humanos. Se declaran Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, lo cual generó un ambiente de descontento y represalias por parte de los grupos armados. Los pobladores se vieron en la obligación de acudir a actores externos como las ONG, con la capacidad de mediar por la población víctima y elevar el caso a nivel internacional, para que desde las instituciones internacionales pertinentes se ejerza presión externa al Estado colombiano, exigiendo la reparación y protección de las víctimas. El presente caso toma como referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH.
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Hace un resumen del estado de la acción humanitaria a nivel mundial la participación de las ONG'S y el porqué de la implementación de la reforma humanitaria. Finalmente refleja su aplicación en Colombia centrándose en las emergencias complejas.
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La presente monografía, pretende ser un análisis descriptivo de las violaciones a la Carta de Naciones Unidas derivadas de la aplicación de la Doctrina de Acción Pre-Emprtive de Estados unidos en el caso de Irak 2003. El carácter descriptivo de esta monografía se debe a la dificultad de encontrar textos académicos que estudien el caso a profundidad, puesto que las fuentes existentes son artículos de opinión parcializada y muchas veces poco objetiva de la realidad y de la magnitud del caso. Por lo que se hace necesario sentar un precedente como este para poder más adelante dar inicio a análisis más profundos al respecto. El marco teórico que sustenta esta investigación, está compuesto por dos teorías, la primera es el realismo político el cual asume que el sistema internacional es anárquico, puesto que no existe una autoridad superior a los Estados capaz de regular efectivamente las relaciones entre ellos.13 Además, supone que los Estados soberanos son los actores principales que componen el sistema internacional, en vez de serlo las instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales o corporaciones multinacionales14. Y el realismo ofensivo el cual descansa sobre el siguiente axioma, las estructuras de la política internacional condicionan a las naciones más potentes para asegurar responsabilidades ampliadas, lo que los lleva a desarrollar políticas expansionistas. Dichas teorías se pueden ver en el accionar de Estados Unidos al aplicar la Doctrina de Acción Pre-Emptive en la invasión de Irak.
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A lo largo de la historia el Sistema Internacional se ha configurado a partir de los diferentes polos de poder y de diversas formas de interacción entre actores. Una de estas formas es la cooperación internacional, la cual abre el espacio a nuevos asuntos dentro de la agenda internacional y permite profundizar la colaboración en determinados temas de interés de los actores. Esta forma de relacionamiento puede ser entendida como una herramienta de Soft Power definiéndose éste como un elemento que permite a los Estados influenciar dentro del sistema internacional por medio de acciones no bélicas y que facilita el acercamiento de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo para moldear el sistema internacional. Siguiendo esta idea, el Estado Alemán ha implementado el uso del Soft Power dentro de su política exterior buscando generar beneficios tanto a Alemania como para los Estados receptores de cooperación. Alemania ha redefinido sus prioridades: ajustar y reorganizar sus estrategias de cooperación para optimizar recursos, teniendo en cuenta la historia alemana y los cambios estructurales que las dos guerras mundiales generaron en la perspectiva de su política exterior. La fuerte y firme estructura política, económica y social ha permitido que este sea el único país de la Unión Europea que no ha sufrido directamente la crisis económica y por lo tanto ha logrado seguir aportando parte de su PIB a la cooperación internacional. Esto ha generado un diálogo político entre diferentes países, el cual permite el acercamiento con los gobiernos de turno en cada Estado para la creación de políticas encaminadas al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
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El propósito de la presente monografía es evaluar el papel de las ONG internacionales en la apertura de espacios de participación política para la sociedad civil en Egipto. En ese sentido, se analiza el contexto de oportunidades políticas locales y transnacionales del país, así como los procesos de articulación entre la política local e internacional a través de los niveles de integración entre sus actores. Mediante una investigación de tipo cualitativa basada en los desarrollos sobre teorías de la acción colectiva planteados por Sidney Tarrow, Charles Tilly, Robert Benford y David Snow, y las teorías sobre redes transnacionales de defensa desarrolladas por Margaret Keck y Kathryn Sikkink, se avanza hacia la identificación del desarrollo de procesos de externalización como medio para el fortalecimiento de organizaciones locales como alternativa de oposición política.
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En 1996, la Universidad de las Naciones Unidas crea el Proyecto Milenio para la organización de investigaciones de futuro. El Proyecto Milenio ha definido quince desafíos globales o transnacionales, que demandan soluciones basadas en acciones colaborativas de los gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales y personas en general. La empresa debe afrontar estos desafíos, garantizando un mundo más justo, equitativo y viable para las generaciones futuras.
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Este artículo analiza los cambios recientes en la competencia partidista en México, haciendo énfasis en la elección de julio de 2006 a través de la cual se elige presidente de la República y miembros del Congreso. Dicha elección muestra la transición de elecciones competitivas, concentradas en el binomio autoritarismodemocracia, a elecciones temáticas, de asuntos o issues, centradas en las propuestas de política pública de los candidatos a la presidencia y en las que los ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, entre otras, juegan un papel activo. Con ese fin en el artículo se expone primero un breve recuento de los ejes medulares de la actual competencia partidista como la última reforma electoral realizada para mover al sistema electoral hacia elecciones justas, libres y transparentes, los desafíos del sistema de partidos y elementos contextuales socioeconómicos y políticos relevantes. Se analiza en segundo término la evolución de la competitividad y los cambios en la estructura de la competencia, lo cual permite entender el tránsito a elecciones temáticas centradas en las propuestas de política pública de los candidatos. En tercer lugar se presentan las principales propuestas de los candidatos en áreas prioritarias y su evaluación. Finalmente se hace una reflexión de conjunto sobre el significado de esta elección, el contexto que domina la actual contienda por la presidencia y la incertidumbre y competitividad que la caracterizan.-----This paper analyses recent changes in Mexican political parties’ competition for national presidency, with an emphasis on July’s 2006 Congressional and Presidential elections. The latter revealed a transition from an old competitive ballot race focused on the antithetic duet authoritarianism-democracy, to what could be called topical elections, focused on issues concerning presidential candidates’ public policy proposals in which citizens, civil associations, and nongovernmental organizations, among other groups, play an active role. With this purpose in mind, the paper starts with a brief exposition of the parties’ core contentions, including debates such as that around the last election reform aiming at pushing the ballot system towards fairer and more transparent elections, the challenges ahead for the party system, and other relevant contextual, political and socio-economic issues. Secondly, the evolution of the new terms of the competition and its structural changes are examined, in order to better understand our main concern here, i.e., the transition to a topical election contest focused on candidates’ public policy proposals. Thirdly, the candidates’ main proposals in crucial priority areas are presented and assessed. Finally, a global reflection is made on the meaning of these elections, on the context that has prevailed alongside, and on the uncertainty and competitiveness that have characterized them.
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Tradicionalmente, la política de desarrollo y la cooperación para el mismo se han visto como áreas reservadas a los organismos internacionales y a los Estados. El concepto mismo de desarrollo ha evolucionado desde los años cincuenta. Esta evolución, unida al impacto negativo de la deuda y del ajuste estructural en el nivel de vida de los países en desarrollo (PED), a la creciente concentración de la riqueza como consecuencia de la globalización, al retroceso del Estado y la expansión de la democratización, ha dado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) una inusitada relevancia al ser capaces, entre otras cosas, de brindar servicios sociales donde el Estado ya no lo hace y de ejercer cabildeos en favor de temas de interés global, como la ecología, la ayuda a desplazados, etc. En este documento se revisa cuál es la actitud de instituciones de importancia decisiva en los programas de cooperación para el desarrollo (Banco Mundial y Unión Europea) y de agencias de desarrollo de algunos donadores, para mostrar que tanto conceptual como prácticamente las ONG se han convertido en actores indispensables si se quiere alcanzar los objetivos de los programas de lucha contra la pobreza.-----Traditionally, the policy for development and the cooperation for development have been regarded as areas reserved to the international bodies and the Governments. The development concept itself has evolved from the 1950s: jointly with the negative impact of the debt and the structural adjustment in the developing countries’ quality of life, with the growing wealth concentration resulting from the globalization, with the Government backward movement, and with the expansion of the democratization, this evolution has provided the Non-Governmental Organizations (NGOs) with an unexpected relevance by being able to –among others– provide social services where the Government does not provide them any longer, and to take lobbying actions in favor of global interest topics such as ecology, help to displaced people, etc. This document reviews the attitude of the organizations of decisive importance to the cooperation for development programs (World Bank, European Union), and of the development agencies of some sponsors with the aim of showing that both in concept and in practice the NGOs have become essential actors for reaching the goals of the poverty fighting programs.
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La Cooperación Internacional para el desarrollo se ha caracterizado por una evolución constante a lo largo de las últimas tres décadas. Las bases sobre las cuales se han practicado dicha cooperación han sido reformuladas, impactando la forma en que los diversos agentes involucrados interactúan. En la primera parte de éste trabajo se busca caracterizar la naturaleza de la interacción entre agentes dentro del proceso de cooperación; para ello recurrimos a la Teoría de Juegos, en particular a los Juegos Cooperativos en su modalidad de Acuerdo; introduciendo el concepto de óptimo de Pareto y el postulado de eficiencia de Coase. La segunda parte de éste trabajo es dedicada al concepto de Desarrollo. Describimos su evolución -caracterizada por la ruptura de paradigmas-; exponemos dos enfoques: uno basado en el cómo y para quién y otro temporario que hace referencia al corto y largo plazo; resaltando que el enfoque actual es aquel centrado en los elementos humanos. Por otra parte, analizamos el rol que tiene la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), desde un punto de vista político, permitiéndonos entrever los intereses implícitos de la misma en los Estados receptores. Finalmente, describimos los elementos críticos de la evolución de las relaciones y la cooperación para el desarrollo entre América latina y la Unión Europea, así como la relación de Colombia con ésta última. Adicionalmente, detallamos el importante rol que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han tenido para el desarrollo de los proyectos generados dentro del marco de las relaciones de cooperación entre América Latina y la Unión Europea.
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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.
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El derecho internacional surgió para regular las relaciones entre Estados, dejando por fuera a otro tipo de organizaciones, comunidades y personas. Con el paso del tiempo, se fue ampliando la posibilidad de hacer parte en esos escenarios restringidos cuando surgieron las organizaciones internacionales que son creadas por los Estaos, que tienen la capacidad de participar en las relaciones internacionales de manera limitada. Posteriormente el derecho internacional ha dejado participar con ciertas restricciones, a las Organizaciones no Gubernamentales - ONG y a las personas. Los pueblos indígenas, a pesar de contar con más de 300 millones de personas alrededor del mundo y de contribuir con la diversidad cultural y la protección de la biodiversidad, han sido ignorados y excluidos de los escenarios internacionales. Sin embargo después de un largo y lento proceso de reivindicación han logrado hacer sentir su voz y hoy en día han empezado a ser considerados en algunos de estos escenarios internacionales. En este documento se presentará un breve recuento de algunos de esos espacios en el ámbito de los organismos internacionales, en donde se han desarrollado temas relativos al medio ambiento en los cuales tienen interés los pueblos indígenas. *El mismo se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde a los organismos internacionales universales que involucran la Organización de Naciones Unidad ONU y sus diferentes órganos y organismos especializados en temáticas ambientales. ** Además hace referencia a las declaraciones y los principales convenios internacionales sobre medio ambiente y conocimiento tradicional, adicionalmente se incluyen las organizaciones y acuerdos conexos que corresponden a la Organización Mundial del Comercio y a los tratados de libre comercio. La segunda parte corresponde a los escenarios de protección del medio ambiente a nivel regional que son relevantes para los pueblos indígenas, entre ellos, la Organización de Estados Americanos OEA, el Bando Interamericano de Desarrollo BID, la Organización Panamericana de la Salud OPS, la Comunidad Andina de Naciones CAN y se incluyen adicionalmente los tratados y declaraciones importantes en la materia. El objetivo al realizar este documento es ofrecer un panorama sobre las funciones de estos organismos y mencionar la manera como puede darse la participación de los pueblos indígenas en los mismos, mediante una obra de divulgación que sirva como material de consulta para líderes, autoridades de pueblos y organizaciones indígenas, funcionarios de organizaciones internacionales y sociales que apoyan a los pueblos indígenas.
Resumo:
Las Organizaciones No Gubernamentales a pesar de desarrollar una labor en pro del desplazado desde hace tiempo carece de análisis e investigación funcional. Funciones existentes entre las ONG’s y las responsabilidades competentes al Estado colombiano
Resumo:
A partir de febrero de 2014, la historia de la República Bolivariana se fracturó. El descontento popular, la protesta social y las marchas pacíficas son reprimidas como consecuencia de un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las redes de información y comunicación, en los términos de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, han jugado un papel fundamental para poner en evidencia las violaciones sistemáticas a los DD.HH., siendo estos el factor principal que vulnera la estabilidad política de la democracia venezolana. En este sentido, el desconocimiento de las garantías fundamentales, el deterioro de la democracia constitucional y el papel multiplicador de los actores transnacionales, han logrado visibilizar ante la comunidad internacional un déficit en materia de DD.HH. y con ello la debilidad de Venezuela como gobierno democrático.